El Tribunal Permanente de los Pueblos: a la sombra de Ayotzinapa

Magdalena Gómez

El pasado 15 de noviembre culminó el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos con la emisión de la sentencia en su audiencia final. Durante tres años se celebraron 10 audiencias temáticas y transtemáticas (producto, a su vez, de 40 preaudiencias), la participación de cerca de mil organizaciones de diverso nivel incluyó miles de personas, y los casos presentados colocaron en tela de juicio la obligatoriedad de los tratados económico-comerciales y mostraron la abierta violación de los derechos humanos y de los pueblos. Este proceso que refleja la sentencia dio cuenta de que las amenazas y agravios se refieren tanto a violación a los derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza y la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de condiciones de deterioro de las condiciones de vida, así como las formas de violencia directa contra las personas, las comunidades, defensores de derechos humanos, las mujeres o periodistas. Asimismo, se anotó que México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. El derecho, se indicó, ha perdido su papel protector y se convirtió en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de trasnacionales o los intereses de las elites económicas. 

Muy singular fue la reflexión sobre la política exterior mexicana que se distinguió por mantener una voz propia, con mucha frecuencia asociada a las opciones de mayor progreso social y, sin embargo, la realidad interna del país aparece cubierta, ninguna organización externa la tiene en su agenda. Tras una detallada calificación jurídica de los crímenes de lesa humanidad y del conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales violados sistemáticamente, las juezas y jueces del TPP ubicaron cuatro agentes con responsabilidad: El Estado mexicano, las empresas trasnacionales, los terceros estados de origen de las empresas y el sistema de la ONU a través de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. El TPP resolvió remitir el expediente, dictamen y recomendaciones no solamente a las instituciones de gobierno, sino también, para que actúen en consecuencia con sus competencias, facultades y atribuciones, a las siguientes personas e instituciones: fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Organos convencionales de control de los convenios internacionales de derechos humanos, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la de la Suprema Corte de Justicia, gobiernos de los estados miembros, Comisión y Parlamento de la Unión Europea. También se anota entre las recomendaciones a la sociedad civil internacional y nacional la necesaria refundación de México, con una serie de elementos que son ciertamente indicativos pues el tema demanda la más amplia discusión y participación de todas las fuerzas sociales.

La síntesis de esta sentencia se anunció con la contundente reflexión inicial bajo la sombra de Ayotzinapa: Con todo el impacto del dolor y la documentada parti­cipación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del tribunal se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

No cabe duda, el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México es un referente ético-político y un aporte básico para orientar la continuidad de la lucha contra los efectos del libre comercio y la impunidad que expresa a la violencia estructural.