Un país que mata sus jóvenes

Silvia Ribeiro*

Como rayo que no cesa, herida abierta para siempre, la masacre de Ayotzinapa, el asesinato de seis personas y la detención y desaparición de 43 jóvenes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos por parte de las autoridades en Guerrero el 26 de septiembre 2014, fue telón de fondo de la audiencia Destrucción de la juventud y generaciones futuras del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México.

Esta tragedia convertida en lucha y denuncia en el país y en todo el mundo, integró la serie de 70 testimonios presentados por los y las jóvenes agraviadas en muchos temas y regiones, mostrando que la juventud en México es una generación que pese a los mil ataques, pese a que les niegan el pasado y el futuro, siguen resistiendo y creando, siguen vivos y en lucha.

La audiencia, realizada del 8 al 10 de octubre en la ciudad de México, no fue planeada desde el comienzo del amplio proceso social que este Tribunal ético internacional desarrolla en México desde 2011. En ese momento, el TPP se organizó en siete audiencias temáticas que se propusieron mostrar la violencia contra los trabajadores y los migrantes, los feminicidios y otras violencias de género, la violencia contra periodistas y la desinformación, la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, la devastación ambiental, la guerra sucia. A medida que se desarrollaban las numerosas actividades y audiencias que involucraron más 2500 organizaciones y comunidades de todo el país, surgió la necesidad de establecer audiencias trans-temáticas: temas que tocaban todos los anteriores pero tenían una especificidad que demandaba un enfoque y atención particular del Tribunal y del país. Por ello se realizó en noviembre 2013 una primer audiencia trans-temática sobre represión a los movimientos sociales, acción repetida de sucesivos gobiernos ante las protestas y luchas sociales contra los atropellos e injusticias.

Como hilo rojo, emergió también la urgencia de una audiencia trans-temática sobre juventud, actor presente en todos los temas, agraviada y principal protagonista en muchos de ellos. Con la coordinación de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, (http://jovenesemergencia.org/) y la participación de muchas otras, se concretó esta audiencia de y sobre la juventud, donde se escucharon casos y testimonios de violencia contra la juventud de todo el país. 

El jurado estuvo integrado por Daniel Giménez Cacho, México, actor,  Carlos Martín Beristain, País Vasco, médico, coordinador del Informe Guatemala Nunca Más, Graciela Daleo, Argentina, sobreviviente de la dictadura, miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires; Marcelo Dias Carcanholo, Brasil, economista, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, y Gianni Tognoni, Italia, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos.

El jurado señaló en su dictamen: Si hablamos de guerra sucia, violencia, falta de acceso a la justicia, la mayoría de las víctimas son jóvenes. Si hablamos de feminicidios y víctimas de violencia de género, la mayor parte son jóvenes; si hablamos de precarización laboral, desocupación, superexplotación, despojo de derechos laborales, los y las jóvenes constituyen un núcleo mayoritario; si hablamos de migración y desplazamientos, el grueso de la población forzada a seguir ese camino está constituida por jóvenes; al analizar los múltiples efectos de la devastación ambiental, de la destrucción del maíz, de la pérdida de soberanía alimentaria, de la descampesinización de millones, de la ruptura de la relación entre comunidades y pueblos indígenas y la tierra, verificamos que también allí la juventud integra una gran parte del sector victimizado; el desmantelamiento de la educación en todos sus niveles, la desinformación, la censura y el desarrollo de contenidos comunicacionales que apuntan a moldear subjetividades individuales y colectivas manipulables, tienen como blanco privilegiado a los jóvenes; igualmente, las agresiones a los movimientos sociales, en cuya composición es notable la presencia de jóvenes.

Bajo el eufemismo oficial de bono demográfico, ofrecido como ventaja comparativa en los tratados comerciales, (término para decir que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente), buscan convertirlos en una masa maleable de desplazados, desocupados, pobremente educados y sin raíces culturales, para ser explotados como mano de obra abundante, barata y sin derechos, por empresas nacionales y extranjeras, en México o los países vecinos del Norte.

Con total actualidad en el caso Atyozinapa, el dictamen continúa México vive una aceleración del impacto de la violencia, concentrada especialmente en la población joven, que hipoteca el futuro de la sociedad. Mientras los gobiernos se terminan cada seis años,  los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo. Los desaparecidos no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, refiriéndonos a una concepción del derecho que se centra no solo en la responsabilidad de los perpetradores y la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo, sino también en el reconocimiento del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para los familiares y el efecto traumático que causa en toda la sociedad.

Todo el camino del TPP México está sembrado de agravios y casos de horror. Pero lejos de paralizar, la construcción de este rompecabezas colectivo, cuya audiencia y dictamen final se anunciará este 15 de noviembre, es un tejido de memoria colectiva que recupera no sólo el pasado sino también el presente y el futuro. (www.tppmexico.org )

*Investigadora del Grupo ETC