Pedro Miguel
No
hay razón para minimizar las tendencias autoritarias y represivas de
Enrique Peña Nieto ni su propensión a recurrir a la violencia, no como
recurso último del poder sino para ahorrarse (Durkheim lo llamaría
premoderno) la fatiga de gobernar mediante las leyes y la política. Las
demostró con creces en Atenco, las ratificó el 1º de diciembre de 2012
y las ha exhibido en los últimos dos años con encarcelamientos
injustificados de dirigentes y activistas y la preservación del margen
de impunidad en el que tienen lugar, desde la administración pasada,
los excesos y atropellos de las fuerzas del orden y las corporaciones
policiales y militares. Las atrocidades de septiembre en Iguala
llevaron al Ejecutivo federal a suavizar la represión.
Tras la
violencia homicida desatada por policías regulares contra estudiantes
en esa ciudad guerrerense, los gobiernos estatales y el federal
perdieron margen para recurrir a acciones que pudieran hacerlos ver
similares, ante la mirada de México y el mundo, a la presidencia
municipal de José Luis Abarca. De súbito, el peñato trató de exhibirse
pacífico, tolerante y dialogante –el ejemplo más claro es el de las
exhibiciones de Miguel Ángel Osorio Chong ante el movimiento
estudiantil politécnico– y las autoridades se cohibieron para reprimir
frontalmente acciones como la destrucción de edificios públicos en
Guerrero y las tomas y bloqueos de carreteras; en ausencia de represión
masiva han recurrido a la provocación atomizada.
Pero el sábado pasado Peña amenazó con echar mano de
la facultad legítima del Estado para el uso de la fuerza pública–que es lo que Weber llama
el monopolio de la violencia física legítima–, para restablecer
el orden y la paz.
Siempre que se amenaza con emprender una acción determinada se
formula, en forma implícita, una súplica al destinatario: que acceda a
comportarse como el amenazador lo desea y no lo
obliguea recursos que le resultan indeseables. En el caso de referencia, las palabras balbuceantes denotan ese ruego:
aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver... que no lleguemos a este extremo.
Para aplicar el monopolio de la violencia legítima es indispensable
que exista tal monopolio, que quien lo use posea legitimidad y que
resulte verosímil su aplicación uso con el objetivo específico de
restablecer la legalidad, la convivencia y el orden, y el peñato no
cumple con ninguno de esos requisitos. En contra del primero gravitan
la gestación televisiva del candidato presidencial, su implantación en
el cargo tras unas elecciones dudosas en las que proliferó el uso de
dineros sospechosos para la compra masiva de votos y, para colmo, la
riqueza inmobiliaria (inexplicable, hasta ahora) que le fue evidenciada
a principios de este mes. Por otra parte, es innegable que antes de que
el grupo gobernante sentara las bases legales para la destrucción de
los monopolios estatales de la energía eléctrica y el petróleo, en los
hechos cedió el monopolio de la violencia a diversos grupos delictivos
que operan en diversas regiones del territorio nacional y que fungen en
ellas como las autoridades reales.
En tercer lugar el orden y la paz
han sido afectados principal y originariamente desde el gobierno y las
diversas expresiones de violencia social han sido, invariablemente,
intentos desesperados de la base social por restaurar ambos términos.
Ello es válido tanto para los casos de las autodefensas michoacanas
como en las manifestaciones guerrerenses que han destruido algunos
símbolos arquitectónicos del desgobierno, el caos, la indefensión
ciudadana, la complicidad, el encubrimiento y la simulación. ¿Qué orden
y qué paz podrían restablecerse mediante la represión? ¿La paz de las
ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, de los asesinatos y
desapariciones de estudiantes en Iguala, de los homicidios de
periodistas en Veracruz, de proliferación de feminicidios en el Edomex,
de secuestros en Morelos? ¿La de las omisiones y el encubrimiento
prolongado de José Luis Abarca por parte de la PGR? ¿El orden que hizo
posibles concesiones como la de la Guardería ABC, impunidades como la
de Grupo México, licitaciones amañadas como el
tren chinoMéxico-Querétaro?
En
estas condiciones y con los antecedentes mencionados, el recurso de la
represión resulta peligroso para el régimen mismo y, especialmente,
para su jefe nominal. Es posible que éste lo sepa y que su amenaza del
sábado pasado haya sido una concesión a regañadientes a presiones
internas (priístas y empresariales) o superiores (empresas
trasnacionales) interesadas en deshacerse de él en el peor escenario
posible –al cabo, ya cumplió con su misión de imponer las reformas
estructurales– y, de paso, del lastre político que ya representa,
cuando no ha cumplido ni siquiera un tercio de su periodo.
Un arrebato represivo empeoraría y complicaría gravemente el
panorama. La salida deseable, pacífica, institucional y constitucional
a la crisis que vive México consiste en que Peña renuncie al cargo
antes de que termine este mes, de modo que sea posible organizar
elecciones presidenciales anticipadas el año entrante.
Twitter: @Navegaciones
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