Alejandro Encinas
La información presentada hasta ahora por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acerca del avance en la investigación de los hechos perpetrados contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, plantean diversas interrogantes.
¿Cuál fue el móvil y los objetivos que este grupo criminal persiguió para asesinar a seis inocentes y secuestrar a los 43 jóvenes hasta hoy desaparecidos?
¿Quiénes integran la red de corrupción y complicidades que permitió el desarrollo y la operación impune de estos grupos delictivos? ¿Quiénes son las autoridades federales o locales que incurrieron en acciones u omisiones que permitieron estos hechos?
¿Cuántas personas participaron para someter, trasladar e incinerar a decenas de personas, para después arrojar sus restos a una barranca inescrutable en el río San Juan?
¿Por qué no se detectó lo que, en su caso, constituyó una tea humana que ardió durante horas, cuando ya se había puesto en marcha el operativo para encontrar a los jóvenes desaparecidos?
¿Cuánto combustible se utilizó? ¿De dónde se abasteció la cantidad suficiente para realizar una incineración a cielo abierto, que debió mantener una temperatura superior a los mil grados centígrados? ¿Cómo se contuvo la extensión del incendio en un basurero donde existe gran cantidad de residuos inflamables y una alta concentración de gases?
¿Por qué se mantienen en funciones los presidentes municipales y los ayuntamientos de los municipios dónde se han acreditado sus vínculos con la delincuencia organizada?
¿Cuál es el resultado del cotejo de los análisis realizados por peritos argentinos, de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala, con los resultados obtenidos por la PGR?
¿Cuál es el avance en la investigación sobre la penetración de grupos delictivos en los partidos involucrados en el gobierno de los municipios intervenidos? En particular, de la investigación que demandé como integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, sobre la inserción de este grupo delictivo en la estructura del PRD y el eventual financiamiento a alguna campaña o dirigente partidario, así como de las omisiones y complicidades en que pudieran haber incurrido autoridades emergidas bajo las siglas del PRD e incluso dirigentes partidarios.
Sé que esto causa malestar e inquietud a algunos dirigentes del PRD, quienes se niegan a admitir que el partido enfrenta la peor de sus crisis y el enojo de la sociedad, y su desenlace definirá su viabilidad. Por lo que lejos de eludir su responsabilidad, la dirigencia perredista debe adoptar decisiones de fondo y contribuir a que la investigación permita conocer la verdad y castigar los delitos cometidos, sean quienes sean los responsables.
Por ello pregunto a los dirigentes del PRD: ¿Por qué no han exigido la renuncia y el deslinde de responsabilidades de los 8 ediles a quienes la PGR señala de estar involucrados con el crimen organizado en Guerrero? ¿Por qué no informa de las relaciones y mecanismos mediante los cuales éstos accedieron a sus candidaturas? y, ¿Por qué no actuó con firmeza ante las denuncias sobre el asesinato de cuatro militantes perredistas a manos del ex presidente municipal de Iguala?
La sociedad mexicana está indignada y llegando al límite. Estos actos de barbarie deben ser esclarecidos y castigados. Tampoco podemos permitir que los actos de provocación que se han presentado en las últimas semanas, distraigan la atención sobre la exigencia de presentar con vida a los estudiantes desaparecidos ni que éstos actos alienten campañas de rumor y miedo para justificar la represión. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante este crimen.
Senador de la República
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