Anabel Hernández
MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- En México, estamos viviendo el final de un
sueño. De hecho, siempre fue un espejismo – el “momento de México” como
se le llamaba -creado con la ayuda de una intensa campaña de relaciones
públicas, una oleada económica momentánea, las estadísticas que
afirmaban una supuesta reducción de la violencia y las reformas, que
hasta ahora, sólo existen en el papel.
Luego está la bien acicalada figura presidencial de Enrique Peña
Nieto. Se presentaba a sí mismo no sólo como un reformador, sino como
el salvador de México. Por increíble que parezca, fue homenajeado por
la prensa internacional que ahora lo deshace en críticas.
Desde finales de septiembre, el mundo ha visto el verdadero y crudo
rostro del “momento”. Tres estudiantes de la escuela normal rural en
Ayotzinapa fueron asesinados y otros 43 “desaparecieron” el 26 de
septiembre en la ciudad de Iguala, lo que demuestra la colusión en
todos los niveles de gobierno con el crimen organizado. También mostró
el fracaso de Peña Nieto para garantizar la paz, la ley y la justicia,
elementales para la existencia de un estado viable.
Durante sus primeros 21 meses – Peña Nieto llegó al poder en
diciembre de 2012 – el presidente ha querido mostrar al mundo que iba a
transformar el “país en desastre” después de la “guerra contra las
drogas” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón. Pero no solo no lo
cambió sino que de hecho, ha habido regresiones graves, entre ellas un
rechazo cada vez mayor a la transparencia y la rendición de cuentas.
La semana pasada, un equipo de reporteros, dirigido por Carmen
Aristegui, descubrió una mansión valorada en 7 millones de dólares (4,4
millones EUR), utilizada por el presidente y su esposa, Angélica
Rivera, como propia, pero en los registros oficiales está a nombre de
un amigo del presidente. El amigo que ganó enormes contratos durante el
tiempo de Peña Nieto como gobernador y ahora como presidente.
Podríamos añadir a esta revelación, el proyecto de remodelación que
Peña Nieto ordenó a su llegada a la residencia presidencial oficial. En
un fastuoso gasto de fondos públicos, Peña Nieto transformó el edificio
de oficinas en un lujoso palacio, donde el presidente, la primera dama
y sus seis hijos viven ahora.
Por más de 14 años la nación ha vivido inmersa en una interminable violencia con impunidad para los criminales.
Esto fue gestado por el sistema político corrupto creado por el PRI,
el partido político de Peña Nieto. Durante más de 70 años en el poder
fue permitida la creación y operación de los carteles de la droga en
diferentes regiones del país. La coexistencia del gobierno con los
grupos de delincuencia hizo que estos se hicieran más fuertes, y cada
vez más, comenzaron a penetrar las instituciones del Estado.
Con la llegada del partido político PAN, y la presidencia de Vicente
Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), la estructura criminal
no sólo se mantuvo intacta, sino que se fue fortaleciendo a través del
crecimiento de la corrupción. Año tras año, México continuó perdiendo
terreno en el informe global de la corrupción de Transparencia
Internacional.
En 2001, México ocupó la nada halagadora posición del lugar 51, de
178 países; en el último año de Calderón, 2012, era el 105 de 176
naciones. En 2013, el primer año de gobierno de Peña Nieto, México cayó
un lugar más, al 106, pese a la ilusión de progreso.
Como resultado de la escalada de corrupción, el involucramiento del
crimen organizado ya no solo financiaba campañas políticas para obtener
protección. Los carteles llevaron al poder a sus propios integrantes
como es el caso del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa
María de los Ángeles Pineda Villa miembros de un clan de traficantes de
drogas que opera en Guerrero y Morelos desde hace más de una década. El
Procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ha acusado a la
pareja de ordenar el asesinato y desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa.
Desde que Peña Nieto llegó al poder, se han producido graves
retrocesos en México, uno de los cuales es el desprecio por la
transparencia y rendición pública de cuentas, una actitud encabezada
por la oficina presidencial y replicada por otras instituciones
gubernamentales.
¿Qué más se puede esperar de este gobierno sucio? En los últimos
meses, los militares y el fiscal general han presentado informes falsos
en relación con los crímenes. La información oficial muestra que en
2006 el número de denuncias penales no investigadas por el gobierno
federal ascendió a 24,000; en 2013, el número fue de 63,000. En la
administración de Peña Nieto, la aplicación de la ley se ha vuelto cada
vez más lenta y patética.
Al entrar en los edificios rústicos de la escuela en Ayotzinapa, se
aprende la historia de los jóvenes muertos. Es fácil entender por qué
el caso de Iguala ha movilizado a una sociedad que en los últimos años
ha perdido decenas de miles de hijos, madres y padres, a manos de la
delincuencia organizada.
La mayoría de los jóvenes en la escuela están estudiando para ser
maestros en las comunidades indígenas o en zonas empobrecidas,
marginadas. Los estudiantes vienen de familias campesinas que fueron
explotadas durante décadas, echados a un lado, sin esperanza de un
futuro mejor. Para ellos, nunca hubo un “momento de México” o un
salvador.
Para ellos, el abuso y la injusticia, por parte del gobierno, nunca
han cesado. A pesar de los enormes desafíos, estos jóvenes estudiantes
están cumpliendo su sueño de llevar el conocimiento a otros como ellos.
Todos los días las madres de los estudiantes desaparecidos de luto,
se reúnen en la plaza central de la escuela en la que las velas arden
permanentemente esperando el regreso de aquellos que fueron arrancados.
Los retratos de sus hijos cuelgan de carteles y pancartas. Si uno mira
bien se pueden ver sus rostros en sus madres.
Cuarenta de los 43 desaparecidos estudiantes sólo habían llegado a
la escuela en agosto y representan casi un tercio de todos los
estudiantes del primer año. De los que quedan, 60 fueron sacados de la
escuela por sus padres para que no tuvieran la misma suerte que sus
compañeros. Treinta quedaron y siguen regando las flores. Las flores
estaban destinadas a ser vendidas el 1 de noviembre, Día de los
Muertos, pero hoy en día todavía están allí, sin cosechar, esperando el
regreso de quienes fueron desaparecidos, o hasta que haya justicia.
En los ojos de los estudiantes que quedan hay tristeza. Los que
sobrevivieron esa noche infernal de disparos interminable cuando
gritaron: “¡No disparen, somos estudiantes. No estamos armados!”,
llevan en sus ojos dolor. Pero lo que es más evidente es una profunda
dignidad y valor.
El llamado a la justicia inunda la escuela en Ayotzinapa con la
misma intensidad que el sol de Guerrero baña las aulas cada mañana.
Esta convocatoria ha acaparado a muchos sectores de la sociedad
mexicana, sin distinción de clase económica y afiliación política
marcando el final del supuesto sueño. La prensa y la comunidad
internacional pueden ser un factor decisivo para garantizar que este
llamado a la justicia no se ignorado.
*Publicado en la edición digital e impresa del periódico The Guardian el 16 de noviembre pasado.
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