El Tribunal Permanente de los Pueblos y Ayotzinapa

Tatiana Coll

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), fundado en 1979, es heredero del primer tribunal creado por Bertrand Russell para juzgar los crímenes cometidos por el gobierno estadunidense en la guerra contra Vietnam, y del tribunal que se organizó con Julio Cortázar para juzgar a la dictadura militar argentina. Ahora, el TPP ha sesionado en México bajo el título Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los pueblos en México, en cuyo marco se han realizado diferentes audiencias frente a jueces internacionales y nacionales determinados por el propio TPP. La audiencia temática sobre educación se desarrolló en la ciudad de México los días 3,4 y 5 de octubre en el Club de Periodistas, irónicamente sin la presencia de algún periodista.

A lo largo de estos tres días se escucharon múltiples denuncias de los principales actores educativos: maestros, estudiantes y padres, que documentaron la grave degradación que ha sufrido el sistema educativo nacional desde los años 90. Evidentemente, una de las presentadas fue la de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa; además, los hechos transcurrían prácticamente en paralelo con la audiencia. 

El TPP los consignó en su documento final bajo el rubro de Violación al derecho a la vida, de la siguiente manera: Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, denunciaron la sistemática persecución, asedio y difamación de que son objeto por diferentes aparatos gubernamentales y que ha arrojado en los últimos dos años un saldo de dos asesinados en 2011 sobre la Autopista del Sol, y el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, seis asesinados y dos heridos muy graves, hasta ahora, en ataques sucesivos; dos de ellos realizados frente a la prensa. De estos ultimados, tres son normalistas y otros tres son personas que se encontraban en el lugar de los hechos, incluido un joven que venía en un camión con otros futbolistas y fue baleado. También hay, hasta el momento, 19 heridos y 43 desaparecidos, estudiantes que fueron detenidos con vida y montados en patrullas oficiales por la policía municipal, sin que los diferentes niveles de gobierno estatal hayan dado explicaciones o resultados, ni hayan establecido responsabilidades. 

Incluso, se fugaron el alcalde de Iguala y el jefe de la policía municipal sin que se tomaran medidas precautorias para impedirlo. Uno de los asesinados, el estudiante Julio César Mondragón, fue torturado brutalmente antes de ser ejecutado.

El fallo y condena presentados el día 5 planteó claramente: se condena al Estado Mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes de dicho centro educativo. Así como la persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones educativas que conforman el normalismo rural.

En consecuencia, el TPP emite una recomendación precisa al Estado mexicano: Que acabe con toda forma de violencia y represión hacia los estudiantes y maestros, en particular con la política de extinción del normalismo mexicano. Que investigue y sancione de inmediato a los responsables de la persecución, represión y criminalización sistemática llevada a cabo por las diversas corporaciones policiacas y de seguridad, respetando el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación. En este sentido, que dé respuesta inmediata sobre los graves acontecimientos recientemente ocurridos y ya señalados.

Los estudiantes de Ayotzinapa y de las normales rurales de Michoacán denunciaron también la constante campaña para denigrar y criminalizar a los alumnos y sus escuelas por parte de las televisoras, particularmente Televisa, Milenio y Tv Azteca, lo cual ha generado un clima de linchamiento generalizado que permite la represión y agresión de manera impune por diversas corporaciones policiales y autoridades gubernamentales, incluidas las educativas que se han referido a los normalistas que defienden sus programas de estudio, sus comunidades rurales y a la educación pública como vándalos sujetos a oscuros intereses.

El TPP tiene prestigio internacional establecido a lo largo de muchos años. Ellos llevarán su fallo a esos foros. 

Toca a nosotros sostener la denuncia de estos hechos infames, cuando el Estado convierte a estudiantes que botean y volantean en el equivalente de terroristas para poder asesinarlos, torturarlos, detenerlos ilegalmente y lo que podría ser peor aún: aparentemente entregarlos a los sicarios narcotraficantes para que los ejecuten, si esta es la lógica que prevalece, quiere decir que el gobierno y los sicarios se han fundido y sostienen intereses políticos comunes. Toca a nosotros exigir perentoriamente justicia y que vivos nos devuelvan a los normalistas que se llevaron.