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1/08/2015

Condena al Estado desviado y refundación de México



Raúl García Barrios*

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), máximo tribunal ético-jurídico del mundo, condenó a finales de 2014 a los gobiernos neoliberales mexicanos por desviar el poder del Estado y perpetrar múltiples crímenes de lesa humanidad contra del pueblo de México (ver). En un documento extraordinario el TPP visibilizó el iceberg de violencia estructural e impunidad que yace bajo los hechos de Iguala. Debe ser consultado por quienes desean entender las causas de lo que hoy vivimos. Su estudio y debate en todos los espacios académicos posibles ayudará a profundizar sus postulados y a precisar sus recomendaciones.

El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (campus Cuernavaca) ha iniciado esta labor. El CRIM se ha destacado desde hace tres décadas por su participación en la vida académica, política y cultural de la región centro-sur del país. Los hechos de Iguala reflejan el deterioro profundo de esta región, que ahora está sometida a la Operación Tierra Caliente y donde, se nos promete (o amenaza), se activarán zonas económicas especiales.

Tras discutir y suscribir el análisis y recomendaciones del TPP, el Colegio del Personal Académico (CPA) del CRIM llegó a una serie de conclusiones que considero importante divulgar:

El crimen de lesa humanidad de Iguala tiene su base en gobiernos que decidieron desde hace tres décadas secuestrar el derecho constitucional, destruir la soberanía nacional e impulsar un proyecto de subordinación integral a los intereses corporativos y de seguridad trasnacionales.

Este proyecto ha resultado en un Estado atomizado, derrumbado, carcomido en sus entrañas, sometido a diputas de las fracciones de distintos partidos, de los grupos policiales y de las fuerzas armadas, todos en colusión con la criminalidad.

Aquí se refleja de modo dramático la crisis civilizatoria que aqueja al mundo, manifiesta en el cambio climático, la financiarización de la economía planetaria, la sustitución de la seguridad salarial por la deuda privada, la crisis alimentaria, la crisis energética, las crecientes desigualdades sociales y agudización del empobrecimiento generalizado, la inequidad de género y exclusión de los jóvenes, el estado de guerra permanente, el aumento de la corrupción y la impunidad, etcétera.

En este contexto, los valores de la legalidad y el estado de derecho se han pulverizado y se ha extendido como fundamento de nuestra cultura la ética del triunfador, donde el criterio del éxito es la acumulación de riqueza y poder, omitiendo cualquier consideración sobre los medios utilizados.

El decálogo económico y de seguridad que propone el Presidente de la República evade esta realidad y promete resolver los problemas regionales con más subordinación. No da satisfacción a las víctimas ni ataca el problema en sus bases.

Ante esta situación, el CPA del CRIM planteó algunas alternativas. Primero, el desarrollo de la economía regional no debe tener como base la extracción y exportación de la fuerza de trabajo, de las personas o sus partes, o de los recursos naturales, por lo que no debe invertirse en maquiladoras, carreteras, vías de ferrocarril o puertos cuya función sea exportar mano de obra y materias primas baratas al extranjero; la alternativa es el manejo policéntrico, sustentable y diversificado de los ecosistemas urbanos y rurales, y de sus recursos materiales y energéticos, aprovechando los saberes locales y dirigido a la calidad de vida y la autosuficiencia alimentaria. Segundo, debe combatirse directamente la trata de personas y el tráfico o comercialización de órganos humanos (que sólo deben ser transferibles por donación, como es ahora el caso de la sangre). Tercero, para combatir la economía criminal debe legalizarse la producción y venta de las drogas, al estilo uruguayo: no criminalizar a usuarios y brindar apoyo profesional a quienes han generado dependencia, y complementar la medida detectando las rutas del lavado de dinero y persiguiendo a quienes las utilicen, con el control y fiscalización adecuados a los capitales golondrinos que alimentan la delincuencia organizada. Finalmente, los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la región deben ser juzgados, condenados y perseguidos por la Corte Penal de la Haya.

Ahora es necesario trabajar con una agenda de seguridad y paz construida de abajo arriba: debemos establecernos como una sociedad civil especializada en nuevos papeles de vigilancia y decisión ejecutiva, que acote al Estado e impulse su refundación. Los académicos del CRIM estamos comprometidos, como muchos otros universitarios, a contribuir con energía a esta refundación nacional.

* Presidente del Colegio del Personal Académico del CRIM-UNAM

11/18/2014

El Tribunal Permanente de los Pueblos: a la sombra de Ayotzinapa



Magdalena Gómez

El pasado 15 de noviembre culminó el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos con la emisión de la sentencia en su audiencia final. Durante tres años se celebraron 10 audiencias temáticas y transtemáticas (producto, a su vez, de 40 preaudiencias), la participación de cerca de mil organizaciones de diverso nivel incluyó miles de personas, y los casos presentados colocaron en tela de juicio la obligatoriedad de los tratados económico-comerciales y mostraron la abierta violación de los derechos humanos y de los pueblos. Este proceso que refleja la sentencia dio cuenta de que las amenazas y agravios se refieren tanto a violación a los derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza y la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de condiciones de deterioro de las condiciones de vida, así como las formas de violencia directa contra las personas, las comunidades, defensores de derechos humanos, las mujeres o periodistas. Asimismo, se anotó que México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. El derecho, se indicó, ha perdido su papel protector y se convirtió en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de trasnacionales o los intereses de las elites económicas. 

Muy singular fue la reflexión sobre la política exterior mexicana que se distinguió por mantener una voz propia, con mucha frecuencia asociada a las opciones de mayor progreso social y, sin embargo, la realidad interna del país aparece cubierta, ninguna organización externa la tiene en su agenda. Tras una detallada calificación jurídica de los crímenes de lesa humanidad y del conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales violados sistemáticamente, las juezas y jueces del TPP ubicaron cuatro agentes con responsabilidad: El Estado mexicano, las empresas trasnacionales, los terceros estados de origen de las empresas y el sistema de la ONU a través de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. El TPP resolvió remitir el expediente, dictamen y recomendaciones no solamente a las instituciones de gobierno, sino también, para que actúen en consecuencia con sus competencias, facultades y atribuciones, a las siguientes personas e instituciones: fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Organos convencionales de control de los convenios internacionales de derechos humanos, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la de la Suprema Corte de Justicia, gobiernos de los estados miembros, Comisión y Parlamento de la Unión Europea. También se anota entre las recomendaciones a la sociedad civil internacional y nacional la necesaria refundación de México, con una serie de elementos que son ciertamente indicativos pues el tema demanda la más amplia discusión y participación de todas las fuerzas sociales.

La síntesis de esta sentencia se anunció con la contundente reflexión inicial bajo la sombra de Ayotzinapa: Con todo el impacto del dolor y la documentada parti­cipación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del tribunal se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

No cabe duda, el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México es un referente ético-político y un aporte básico para orientar la continuidad de la lucha contra los efectos del libre comercio y la impunidad que expresa a la violencia estructural.

11/17/2014

Tribunal de los Pueblos juzga libre comercio, violencia e impunidad en México


Movimientos Sociales


Adital
Ocurre hasta el próximo sábado 15 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de México (Unam) el capítulo "Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos” del Tribunal Permanente de los Pueblos. Cuando comenzó el capítulo mexicano de esta institución ética e internacional, organizaciones, colectivos y ciudadanos conjuntamente con la Fundación Lelio Basso, en Roma, Italia, sede del Tribunal, señalaron siete diferentes ejes temáticos para identificar las violaciones a los derechos humanos del pueblo mexicano.
Son ellos: guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; migración, refugio y desplazamiento forzado; devastación ambiental y derechos de los pueblos; femenicidio y violencia de género; desinformación, censura y violencia contra los comunicadores; y violencia contra los trabajadores.
En la trayectoria iniciada en 2011, las organizaciones que forman la plataforma social del Capítulo identificaron la necesidad de generar otros tres ejes: represión contra movimientos sociales, destrucción de la juventud y de las generaciones futuras, y violencia contra la educación.
Durante más de tres años, se realizaron alrededor de 50 foros, pre-audiencias, pos-audiencias y audiencias temáticas de los diferentes ejes, en los cuales comunidades, organizaciones, colectivos y personas presentaron más de 500 casos y testimonios, así como análisis de diferentes disciplinas que documentan las graves violaciones de derechos humanos vividas en México, producto del desvío de poder de parte del Estado.

En total 129 jurados nacionales e internacionales recibieron esas denuncias: hombres y mujeres que dedican su vida a analizar y criticar la realidad en diferentes lugares. Académicos, luchadores sociales, jueces, periodistas y laicos emitieron decisiones en la forma de sentencias en las cuales identificaron hechos y derechos violados, señalaron a los responsables y enunciaron recomendaciones a los actores sociales, políticos, institucionales y económicos de México.
Para conocer el programa entre en www.tppmexico.org/convocatoria-a-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos; los pre-dictámenes y dictámenes productos del proceso están en www.tppmexico.org.
Más información:


11/16/2014

Un país que mata sus jóvenes

Silvia Ribeiro*

Como rayo que no cesa, herida abierta para siempre, la masacre de Ayotzinapa, el asesinato de seis personas y la detención y desaparición de 43 jóvenes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos por parte de las autoridades en Guerrero el 26 de septiembre 2014, fue telón de fondo de la audiencia Destrucción de la juventud y generaciones futuras del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México.

Esta tragedia convertida en lucha y denuncia en el país y en todo el mundo, integró la serie de 70 testimonios presentados por los y las jóvenes agraviadas en muchos temas y regiones, mostrando que la juventud en México es una generación que pese a los mil ataques, pese a que les niegan el pasado y el futuro, siguen resistiendo y creando, siguen vivos y en lucha.

La audiencia, realizada del 8 al 10 de octubre en la ciudad de México, no fue planeada desde el comienzo del amplio proceso social que este Tribunal ético internacional desarrolla en México desde 2011. En ese momento, el TPP se organizó en siete audiencias temáticas que se propusieron mostrar la violencia contra los trabajadores y los migrantes, los feminicidios y otras violencias de género, la violencia contra periodistas y la desinformación, la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, la devastación ambiental, la guerra sucia. A medida que se desarrollaban las numerosas actividades y audiencias que involucraron más 2500 organizaciones y comunidades de todo el país, surgió la necesidad de establecer audiencias trans-temáticas: temas que tocaban todos los anteriores pero tenían una especificidad que demandaba un enfoque y atención particular del Tribunal y del país. Por ello se realizó en noviembre 2013 una primer audiencia trans-temática sobre represión a los movimientos sociales, acción repetida de sucesivos gobiernos ante las protestas y luchas sociales contra los atropellos e injusticias.

Como hilo rojo, emergió también la urgencia de una audiencia trans-temática sobre juventud, actor presente en todos los temas, agraviada y principal protagonista en muchos de ellos. Con la coordinación de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, (http://jovenesemergencia.org/) y la participación de muchas otras, se concretó esta audiencia de y sobre la juventud, donde se escucharon casos y testimonios de violencia contra la juventud de todo el país. 

El jurado estuvo integrado por Daniel Giménez Cacho, México, actor,  Carlos Martín Beristain, País Vasco, médico, coordinador del Informe Guatemala Nunca Más, Graciela Daleo, Argentina, sobreviviente de la dictadura, miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires; Marcelo Dias Carcanholo, Brasil, economista, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, y Gianni Tognoni, Italia, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos.

El jurado señaló en su dictamen: Si hablamos de guerra sucia, violencia, falta de acceso a la justicia, la mayoría de las víctimas son jóvenes. Si hablamos de feminicidios y víctimas de violencia de género, la mayor parte son jóvenes; si hablamos de precarización laboral, desocupación, superexplotación, despojo de derechos laborales, los y las jóvenes constituyen un núcleo mayoritario; si hablamos de migración y desplazamientos, el grueso de la población forzada a seguir ese camino está constituida por jóvenes; al analizar los múltiples efectos de la devastación ambiental, de la destrucción del maíz, de la pérdida de soberanía alimentaria, de la descampesinización de millones, de la ruptura de la relación entre comunidades y pueblos indígenas y la tierra, verificamos que también allí la juventud integra una gran parte del sector victimizado; el desmantelamiento de la educación en todos sus niveles, la desinformación, la censura y el desarrollo de contenidos comunicacionales que apuntan a moldear subjetividades individuales y colectivas manipulables, tienen como blanco privilegiado a los jóvenes; igualmente, las agresiones a los movimientos sociales, en cuya composición es notable la presencia de jóvenes.

Bajo el eufemismo oficial de bono demográfico, ofrecido como ventaja comparativa en los tratados comerciales, (término para decir que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente), buscan convertirlos en una masa maleable de desplazados, desocupados, pobremente educados y sin raíces culturales, para ser explotados como mano de obra abundante, barata y sin derechos, por empresas nacionales y extranjeras, en México o los países vecinos del Norte.

Con total actualidad en el caso Atyozinapa, el dictamen continúa México vive una aceleración del impacto de la violencia, concentrada especialmente en la población joven, que hipoteca el futuro de la sociedad. Mientras los gobiernos se terminan cada seis años,  los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo. Los desaparecidos no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, refiriéndonos a una concepción del derecho que se centra no solo en la responsabilidad de los perpetradores y la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo, sino también en el reconocimiento del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para los familiares y el efecto traumático que causa en toda la sociedad.

Todo el camino del TPP México está sembrado de agravios y casos de horror. Pero lejos de paralizar, la construcción de este rompecabezas colectivo, cuya audiencia y dictamen final se anunciará este 15 de noviembre, es un tejido de memoria colectiva que recupera no sólo el pasado sino también el presente y el futuro. (www.tppmexico.org )
*Investigadora del Grupo ETC

10/12/2014

El Tribunal Permanente de los Pueblos y Ayotzinapa


Tatiana Coll

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), fundado en 1979, es heredero del primer tribunal creado por Bertrand Russell para juzgar los crímenes cometidos por el gobierno estadunidense en la guerra contra Vietnam, y del tribunal que se organizó con Julio Cortázar para juzgar a la dictadura militar argentina. Ahora, el TPP ha sesionado en México bajo el título Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los pueblos en México, en cuyo marco se han realizado diferentes audiencias frente a jueces internacionales y nacionales determinados por el propio TPP. La audiencia temática sobre educación se desarrolló en la ciudad de México los días 3,4 y 5 de octubre en el Club de Periodistas, irónicamente sin la presencia de algún periodista.

A lo largo de estos tres días se escucharon múltiples denuncias de los principales actores educativos: maestros, estudiantes y padres, que documentaron la grave degradación que ha sufrido el sistema educativo nacional desde los años 90. Evidentemente, una de las presentadas fue la de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa; además, los hechos transcurrían prácticamente en paralelo con la audiencia. 

El TPP los consignó en su documento final bajo el rubro de Violación al derecho a la vida, de la siguiente manera: Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, denunciaron la sistemática persecución, asedio y difamación de que son objeto por diferentes aparatos gubernamentales y que ha arrojado en los últimos dos años un saldo de dos asesinados en 2011 sobre la Autopista del Sol, y el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, seis asesinados y dos heridos muy graves, hasta ahora, en ataques sucesivos; dos de ellos realizados frente a la prensa. De estos ultimados, tres son normalistas y otros tres son personas que se encontraban en el lugar de los hechos, incluido un joven que venía en un camión con otros futbolistas y fue baleado. También hay, hasta el momento, 19 heridos y 43 desaparecidos, estudiantes que fueron detenidos con vida y montados en patrullas oficiales por la policía municipal, sin que los diferentes niveles de gobierno estatal hayan dado explicaciones o resultados, ni hayan establecido responsabilidades. 

Incluso, se fugaron el alcalde de Iguala y el jefe de la policía municipal sin que se tomaran medidas precautorias para impedirlo. Uno de los asesinados, el estudiante Julio César Mondragón, fue torturado brutalmente antes de ser ejecutado.

El fallo y condena presentados el día 5 planteó claramente: se condena al Estado Mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes de dicho centro educativo. Así como la persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones educativas que conforman el normalismo rural.

En consecuencia, el TPP emite una recomendación precisa al Estado mexicano: Que acabe con toda forma de violencia y represión hacia los estudiantes y maestros, en particular con la política de extinción del normalismo mexicano. Que investigue y sancione de inmediato a los responsables de la persecución, represión y criminalización sistemática llevada a cabo por las diversas corporaciones policiacas y de seguridad, respetando el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación. En este sentido, que dé respuesta inmediata sobre los graves acontecimientos recientemente ocurridos y ya señalados.

Los estudiantes de Ayotzinapa y de las normales rurales de Michoacán denunciaron también la constante campaña para denigrar y criminalizar a los alumnos y sus escuelas por parte de las televisoras, particularmente Televisa, Milenio y Tv Azteca, lo cual ha generado un clima de linchamiento generalizado que permite la represión y agresión de manera impune por diversas corporaciones policiales y autoridades gubernamentales, incluidas las educativas que se han referido a los normalistas que defienden sus programas de estudio, sus comunidades rurales y a la educación pública como vándalos sujetos a oscuros intereses.
El TPP tiene prestigio internacional establecido a lo largo de muchos años. Ellos llevarán su fallo a esos foros. 

Toca a nosotros sostener la denuncia de estos hechos infames, cuando el Estado convierte a estudiantes que botean y volantean en el equivalente de terroristas para poder asesinarlos, torturarlos, detenerlos ilegalmente y lo que podría ser peor aún: aparentemente entregarlos a los sicarios narcotraficantes para que los ejecuten, si esta es la lógica que prevalece, quiere decir que el gobierno y los sicarios se han fundido y sostienen intereses políticos comunes. Toca a nosotros exigir perentoriamente justicia y que vivos nos devuelvan a los normalistas que se llevaron.

9/30/2014

El Tribunal Permanente de los Pueblos y la violencia de Estado contra las mujeres en México

Víctor M. Quintana S.

Alainet

A los cuatro vientos debe difundirse lo que del 21 al 23 de septiembre se denunció y sentenció desde la ciudad de Chihuahua, México. Cuando en un espacio, así sea sólo simbólico y de conciencia, se escuchan casos como los presentados en la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre “Feminicidio y violencia de género” es deber de conciencia informar, indignar.

Dos días fueron insuficientes para que tanta mujer de los cuatro rumbos de la geografía mexicana vertiera sus agravios ante las conmovidas juezas. Estas leyeron la sentencia final junto a la Cruz de Clavos, memorial de las mujeres asesinadas, frente al Palacio de Gobierno, de la capital del estado norteño de Chihuahua en cuya acera está la placa que señala el lugar donde cayó asesinada en diciembre de 2010, la activista Marisela Escobedo, cuando protestaba por el feminicidio de su hija Rubí.

El Estado mexicano es el vértice donde confluyen las acusaciones de las víctimas y la sentencia de las juezas: la insensibilidad de sus funcionarios, la visión patriarcal y sexista que lo permea, el laissez faire o plena sumisión ante los poderes económicos, políticos y fácticos, la impunidad que prohíja, lo convierten al Estado en el actor que propicia, reproduce, la violencia de género en todas sus formas: sexual, institucional estructural, feminicidio, laboral, criminalización de defensoras de derechos humanos y periodistas.

Claman las madres, las familias de los asesinados, desaparecidos por la violencia de la sucia guerra contra el crimen organizado. Tan sólo en la ciudad de Cuauhtémoc, que no llega a los 150 mil habitantes, ha habido 350 personas desaparecidas en los últimos años. La Señora Muñoz narra entre sollozos como un comando de uniformados se llevó a los ocho varones adultos de su familia que celebraban el día del padre de 2011. Los casos se repiten con la misma constante: el Estado como principal responsable, ya sea porque fueron sus cuerpos militares o policíacos quienes desaparecieron o mataron a las personas, o quienes dieron cobertura a los delincuentes o porque ha sido omiso en investigar y castigar.

El feminicidio, visibilizado primero en Ciudad Juárez, y luego en todo México, es un estrujante réquiem narrado por la polifonía de mujeres de varios estados de la República. El proceso que las familias siguen es semejante por doquier: denuncian, se tienen que tornar detectives, investigadoras, peritas forenses, prosecutoras, ante la inacción de las autoridades. El aparato estatal de procuración de la justicia es pasivo, si no cómplice del crimen organizado de los esposos y los novios que le entraron a la moda macabra de deshacerse definitivamente de la mujer que les estorba. Estremecen casos como el del Arroyo del Navajo, cerca de la fronteriza Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los restos óseos de 19 mujeres asesinadas brutalmente, varias de ellas, capturadas por las redes de trata, invisibles para las autoridades.

Contra las mujeres que se ponen de pie, que se organizan, que reclaman, más que sus derechos, los derechos de otras y de otros, el Estado actúa con una presteza inaudita. La hija de Nestora Salgado relata con lucidez el caso de su madre, presa y hostigada todos los días en el penal federal de Nayarit. Luego de cumplir la labor de preservar la vida y el patrimonio de la gente, dirigiendo las autodefensas de Olinalá, en el sureño estado de Guerrero, es acusada y aprehendida por el mismo gobierno, impotente ante los criminales.

Siempre el mismo ciclo detrás de todas las acusaciones: 1: Agresión de todo tipo a las mujeres y a sus comunidades: feminicidio, desapariciones forzadas, despojo de recursos naturales a las comunidades por mineras y megaproyectos, ataques del crimen organizado, violencia familiar. 2: Ante la ausencia, negligencia o complicidad de las autoridades, respuesta organizativa desde abajo, sobre todo de las mujeres: defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarias, familiares empoderadas de desaparecidas y desaparecidos, periodistas, defensoras de su vivienda ante las hipotecarias, sindicalistas, vendedoras ambulantes. Y, 3: ahora sí, el Estado cómplice ante los poderosos, reacciona contra las mujeres que luchan y participan: detiene y encarcela; fuerza exilios como los de Cipriana Jurado y Marisela Reyes, permite se hostigue a defensoras de derechos humanos, amenaza periodistas, difama organizaciones de mujeres, libera órdenes de aprehensión contra deudoras de la banca, despide a las sindicalistas independientes, desaloja vendedoras ambulantes. Reprime y criminaliza.

También con reformas legales el Estado agrede a las mujeres: aunque en muchos estados se han puesto en marcha leyes represivas contra las que deciden abortar; nuevos códigos de procedimientos que agilizan los desalojos de las viviendas; reformas energéticas que facilitan el despojo de territorios, aguas y recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas, sin considerar que son precisamente las mujeres quienes más cuidan, quienes más luchan por defender dichas comunidades.

La transición y la democracia se atascan o se pervierten en cuanto llegan a la encrucijada del género y de la raza. En la barbarie contra las mujeres el Estado opera como instrumento de una clase transnacional privilegiada, revela su sustancia sexista y racista. Por eso, la sentencia más justa de esta audiencia del Tribunal de los Pueblos es que el Estado mexicano, como es y actúa ahora, debe ser condenado a desaparecer y refundado desde el pueblo sobre las bases de equidad de género, de raza y de clase. Y que, ante el desdén sistemático de las instancias del gobierno mexicano a poner en práctica las recomendaciones de instancias como la Corte Interamericana de los derechos Humanos, deben instituirse mecanismos que permitan una continua y sistemática regulación de las mujeres sobre los poderes políticos y económicos.

Mujeres como las que participaron en esta audiencia del TPP pueden hacer todo esto. Como víctimas demostraron su gran estatura moral y personal. Ninguna de ellas se ha estacionado en su muy justo dolor; todas se han convertido en sujetos de nuevos procesos, de demandas de justicia, de reconstrucción de su familia, de recreación de sus comunidades. Son mujeres para las que el Apocalipsis es pasado y el presente, el Génesis, como apuntaría Leonardo Boff.

Fuente: http://www.alainet.org/active/77506




TPP confirma situación gravísima en materia comunicativa y mediática



México afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los principios esenciales del Estado de derecho, concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

En el marco de la Sesión sobre Libre Comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México, el TPP realizó en ciudad de México la audiencia temática final sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, respondiendo a una solicitud de atención, denuncia y justicia formulada por una amplia red de asociaciones, movimientos de jóvenes, trabajadores de la comunicación y periodistas. representantes del mundo académico, de medios libres y radios comunitarias.

Los elementos de la estrategia de los movimientos sociales, expresados en las audiencias del TPP priorizan el respeto a los derechos humanos y la igualdad de los derechos. En estas estrategias los jurados encontraron formas diversas de acción política como las luchas y las resistencias –bajo la consigna de "resistir es crear"-, el reclamo de políticas públicas de igualdad, la búsqueda de una alternativa al pensamiento hegemónico, prácticas concretas de emancipación. Allí hay nuevas concepciones: el rechazo de las desigualdades y de las formas de dominación, el respeto de la naturaleza, la gratuidad, los bienes comunes y los servicios públicos, la democratización de los medios, la protección contra la represión, el rechazo a la criminalización.

En su diagnóstico, el TPP señala que México juega un papel de experimentación muy grave en la evolución mundial: se trata de una estrategia conducida a escala mundial para imponer un monopolio de poder. Las audiencias del tribunal permitieron identificar los elementos que componen esta estrategia mundial de violación de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la comunicación.

Entre ellos se suman el control de los medios de comunicación por el capital financiero asociado al capital internacional; el monopolio de las telecomunicaciones; la subordinación del poder político al poder financiero; la reducción del papel social y protector de los derechos y de la libertades de los Estados; las políticas económicas y sociales neoliberales; el despliegue ilimitado de un pensamiento hegemónico de violación de las libertades individuales y colectivas y de los valores de la igualdad de las personas; la criminalización de los movimientos sociales, la infiltración de las redes mafiosas; la instrumentalización del terrorismo: la intimidación que ha llegado a más de un centenar de asesinatos de comunicadores profesionales y populares.
El Tribunal resaltó que la preeminencia de este modelo económico en México, el semiocapitalismo, se expresa en la relevancia integral que el duopolio posee sobre el conjunto de la economía mexicana, así como en el crecimiento constante experimentado por el sector de la llamada “información en medios masivos” en el conjunto del Producto Interno Bruto de México, al que hay que añadir el impacto económico y el volumen de negocio del conjunto de las industrias culturales en el país.

De esta forma, México funciona como un laboratorio paradigmático en la configuración de un proceso general de reestructuración del modelo de acumulación de capital que no sólo descansa en una liberalización y privatización de la esfera mediática, sino que pone de manifiesto la tendencia paulatina del capitalismo a recombinar sus núcleos de poder situados en las estructuras de producción de bienes y servicios materiales, con la relevancia económica cada vez mayor de las estructuras productoras de signos, subjetividad y sentido, sobre todo en el campo de la comunicación mediática.

El Tribunal señaló que el monopolio mediático sobre la producción y circulación de la información no sólo descansa en una alianza explícita entre el poder político y el poder económico, sino que convierte la actividad mediática en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante y de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que difiere del discurso dominante. Esta pauta mediática deja a la sociedad indefensa frente a un único discurso de verdad que, lejos de presentar un carácter democrático, determina la existencia de un ecosistema mediático de índole netamente totalitaria.
El 92% de las señales televisivas están en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa-TV Azteca que además maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras, portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, y se asocia a muchas otras empresas de actividad financiera y bursátil.

El mediático, primer poder
Los testimonios recogidos por el Tribunal documentaron cómo el ejercicio del poder político en México atiende el mandato que la televisión mercantil impone a los tres poderes constitucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que esta relación la complementan tres factores denominados estructurales.

El primero, la corrupción y la impunidad generalizadas en el sistema de procuración e impartición de justicia: el 98% de los delitos y crímenes de todo tipo no son siquiera denunciados, y del magro porcentaje de denuncias (2%) más de la mitad no recibe sentencia alguna. El segundo, una relación de complicidad entre medios de comunicación y poder político que fue sistemáticamente construida durante décadas de hegemonía de un sólo Partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Arraigadas prácticas de control sobre los medios mediante el uso discrecional de la publicidad oficial, han significado para éstos formas de sometimiento y servilismo. La ausencia de organizaciones gremiales de periodistas, fenómeno complejo y difícil de comprender, apuntala que los comunicadores reproduzcan en su tarea cotidiana ese mismo fenómeno.

En tercer lugar, la precaria profesionalización y la limitada capacitación de los comunicadores que vulnera su situación laboral. En promedio un periodista gana en México entre 300 y 400 dólares al mes, o cobra por nota 60 centavos de dólar. Para satisfacer sus necesidades a veces tiene hasta tres trabajos o redacta hasta diez notas por día. Los dueños de los medios, plegados a los intereses de los gobernantes, son los principales obstáculos para la capacitación de sus reporteros y la mejora de las condiciones laborales.

Según el Consejo Nacional para la Prevención de las Discriminaciones (Conapred) los medios masivos contribuyen a reproducir y alientan todas las formas de discriminación que en México se practican desde el período colonial con sus 300 años de esclavitud: por el color de la piel, la estatura, el aspecto, las edades (niños, jóvenes, ancianos), el sexo, las preferencias sexuales, la procedencia regional, la lengua que se hable (sobre todo si es indígena), la condición civil, las discapacidades físicas o mentales, la pertenencia a ciertos grupos, las creencias religiosas, la vida matrimonial y sus avatares, entre otras muchas cosas . Todas las formas de discriminación son alentadas en la variedad no tan amplia de géneros televisivos y radiofónicos.

Las acusaciones documentaron que el virtual monopolio político ejercido durante más de 80 años por el Partido Revolucionario Institucional, hoy nuevamente en el poder presidencial, requirió para reproducirse del monopolio de los medios radiofónicos, promovido y apoyado desde sus inicios por los presidentes de la República, quienes entregaron frecuencias radioeléctricas al margen de toda normatividad a unos cuantos de sus amigos y aliados.

No exageraba el dueño de Televisa Emilio Azcárraga Milmo cuando dijo a la revista “Proceso” que él y Televisa eran “soldados del Presidente y del PRI”. Sin embargo, la relación se invirtió, según los testimonios basados en estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana: de ser Televisa y su dueño soldados del Presidente, a ser el Presidente soldado de Televisa junto con los otros poderes constitucionales.

Más que ciudadanos, consumidores

Destacó el Tribunal que la evolución del sector mediático y de las industrias culturales en su conjunto pone de manifiesto que la producción de subjetividad no constituye únicamente el soporte ideológico para la reproducción del modo de producción imperante, sino que cada vez más se está convirtiendo en un objeto fundamental del mismo: las industrias mediáticas en México subrayan hasta qué punto la producción de subjetividad y la comunicación se han mercantilizado hasta convertirse en espacio de valorización y de negocio.

La transformación de los ciudadanos, en tanto que usuarios y productores de la comunicación y la información mediáticas, en meras audiencias y consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones y en la configuración de la cualidad de los contenidos mediáticos.

En el contexto de una destrucción generalizada del tejido social del país, el ecosistema mediático y de comunicación se ve afectado de manera alarmante y dramática por una violencia que posee un carácter dual. Por un lado, una violencia directa contra la libertad de expresión y de información que toca de manera más dolorosa a los profesionales del periodismo y a los ciudadanos que participan del denominado tercer sector de la comunicación, fundamentalmente iniciativas de comunicación social de naturaleza comunitaria.

Y, por otro lado, una violencia simbólica que impone un discurso, unas narrativas mediáticas y unos imaginarios que diseminan en la sociedad valores, formas de subjetivación, modos de vida e inclinaciones éticas, en definitiva, una cultura, afín al modelo económico imperante y los regímenes de existencia que éste impone.

Tras escuchar y analizar la documentada denuncia de organizaciones y movimientos sociales (campesinos, indígenas, de trabajadores, académicos y juveniles) presentada en la audiencia, el Tribunal dejó en claro que la problemática de la falta de acceso a la información -y de ejercer el derecho humano a la información-, la concentración duopólica de los medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores afecta muy gravemente los derechos individuales y colectivos de loa mexicanos.

La reforma del Estado y la reciente alternancia política en el gobierno (2000-2012), no han tocado esta concentración: los gobiernos, los partidos políticos, los legisladores (por ende, las leyes) se han subordinado a los intereses del duopolio Televisa-Televisión Azteca, consolidado con los tratados de libre comercio.

Consideró que la brecha social se acrecenta en un país de enormes desigualdades, que cobija al hombre más rico del mundo y a 50 millones de personas carentes de las condiciones mínimas de supervivencia. Un país que presume de diversidad cultural y lleva adelante políticas de aniquilamiento de sus pueblos originarios, una nación referente por su sus luchas sociales, que hoy criminaliza y elimina todo tipo de protesta ciudadana.

Señaló el Tribunal que México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en materia de los derechos humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan un esquema corporativo monopólico, a la vez que criminalizan de manera manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos que luchan por sus derechos.

Afirmó que la violencia contra la prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder; desapariciones de periodistas profesionales y populares; el desplazamiento y/o exilio de comunicadores por amenazas directas en su contra; autocensura de los medios e infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones; vejaciones, asesinatos y desaparición de mujeres periodistas; ataques a usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia, y toda forma de agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el temor y el terror entre los comunicadores. Recordó que por todo esto, la Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU considera a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.

En lo que va del siglo, según la Procuraduría General mexicana, 102 periodistas fueron asesinados, 18 han sido desaparecidos y hay un número no posible de identificar de desplazados y/o obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la presidencia de Feljipe Calderón (2006-2012), cuando la aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores humanos, en un país donde se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación.

El Tribunal tomó en consideración que más de mitad de las denuncias presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes estatales –militares, policías, autoridades locales- y que el 13 por ciento proviene de la delincuencia organizada, en n país donde la aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias. En los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas.

Destacó, asimismo, que a dos años de creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas - físicas, sicológicas, legales y cibernéticas- que ponen en peligro la integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información.

Tomó nota de lo ocurrido en los últimos 20 meses, cuando 11 periodistas fueron asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuaha), y que en 21 de los 32 estados se ha denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos, detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia.

Entre 2002 a 2013 se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido el crimen de feminicidio.

La antirreforma y el fin de la privacidad

El Tribunal consideró que la reforma constitucional a la Ley de Telecomunicaciones (2013), que generó expectativas entre muchos sectores de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria, aprobada en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado, nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo.

Constató que la nueva Ley de Telecomunicaciones permite graves violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet, al obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.

La reforma establece el derecho de “la autoridad” a desplegar la vigilancia masiva del internet, los celulares, la fibra óptica, la telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real, dónde están, a dónde hablan, con quién se comunican, qué se dicen y eventualmente bloquear por razones de “seguridad nacional” la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social y censurar previamente contenidos de internet. Los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a prestar esos servicios de espionaje, localización y de fichaje: tienen la obligación de resguardar los datos de los usuarios al menos por dos años.

La reforma en telecomunicaciones, concebida en lo básico como un intento de disminuir el poder paralelo de los monopolios de la radiodifusión y de la telefonía apabulló al conjunto de leves trazos que dibujaban un posible fortalecimiento de los medios de sentido social. A las radios comunitarias e indígenas se les impuso exigencias semejantes y aún más estrictas que a las concesiones privadas, para obtener una frecuencia en el 10% del espectro o para conservarla. El Tribunal consideró ridícula la potencia de 20 watts que se les concede para transmitir, mientras se les niega, discriminatoriamente, toda posibilidad de acceder a recursos publicitarios que permitieran su sostenimiento.

Para comprender el origen de la reforma en telecomunicaciones consumada en julio de 2014 es indispensable considerar lo que representó en el contexto que se describe la rebelión juvenil de 2012: por primera vez en la historia aparecieron en las calles multitudes ciudadanas reclamando la democratización de la comunicación y el fin del control priísta de la sociedad. Los testimonios juveniles en la audiencia desplegaron en detalle los episodios que originaron y se sucedieron durante el creativo movimiento que ocupó la atención nacional e internacional a lo largo de más de nueve meses.

El Tribunal comprobó que la criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y/o culturales. Se utiliza con pretextos de bien común –la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la decencia- pero es empleada como mecanismo de control social para intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo, de la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos.

El Tribunal destacó, asimismo, que muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios de comunicación –en especial de los que pertenecen al duopolio- la criminalización y el linchamiento (a veces no solo intelectual) de aquellos que osan reclamar sus derechos, en diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación al odio y discriminación racial y social y a la discriminación de género.
Nota:
*Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en la Audiencia final tem ática sobre DESINFORMACIÓN, CENSURA Y VIOLENCIA CONTRA LOS COMUNICADORES, ralizada en Ciudad de México, del 17 al 19 de septiembre de 2014

9/28/2014

Ampliación de la demanda ante el TPP


Miguel Concha
La defensa del maíz en México se ha convertido en un proceso de confluencia de diversos movimientos, organizaciones y colectivos, pues es una causa que interpela a propios, extraños y a quienes habitan la ciudad y el campo. Y no es para menos. Lo que, en medio del avance de las reformas estructurales neoliberales, está en juego es el territorio de los pueblos y lo que en él se siembra y obtiene. Tiene además mucha relación con la capacidad y los medios para que nuestras y nuestros campesinos sigan produciendo alimentos suficientes y de calidad que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria de México.

Nos encontramos así en una disputa por la defensa del sistema de milpa, el cual sabemos es un sabio proceso de producción de alimentos naturales, importantísimo nutricionalmente en la mesa de todos nosotros. Por ello, el próximo lunes diversas organizaciones y colectivos se reunirán en el Zócalo de la ciudad de México para honrar a nuestro maíz nativo y a nuestros pueblos campesinos e indígenas, todo en el marco del Día Nacional del Maíz, que por primera vez es reconocido este año a nivel internacional. Cada 29 de septiembre ya celebramos, y celebraremos en adelante, nuestra identidad y cultura en torno al maíz, que además coincide con la fecha del inicio de cosechas de maíces y bondades de la Madre Tierra, sobre todo en la región de Mesoamérica.

En relación con esto, y con la finalidad de acompañar a las diversas experiencias organizativas contra el despojo de los bienes comunes que se presentan ahora en el territorio mexicano, diversas organizaciones y personas nos constituimos desde hace un año como una colectividad para defender el maíz nativo, el cual es un grano básico en la dieta de todas las personas en nuestro país, y no sobra decir que de América Latina, gran parte de África y de Asia. Hoy es también en el mundo el cereal con mayor volumen de producción.

Mediante el uso de acciones colectivas –herramienta judicial novedosa en el sistema jurídico mexicano, que busca proteger los derechos colectivos– demandamos al Estado mexicano que proteja nuestros derechos a un medio ambiente sano y a conservar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad biológica de los maíces nativos. Este tipo de acción jurídica se fundamenta en el profundo interés por defendernos del actual embate contra el territorio mexicano, su gente y sus productos nativos. Desde hace más de tres décadas, cuando México se abrió de lleno al libre mercado, se ha venido discriminando y vilipendiando a nuestros pueblos campesinos e indígenas. Se les ha colocado a la cola de la agenda de los regímenes recientes y, por si fuera poco, se intenta retroceder en derechos que ya en tiempos pasados se habían ganado. El pasado 17 de septiembre los demandantes nos reunimos ante los garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se define públicamente como un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que examina las causas de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos, determina si en efecto han sido violados tales derechos y denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.

En este contexto, dimos a conocer lo que como colectividad estamos realizando, sobre todo lo relacionado con la acción jurídica que presentamos el pasado 15 de julio de 2013 ante el juzgado decimosegundo de distrito en materia civil en el Distrito Federal, el cual es parte del Poder Judicial de la Federación. La finalidad de esa reunión, a la que se ubicó como una sesión más de la audiencia Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos del TPP, fue ampliar el expediente identificado como De la simulación de protección de la diversidad del maíz al desvío de poder a favor de las trasnacionales y fortalecer el proceso de la audiencia final de dicho tribunal, que tendrá lugar en noviembre. A este respecto se reflexionó sobre la perversa actitud del Estado mexicano en relación con este caso, pues sabemos que las instancias del gobierno, junto con las trasnacionales demandadas, han promovido un total de 73 impugnaciones judiciales contra la demanda y medida precautoria en favor de la no comercialización del maíz transgénico.

Con esto último, y con base en la documentación del caso, existen elementos suficientes para denunciar que el Estado incurre en un escandaloso e indignante desvío de poder, pues contrariamente a sus obligaciones constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos, litiga en favor de las corporaciones trasnacionales, muy por encima del bien común de los pueblos y personas en México. Se olvida que incluso un tribunal colegiado en materia civil sentenció que nuestro derecho al medio ambiente sano es el derecho presente de las generaciones futuras. Ante ello, creímos relevante que se guardara de esto memoria en los expedientes del TPP, y por medio de este tribunal denunciar el desvío de poder que el Estado mexicano comete. Le solicitamos también su intervención y que hiciera suyas las peticiones relacionadas con el eje de violencia contra el maíz. Primeramente, que es urgente que el Estado mexicano decrete que nuestro territorio es centro de origen y diversidad del maíz, y que por tanto establezca las medidas necesarias para proteger nuestros maíces nativos.

Derivado de este decreto, es entonces también fundamental que se prohíba permanentemente en México la siembra de maíz genéticamente modificado, en cualquiera de sus fases (experimental, piloto y comercial). Se requiere igualmente mayor visibilización de nuestra demanda colectiva a escala internacional, teniendo en cuenta que por medio de este tribunal se aventajará ya en gran medida en esta tarea. Y, por último, que el TPP identifique, determine y documente plenamente los actos de desvío de poder que el Estado mexicano hoy comete en este caso. Sería además fundamental que con ello le recomiende igualmente proscribir dichas prácticas en todo el aparato administrativo de los tres poderes de la Unión.

9/25/2014

Exige Tribunal Permanente de los Pueblos garantizar derechos de mujeres


CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado mexicano por no garantizar la vida, seguridad y trabajo de las mujeres en el país; además, exigió una disculpa pública, así como el reconocimiento de la deuda moral que tienen las autoridades con las mujeres.

Además, las autoridades deberán dar protección a las defensoras de casos de violencia contra mujeres, contra indígenas, contra el medio ambiente y campesinos, así como a periodistas y sus familias.

Frente a Palacio de Gobierno, que permaneció con las puertas cerradas, las cinco juezas internacionales, Mireille Fanon, Rosa Linda Fregoso, Sylvia Marcos, Cynthia Bejarano y Rita Segato, conminaron a las instancias internacionales a dar seguimiento a las recomendaciones que ha recibido México.

Asimismo, consideraron que fiscales, jueces y otras autoridades llevan a la esfera pública los prejuicios con los que fueron formados en el medio familiar.

El gobierno estatal y los locales, acusaron, han establecido un marco legal y constitucional que permite las violaciones graves y generalizadas contra las mujeres, pese a la firma y aval de tratados internacionales.

Además, denunciaron, las autoridades participan directamente, por omisión o comisión, en los feminicidios, trata de personas y desapariciones, lo que impide a las mujeres tener una vida libre y digna.

También señalaron que hay graves violaciones de derechos humanos en el país por el incumplimiento de la persecución del feminicidio y los otros delitos señalados, así como en contra de comunidades indígenas y campesinas, porque no hay investigación ni persecución; aparte de que permiten el encubrimiento y silenciamiento, lo que genera escenas de impunidad generalizada.

Las autoridades criminalizan también el trabajo de las defensoras, han incumplido las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y las empresas transnacionales como mineras, compañías energéticas y bancos han contribuido también a la violencia contra las mujeres, debido a que no respetan sus derechos humanos.

Alma Gómez Caballero, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dio la bienvenida a las juezas, quienes estuvieron durante dos días en la ciudad de Chihuahua para escuchar a mujeres de cinco estados, víctimas de feminicidio, desaparición forzada, trata de personas y despojo, entre otros.

Gómez Caballero explicó que el lugar donde dieron a conocer el dictamen del TPP, al pie de la Cruz de Clavos o Cruz de la Impunidad, frente a palacio de gobierno, es un lugar emblemático porque ha recogido durante los últimos años las masacres y crímenes más fuertes contra la sociedad chihuahuense y que permanecen impunes.

Cuando colocaron la primera cruz, ésta tenía 97 clavos que representaban a cada una de las mujeres asesinadas hasta el momento, pero actualmente son más de 2 mil las mujeres masacradas en la entidad.

Durante dos días expusieron testimonios de dolor e impunidad en el Teatro de Cámara de esta capital, a donde acudieron activistas y víctimas de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Distrito Federal, Chiapas y Chihuahua.

Miles de mujeres mexicanas han asumido roles de investigadoras, defensoras de derechos humanos, de sus propias familias, luego de la violencia generalizada que se desató en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

9/13/2014

El Tribunal de los Pueblos y el nudo de las violencias



Víctor M. Quintana S.
La Jornada

Pocos temas constituyen en sí mismos un nudo, un microcosmos donde concurren las violencias y los atropellos a los derechos de las personas como el que abordará el Tribunal Permanente de los Pueblos en la audiencia final sobre Feminicidio y violencia de género, del 21 al 23 de septiembre en la ciudad de Chihuahua.

Es en la violencia multiforme contra las mujeres donde se manifiesta más ilustrativamente el gran tema que trajo a México a este tribunal de conciencia: “libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos”. Sin simplificar, en este eje convergen los ejes de todas sus audiencias: devastación del maíz y de la vida rural; migración y desplazamiento forzado; violencia contra las y los trabajadores; destrucción de los jóvenes y de las generaciones futuras; devastación ambiental, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores; agresiones a las defensoras y defensores de los derechos humanos. En todos los casos son las mujeres, en lo individual o en lo colectivo, las más vulneradas.

Es una muy buena decisión realizar la audiencia final de este eje en Chihuahua. Aquí se condensan las violencias de género de las que el feminicidio no es más que el terrible desemboque. Libre comercio, primero para la frontera y luego para todo México, es el régimen de las maquiladoras: reducción de las mujeres a fuerza de trabajo, prescindible, sustituible. Hostigamiento de jefes, supervisores, cónyuges, parejas. Triple jornada extendida por los extenuantes traslados, la falta de apoyos para el cuidado de los hijos, por la lejanía y precariedad de las viviendas, por los extras que hay que buscar para que el sustento no se siga enmagreciendo. Con el neoliberalismo las mujeres no sólo de Juárez, de la frontera, de todo México, trabajan más, se desgastan más, se enferman más. Libre comercio es devastación del campo, destrucción de comunidades, mujeres migrantes ultrajadas.

También las guerras sucias han golpeado mucho más a las mujeres mexicanas. Comenzando por las guerrilleras de los años 70, torturadas, desaparecidas, arrancadas de sus hijos. Continuando por la guerra que desató Calderón contra el crimen organizado. Han sido más los hombres ejecutados, pero precisamente por eso, más las mujeres que se quedan al frente de sus hogares, con la responsabilidad de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos huérfanos. Pero también son muchas las mujeres asesinadas, torturadas, desaparecidas. Han sido botín de guerra para uno y otro bando. De Chihuahua han tenido que pedir asilo político en Estados Unidos más mujeres amenazadas por criminales, soldados y policías, que hombres. Son las mujeres también las que más sufren la situación de guerra y de ocupación de sus comunidades por parte del crimen organizado. Las que viven la pesadilla de poder ser objeto del deseo o del simple capricho de los narcos y sicarios que dominan las comunidades rurales.

Son mujeres quienes mejor han narrado y documentado estos años de muerte, estos años de horror y autoritarismo. Por eso los poderes institucionales y fácticos sin piedad han asesinado, amenazado y golpeado a las periodistas. También a las derechohumanistas que acompañan a las familias de las y los desaparecidos, los asesinados, los detenidos ilegalmente. La Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos rebosan de este tipo de denuncias. A las que organizan la autodefensa de sus asoladas comunidades, como Nestora Salgado. Mujeres también han caído en defensa del territorio, del medio ambiente y de sus comunidades, como Manuelita Solís, asesinada junto con su esposo Ismael Solorio en octubre de 2012 por defender el territorio y el agua de su ejido contra la minera Mag Silver y los menonitas depredadores del río del Carmen.

Por eso no todo puede reducirse al feminicidio. Éste es más bien el desenlace de la cadena de las violencias, estructurales, físicas, mentales, institucionales, que acabamos de enumerar. “Nos matan en un presente perpetuo…” claman las feministas argentinas, refiriéndose al holocausto que comenzó en Juárez y ahora cunde por todo México. Detrás de este feminicidio multiplicado, prosiguen, están los circuitos protegidos por el Estado que hacen rodar el engranaje de toda la maquinaria, dirigidos por los señores del poder.

Esto nos lleva al otro tema de este tribunal: la impunidad: de violadores, de funcionarios omisos, de policías y burócratas sexistas, de empresarios explotadores, de maridos golpeadores, de tratantes, negociantes del sexo. Es lo que permite que las violencias se instalen, crezcan, se reproduzcan y nunca mueran. Violencia estructural, impunidad institucional.

Esto y mucho más va a ser denunciado en Chihuahua ante el TPP. Si sólo esta audiencia se hubiera dado, hubiera bastado para asomarse al horror de las violencias y atropellos a los derechos que vive este nuestro México.

El TPP es esfuerzo colectivo, de mucha gente. Pero es muy justo reconocer el compromiso, la entrega y la pasión puesta en él por una persona: Emilia González Tercero. Luchadora de toda la vida, cristiana de convicción, pionera de las luchas por los derechos humanos y de la democracia en Chihuahua y en México, cofundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Denunciante con valentía de los abusos del Ejército en la sierra Tarahumara en los años 80 y 90; de las desapariciones forzadas, que también involucran a las fuerzas armadas en años recientes. Sin su tesón, la audiencia inicial del TPP en Ciudad Juárez, y varias otras, así como la audiencia final del feminicidio en Chihuahua no hubieran sido posibles. La celebración de este tribunal de conciencia ha sido el gran acicate para sacar vida en medio de la enfermedad que la aqueja.

Con esto Emilia nos muestra que el Tribunal Permanente de los Pueblos no sólo es un llamado a la conciencia. Es también un llamado a la vida, a vivir intensamente para que defendamos la vida de las personas, de las comunidades, de la naturaleza, contra esa muerte que nos quiere hacer omnipresente el mundo del lucro, de la exclusión, de la violencia.
Vale, Emilia.

8/05/2014

Denuncian taquilleras del Metro violencia de líder sindical


   Han presentado demandas por discriminación sin resultados

Preaudiencia “Violencia de Género y Feminicidio” que celebró el Tribunal Permanente de los Pueblos | 


La queja que taquilleras del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) presentaron hace tres años ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y la demanda penal de hace dos contra Fernando Espino Arévalo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, –ambas por discriminación y violencia de género– no han derivado en medidas contundentes respecto a sus peticiones.

Durante la preaudiencia “Violencia de Género y Feminicidio”, que celebró hoy aquí el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), trabajadoras del STC denunciaron los actos de discriminación y violencia que enfrentan a diario por parte de usuarios y compañeros de su gremio.

Aunque esta denuncia es pública desde hace varios años, las acciones de las instancias competentes para mejorar sus condiciones laborales y poner alto a las agresiones han sido prácticamente nulas.

María Guadalupe Reyes Hernández, integrante del Grupo de Intersindicalistas, precisó que la campaña de difamación por parte de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC es una forma de represalia por la defensa que hace su agrupación de los derechos laborales de las trabajadoras.

Por otro lado mencionó las agresiones físicas y verbales de los usuarios contra ellas, las cuales –dijo– aumentaron luego del reciente incremento al boleto del Metro, y ocurren sin que la policía intervenga.

Las activistas evidenciaron que las taquilleras –el grupo más numeroso de trabajadores del sindicato, conformado por mil 196 mujeres– están expuestas a los ataques de los usuarios y trabajan sin condiciones dignas y de seguridad, ya que no pueden acudir al baño cuando lo requieren y sus jornadas laborales son extensas.

A pesar de esto, los líderes sindicales no quieren reconocerles más derechos, no negocian con ellas y las hostigan para que desistan de su exigencia.

En breve entrevista al finalizar su presentación, Nélida Reyes Guzmán, taquillera con más de 30 años de servicio, recordó que en 2011 se conformó el Grupo de Intersindicalistas –constituido por taquilleras de diferentes sindicatos independientes de trabajadoras y trabajadores del Metro–, para denunciar violaciones a sus derechos laborales, entre ellos la disminución a su salario y prestaciones, y la explotación en sus centros de trabajo.

Una vez conformado el grupo, las taquilleras resolvieron en ese mismo año interponer una denuncia ante la CDHDF para que se reformaran sus condiciones laborales y se les garantizaran medidas de precaución, ya que por esta exigencia empezaron a ser hostigadas por sus propios compañeros de gremio.

La denuncia penal por discriminación presentada el pasado 24 de enero ante la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) vino luego de que entre el sindicato circulara un boletín en el que se desprestigiaba con “insultos y vejaciones” a tres de las integrantes del Grupo de Intersindicalistas.

Reyes Guzmán aseguró que ya están en mesas de trabajo con la CDHDF, representantes sindicales y directivos del Metro, y que están incluidas en el programa de  protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos de este organismo, pero que ni la PGJDF ni sus sindicatos les garantizaron protección.

Agregó que de no haber negociación con sus superiores, la CDHDF emitirá una recomendación a Joel Ortega, director del STC.

La denuncia penal, según comentaron las trabajadoras, sigue su curso, pero las ahora activistas insistieron en que se deben realizar pesquisas en la imprenta del sindicato para develar la responsabilidad del Comité Ejecutivo que preside Fernando Espino en la elaboración del boletín con el que se agredió a las taquilleras.

Cabe señalar que la formación del Grupo de Intersindicalistas nació con el objetivo de visibilizar la condición de las trabajadoras del Metro bajo un enfoque de género y respeto a los derechos laborales, por lo que de inicio se unieron 50 compañeras.

Las autoridades sindicales están debilitando el trabajo del grupo, acusó Reyez Guzmán, ya que por el acoso constante y el miedo a ser agredidas algunas compañeras abandonaron la agrupación.

Las representantes del grupo dijeron tener evidencia de que otras trabajadoras fueron convencidas para desistir de su participación a través de aumentos salariales y algunos “privilegios”.
 

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 

Demandan sobrecargos claridad en pago de liquidaciones


   Fideicomiso de MRO no alcanza para saldar deudas de Mexicana

Preaudiencia “Violencia de Género y Feminicidio” que celebró el Tribunal Permanente de los Pueblos | 


Sobrecargos de Mexicana de Aviación que perdieron su empleo tras la quiebra de la aerolínea en abril pasado –de las cuales 65 por ciento son mujeres– dijeron que desconocen cómo se efectuará el pago de sus liquidaciones.

A cinco meses de la declaratoria de quiebra de Mexicana, las trabajadoras –algunas con más de 20 años en servicio– agrupadas en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) exigieron se les informe sobre cómo se efectuará el pago de sus liquidaciones.

La sobrecargo Cecilia de los Ángeles, de 42 años de edad, denunció hoy aquí durante la preaudiencia “Violencia de Género y Feminicidio” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) evalúa si el pago de las liquidaciones se podrá efectuar con el Fideicomiso de la base de mantenimiento MRO –que sigue operando pese a la quiebra de Mexicana–, del que también se debe cubrir el pago de pensiones para las jubiladas.

La trabajadora enfatizó la urgencia de que la STyPS resuelva el pago de esta deuda porque la mayoría de ellas enfrenta desempleo, problemas de salud y endeudamientos que demeritaron sustancialmente su calidad de vida y la de sus familias.

Erika Delgado Trejo, secretaria de la Comisión de Vigilancia de ASSA, dijo que actualmente las sobrecargos están en un “limbo” porque la juez Edith Alarcón dictaminó la quiebra de Mexicana el pasado 4 de abril, pero sigue pendiente que el Juzgado Décimo Primero de lo Civil determine cómo se va a pagar a las trabajadoras en activo y a las jubiladas perjudicadas con el cierre de la empresa.

Detalló que se está hablando de más de 600 sobrecargos jubilados a parte de los mil 875 (de las cuales 65 por ciento son mujeres) que estaban en activo, por lo que debe analizarse si el monto del Fideicomiso del MRO alcanza para cubrir esta deuda.

Las únicas dos opciones que nos han señalado las autoridades son las de dejar trabajando la base de mantenimiento (único activo de la aerolínea) para generar mayor dinero, o la de vender los activos y pagar la deuda.

Sin embargo, a decir de Erika Delgado, éstas no son soluciones ya que no establecen la fecha y el monto con el que se cubrirán las liquidaciones. 

Ambas sobrecargos señalaron que la corrupción y “malos manejos” de la representante sindical que estuvo en años anteriores frente al ASSA, Lizet Clavel Sánchez, impidió que trabajadoras de Mexicana recuperaran al menos una parte de lo que la empresa les adeuda, y que desde el inicio tuvieran mayor control y conocimiento sobre su recurso.

Esto porque luego de que la empresa cesó operaciones, Clavel pidió a las sobrecargos que firmaran un contrato colectivo que derogaba varios derechos, entre ellos pago de viáticos, bajo el argumento de que “disminuirían costos a la empresa”, y está podría seguir operando.

Además, recordaron que varios meses –bajo la esperanza de que “la aerolínea siguiera volando”– trabajaron sin cobrar.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-

7/31/2014

Llevan a México al banquillo por inoperancia de AVG



   Tribunal de los Pueblos analiza violencia contra las mujeres

El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) conocerá la violencia que el Estado mexicano comete contra los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.



En conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), integrantes de grupos civiles, activistas, defensoras de DH y académicas dieron a conocer que del 4 al 6 de agosto próximos se realizará la última preaudiencia del eje temático “Violencia de Género y Feminicidio” del TPP, en la capital del país.

Con ello se busca una evaluación final de los múltiples actos de violencia contra las mexicanas, para finalmente exponerlos ante el Tribunal con sede en Italia y denunciar de manera internacional como el propio Estado agrede a las mujeres, no las protege y las discrimina.

La académica Isabelle Cauzard dio a conocer que los principales hechos violatorios de DH que se presentarán durante la última preaudiencia de violencia de género (las dos primeras se realizaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas) serán la injusticia, discriminación y exclusión que cotidianamente viven las mujeres a manos de instancias de gobierno.

Así como la violencia institucional que enfrentan las mujeres a causa de la criminalización del aborto, y el encarcelamiento de mujeres por interrumpir su embarazo.

También se expondrá la ausencia de políticas de Estado que incluyan al feminicidio y la violencia de género como asuntos prioritarios y de emergencia nacional, así como la inoperatividad de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que sigue sin ser activada pese a las reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), dijo que también serán expuestas las constantes resistencias (basadas en argumentos discriminatorios) de las y los legisladores para ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el que se garantizarían los derechos laborales de las trabajadores del hogar.

El grupo de dictaminadores de la preaudiencia está integrado por la periodista Blanche Petrich, la maestra y abogada Andrea Medina Rosas, la doctora e investigadora en Estudios de Género Lucía Melgar, la maestra Cynthia Galicia, y el director del Programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Hernández.

El TPP es un tribunal ético de carácter no gubernamental que examina las causas de violación de los DH de los pueblos, y (tras evaluar los hechos) denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.


Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

6/29/2014

Preparan sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos




Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 29 de junio de 2014, p. 14

Las organizaciones sociales que participan en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, organizaron ayer un fandango cultural en el Museo de la Memoria Indómita para recabar fondos que se dedicarán a la audiencia final del eje temático “Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia”, a realizarse en septiembre.

Pagando una aportación solidaria de 50 pesos, los asistentes pudieron escuchar grupos de son cubano en vivo, además de disfrutar funciones de danza sobre la lucha social en San Salvador Atenco, venta de comida y artesanías, exposición de obras de arte y la rifa de cinco libros donados y autografiados por el escritor Paco Ignacio Taibo II.

Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, explicó que los fondos serán utilizados para pagar los boletos de avión de tres jueces internacionales –cuyos nombres aún no se ha confirmado—que participarán en la audiencia final del mencionado eje sobre guerra sucia, que se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, Michoacán.

En dicho espacio, afirmó, se analizarán los documentos obtenidos en las cuatro preaudiencias celebradas en meses recientes en el Distrito Federal, Puebla, Chiapas y Michoacán, donde se comprueba que la represión en contra de los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos forma parte de una política deliberada.

Queremos demostrar la sistematicidad de este fenómeno, que no son hechos aislados. La gran importancia de estos tribunales éticos es que las organizaciones documenten sus casos con rigurosidad y después puedan acudir a tribunales que sí son vinculantes, como la justicia interamericana, indicó.