Página 12
Encolumnados
detrás de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miles de
mexicanos marcharon por las calles del Distrito Federal reclamando
justicia. El paro nacional y la jornada de protesta que ayer se
extendió a todo el país fueron la respuesta que la sociedad civil
mexicana dio a las salidas mediáticas que el presidente Enrique Peña
Nieto ha ensayado a lo largo de la semana para encarar la crisis de
derechos humanos detonada por la desaparición forzada de los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la indignación
social.
Al hastío expresado anoche en una de las manifestaciones
más grandes de la historia reciente del país, que incluyó paros en al
menos 150 universidades públicas y privadas, se sumaron las voces de
los premios Nobel de la Paz 2014 y 2006, Amnistía Internacional y hasta
el presidente del Banco Mundial en un solo reclamo: justicia para las
familias de Ayotzinapa.
Sin embargo, Peña Nieto volvió a
endurecer el discurso y advirtió que “atentar contra las instituciones
es atentar contra los mexicanos”. En un acto ante militares en el Campo
Marte, Peña Nieto dijo que hará que impere el Estado de Derecho, pero
el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos
Zepeda, puntualizó que la inseguridad y el crimen organizado “son
problemas de Estado y no de gobierno”.
Poco después de eso, y
varias horas antes de las manifestaciones pacíficas convocadas sobre
todo por las comunidades estudiantiles y académicas del país, en apoyo
de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la
policía y un par de grupos de encapuchados escenificaron choques en una
zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La
policía informó de 13 detenidos, pero había versiones de que eran más
de 30.
Tres grandes manifestaciones que salieron de diversos
puntos estratégicos en zonas céntricas de la Ciudad de México
confluyeron en el Zócalo, justo frente al Palacio Nacional. Un
contingente salió del Angel de la Independencia, en el corazón
financiero de la capital del país, uno más salió desde el Monumento a
la Revolución y el último desde la Plaza de las Tres Culturas, en
Tlatelolco, donde fueron masacrados cientos de estudiantes el 2 de
octubre de 1968.
Al inicio de las movilizaciones en el Distrito
Federal, al menos otras 237 ciudades en México y el mundo habían
anunciado acciones similares. En la Argentina, varios colectivos
organizaron manifestaciones en Buenos Aires, La Plata y Salta. Lo mismo
ocurriría en muchas ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (donde se
organizaron actos en al menos 43 ciudades), Guatemala, Perú y Uruguay,
en el continente americano. En Europa, los actos iniciaron aun antes de
que en México, por la diferencia de horario, en media docena de
ciudades de Alemania, en Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia,
Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y
Suiza. También se confirmaron manifestaciones en la India, Japón, Corea
del Sur, Nueva Zelanda y Australia (ver aparte).
Si Peña Nieto
insiste en que es víctima de complots conspiratorios de periodistas que
escrutan su desempeño y de una sociedad civil que les exige cuentas, a
los que acusa de atentar contra la estabilidad de su gobierno, tendrá
que incluir entre sus enemigos a gobiernos, organismos internacionales
y la prensa internacional, que también lo cuestiona y se impacienta
ante la falta de respuestas puntuales y eficaces para la sociedad
mexicana.
Al mandatario se le acaba el margen de maniobra dentro
del país, pero la reacción global es una clara señal para México: el
mundo también empieza a pedirle cuentas.
“Debe haber más
vigilancia por parte de la sociedad, ya que a veces existe un problema
de negación ante estos incidentes. Se debe alzar la voz y romper el
silencio. La solución tiene que ser una combinación de buen ejercicio
de poder, leyes y organización social”, dijo el Premio Nobel de la Paz
2014 Kaylash Satyarthi, quien reclamó que el sistema de
responsabilidades y de rendición de cuentas en México “tiene que
funcionar, y de eso se debe encargar el gobierno”.
En cualquier
caso, “la prioridad es encontrar a los desaparecidos y luego arrestar y
castigar a los responsables”, dijo Satyarthi en una entrevista de CNN
México durante una conferencia en Thomson Reuters Foundation.
Ahí
mismo, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, lamentó que en
México se viva “un grave problema de ley y orden”, el cual se asocia a
que muchas personas viven en pobreza extrema.
La desaparición de
los estudiantes normalistas de Ayotzinapa “es fuente de grave
preocupación para la comunidad nacional e internacional y refleja la
crítica situación de derechos humanos que vive México”, dijo Amnistía
Internacional, al tiempo que iniciaba una petición global dirigida al
presidente Peña Nieto. Para esta organización con sede en Londres,
“Ayotzinapa no es un hecho aislado”, sino que forma parte de un
contexto que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales de 22
personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército, a finales
de junio pasado, por los que se procesa a siete militares (ver pág. 20).
La
crisis de derechos humanos pasa también por los femicidios en
Chihuahua, un fenómeno incesante desde hace 20 años, y las decenas de
miles de secuestros a migrantes y las más de 22.000 personas
desaparecidas en diversas partes del país. Amnistía urge a Peña Nieto a
enviar una iniciativa de ley al Congreso para armonizar la legislación
federal con los estándares internacionales de derechos humanos en
materia de desaparición. También le exige generar protocolos de
búsqueda rápidos y efectivos para los casos de desaparición, y tomar
las acciones necesarias para que el Estado mexicano acepte la
competencia del Comité Contra la Desa-parición Forzada de la ONU para
recibir y examinar las comunicaciones pertinentes de parte de
individuos y otros Estados.
Tal vez lo último que esperaba Peña
Nieto era que uno de los líderes del sistema financiero internacional
se sumara a las voces que cada vez lo arrinconan más. En un acto
celebrado el miércoles en la residencia oficial de Los Pinos, el
presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se solidarizó con las
familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y dijo
esperar que el gobierno de México haga que los culpables respondan ante
la Justicia. “Sería equivocado de mi parte estar en el país y no
reflexionar en la tragedia que significa la desa-parición de 43
jóvenes. Quiero sumar mi voz al respaldo a las familias de los
estudiantes desaparecidos. Ellos merecen la verdad y justicia”, dijo
Jim Yong Kim.
Con motivo del paro
estudiantil y de los distintos actos de protesta convocados en México
para exigir la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mexicanos
residentes y ciudadanos de diferentes países realizaron muestras de
solidaridad en el marco de una protesta global por este caso. En
Argentina, cerca de 50 personas se reunieron para realizar una protesta
frente a la Embajada de México en Buenos Aires. En tanto, la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA) convocó a un acto en el Obelisco
para expresar su solidaridad con sus pares mexicanos. “Apoyamos la
lucha de los estudiantes mexicanos y pedimos la aparición con vida de
los chicos desaparecidos y justicia para todos los responsables”,
afirmó Julián Asiner, presidente de la FUBA. “El 1º de diciembre
convocaremos a una marcha por el mismo motivo, en consonancia con un
paro que va a haber ese día también en México”, añadió.
Asimismo,
el apoyo a la protesta tuvo presencia en Bolivia, Chile, Alemania,
Australia, España, Francia, Suecia, Canadá e India. En California,
Estados Unidos, se convocó a través de las redes a manifestaciones por
los normalistas desaparecidos. Los manifestantes mostraron una bandera
mexicana con la leyenda “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. A
través de las redes sociales, diversos grupos de personas han mostrado
imágenes en las que, con banderas de México, pancartas, mantas y velas,
exigieron justicia por el crimen cometido el pasado 26 de septiembre en
Iguala. “Detengan los asesinatos”, “Todos somos Ayotzinapa” e imágenes
de los 43 estudiantes se mostraron también en los actos realizados en
el mundo.
Los estudiantes de Cuba también se sumaron “al reclamo
de justicia” del pueblo mexicano ante la desaparición de los jóvenes y
condenaron las manifestaciones de “crimen y tortura”, señala un
comunicado. “Los estudiantes de Cuba, fieles a nuestra historia de
solidaridad e internacionalismo, inspirados en el ejemplo de Martí y en
las enseñanzas de Fidel, condenamos enérgicamente la tortura, el
crimen, y las desapariciones”, según el comunicado publicado en el
diario oficial Juventud Rebelde.
En Brasil, al menos cincuenta
personas se manifestaron frente al consulado general mexicano en San
Pablo, en el marco de la jornada en reclamo de justicia. “Los mexicanos
en Brasil también te rendimos cuentas”, decía una de las pancartas
exhibidas por los manifestantes en reclamo de justicia por la
desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa. La investigadora universitaria Daniela Morales Muñoz, de 36
años, natural de Michoacán, agradeció la solidaridad de los brasileños:
“Los temas de desapariciones forzadas, de memoria y justicia siempre
fue y unirán a los latinoamericanos”. Y agregó: “Queremos una
investigación seria e irrefutable”.
Unos 200 universitarios
salvadoreños se concentraron en la capital, San Salvador, para exigir
una respuesta sobre el paradero de 43 estudiantes desaparecidos en
Iguala y demandaron que aparezcan vivos. “Vivos los llevaron, vivos los
queremos”, “Justicia, ¿cuál justicia? En México no hay justicia”, eran
algunas de las consignas escritas en pancartas que llevaban los
estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES).
Vestidos con
ropas negras, algunos universitarios mostraban pequeños carteles con la
fotografía de alguno de los estudiantes desaparecidos en México. “Es
una barbarie lo que ocurre en México, no vemos un verdadero compromiso
del gobierno de ese país por decir la verdad de lo que ha ocurrido con
los estudiantes y hay que recordar que sin verdad no hay justicia”,
dijo Yohanna Sánchez, una de las manifestantes.
Por otra parte,
cientos de uruguayos marcharon el lunes en Montevideo en reclamo por la
desaparición y posible masacre hace siete semanas de 43 estudiantes
mexicanos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Los manifestantes
convocados por organizaciones sociales, entre las cuales se destacan la
central sindical única de Uruguay y la Federación de Estudiantes
Universitarios (FEUU), marcharon hasta la embajada de México, en el
casco antiguo de la capital. Las fotos de los estudiantes
de-saparecidos y una pancarta con sus nombres encabezó la movilización,
que llevaba carteles como “Fue el Estado”, “Si los olvidamos ellos
ganan” o “Nos duele México”.
“La afirmación del presidente pone en evidencia que
su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos
humanos que enfrenta México y que en los últimos años la falta de
acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los
derechos humanos ha sido una constante”, indicó el organismo en un
comunicado.
De acuerdo a AI, la represión policial y la
violencia de los narcotraficantes sufridas por los estudiantes de
Ayotzinapa –que dejaron un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43
desaparecidos– no son hechos aislados, sino parte de un contexto de
violaciones graves a los derechos humanos.
El sábado, apenas
llegado de su gira por China y Australia, Peña Nieto advirtió que
estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. “Si lo que
demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y
que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de
actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros”, dijo.
El
mandatario advirtió que su gobierno no dejará de agotar toda instancia
de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza
para restablecer el orden. Por ello, aseguró, aspiraba a que no sea el
caso de que el gobierno tenga que llegar al “extremo” de hacer uso de
la fuerza pública.
El pronunciamiento de AI agregó que las
afirmaciones presidenciales parecen “ignorar el elevado número de
personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales
son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por
ciento”. A esto se suman las medidas poco efectivas para la búsqueda de
personas. “(Peña Nieto) muestra una vez más la falta de compromiso de
su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país,
marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia
y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de
de-sestabilizar, son la piedra angular de una sociedad democrática”,
afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
“Los
hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el
presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha
atravesado México en los últimos años y que su administración no ha
logrado combatir la impunidad en el país”, añadió.
Sin embargo,
AI no es el único organismo que viene alertando sobre la situación en
México. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos
había realizado una serie de recomendaciones al país para mejorar su
historial en derechos humanos. En tanto, AI había llamado en marzo al
gobierno de Peña Nieto a pronunciarse claramente sobre los compromisos
en materia de derechos humanos y a garantizar la búsqueda de víctimas
de desaparición. Además, le había pedido que llevara a los responsables
ante la Justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran
estar implicados en desapariciones forzadas.
A principios de
mes, la organización humanitaria afirmó que las líneas de investigación
de la desa-parición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas
adelante por la Procuraduría general eran limitadas e incompletas,
además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusaban a
cuestionar la connivencia entre el Estado y el crimen organizado en lo
que refiere a la violación de derechos fundamentales. “Trágicamente, la
desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga
serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto
del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han
estado allí para que todos las vean desde hace años y los que
negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta
tragedia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
El
procurador general Jesús Murillo Karam evitó mencionar la negligencia y
la complicidad estatal en la investigación de una serie de denuncias
contra el ahora detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el
hecho de no llevar a la Justicia a los integrantes de la policía
federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros
estudiantes de Ayotzinapa en 2011.
Abarca, quien es el principal
sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, es también
sospechoso de cometer actos de corrupción y otros delitos graves. En
junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales,
en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había
participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente
proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario
público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin
embargo, la fiscalía no llevó a cabo ninguna investigación sobre las
reclamaciones, indicó AI.
“Cualquier investigación iniciada
ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran
realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el
alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron
otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos
terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido
lugar”, sostuvo Guevara.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar
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