11/21/2014

Los periodistas pal café . . .



La presente columna fue escrita antes de que comenzaran las movilizaciones masivas, vespertinas y nocturnas, a lo largo del país (y, conforme a sus horarios, en varias ciudades del mundo), que tomando como referencia la fecha de inicio del movimiento de violencia revolucionaria de 1910 han planteado la exigencia de que Enrique Peña Nieto deje el cargo que actualmente ocupa, que haya justicia en casos específicos (Iguala y la Casa Blanca, los más notables) y que vuelva a México una paz marcadamente perdida durante la administración de los priístas vueltos al poder federal.
La conmemoración revolucionaria (hasta ahora la más agitada de la historia, en términos políticos y sociales) tuvo en la primera parte del día una sugerente confirmación de alianzas entre el poder civil, ejercido por Peña Nieto, y el militar, a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda. Justamente en el día de la mayor movilización de protesta contra el régimen peñista, el mexiquense impugnado selló pactos y alentó vigores en la cúpula verde olivo. EPN defendió la institucionalidad que una parte activa de la sociedad considera fallida e incluso contraproducente, rechazó expresamente la violencia (cualquiera que sea su origen, puntualizó, sin advertir que estaba celebrando justamente la irrupción de la violencia maderista que devino en el régimen desde cuya cúpula ahora hablaba el propio Peña) y arengó a los militares, en las circunstancias sabidas de gran inconformidad social, a estar preparados para enfrentar los desafíos del presente (una especie de te lo digo, militar, para que lo entiendas, manifestante).
El general Cienfuegos Zepeda aprovechó esa tribuna de la ceremonia de entrega de premios y ascensos a oficiales de las fuerzas armadas mexicanas (celebrada en el Campo Marte, pues se canceló el desfile militar en el Zócalo, ante lo cual el citado general comentó enigmáticamente: la suspendieron, yo no, como si las decisiones de los civiles no fueran compartidas por él) para pronunciar un discurso más allá de los lugares comunes, que en tiempos ordinarios suelen usarse para demostrar que no es necesario traspasar los límites de lo castrense. Ahora, el titular de la Sedena tuvo que entrar en el terreno de la política circunstancial, de la interpretación de hechos, leyes e Historia, y de la fijación de posturas coyunturales, con los riesgos y distorsiones que ello entraña.
Dijo el secretario de la Defensa Nacional (se toma como referencia la nota de Jesús Aranda, publicada ayer en el portal de La Jornada) que la historia ha registrado que para superar los problemas hay dos caminos: la desunión, la intolerancia, la crítica infundada y las frustraciones que no llevan a ninguna parte, y por otro lado, el diálogo entre los sectores de la sociedad para salir adelante. Además, llamando a dejarnos de suposiciones, pues esas actitudes en poco abonan (¿no tiene ya el mexicano un olímpico derecho a suponer lo que considere adecuado? ¿De ahora en adelante sólo se podrá suponer lo que el gobierno considere que abona, una especie de pensamiento composta?), sentenció que los problemas de la inseguridad y la violencia no son sólo culpa del gobierno, sino del Estado.
El alto jefe militar se instaló militantemente del lado de la versión peñista del compló social contra las instituciones e hizo fraseos en los que se tacha de adverso a la patria a quien critique o actúe en sentido contrario a lo que el gobierno federal desea y pretende imponer. Otro distinguido representante del estatus repelido en las calles por muchos mexicanos, el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también presentaba armas oratorias al hacer un llamado a la unidad y el orden, y rechazar el caos, la destrucción, la arbitrariedad y la violencia (ha de entenderse que pretendía endilgar responsabilidades a los manifestantes y opositores del régimen, y no a éste que ha producido justamente todo lo retóricamente mencionado por el alineado ministro).
El panorama antes de la marcha se completaba con escaramuzas en la calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del aeropuerto capitalino, que por decisión de la asamblea interuniversitaria no se intentó tomar, pero al cual concurrieron grupos de jóvenes encapuchados que sostuvieron enfrentamientos con granaderos y policías que detuvieron a algunos de aquellos. En San Lázaro, los priístas y los verdes que no suspendieron ninguna sesión durante el maratón reformista de hace meses, a pesar de los discursos y protestas de algunos opositores, ahora cancelaban la sesión porque diputados de izquierda habían colocado en la tribuna una manta conminando a Peña Nieto a renunciar y pretendían que los temas de la Casa Blanca y de Ayotzinapa fueran discutidos en esos micrófonos legislativos.
A la entrada de la SEP, en tanto, estudiantes politécnicos trabajaban en el levantamiento de un muro de material firme, en protesta por la postura de la delegación gubernamental que ha venido participando en reuniones con los paristas y en contra del nombramiento de un nuevo director, Enrique Fernández Fassnacht (quien salió de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana justamente por sostener posiciones como las que los politécnicos rechazan ahora).
En las calles, a la hora de cerrar esta columna tempranera, iba manifestándose la otra cara de la realidad nacional, con muchos mexicanos decididos a expresarse activamente en contra de lo que hoy sucede en México, en especial en contra de la continuidad de Peña Nieto al mando formal del país. La voz de las calles tenía como telón de fondo el amago de provocadores e infiltrados y el discurso sincronizado de los poderes institucionales que parecieran decididos a acallar las críticas y a meter miedo a quienes salen a protestar. Ya no se pudo en este espacio consignar lo que más tarde sucedería, por técnicos tiempos editoriales y porque, a fin de cuentas, el autor de los presentes teclazos, como ciudadano, sumaba también sus pasos al río ciudadano que busca un México distinto. ¡Nos leemos aquí el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero. Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Enrique Galván Ochoa: Dinero
Lo primero que se advierte en la declaración patrimonial del presidente Peña es que le hace falta un buen asesor financiero. De los 48 millones de pesos que componen su capital, tiene invertidos 21 millones 400 mil en bienes raíces. Un asesor le aconsejaría que vendiera algunos, porque como luego se dice, son ‘inversiones de viuda’ que dejan un rendimiento escaso. Por otro lado, son donaciones familiares –afirma–, y quizá los conserva por razones sentimentales más que como inversión. Suele suceder. Entre los bienes raíces se cuentan tres terrenos rústicos, que en total suman 85 mil metros cuadrados. Es una paradoja: su secretario de Agricultura, Enrique Martínez, ha anunciado programas multimillonarios para fomentar la producción agroindustrial. Hoy en día importamos hasta maíz. ¿Cómo es posible que mantenga sus tierras improductivas? En el capítulo de obras de arte, joyas y metales tiene invertidos 6 millones 900 mil pesos; la mayor parte son regalos; se justifica que los conserve. Y en el capítulo del dinero se advierte que tiene casi 13 millones de pesos en fondos de inversión. Aquí resultaría víctima de su propia política económica, porque la tasa de interés que pagan en su mayoría es de 3 por ciento y fracción, mientras la inflación es de 4 por ciento. Este es un problema de todos los ahorradores del país, inclusive los que tienen sus pequeños capitales en CetesDirecto. Debería llamar a cuentas a los responsables: Agustín Carstens y Luis Videgaray. (Peña Nieto, asegura, recibió 211 mil 350 pesos por ‘actividad financiera’, pero un fondo de inversión de 13 millones no produce tamaño rendimiento, tal vez se trata de un error). Por último: es de suponer que el Presidente, aparte de la declaración patrimonial en la Secretaría de la Función Pública, también hace una declaración fiscal en el SAT. Dice en la patrimonial –la fiscal no la hizo pública– que su ingreso es de 2 millones 909 mil pesos al año. Es el neto. Su ingreso bruto, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para este año, es de 4 millones 216 mil pesos anuales, y le correspondería pagar un impuesto de un millón 161 mil pesos, por lo que le quedan libres 3 millones 55 mil. (Hay una aparente disparidad entre lo que dice el presupuesto y su declaración patrimonial). ¿Tiene deducibles el presidente de la República? Le pagamos todo: alimentación, gastos médicos, transporte, habitación, etcétera. Quizá la colegiatura de los chicos. El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, puede sacarlo de dudas. Pero necesita a un experto en finanzas personales que lo auxilie a manejar su importante fortuna.
Hank González en Banorte
Desde ayer, dos grupos bancarios –Banorte e Interacciones– formalmente quedaron bajo la dirección de los herederos de dos personajes de la historia financiera y política: Roberto González Barrera y el profesor Carlos Hank González. Sin sorpresas, el consejo de administración de Banorte aceptó la renuncia de Guillermo Ortiz Martínez al cargo de presidente de dicho consejo, efectiva al último día de este año, y la del director general, Alejandro Valenzuela del Río, con efecto inmediato. Con el propósito de iniciar un relevo generacional en el grupo financiero, el banco designó por unanimidad a Carlos Hank González como nuevo presidente del consejo, a partir del primero de enero de 2015, y a José Marcos Ramírez Miguel como nuevo director general, desde ayer. De acuerdo con un comunicado del banco, Carlos Hank González y los integrantes del consejo agradecieron a Ortiz su labor realizada durante casi cuatro años en ese organismo, así como el valor generado para los accionistas y los logros alcanzados durante este periodo. El banco señaló que durante su gestión los activos en administración crecieron más del doble, y la utilidad por acción pasó de $1.35 a $1.46, consolidando así la estructura financiera y comercial de Banorte, convirtiéndolo en uno de los grupos financieros más importantes y diversificados del país. Hank González propuso al consejo la continuación de Ortiz como presidente del consejo asesor, un órgano de consulta. Por su parte, Ortiz declaró que ya ha cumplido con su misión y he tomado la decisión de renunciar y dar paso al relevo generacional con Carlos Hank González al frente. Un cambio difícil, complicado, pero realizado con tersura.

Sigue el culebrón, y con el ya clásico haiga sido como haiga sido el pasado miércoles por la noche (vía Televisa, en primera instancia) el inquilino de Los Pinos hizo pública su declaración patrimonial. Queda clara la razón por la cual no está muy bien armada que digamos, pues en ese mismo documento se especifica que toda la información fue capturada directamente por el servidor público (léase EPN).
Pero bueno, Enrique Peña Nieto cumplió con lo prometido, aunque no con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en materia de declaración patrimonial lo obliga (artículo 43) a proporcionar a la Secretaría (de la Función Pública) la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos.
Por si fuera poco, el artículo 44 establece que para los efectos de la ley y de la legislación penal se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.
Pero, ¡sorpresa!, en su declaración patrimonial ni de lejos refiere el grueso inventario de inmuebles –particularmente el de Las Lomas– y abundancias financieras reconocidas por su cónyuge, la señora de la casa. De hecho, el inquilino de Los Pinos presentó el mismo documento que en enero de 2013 con el agregado de pesos y centavos, en una mezcolanza de viejos y nuevos bilimbiques, y el ingreso obtenido a lo largo de ese año, el primero en la residencia oficial.
Cierto es que la señora de la casa no está obligada legalmente a presentar su declaración patrimonial, pero su marido sí y en ella éste debe incluir la información fiscal más las pertenencias inmobiliarias, mobiliarias y financieras –por motivos artísticos o no– de la dueña de sus quincenas. Por cierto, resulta comodísimo ser primera dama: no es tipificada como servidor público y por lo mismo no tiene obligaciones legales vinculadas a ese tipo de actividad, pero sí goza, y a plenitud, de toda la infraestructura y el personal de Los Pinos y de los beneficios, que no son pocos, que conlleva ser la first lady autóctona.
De entrada, la declaración patrimonial hecha pública por Enrique Peña Nieto detalla que el servidor público no proporcionó información de experiencia académica. Tampoco logros laborales o académicos, pero sí que en 1982, cuando apenas tenía 16 años, pagó al contado una casa (sin especificar localización) de 560 metros cuadrados de terreno y 492 de construcción. La adquisición se concretó el 25 de octubre de ese año y la erogación fue de 924 viejos pesos (sic en la declaración), una verdadera ganga, sobre todo si se recuerda que los viejos y los nuevos pesos tuvieron validez legal del primero de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1995.
Para dar una idea, en la fecha de esa adquisición coexistían dos tipos de cambio: el dólar preferencial (50 pesos por billete verde) y el mexdólar (70 por uno). Si ello se toma en consideración, entonces el adolescente Enrique Peña Nieto pagó al contado el equivalente a entre 18.48 y 13.20 dólares por una propiedad de las proporciones citadas.
Casi seis años después, el 29 de enero de 1988, su padre le donó un terreno de mil metros cuadrados, valuado en 11 mil 200 viejos pesos, algo así como 4.89 dólares al tipo de cambio de esa fecha. Poco después, en marzo de 1989, su progenitor le donó otro terreno rústico, con un valor declarado por EPN de 647 viejos pesos, equivalentes a 27 centavos de dólar, aproximadamente, al tipo de cambio de entonces. Es necesario mencionar que el padre del hoy inquilino de Los Pinos falleció el 25 de julio de 2005.

Foto
El 14 de octubre, la Cámara de Diputados (CdeD) aprobó el dictamen que expide el proyecto de decreto de la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reglamentaria de la reforma constitucional que le dio la autonomía al Coneval (apartado C del art. 26 constitucional, adicionado en febrero de 2014). El proyecto fue aprobado en el pleno de la CdeD y enviada al Senado donde aún no se ha dictaminado. Reflexiono sobre el tema e inicio la valoración del proyecto de Ley. El art. 26 constitucional tiene tres apartados: el A referido a la planeación del desarrollo; el B referido al sistema de información estadística y geográfica y que otorgó la autonomía al Inegi; y el C referido a la evaluación y al Coneval. Podría pensarse que información, planeación y evaluación forman la triada necesaria para promover el desarrollo del país. Pero mientras los apartados A y B se refieren al desarrollo en su conjunto, el apartado C se refiere sólo al desarrollo social. ¿Por qué no se planteó una institución autónoma que evaluara la política de desarrollo en su conjunto? ¿Por qué evaluar sólo el desarrollo social? ¿Por qué no evaluar la política económica, la de seguridad, la de comunicaciones, etc.? El único otro caso de organismo constitucional autónomo para fines de evaluación es el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) según la fracción IX (adicionada en febrero de 2012) del Art. 3° constitucional, que le otorga la autonomía y lo faculta para evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La Ley del INEE reglamenta dicha fracción. La educación es parte integral del desarrollo social, lo cual refuerza la pregunta: ¿por qué sólo lo social?

Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños de África, con apenas 28 mil kilómetros cuadrados de extensión y menos de 2 millones de habitantes. Fue hasta 1968 colonia española. Desde entonces se proclama como un Estado republicano, social y democrático. Sin embargo, es virtualmente propiedad de la familia que encabeza Teodoro Obiang, el dictador que rige los destinos del país desde 1979. Su hijo, Teodoro I, figura como vicepresidente y Ministro de Agricultura y Bosques. El gobierno de Francia lo procesó por lavado de dinero y tener una inmensas fortuna mal adquirida. Sus propiedades en París, valuadas en más de 10 millones de dólares, fueron confiscadas por las autoridades galas.
Todos los reportes de los organismos internacionales mencionan que el gobierno de Guinea Ecuatorial controla los medios de comunicación, no respeta los derechos fundamentales de las personas y existe el tráfico sexual de mujeres y niños, sujetos también a trabajos forzados. Además, Obiang es persona no grata en los países euro-peos, que hacen circo y maroma cuando por alguna celebración los visita el dictador. No el de España, cuya selección de futbol viajó a su antigua colonia a jugar un partido amistoso, lo que despertó protestas generalizadas. También Obiang dictó una conferencia sobre el español en África, en el Instituto Cervantes de Bruselas, lo que   condenaron organizaciones políticas, sociales y culturales.

 Opinión

El presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció ayer la adopción de un plan de regularización que concederá estatus legal por dos años a 5 de los 11 millones de migrantes indocumentados que residen en aquel país. Ello a cambio de requisitos como la demostración de permanencia en Estados Unidos durante cinco años, la existencia de hijos estadunidenses o residentes permanentes y el sometimiento de los posibles beneficiarios a una revisión de antecedentes criminales. En lo inmediato, las medidas podrían detener la deportación de alrededor de 4 millones de personas.

Solidaridad de cineastas con Ayotzinapa
Desde la ciudad de Managua, un grupo de cineastas provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, reunidos con motivo de III Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica y el Caribe, queremos expresar que nos sumamos a los millones de personas que el día de ayer en México y el mundo exigieron al gobierno mexicano la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre.

La señora Angélica Rivera, esposa del Presidente de la República, dio un mensaje a los mexicanos para explicar cómo se había hecho de dos residencias, ambas en las Lomas de Chapultepec y colindantes: una en Palmas, que le transfirió Televisa, y otra, la hoy conocida como la Casa Blanca, en Sierra Gorda, que el ingeniero Hinojosa –importante contratista del gobierno del estado de México cuando el licenciado Enrique Peña Nieto fue gobernador y más importante contratista hoy, que su amigo es Presidente de la República– tuvo la generosa actitud, a través de una inmobiliaria de su propiedad, de primero adquirir para ella dos terrenos y después construirle una lujosa y enorme mansión a su gusto y con el arquitecto de su elección, con la promesa de la señora Rivera de comprársela una vez terminada, lo que hizo mediante un contrato de compra-venta con reserva de dominio y cuyo monto, de más de 50 millones de pesos, paga en cómodas mensualidades –ya ha pagado 14 millones y pico- y con intereses muy razonables, con crédito de la propia inmobiliaria.

En tanto aturdimiento doloroso, no sé quién fue nuestro comendador, pero sospecho que fue la suave patria la que resultó zaherida. De ahí que Fuenteovejuna seamos todos.

Toma 1. El fotógrafo prepara una sesión nueva. Tiene poco equipo: aparte de la cámara, un solo reflector. En otro extremo pone una simple lámpara para matizar la luz. La enfermera trae unas cuatro niñas. Famélicas, objetos de experimentos seudocientíficos. Les ordena desvestirse y subir a un pequeño podio. Al fotógrafo le salen las lágrimas. Toma la foto y con la cabeza agachada da una señal de que se bajen. Se llama Wilhelm Brasse (1917-2012) y trabaja en el campo de Auschwitz-Birkenau. Es el año 1942 y ya lleva dos desde que fue arrestado huyendo de Polonia ocupada. Tiene raíces austriacas pero se siente polaco. Acaba en campo (no. 3444). Como antes de la guerra era fotógrafo y conoce el idioma, lo asignan al servicio de identificación de la SS (Erkennungsdienst). Saca sobre todo fotos policiacas, la mayoría de 50 mil que hace durante su cautiverio. Cuando empieza la exterminación masiva de judíos, fotografiarlos para los nazis ya es derroche de recursos (sólo cuando llegan transportes de Budapest, se le ordena sacar fotos a todos: cada noche hace más de mil 200). La manía alemana por documentarlo todo no cesa en caso de experimentos a cargo del doctor Mengele y otros. Un prisionero, médico judío, le trae a fotografiar mujeres en camas ginecológicas. Se les inducen enfermedades (cáncer, etcétera) y se registran avances. A Mengele le encanta esto. O cambiar niños a niñas, como hace con niños gitanos (Forgotten gypsy genocide, 2011). Antes de la evacuación, Brasse preserva más de 40 mil fotografías. Se usan en Nuremberg y en otros juicios de nazis. Después de la guerra trata de agarrar la cámara. Ya no puede. Regresan los ojos de gente a punto de ir a las cámaras de gas. Nunca le cuenta nada a nadie. Ni a su esposa. Sólo unos años antes de la muerte narra su historia en un estremecedor documental (Portrecista, 2005) y libro (Fotograf z Auschwitz, 2013).

Es tan denso el bosque de deterioro y corrupción que emerge en este país luego del crimen de Estado de Iguala, que nos impide percibir la descomposición de muchos de los árboles que lo conforman. Así sucede con la severa crisis institucional y de gobernabilidad que se vive en el estado de Chihuahua.

El capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizó su audiencia final del 12 al 15 de noviembre, después de un complejo proceso que duró tres años, que involucró a miles de personas de poblaciones afectadas, víctimas y familiares, a numerosas redes de profesionales de distintas disciplinas, a centenares de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, y que significó la culminación del gran esfuerzo de llevar a cabo 10 audiencias temáticas y transtemáticas, producto, a su vez, de 40 preaudiencias. Este proceso, inédito en el país –e histórico por sus múltiples significados para el momento actual que vive México–, bajo el enunciado general de Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos, sistematizó, documentó y juzgó el espectro exhaustivo y dramático de las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos a lo largo del periodo específicamente considerado en los procedimientos del TPP: 1982-2014.
Mientras los escupitajos rojos de la metralla/ silban todo el día en el infinito del cielo azul:/ mientras escarlatas o verdes, junto al rey burlón/ se desploman en masa los batallones bajo el fuego;/ mientras una espantosa locura machaca y hace de hombres una pila humeante/ –¡pobres muertos!, en la yerba, en tu alegría/ ¡oh Naturaleza!, tú qué hiciste a esos hombres santamente–…

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