La
responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad, tortura,
desaparición forzada y genocidio, cometidos contra estudiantes de la
Escuela Normal para Maestros Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero, al sur de México, recae sobre el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto; el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero y el
presidente municipal, José Luis Abarca. De allí, la cadena de
mando se extiende por los órganos de seguridad, policías federales,
locales y municipales, agencias de inteligencia, ejército, agentes
ministeriales y jueces que participaron en los actos de destrucción
física y anímica, persecución política e ideológica, como en las
acciones crueles e inhumanas contra civiles. También son responsables
las estructuras del terrorismo de Estado integradas por sicarios,
paramilitares y crimen organizado, como la ya identificada “Guerreros
Unidos”.
Los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos se
mantenían en actividades de movilización política pacífica en la
localidad de Iguala, promoviendo sus justas demandas de mayor
presupuesto educativo y plazas laborales para los egresados,
recolectando recursos económicos solidarios de la población
simpatizante para quienes formarían parte de los futuros maestros y
profesores de niños en las áreas rurales marginales.
Los días
26 y 27 de septiembre sufrieron una cacería feroz, fueron perseguidos,
detenidos y desde entonces permanecen desaparecidos. Se habla de fosas
comunes. Las investigaciones oficiales como las independientes
continúan por caminos diferentes. Las últimas son las más creíbles,
formadas por organizaciones civiles de derechos humanos, familiares de
las víctimas y movimientos sociales.
Los acontecimientos se
desenvuelven en el marco de la violencia estatal imperante en México.
Desde el gobierno de Felipe Calderón suman más de 80 mil muertes
violentas donde las fuerzas armadas institucionales y las bandas del
crimen organizado amparadas en las estructuras del Estado mafioso, han
sido los victimarios protagonistas.
En Guerrero, la violencia
estatal es cotidiana contra los opositores al régimen. Muertes,
levantamientos y ajusticiamientos suman una larga lista de civiles,
luchadores sociales, políticos populares eliminados. Fosas clandestinas
y tumbas anónimas es el destino para quienes se manifiestan
pacíficamente por sus derechos.
Estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa identificaron al menos 22 policías municipales que participaron en el operativo de rastrillo
, una vieja táctica paramilitar y de contrainsurgencia que consiste en
“pelar el terreno y causar terror entre la población”. Las víctimas
sobrevivientes acusaron a las corporaciones estatales y federales de
participar en los hechos y señalaron al ejército de cubrir y proteger a
los autores materiales.
¿Quiénes están detrás de estos
crímenes de lesa humanidad? Amnistía Internacional señaló recientemente
que los familiares de los estudiantes buscados no cuentan con garantías
ni investigaciones imparciales gubernamentales sobre el paradero de sus
hijos. Aún tampoco con informes precisos por parte de las autoridades
de todos los niveles de gobierno sobre los autores intelectuales y
materiales. Todo indica una decisión de Estado en encubrir los sucesos
del horror.
La dilatación y el burocratismo direccionado
muestran inoperancia de las estructuras formales de justicia como la
Procuraduría General de la República y Procuraduría de Justicia del
estado de Guerrero. Habrá un largo proceso de investigación que desde
el poder no llegará a ningún lado. Los crímenes de lesa humanidad
cometidos son negados sistemáticamente por sus responsables quienes son
la piedra angular del Estado fallido mexicano. Los gobiernos federal,
estatal y municipal, sus representantes, son los responsables de la
situación y deben ser investigados por el derecho internacional
humanitario en el marco de la justicia universal de los derechos
humanos.
Organizaciones sociales se han manifestado en
diversas plazas y sitios del país. El pasado 8 de octubre fueron miles
de manifestantes en 25 estados de la República Mexicana. El clamor de
justicia suma las indignaciones. Es el momento de la acción jurídica
internacional válida para llevar a los responsables ante la justicia.
La aplicación del estatuto de Roma, el cual México ha firmado, debe ser
un procedimiento necesario y urgente contra los crímenes de lesa
humanidad cometidos en ese país.
Este texto fue publicado originalmente en http://actualidad.rt.com/blogueros/ricardo-martinez/view/143613-ayotzinapa-mexico-crimenes-lesa-humanidad#20966233336366713
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