En 2012 el Seguro Popular comenzó a cubrir enfermedades históricamente solicitadas por grupos de pacientes como la hepatitis C o el cáncer de colon, no obstante, el Estado ha garantizado la atención de apenas decenas de casos de estas enfermedades, las cuales llegan a tener más de 4 mil casos anuales.
Hay enfermedades dentro del Seguro Popular que solo se cubren
en el papel pues no hay suficientes hospitales acreditados, es decir,
validados por la Secretaría de Salud, para garantizar que sus afiliados
accedan a la atención en donde lo necesiten.
En 2012 el Seguro Popular comenzó a cubrir enfermedades
históricamente solicitadas por grupos de pacientes como la hepatitis C
o el cáncer de colon y recto. Para hacerlo se les incluyó dentro del Fondo
de Protección contra Gastos Catastróficos dedicado a financiar las
enfermedades que por su alto costo son capaces de empobrecer a
cualquier familia que las padezca, como el cáncer de mama, el cáncer infantil o el VIH/Sida, entre otras.
Sin embargo, desde entonces ha financiado apenas 14 casos de cáncer de colon y recto, la cual provoca alrededor de 4 mil muertes cada año en México,
y cinco de hepatitis C, enfermedad que aumenta en 19 mil 300 casos
anualmente, según cifras del Inegi y el Instituto Nacional de Salud
Pública, respectivamente.
La principal razón de estas cifras es que para todos los
pacientes con cáncer colorrectal el Seguro Popular cuenta solo con tres
unidades acreditadas para atenderlos, ubicadas en Chihuahua, Yucatán y Campeche; mientras que para hepatitis C solo dos, en el DF y en Sinaloa.
Los pacientes de otros estados del país pueden acudir a hospitales
públicos cercanos a su casa, pero al no estar acreditados por el Seguro
Popular tendrán que pagar el alto costo del tratamiento, y eso si está
disponible.
Para que un usuario del Seguro Popular pueda acceder a
cualquier tratamiento, independientemente de la complejidad o el costo
que tenga, debe acudir a una unidad médica acreditada por la Secretaría
de Salud, quien previamente verifica que el hospital o clínica
cuente con estándares mínimos de seguridad, calidad y capacidad para
atender a los pacientes.
Otras enfermedades tienen un destino similar a las dos mencionadas: aunque el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos también cubre el cáncer de ovario germinal, que afecta a 4 mil mujeres cada año, o el trasplante renal para menores de 18 años, en dos años solo pagó el tratamiento de dos pacientes con estos padecimientos, para los que solo cuenta con tres y cuatro unidades acreditadas en el país, respectivamente.
“Es una manera de distraer el proceso, por un lado el Seguro Popular
te dice sí tenemos acceso universal a la salud y ya está incluido tu
padecimiento, pero hay una dilación al prestar ese servicio. El ejemplo
más claro es con la hepatitis C, este año se devolvió dinero porque no
se ocupó el presupuesto porque las unidades no se han acreditado.
“Lo único que hacen es dilatar el proceso de atención, y las
personas se siguen muriendo porque no hay acceso igualitario a la salud
a pesar de que estás en Fondo (de Protección contra Gastos
Catastróficos) no te puedes atender porque no tienes una
unidad cercana, tienes que moverte, no tienes recursos para moverte y
te mueres. Si eso no es obstaculizar el derecho a la salud, yo no sé
qué es”, criticó Luis Adrián Quiroz, integrante de la organización Red
de Acceso, dedicada a apoyar a pacientes con enfermedades
crónico-degenerativas.
A pregunta expresa, el activista consideró que en el país hay pocos hospitales acreditados debido a que tienen que pasar por un proceso burocrático al que calificó de lento y engorroso.
El Informe de resultados Enero-Junio 2014 del Seguro Popular reconoce que para
cubrir las 59 intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos
catastróficos tiene registrados 319 clínicas y hospitales que han sido
acreditados, pero que el 62 por ciento de ellos se concentran en solo
11 estados: Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz,
Aguascalientes y Baja California Sur.
Mientras que la capital del país tiene acreditados 42 clínicas u
hospitales, estados como Hidalgo y Colima apenas cuentan con tres
unidades para la atención de todas las intervenciones del Fondo.
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