La masacre de El Charco, en Guerrero, antecedente de la tragedia de Iguala

Álvaro Delgado y Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En junio de 1998, con Angel Aguirre Rivero como gobernador sustituto de Guerrero, ocurrió la matanza de El Charco: 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados… como en Tlatlaya.

Proceso en su edición 1128, del 13 de junio de 1998, publicó un reportaje sobre la masacre de El Charco que, por su antecedente con lo ocurrido en Iguala y Tlatlaya, consideramos pertinente sea recordado.

A continuación, el texto íntegro, escrito por los reporteros Álvaro Delgado y Gloria Leticia Díaz:

AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. (Proceso).– Un grito que brotó de la oscuridad rompió la quietud de una madrugada salpicada por una leve llovizna:

—¡Salgan, perros muertos de hambre!

Dentro de los salones de la escuela “Caritino Maldonado Pérez”, sitiada por centenares de soldados, el miedo se apoderó de las 42 personas que sólo habían suspendido, para dormir, una asamblea en la comunidad de El Charco, convocada con propósitos de adoctrinamiento por un grupo de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se produjo por pugnas internas el 4 de marzo último.

Después de haber lanzado lacrimógenos y disparado intermitentes ráfagas de fusilería, la voz del militar tronó otra vez, impositiva, a través del megáfono: “¡Salgan, putos entreguen las armas!”.

Desde uno de los salones, alguien gritó que eran campesinos humildes y que estaban desarmados “¡No tiren, por favor!”, clamó otro.

Transcurrieron unos 20 minutos, con disparos esporádicos que rompían los cristales de las ventanas Después, se produjeron varias ráfagas; las paredes de los salones del plantel quedaron llenas de hoyos.

Volvió la aparente calma y tras de unas dos horas de intermitentes disparos, los soldados volvieron a la ofensiva.

La mayor parte de los pobladores próximos al plantel se marcharon hacia el monte para buscar refugio Otros, como el indígena mixteco Narciso Santiago Morales, de 60 años de edad, prefirió que su familia huyera y él se quedó resguardando en su casa, hecha con bagazo de caña y techo de lámina de cartón “Duraron varias horas los balazos”, dice.

Amanecía, cuando unos 30 civiles desarmados salieron de uno de los salones; los soldados los rodearon de inmediato y les ordenaron que se tendieran sobre la cancha de basquetbol Según los testimonios obtenidos por los reporteros, dos fueron asesinados a mansalva.

Después salieron los miembros del ERPI Los rebeldes se rindieron; algunos estaban heridos Y también fueron ejecutados, afirman en entrevista con Proceso los testigos que fueron liberados el jueves 11.

Cerca de las 10 de la mañana del domingo 7 de junio, el operativo había concluido: murieron once personas, cinco resultaron heridas y 22 fueron detenidas.

Después siguió el saqueo.

Fuera de las casas sus moradores, los soldados entraron a hurgar. Según quejas recogidas por los reporteros, robaron alimentos y enseres domésticos, se apoderaron de documentos particulares, como actas de nacimiento, y se llevaron el poco dinero que los indígenas habían dejado.

Los soldados inclusive mataron —de cuatro disparos— a una res. La llegada de periodistas y autoridades municipales al lugar impidió que destazaran el animal. Y los perros, que temporalmente se quedaron sin dueño, tuvieron su festín.

Las evidencias sobre la acción del Ejército se esfumaron apenas 72 horas después. El albañil Sergio Ramos Aguilar, con tres ayudantes, resanó con yeso las paredes de los salones, horadadas por centenares de disparos; desmontó las ventanas rotas y las sustituyó con nuevas, de aluminio y hierro. Y con pintura blanca ocultó la sangre que manchaba las paredes.

Antes de que las cubriera la pintura, en una de las paredes se podían observar las huellas ensangrentadas de dos manos en la pared, a un lado de la puerta de uno de los salones, como si alguien hubiera estado arrodillado. Debajo de las manos, una bala se incrustó a unos 20 centímetros del piso y otra en la unión de éste con la pared. “Aquí ejecutaron a uno”, dice el maestro bilingüe Moisés González Rodríguez, director de la escuela de la comunidad de Ocote Amarillo, donde —en diciembre último— los soldados irrumpieron cuando se celebraba un novenario, para obligar a los indígenas a que revelaran la identidad de guerrilleros en la zona.

Miseria ancestral

El Charco es una comunidad formada por unos 300 indígenas mixtecos, que habitan en caseríos dispersos, encaramados en varios cerros, contrastantes entre sí por la verde vegetación y las parcelas que prometen una buena cosecha si continúan las lluvias.

Distante 35 kilómetros de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, aquí se llega por una accidentada brecha de terracería, peligrosa no sólo por los abundantes desfiladeros —que en época de lluvias se hace casi intransitable—, sino por las bandas de gavilleros que suelen cometer toda suerte de delitos.

Integrado por 67 comunidades, la mayoría de la etnia mixteca, Ayutla es un municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se ubica en los límites de la Baja Montaña y la Costa Chica, región de enorme riqueza natural, pero con una población que se mantiene en el atraso ancestral.

Situado a 175 kilómetros de la capital, Chilpancingo, y 140 de Acapulco, Ayutla es uno de los 10 municipios con mayor pobreza y marginación social de los 76 que integran el estado, y la mayoría de sus 25,000 habitantes carece de luz eléctrica, agua potable y teléfono.

Las comunidades, como El Charco y su vecina de Ocote Amarillo, sobreviven con apuros mediante el cultivo de maíz, frijol, caña de azúcar, jamaica, mango, aguacate y otros productos que suelen comercializar en la cabecera municipal, que en ocasiones sólo les deja una mínima ganancia tras pagar el pasaje.

A raíz de que el 28 de julio de 1996 hizo su aparición pública el EPR en el vado cercano a Aguas Blancas —donde un año antes fueron acribillados por policías 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del sur (OCSS)—, en Ayutla comenzaron a aparecer encapuchados Y eso atrajo al Ejército.

Desde diciembre del año pasado, los patrullajes son constantes. Y sus abusos, también. A principios de este año, pobladores de Ocote Amarillo, comunidad ubicada a dos kilómetros de El Charco, presentaron dos denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el cerco y los abusos que sufrieron por parte de los soldados.

Esas, como otras comunidades, solían votar por el PRI En las elecciones de octubre de 1996 decidieron experimentar un cambio, y le dieron el triunfo al PRD. Hoy, los priístas afirman que el PRD y el EPR son la misma cosa Del ERPI todavía no saben qué pensar, fresca aún la confesión de Erika Zamora Pardo —detenida el domingo 7—, quien confirmó la escisión del EPR.

La diputada local priísta por el distrito que comprende Ayutla, Olivia García Martínez, asegura que hay una vinculación orgánica del PRD con el EPR “Los del EPR merodean por estas comunidades, que son del PRD Y cuando llegan las autoridades, los encapuchados desaparecen Son las comunidades donde hay perredistas”.

—¿Qué pruebas tiene de eso?

—Todo el mundo lo sabe, hasta los maestros bilingües, que influyen mucho en las comunidades, están a favor de los guerrilleros.

“Estos brotes son cotidianos Ojalá viniera con más frecuencia el Ejército No estoy de acuerdo con lo que pasó, ni por parte del Ejército ni por parte del EPR El Ejército debe ser más mesurado, pero también los del PRD Los que murieron y los detenidos son indígenas que no saben lo que están haciendo”.

El profesor bilingüe González Rodríguez, dirigente magisterial en la zona, comenta al respecto:

“Es una vil calumnia culparnos de eso Que diga qué bases tiene para culparnos Ella es una mestiza a la que no le interesan los indígenas Es racista ¿Qué ha hecho como diputada del PRI? Sólo cobrar 25,000 pesos mensuales”.

El sitio de El Charco

En El Charco suelen realizarse asambleas para analizar las gestiones que se harán ante el ayuntamiento, de modo que el aviso del comisario de la comunidad, Pánfilo Santiago Hernández, para celebrar una reunión llamó la atención de los lugareños.

El sábado 6, sin que los tres maestros bilingües de la escuela estuvieran presentes ni el propio comisario municipal, comenzaron a llegar al lugar numerosos indígenas, entre ellos los doce o catorce que más tarde fueron identificados como miembros del ERPI.

Los asistentes a la reunión, organizada con el propósito de formar el “ejército del pueblo” mediante la “Asamblea Popular Insurgente”, provenían de varias comunidades de Ayutla y otros municipios del estado, como Cruz Grande, de donde es otro de los consignados, Efrén Gómez Chávez.

Antes de comenzar la asamblea, los anfitriones de El Charco prepararon el almuerzo y la comida en una tina de acero y escucharon lo que los visitantes exponían sobre la necesidad de organizarse para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, aunque no necesariamente los convocaron a incorporarse a la guerrilla.

Inclusive, varios testimonios de los indígenas indican que vieron llegar desarmados a los visitantes, ya que solamente portaban bolsas en las que guardaban ropa “No vimos que trajeran armas”, dicen.

Al caer la noche, varios de los habitantes de El Charco se retiraron a sus casas a dormir, mientras que los visitantes, 38, pernoctaron en la escuela, refugiándose de una lluvia ligera Aparentemente, no colocaron vigías.

Escampaba pasada la medianoche, cuando pobladores de Coapinola, una comunidad distante a unos cuatro kilómetros de El Charco, escucharon el ruido que producían los vehículos tipo Hummer y los Torton del Ejército Luego de pasar por San Pedro Coxcatlán y Coxcatlán Candelaria, se detuvieron en Ocote Amarillo, a dos kilómetros de la escuela bilingüe “Caritino Maldonado Pérez”

Y de ahí caminaron hacia la escuela y la rodearon.

Muchos de los indígenas de las comunidades por donde pasó el convoy militar, huyeron con sus familias hacia el monte, antes de que se escucharan los primeros disparos.

Mientras, unos 300 soldados, al mando del general Juan Manuel Oropeza Guernica, comandante de la 27 Zona Militar —resultó herido en el enfrentamiento con el EPR el 24 de mayo de 1997 en El Guanábano, Atoyac de Alvarez—, tomaron posiciones alrededor de la escuela, en la que imparten primaria completa los jóvenes profesores Celestino Maximino Rojas, Juan José Morales y Valentín Zavala Ortega, este último encargado de la dirección.

La escuela se encuentra casi en las faldas de un cerro, al que le arrancaron terreno para construirla. Cuenta con seis salones Dos, utilizados como jardín de niños, están separados del resto por la cancha de basquetbol. El conjunto ocupa unos 500 metros cuadrados.

Una vez sitiada la escuela, uno de los oficiales, mediante un megáfono exigió la rendición de quienes se encontraban en su interior.

“Empezó a gritar: ‘¡Sálganse, perros muertos de hambre!’ Y al ratito gritaba otra vez: ‘¡Sálganse, putos!\’”, cuenta Narciso Santiago Morales, quien ordenó a su mujer e hijos buscar refugio en el monte, mientras se quedaba encerrado en su casa, situada a unos 30 metros de la escuela.

—Los que estaban dentro, ¿respondían?

—Sí, decían que ellos no tenían nada que ver, que no traían armas “Somos gente humilde”, gritaban Pero los soldados seguían gritando.

Después, comenzaron a lanzar granadas de gas lacrimógeno y a disparar ráfagas de ametralladora, en intervalos de cinco minutos.

Ejecuciones y torturas

Ante el acoso casi constantes, los 30 indígenas que habían asistido a la reunión, que se encontraban en uno de los salones —en otro estaban los milicianos del ERPI—, gritaron a los soldados que dejaran de disparar, que se rendían.

Clareaba cuando traspasaron la puerta de la escuela con las manos en alto Un oficial les ordenó que se acostaran sobre la cancha de basquetbol. Dos de ellos, Bernardino García Francisco y Porfirio Hernández Francisco, apenas podían caminar por las heridas que tenían en las piernas.

Tendidos en el piso de concreto, oyeron que un soldado decía: “Querían su chilate, su café y su carnita, ¿no? Aquí se las traemos”, y disparó contra Honorio García Lorenzo y Mauro Feliciano Morales Castro, de la comunidad del Ahuacachahue.

Atrincherados en el salón, donde apilaron pupitres, los milicianos del ERPI esporádicamente disparaban contra los soldados. Cerca de las 9 de la mañana gritaron que se rendían.

Los soldados entraron al salón, mientras los civiles eran arrastrados hacia los vehículos militares. Se escuchó que un guerrillero pidió perdón, antes de ser ejecutado con varios disparos.

Varios de los indígenas pudieron observar cómo algunos milicianos eran sacados de la escuela sin armas y con las manos en alto. También los condujeron a la cancha, donde los soldados los tendieron boca abajo y dispararon. Después los volvieron boca arriba y volvieron a disparar.

Otros milicianos, al parecer Martín Macario Salazar, Francisco Cristino Crescencio y Eugenio Edudosio Trinidad permanecían heridos dentro del salón.

En helicópteros, 22 de los detenidos fueron transportados a las instalaciones del 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande, donde permanecieron algunas horas antes de ser conducidos a la IX Región Militar, con sede en Acapulco.

En Cruz Grande, los militares interrogaron y torturaron a Erika Zamora Pardo En Acapulco, los 22 detenidos aseguran que les colocaron cables en el cuello y los amenazaron con colgarlos para que se declararan culpables. A los menores de edad, los abofetearon por no entender el español.

Uno de ellos comenta que, “gracias a Dios”, no lo golpearon. “A otros sí, porque decían los soldados que estábamos diciendo mentiras. Nos aconsejaban que dijéramos que llevábamos armas y que éramos encapuchados, pero les dijimos que no era cierto. Fuimos a la reunión para hablar de la pobreza y de que todos queremos que nuestros hijos crezcan mejor, y eso no es malo”.

En el campo militar de Acapulco, los obligaron a firmar papeles que no leyeron y a poner las huellas digitales de los dedos de pies y manos, mientras que oían los gritos de Zamora Pardo y Cortés Chávez.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, el lunes 8.

Huellas borradas

Los once cadáveres fueron conducidos a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Acapulco, donde una delegación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la reportera estuvieron el viernes 12.

Los cuerpos estaban amontonados, sin señas que los identificaran; no estaban embalsamados. Nos muestran las cicatrices que quedan después de las autopsias. Pero son evidentes los impactos de bala en el tórax, la cara y la espalda, cubiertos con tatuajes de pólvora.

De los once, cuatro corresponden a personas de entre 25 y 30 años; los demás tienen edades menores.

Antes de ser liberados la tarde del jueves, los 22 indígenas que reconstruyeron en entrevistas con Proceso lo sucedido en El Charco escucharon una orden de un agente del Ministerio Público Federal:

“Corran y no digan nada, o los volvemos a encerrar”.

A la calle salieron a toda prisa y, en efecto, corrieron unos 250 metros, hasta que Carmen Padrazini, Magdalena Sánchez, Aurora Muñoz, Hilda Navarrete, del Centro Agustín Pro, y Lilia Moreno, del CEN del PRD, los alcanzaron para acompañarlos hasta Ayutla Y de ahí se marcharon a sus comunidades, mediante transportes que les proporcionó el alcalde perredista de Ayutla, Odilón Romero Gutiérrez.

En el Charco, en tanto, el albañil Sergio Ramos Aguilar casi terminaba el trabajo para el que fue contratado por las autoridades educativas del estado. Recogió huaraches, libros destrozados por las balas, lápices de colores, pizarrones.

Resanó los centenares de orificios de bala y cambió puertas y ventanas de las dos aulas Y bajo la pintura blanca quedó una evidencia de la desesperación: Las huellas ensangrentadas de dos manos sobre la pared en uno de los salones.