MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Cuando en diciembre de 1991 el entonces gobernador de
Chiapas, Patrocino González Garrido, inauguró la Zona Galáctica en las
afueras de Tuxtla Gutiérrez, no imaginó el giro que tomaría su política
de regulación del comercio sexual. La Zona Galáctica desarrolló un
modelo de respaldo a las trabajadoras sexuales, con chequeo médico y la
entrega de cien condones cada 15 días. Hoy en Chiapas, como en otras
entidades, los condones son utilizados para fincar responsabilidades,
pues en lugar de verlos como prueba de una eficaz prevención de
infecciones de transmisión sexual se los toma como un “indicio de
trata”.
Esto es lo que acaba de
ocurrir en Tapachula, donde Médicos de Mundo Francia y la Brigada
Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” dieron un taller sobre
Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual a personal de tres
bares: El Dragón Chino, Selene y El Rosedal. Luego de que terminó el
curso, se efectuó un operativo policiaco “contra la trata de personas”
donde, al encontrar condones, fueron detenidos varias migrantes
hondureñas y meseras y encargados mexicanos de los tres bares. Los
Médicos del Mundo Francia, organización que tiene más de cinco años
haciendo una labor de solidaridad impresionante en la zona del
Soconusco, fueron testigos consternados.
La doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora general del
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, ha tenido
que enviar el Oficio DG/SNAT/93/13 a los procuradores de justicia de
todos los estados solicitándoles que la presencia de insumos de
prevención del VIH e ITS (como el condón) no sea utilizada como
evidencia de delito y que, al contrario, se contribuya a un mayor uso
de los mismos.
En Tapachula, los operativos policiacos que se realizan
con la excusa de la trata son cada vez más frecuentes y agresivos, al
grado de que parecen proceder de una deliberada política de “limpieza
social”, alimentada por el puritanismo y la ignorancia. Así, en lugar
de cambiar las condiciones sociales que producen pobreza y alientan a
las personas a buscar su sobrevivencia en el comercio sexual, se
detiene con el “operativo anti-trata” a quienes evidentemente están ahí
por cuestiones económicas.
Es un hecho la gravísima situación de los migrantes
centroamericanos que cruzan por la frontera sur. Las mujeres que migran
usan anticonceptivos como una estrategia de prevención de embarazos
para cuando intercambien sexo por diversos apoyos durante su viaje, o
incluso ante la probabilidad de ser violadas, y muchas recurren al
trabajo sexual para resolver las dificultades que enfrentan. Pero una
novedad en este deplorable panorama radica en un notable cambio de
actitud de distintos funcionarios públicos que, con sensibilidad y
compromiso, están procurando un trato humanitario y respetuoso con las
mujeres, tanto migrantes como nacionales, que vale la pena reconocer.
Las licenciadas Alma Rosa Altamirano Sánchez y Claudia
Gutiérrez Romero, del Instituto Nacional de Migración (INM), están
dando ejemplo de un cambio de política de esta dependencia, ayudando a
que varias bailarinas, meseras y cocineras regularicen su situación
migratoria. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas,
la licenciada María Cruz Cruz intenta cumplir cabalmente con su
encomienda, y además ha logrado que se registre a las criaturas nacidas
en México de mujeres migrantes en situación irregular.
Por otro lado, además de los Médicos del Mundo Francia,
otros galenos han mostrado el lado verdaderamente ético de su
profesión: los doctores Víctor Manuel Guzmán Solís, del Centro de Salud
de Puerto Madero; Raúl Hernández Gutiérrez, director del Centro
Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida, y José Fernando Cortés
López, responsable de la revisión directa de las mujeres que trabajan
en bares y cantinas. También la licenciada Hilda Nelly Gómez Ventura,
titular del programa de VIH/Sida de la Secretaría de Salud de Chiapas,
ha mostrado su compromiso con la prevención y facilita el trabajo de
Médicos del Mundo Francia y de la Brigada Callejera. Finalmente el
titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de
Migrantes, el licenciado Alejandro Vila Chávez, ha evidenciado su
disposición a escuchar las quejas sobre los operativos policiacos.
Hay una brecha indudable entre quienes, desde las
instancias federales y estatales, como el INM, la Secretaría de Salud y
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tratan de atenuar la difícil y
dolorosa situación de las migrantes, y la forma arbitraria y errada en
que las autoridades judiciales y policiacas operan. No basta la buena
voluntad de todos estos funcionarios públicos, ya que las llamadas
“fuerzas del orden” están poniendo desorden al confundir el trabajo
sexual con la trata de personas.
Es necesario el establecimiento de una mesa de trabajo
sobre política sexual y salud pública entre la Procuraduría de Justicia
y las demás autoridades estatales y federales, a la que también se
invite a las organizaciones de la cooperación internacional (Médicos
del Mundo) y nacional (Brigada Callejera). De esa manera podrán cerrar
la brecha entre sus buenas intenciones y sus más que deficientes
acciones policiacas.
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