En
historia, como en política, no existen las coincidencias. Los hechos
registrados son producto de proyectos y planes bien definidos y que
pueden estar diseñados para que sucedan a corto, mediano o largo
plazos. Todo depende de los objetivos que se persigan. Son producto de
estrategias de los grupos de poder, Estados y gobiernos. Un ejemplo de
esto es lo que vivimos hoy los mexicanos: el caos como catarsis del
sistema capitalista.
Hace
20 años y diez meses, al igual que hoy día, México experimentó la
zozobra y el miedo a la guerra, la sociedad vivió el pavor ante una
posible revuelta armada generalizada. En 1994 la razón de ello fue la
aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en
Chiapas, con el Subcomandante Marcos al frente, que por cierto resultó ser una botarga.
En
estos días del otoño de 2014, el origen está en el desgobierno que ha
criminalizado al país, lo cual ha desencadenado sucesos abominables
como la masacre de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y
la violencia desenfrenada de las bandas criminales en todo el
territorio.
En
aquel año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por
México, Estados Unidos y Canadá, que, no obstante la evidente asimetría
de las economías, en teoría catapultaría a nuestro país para pertenecer
al grupo de las naciones desarrolladas.
Se
pusieron sobre la mesa todas las ramas y actividades productivas para
su libre comercio entre los tres países. Sólo se dejó fuera el petróleo
mexicano. En la IV Reunión Ministerial, realizada en Chantilly,
Virginia (8 al 11 de febrero de 1992), se logró un acuerdo tripartita
para que las restricciones constitucionales en materia de petróleo y
petroquímica de México no se llevarán a la mesa de negociación.
El
resultado de eso, hoy, es que el vecino del Norte se convirtió en
nuestro principal socio comercial, dependemos en más de 80% de sus
importaciones, la producción nacional de exportación se concentró en
aquella frontera, además de que 60% de los alimentos que consumimos
provienen de allá. Es decir, estamos atados al mercado de los Estados
Unidos.
Además,
también, creció la pobreza, a 53% de la población total, y la quiebra
de medianas y pequeñas empresas. El campo está prácticamente
desmantelado, así lo demuestra la creciente importación de alimentos; y
las oportunidades de elevar la condición de vida del grueso de la
población, cada vez se alejan más, tanto que ahora son los empresarios
quienes demandan que se aumente el salario mínimo, porque ya
entendieron que con el actual ingreso promedio de las familias nunca se
podrá dinamizar al mercado nacional.
En
1994 el miedo a la guerra fue la herramienta del Estado para sofocar la
protesta, la inconformidad y posible oposición a la entrada en vigor
del TLC.
Veinte
años después, es decir, en estos días de 2014, el Gobierno está
comprometido a hacer realidad lo que quedó pendiente en Virginia 20
años atrás, con las grandes empresas petroleras y energéticas
trasnacionales, que es abrirles las reservas naturales de combustibles
fósiles y generación de electricidad, para lo cual estructuró la
Reforma Energética y sus Leyes Secundarias, que ya fueron aprobadas por
el poder legislativo, pero que, sin embargo, no cuentan con la
aceptación de una gran parte de la sociedad, sobre todo de aquellos que
serán afectados en su patrimonio de manera directa y contundente, como
son las comunidades indígenas y campesinas.
Y
aunque no se difunde en los medios de comunicación la protesta y
resistencia de los pueblos, a los planes de explotación de sus tierras
por las transnacionales, los hechos saldrán a la luz pública de una u
otra forma, como sucede con el desalojo de los habitantes de los
terrenos de Texcoco, donde se construirá el nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México. Y cuando esto suceda, el Estado tendrá que contener
las expresiones de inconformidad y la solidaridad que pueda despertar
en el resto de la sociedad esa lucha.
En
este caso, los signos de la estrategia gubernamental son claros. Se
muestra condescendiente, incluyente y hasta paternal, con las
expresiones de inconformidad de movilizaciones como la de los
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y les resuelve a
su favor el pliego petitorio que le presentaron.
En el
caso del asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
manifiesta su indignación por los hechos y sentencia que el crimen no
quedará impune. Remite la responsabilidad de los hechos a la autoridad
local y estatal de Guerrero. Destaca la complicidad, en la masacre, de
esos poderes con las bandas criminales que dominan la entidad, y gran
parte del país.
Se
hace del asesinato un teatro del terror, para que todo mundo lo vea.
Exhiben los cadáveres descarnados y la desolación de los deudos. Se
juega con los sentimientos de la sociedad e inspira a la protesta, al
reclamo, pero sobre todo se deja patente el horror de que la violencia
llegue a generalizarse. Anidan, así, el miedo en la conciencia de la
sociedad, que por otro lado le proyectan la benevolencia del Estado
justiciero.
Y la
voz del gobierno mexicano se escucha en los foros internacionales, de
los que recibe apoyo, aprobación y promesa de colaboración para el
esclarecimiento del crimen, como lo expresaron los Estados Unidos y la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Así,
los hechos justifican la presencia e incursión del Ejército y cuerpos
policiacos federales en todas partes para dar con los culpables, y
éstos podrían estar en cualquier lado, puesto que las bandas criminales
han permeado todos los sectores sociales y gran parte del territorio
nacional.
En esa
búsqueda, que en caso de que se dificulte podría recibir el apoyo
policiaco y militar del extranjero, también, de paso, se pueden apagar
las protestas y resistencias de los pueblos que se oponen a que las
empresas trasnacionales los despojen de sus tierras, haciéndolos pasar
como cómplices de los criminales. De esa forma se limpiaría el camino
para que se cumpla con los compromisos adquiridos en la Reforma
Energética y sus Leyes Secundarias, como sucedió con el TLC hace dos
décadas. El sistema sigue firme.
- Juan Danell Sánchez es reportero mexicano, especializado en temas del campo, indígenas y derechos humanos. jdanell1@hotmail.com
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