En lugar de fortalecer a los medios públicos que son de la sociedad,
los restringió sin ninguna proporcionalidad o argumento razonable.
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El
gobierno y el Estado en su conjunto, tiene que hacer una revisión a
profundidad de su papel como garante de los derechos humanos. Millones
de personas son excluidas del goce de sus derechos por un sistema que
valida la discriminación en todas sus estructuras, que constantemente
viola el derecho mínimo de igualdad y no discriminación, porque los
gobiernos se olvidan de sus obligaciones para la seguridad y el
bienestar de las mayorías empobrecidas, de los grupos de especial
atención por sus desventajas, dejando que privados y políticos
oportunistas hagan de las suyas ganando brevas a costa de aquéllos.
Un
ejemplo inmediato, que poca difusión ha tenido en los medios, es la
recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que urgió
al gobierno de México a no entregar a la Fundación Teletón (ligada a
Televisa) recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación
de las personas con discapacidad, porque “buena parte de los
recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del
Estado sean objeto de administración en un ente privado, como Teletón”.
Esto
significa que el gobierno en lugar de cumplir con su obligación para
que las instituciones del Estado apoyen a este sector de la sociedad,
con un acceso universal, le da esos recursos a empresas que deciden a
su criterio a quienes atienden o no. ¿Por qué esos ciudadanos
discapacitados tienen que aprestarse a las condiciones de un privado?
Porque el Estado no lo hace, porque en lugar de fortalecer a las
instituciones en complemento con las organizaciones civiles, fortalece
a las grandes empresas privadas.
Esa es una conducta reiterada
en infinidad de ámbitos de la política pública, como lo fue con la
propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del gobierno
federal, pues mientras ató de manos a los medios públicos para obtener
los suficientes recursos para cumplir con su cometido y a las
estaciones comunitarias las obliga a depender de la publicidad oficial
de un cicatero 1%, a los medios comerciales les permitirá comercializar
hasta más del 50% de su programación, además de que seguirán recibiendo
multimillonarias ganancias a través de la publicidad oficial.
En
lugar de fortalecer a los medios públicos que son de la sociedad, de
establecer medidas afirmativas para el sector social, comunitario e
indígena, los restringió sin ninguna proporcionalidad o argumento
razonable.
Las medidas discriminatorias a los medios
comunitarios e indígenas no aguantan la prueba de argumentación
categórica, de razonabilidad o de ponderación en materia de derechos
humanos y libertad de expresión, por eso es que varias comunidades
indígenas y emisoras comunitarias interpusieron demandas de amparos,
pues se les conculcan las derechos mínimos que la Constitución les
reconoce pero que el gobierno se niega a materializar.
Quienes
operan medios comunitarios pertenecen a lugares mayoritariamente de
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, porque ahí es donde están las comunidades
más pobres del país, porque ahí es donde se necesitan medios para
combatir los cacicazgos, denunciar las violaciones a los derechos,
informar a la gente en su propio idioma, en su propia dinámica
cultural, pero en lugar de ser normalizadas por el Estado, facilitando
las trámites administrativos y técnicos para su existencia y dándoles
condiciones para acceder a diversos recursos económicos, les impuso
medidas de acceso a las frecuencias y a recursos económico de manera
discriminatoria.
Cómo esperar que esas comunidades asoladas por
la miseria, la violencia estructural, van a cumplir todos esas medidas,
cuando hasta incluso tienen que cuidar la vida por informar, como
sucedió con el director de la emisora comunitaria de Luvianos en el
Estado de México, que sufrió la desgracia de que el crimen organizado
le asesinara a su hijo ahí mismo en la estación.
Esas medidas
legales se hicieron a demanda y gusto de los medios comerciales como
Televisa y los congregados en la Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y la Televisión, que ahora mediante sus “líderes de opinión”, han
iniciado (¡otra vez!) una campaña para desacreditarlas afirmando que
son negocios del PRD, propalando mentiras como que la radio comercial
en América Latina casi ha desaparecido por la presencia de medios
comunitarios o que en Europa no se les permite la comercialización por
que se alejan de sus fines sociales, cuando en Francia y en Inglaterra
no solamente se les permite, hasta en un 20%, sino que también son
apoyadas por un fondo concursable con recursos provenientes de los
medios electrónicos comerciales.
Tanto Naciones Unidas, como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos
Humanos de Europa, han recomendado a los Estados no sólo el
reconocimiento de los medios comunitarios, sino también su
fortalecimiento con medidas afirmativas, por cuanto son el vehículo de
expresión para las grandes mayorías excluidas del debate democrático,
pero en México en esta materia se legisla y ejecuta una política
pública contraria, al gusto de las empresas privadas.
Crisis de derechos humanos
Es
casi imposible no referirse en estos días a lo sucedido en Guerrero.
¿Cómo entender lo ocurrido en Iguala a los estudiantes de la normal de
Ayotzinapa? Esa barbarie que nos ha conmocionado nos devolvió a la
realidad que siempre le hemos dado la espalda; puso en evidencia la
denuncia ignorada de la grave crisis de derechos humanos que vivimos en
el país desde hace décadas, pero que se agravó profundamente con la
preeminencia del crimen organizado en los últimos 14 años, que extendió
sus tentáculos por todas las estructuras del Estado.
Las
advertencias al Estado mexicano vinieron desde hace mucho tiempo por
parte organizaciones de la sociedad civil y por distintos organismos
internacionales de derechos humanos.
Que ahora nos quieran hacer
creer que la tragedia tiene sólo como causa el involucramiento de
narcotraficantes con autoridades estatales, es tratar de desviar la
atención para evitar que se patentice que el Estado fue omiso en sus
obligaciones para proteger los derechos de la población a pesar de que
sabían de la situación, esa omisión hace responsable al Estado de la
desaparición de los 43 estudiantes, la muerte brutal de otros tres y
las agresiones humillantes de todos los jóvenes que fueron perseguidos
por los policías involucrados en el operativo.
“Nos persiguieron
como si fuéramos perros” dice en uno de sus testimonios un joven que
logró huir de la represión policiaca. Y es que hay una saña en el
operativo de Iguala que nos cimbra, porque borra todo vestigio de
dignidad humana.
Esa dignidad avasallada, borrada también por la
matanza de San Fernando en Tamaulipas; las ejecuciones extrajudiciales
en Tlatlaya y los feminicidios en el Estado de México; la muerte de un
niño por la represión del gobernador de Puebla, son muestras de las
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que tienen un
denominador común: la impunidad, esa que permite que quiéen tiene el
dinero o las influencias necesarias no es, ni será castigado.
Toda mi solidaridad a las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos, su dolor es nuestro dolor.
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