Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan
SAN ANTONIO— En Texas, es posible medir
cuánto han avanzado las mujeres en función del camino que deben
recorrer. Una gran cantidad de establecimientos médicos han debido
cerrar sus puertas en Texas, dejando así a casi un millón de mujeres a
cientos de kilómetros de los centros de salud que podrían resultarles
necesarios. ¿El motivo? Uno de los servicios que brindaban estos
centros médicos era el aborto legal y seguro. La semana pasada, el
Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las
restricciones impuestas por el estado de Texas al acceso al aborto, lo
que provocó el cierre inmediato de otras trece clínicas. En total, el
80% de las clínicas de Texas que incluían entre sus servicios el aborto
han cerrado desde que entró en vigor dicha normativa.
Imaginemos que un día nos encontráramos con la siguiente noticia:
“Un tribunal de apelaciones de Texas determinó el cierre del 80% de las
armerías de Texas". Los autoproclamados patriotas de Texas se
levantarían en armas. Pero en el estado de la estrella solitaria, no
todos los derechos nacen iguales. El derecho de una mujer a elegir
sobre su maternidad, su derecho a poner fin a un embarazo, su derecho a
la privacidad fueron establecidos por la Corte Suprema en 1973, hace
más de 40 años, en el histórico fallo emitido en el caso Roe contra
Wade.
En 2013, el poder legislativo de Texas, el Gobernador Rick Perry y
el Fiscal General (y actual candidato republicano a gobernador) Greg
Abbott establecieron una serie de leyes que impusieron barreras al
funcionamiento de las clínicas de Texas que practican abortos. En
primer lugar, se exigió que los médicos de dichas clínicas contaran con
derechos de admisión en hospitales cercanos. Luego se establecieron una
serie de requisitos edilicios, aplicables únicamente a clínicas en que
se practican abortos, los cuales exigieron importantes reformas a fin
de que los establecimientos pudieran permanecer abiertos.
Los grupos que defienden el derecho al aborto calificaron a estas
leyes de reglamentación selectiva de los centros en que se practican
abortos como “leyes TRAP”, sigla que en inglés significa “trampa”. El
instituto de investigación en torno a asuntos de salud reproductiva
Guttmacher Institute informó recientemente que "26 estados del país
cuentan con leyes o políticas que regulan a los centros médicos que
proveen abortos y que exceden lo que resulta necesario para garantizar
la seguridad de las pacientes. La totalidad de dichas normativas se
aplica a las clínicas en que se practican abortos quirúrgicos".
Jeffrey Hons, presidente y director ejecutivo de la organización de
planificación familiar Planned Parenthood South Texas, me dijo: “El
nuestro es el centro ubicado más al sur y más al oeste en el que se
puede acceder a un aborto en Texas, pero hay una buena parte de Texas
que se encuentra aún más al sur y al oeste que nosotros". La clínica de
Hons es una de las solo tres que quedan en San Antonio que realizan
abortos.
Hons describió el impacto en las mujeres más vulnerables, que ahora
deben viajar grandes distancias para practicarse un aborto: “Para una
mujer que se encuentra en estas zonas alejadas e intenta encontrar un
centro quirúrgico, la distancia que debe recorrer, los puestos de
control de inmigración que ella y su pareja deben atravesar y el miedo
de atravesar estos controles de inmigración, porque puede ser que
tengan o no los documentos en regla... todo ello representa una
verdadera carga. Y la carga psicológica de saber que debemos abandonar
nuestro hogar, nuestra familia, nuestra localidad, nuestro mundo para
ir en busca de este tipo de asistencia médica tan privada e íntima,
tras un proceso de toma de decisiones que resulta tan difícil, es muy
grande. Y más ahora sabiendo que hay que hacerlo en un lugar donde no
contamos con nuestra red de apoyo para que nos contenga".
El Centro de Derechos Reproductivos, que fue la organización que
defendió el derecho constitucional al aborto ante el tribunal de
apelaciones, destacó que el fallo del tribunal hace que “casi un millón
de mujeres de Texas se enfrenten a un viaje de ida y vuelta de casi 500
kilómetros como mínimo para poder ejercer su derecho constitucional a
un aborto”.
Lindsay Rodriguez, presidenta del Fondo Lilith, que brinda apoyo
económico y educación a mujeres que necesitan acceder a un aborto,
expresó: “Todo el tiempo escuchamos historias de gente que tiene que
viajar desde zonas como el Valle de Rio Grande hasta San Antonio para
intentar acceder a este tipo de atención de la salud”. Rodriguez
agregó: “En su gran mayoría, las personas que se van a ver más
afectadas por estas leyes son las personas con menos recursos
económicos, las personas que tal vez enfrenten problemas migratorios.
Puede que sean personas que, por diversos motivos, se encuentran con
más barreras para poder acceder a la asistencia médica en general, no
sólo para acceder a un aborto, sino para acceder a asistencia médica".
Estos viajes más largos y más costosos tendrán como consecuencia que
las mujeres demoren el procedimiento, lo cual lo tornará más complejo y
oneroso. Con el cierre de estas clínicas, la ley reduce además el
acceso a métodos anticonceptivos, lo cual provoca más embarazos no
deseados, perpetuando así la demanda de abortos.
Tras el fallo del tribunal de apelaciones, el Centro de Derechos
Reproductivos, junto a otras organizaciones, entabló inmediatamente un
recurso de amparo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en procura de
una orden judicial contra la ley de Texas.
Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se preparan para elegir
nuevo gobernador. En una de las contiendas seguidas más de cerca en
todo el país, el Fiscal General Greg Abbott se enfrenta a su
contrincante demócrata, Wendy Davis. Sus posturas no podían ser más
opuestas. En junio de 2013, siendo senadora estatal, Davis se opuso y
obstruyó esta ley de restricción del aborto durante once horas,
demorando así su aprobación, al tiempo que miles de personas se habían
congregado en el recinto para brindarle su apoyo. Recientemente, Davis
reveló haber puesto fin a dos embarazos por motivos de salud en la
década de 1990. Para ella, al igual que para todas las mujeres del
país, este asunto político resulta profundamente personal. Se trata de
un asunto que debería unir a personas provenientes de todo el espectro
político. Se trata de vernos libres de la injerencia del gobierno a la
hora de tomar las decisiones más íntimas de nuestras vidas.
© 2014 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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