Los múltiples mecanismos federales de recopilación de información,
‘‘inteligencia’’ y despliegue de fuerzas armadas tampoco reaccionaron
con la rapidez y contundencia que suelen hacerlo frente a hechos
menores que afectan a miembros de la clase política o a intereses
empresariales protegidos, manteniéndose el Ejército y la Policía
Federal en una extraña pasividad mientras en las calles de la tercera
ciudad en importancia de Guerrero durante horas se producían ataques
reiterados contra estudiantes normalistas, futbolistas juveniles y
ciudadanos en general, en una noche de terror que terminó con seis
muertos, varios heridos, 43 desaparecidos y una población conmocionada
cuyo espanto sería luego conocido y difundido a lo largo del país y en
el extranjero.
No fue sólo el alcalde Abarca (al que luego se permitiría presentar
con tranquilidad su solicitud de licencia al cargo y organizar sin
contratiempos su absolutamente previsible fuga) ni su jefe de seguridad
pública (igualmente prófugo) y los policías (también) bajo control de
los intereses del crimen organizado. El gobernador Aguirre
(saltimbanqui partidista adscrito para fines comiciales al PRD,
impulsado por Marcelo Ebrard para dejar los tres colores y pasar a
última hora electoral al sol azteca, luego adoptado por Los Chuchos)
actuó esa noche trágica con conocimiento oportuno de los hechos, a
tiempo de impedir que la policía municipal continuara con la acometida
pública y en condiciones de frenar el proceso que tuvo el desenlace
macabro tan conocido.
Aguirre es un político con experiencia en asuntos de asesinatos
múltiples contra opositores, pues llegó a su primera gubernatura en
sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, luego de que en junio de 1995
fueron asesinados 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra
del Sur en Aguas Blancas, un vado de Coyuca de Benítez. En junio de
1998, 10 mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron asesinados en una
operación militar de la cual Aguirre (también) dijo no haber sabido
nada previamente, a pesar de que Efrén Cortez Chávez, quien sobrevivió
a aquella masacre, afirmó que estaban al tanto Aguirre Rivero y el
presidente municipal de Ayutla de los Libres, Odilón Romero.
Incluso Cortez Chávez señaló que ‘‘horas antes de la matanza,
soldados y una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI) se enfrentaron en Coxcatlán Candelaria, población
aledaña a El Charco, por lo que cree que eso derivó en el ataque a la
escuela Caritino Maldonado, donde las víctimas dormían luego de una
asamblea en la que participaron más de 100 indígenas campesinos’’,
según nota del corresponsal Sergio Ocampo Arista en La Jornada (http://bit.ly/1ssmUhx).
Dejar
que ciertas fuerzas armadas (militares en El Charco y policías
municipales, virtuales paramilitares, en Iguala) actúen mortalmente
contra opositores en proceso de organización y lucha pareciera ser un
modelo conocido por el volátil Aguirre. También es un método
probadamente practicado por quienes se encargan de la Presidencia de la
República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, según se desprende
del informe final presentado ayer por la Comisión de la Verdad que
investigó las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de guerra sucia 1969-1979.
El primero de diciembre de 1971 (a unos meses del Jueves de Corpus y los halcones),
el mismísimo titular de la Sedena durante el gobierno de Luis
Echeverría (el general Hermenegildo Cuenca Díaz, significativamente
homenajeado en días pasados por la actual administración federal
durante un acto encabezado por el general Salvador Cienfuegos, en el
que se puso al fallecido jefe militar como ejemplo a seguir)
‘‘ratificó’’ al comandante de la 35 Zona Militar, con sede en
Chilpancingo, la orden de ‘‘incrementar actividades fin localizar,
hostigar, capturar o exterminar gavillas operan esa región’’, según
telegrama encontrado por la Comisión de la Verdad en el Archivo General
de la Nación. Eso sí, Cuenca instruía: ‘‘evite demostraciones fuerza
alarmen población civil’’. En la segunda mitad de 1974, entre el horror
de la fuerza militar aplicada contra civiles involucrados o sospechosos
de participar en la lucha armada, el general E. Jiménez R., comandante
en Atoyac, telegrafiaba al general Cuenca Díaz la ‘‘continuación’’ de
‘‘reconocimientos… precedidos de fuego de morteros sobre cañadas y
arroyos’’, además del establecimiento de retenes y, en el aeropuerto de
Zihuatanejo, el impedir ‘‘salida por aire de personal sospechoso y con
indicios de haber permanecido en la sierra tiempo prolongado’’.
Tal es el ADN político reconocible en las fosas del poder. ¿Sólo
Abarca y su esposa? ¿Otra vez no sabía nada Aguirre, especialista en
sobrevolar frívolamente para dejar que los poderes reales hagan lo que
crean conveniente? ¿Esa política institucional de ‘‘exterminar
gavillas’’ (en los documentos encontrados por la Comisión de la Verdad
se puntualiza que se usa el término ‘‘gavilleros’’ para eludir el de
guerrilleros) se aplica a normalistas insurrectos, líderes opositores e
incluso, ahora en política de ‘‘limpieza social’’, a ejecutados como los de Tlatlaya?
Y, mientras siguen los burdos jaloneos partidistas, basados en
cálculos electorales, respecto a licencias, desaparición de poderes o
comisionados, ¡hasta mañana!
¿Están
llegando a su fin los años de bonanza petrolera? Ayer la mezcla de
exportación de Pemex cayó a 77.09 dólares el barril. En este año ha
sufrido una baja de 22.5%. Esta caída va en línea con los precios
internacionales. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos
descendió 4.20% y se ubicó en 80.84 dólares por barril, su precio más
bajo desde septiembre de 2011, mientras que el Brent –la variedad
europea– disminuyó a mínimos de 47 meses, a 83.37. Cuando llegó el
panismo, en el año 2000, el petróleo de Pemex fluctuaba en torno a 20
dólares y fue creciendo hasta llegar a más de 100. (Ver la gráfica).
Entró un río de divisas al país, tan abundante que si hubiera sido bien
administrado habría cambiado la vida de los mexicanos. Sin embargo, lo
que nos ha dejado la bonanza es más corrupción, más pobreza, más deudas
y, aunado a todo, un elemento nuevo: la violencia. ¿Era un destino
inescapable? El pueblo noruego dice que no. En estos años ha creado uno
de los fondos de ahorro más grandes del planeta. Invierte las
utilidades de su petróleo en bonos gubernamentales y acciones de
empresas de todo el mundo. Ese fondo es la garantía de que, aun cuando
lleguen malos tiempos, como los que ahora se divisan, el nivel de vida
de la gente no sufrirá menoscabo.
Operación remiendos
El PRI comenzó formalmente ayer la tarea de remendar el
presupuesto de 2015 y ajustarlo a los malos tiempos. A pesar de las
reformas le faltará dinero. La Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados aprobó los ajustes, que deberán ser votados en el pleno, y
después seguirán el mismo procedimiento en el Senado. El priísmo cuenta
con el apoyo del perredismo chucho. Ya no es sólo el Pacto
por México lo que los une; también los gastos sepultureros de Iguala.
Se revisó el precio del petróleo a la baja, de 82 a 81 dólares por
barril, y el tipo de cambio al alza, de 13 a 13.40 pesos por dólar. Los
ingresos se recalcularon en 4.7 billones de pesos, en lugar de 4.6. El
crecimiento del PIB se mantuvo en la nube de lo imposible: 3.7%. El
monto del déficit de 1% del producto interno bruto no podrá sostenerse;
será mayor. Son sólo números que no comprometen.
El PAN anuncia batalla… light
La votación de los miembros de la comisión revela que, ante todo, defendieron los intereses de los gobernadores, de los lobbystas y de sus moches. Hubo resistencia light.
La diputada panista Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez dijo que el PRI,
el PRD y el gobierno federal mintieron al aprobar el paquete económico
de 2014, pues éste no ha mejorado las condiciones económicas. El
crecimiento pronosticado de 3.7% para 2015 ‘‘parece imposible de
alcanzar por las condiciones económicas actuales’’, dijo Aguilar, y
agregó que si bien los ingresos por recaudación han aumentado, esto ha
sido a costa del bolsillo de los ciudadanos y del sector productivo.
Debido a la carga fiscal aprobada el año pasado –que permanece sin
cambios para 2015– hay 60% menos de inversión extranjera, el impuesto
al valor agregado de 16% en la frontera ha colocado a la región en
condiciones críticas, al igual que el IVA en el transporte público
foráneo, que afecta a las personas que van a trabajar o a estudiar de
un estado a otro. Recordó que el PAN ha sostenido desde el año pasado
que el ISR baje de 30 a 28% y que el actual paquete económico carece de
estímulos fiscales para las pequeñas y medianas empresas. Añadió que el
gasolinazo propuesto para inicios de 2015 –de 3% para
compensar la inflación– carece de sustento, pues a la vista está que
los precios del petróleo van a la baja. Sin embargo, a la hora de votar
metió reversa. Los integrantes de la comisión son 45. Y votaron con el
PRI 36. Hubo ocho ausentes y una abstención.
Son más ricos los ricos
De acuerdo con el banco Credit Suisse, la riqueza de las
familias más acaudaladas ha llegado a un nuevo récord de 263 trillones
de dólares (millones de millones en nuestra forma de contar), más del
doble de los 117 calculados en el año 2000. La desigualdad se está
agudizando. El uno por ciento más rico de la población posee 48% de la
riqueza del mundo. No han venido a ver cómo están las cosas en México:
aquí menos de 1% es dueño de 80%.
Más allá de la nada honrosa medalla obtenida por ocupar el último lugar latinoamericano en lo que a salario mínimo real se refiere, México destaca a nivel regional por lograr diversas cuan negras preseas en el ámbito laboral, todas ellas contrarias al interés de la mayoría.
En su más reciente reporte temático (Coyuntura laboral enAmérica
Latina y el Caribe: Formalización del empleo y distribución de los
ingresos laborales), divulgado ayer, la Cepal y la Organización
Internacional del Trabajo presentan el inventario de galardones
obtenidos por nuestro país, no sin antes advertir que la generación de
empleo formal y las mejoras salariales son factores claves en el
abatimiento de la pobreza y la desigualdad, elementos que en el caso
mexicano de tiempo atrás se mantienen ausentes.
En el recuento de los daños, los citados organismos revelan que
México obtuvo medalla negra por ser el peor país de la región, y por
mucho, en el pago real a los trabajadores en el sector formal de la
economía en 2013 y el primer semestre de 2014.
De igual forma, obtiene galardón, porque
el empleo formal creció en términos relativos en todos los países de la región, con la excepción de México, donde disminuyó desde 46.1 por ciento en 2009 hasta 44.6 por ciento en 2013. Los países que registraron los mayores aumentos en la formalización del empleo fueron Ecuador (12.2 puntos porcentuales) y Paraguay (7 puntos porcentuales).
En este contexto hay que recordar que el 22 de julio de 2013 el
inquilino de Los Pinos puso en marcha el denominado Programa para la
Formalización del Empleo, con la pretensión de que las empresas
otorguen empleos dignos que cumplan con la ley y otorguen seguridad social, salarios dignos y prestaciones de ley, toda vez que la informalidad, según dijo Peña Nieto,
es una salida falsa, es cierto; libera presiones de empleo a muy corto plazo, pero genera enormes pasivos sociales con el tiempo. Pues bien, 15 meses después de ese anuncio la Cepal y la OIT dan cuenta que tal programa no trascendió el discurso. De hecho, advierten que en México
la informalidad continuó creciendo.
Una presea más:
una mayor desigualdad en los ingresos del trabajo se encontraba asociada a más empleo informal, y en el caso de México
la proporción del empleo informal en el empleo total aumentó, es decir, exactamente lo que sucedió, con excepción de Colombia, en el resto de los países latinoamericanos analizados por la Cepal y la OIT.
Sigue la mata:
el impacto de los procesos de formalización del empleo contribuyó a reducir las brechas de ingresos laborales, lo que sucedió en buena parte de América Latina, salvo en el caso mexicano, donde la informalidad creció al igual que la brecha salarial.
Una más: en el último lustro la tasa oficial de desocupación abierta
en México se mantenido en un nivel elevado, pero estable, aunque ello
no es producto de una mayor generación de empleos formales, sino de la
reducción en el número de mexicanos en busca de ellos, es decir, se ha
reducido la tasa de participación ante la imposibilidad de insertarse
en el mercado laboral, lo que provoca una ilusoria
estabilidaden la tasa oficial de desocupación. En América Latina, detallan la Cepal y la OIT, en el primer semestre de 2104
la tasa de ocupación aumentó con respecto al mismo periodo del año anterior en diez países y descendió sólo en cinco(México uno de ellos, obviamente).
Los
citados organismos señalan que en nuestro país “la tasa de
participación bajó sólo 0.2 puntos porcentuales. Esta reducción se
debió exclusivamente a un menor grado de inserción en el mercado
laboral de los jóvenes de entre 14 y 29 años (-0.7 puntos
porcentuales), mientras entre las personas de 30 años y más la tasa se
mantuvo estable. Es de suponer que ante la disminución de expectativas
de conseguir empleo, muchos jóvenes que en sus hogares son trabajadores
‘secundarios’ tienden a retirarse del mercado laboral. Algunos
continúan en el sistema educativo o regresan a éste para mejorar sus
futuras opciones de inserción laboral, mientras otros pasan a engrosar
el segmento de las personas que no trabajan ni estudian (ninis)”.
Los dejan de tomar en cuenta porque la educación pública ha dejado de ser una prioridad. Los marginan porque no encajan en los ajustes estructurales –es decir, en la (re) escritura de la historia, tal y como la entienden los gobernantes de México desde la década penúltima del siglo pasado. Los sacan de los programas institucionales porque los jóvenes funcionarios recién llegados no estudiaron en universidades públicas y menos en normales rurales sino en instituciones foráneas de excelencia o, cuando menos, en algún reducto clasemediero nacional y ellos, los funcionarios, sí entienden el país y tienen claras sus necesidades. Los minimizan porque el agro necesita ser redimensionado a la baja (así hablan los funcionarios) y readecuado a los imperativos de un país moderno. Los dejan fuera de los presupuestos.
Ellos piensan distinto. Creen que su derecho a la educación y al
trabajo es algo más que un anacronismo constitucional. Saben –porque
vienen de entornos que acusan la carencia– que la enseñanza es tan
necesaria para vivir como la canasta básica y tienen claro que no es
posible construir un país moderno sobre millones de analfabetismos y
sobre millones de marginaciones ni aspirar a la convivencia armónica en
una economía que manda a los basureros de su mercado a las personas y a
las colectividades que no tienen una etiqueta precisa de índice de
rendimiento.
Protestan. Acuden en tropel a las oficinas de los servidores
públicos para exigir que no se aplique la tecla delete a su escuela, a
su formación, a su futuro y al de sus pueblos. Dejan en los vestíbulos
un halo de olor a campo y a pobreza. Causan disgusto con sus modales
agrarios y sus expresiones bastas. Los servidores públicos los
encuentran primitivos y rudos; nada que ver con los atentos empresarios
que acuden a gestionar permisos y concesiones, que hablan desde la
seguridad del adinerado y del protegido, que dejan tras de sí regalos
y, con frecuencia, sobornos.
Ayer,
mientras funcionarios del gobierno de Guerrero admitían ante diputados
federales que esa administración tuvo conocimiento de los hechos que
derivaron en el homicidio y desaparición de normalistas de Ayotzinapa
en el momento en que ocurrían, miles de alumnos de distintas
universidades se movilizaban en la capital del país en reclamo por esos
asesinatos y en demanda de la presentación con vida de los estudiantes
sustraídos. Las expresiones estudiantiles de descontento se
reprodujeron en tres entidades más: Chihuahua, Michoacán y Baja
California. En Guerrero, en tanto, prevaleció una tensa calma luego de
los disturbios ocurridos a principios de semana, que incluyeron la
quema del palacio gubernamental en la capital Chilpancingo.
Otros cuerpos que un día tuvieron nombre y apellido
Ahora se dice que los cuerpos
hallados en las fosas clandestinas no son de los estudiantes
normalistas. La búsqueda incesante de esos 43 jóvenes ha traído
hallazgos que derivan en cuestionamientos que no deben pasar
inadvertidos. ¿Cuántas fosas clandestinas hay en el territorio
nacional? Y ahora, ¿a quiénes corresponden estos cuerpos? ¿La razón de
su muerte? Queda claro que esta no es la primera vez que ocurren estos
acontecimientos. Esos 28 cuerpos un día tuvieron nombre y apellido, y
ahora están en calidad de desconocidos. Las pesquisas deben continuar
en las vertientes que vayan apareciendo y no dejar al margen este
descubrimiento, que a todas luces, nunca fue denunciado. Y sólo me
pregunto ¿por qué?
Las
negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) siguen su
curso sigilosamente y con una falta absoluta de transparencia. En mayo
de este año se llevó a cabo la reunión para discutir el borrador del
capítulo sobre propiedad intelectual. Los temas principales se
relacionan con el régimen de patentes, diseños industriales, marcas,
derechos de autor y denominaciones geográficas. Este artículo se
concentra en el papel que desempeña el sistema de patentes en el ATP.
El siguiente artículo examinará con mayor detalle la relación entre el
capítulo de patentes y el derecho a la salud y el medio ambiente.
El
panorama social y político que nos muestra México en este tiempo es
sumamente preocupante y debe ser motivo de una profunda reflexión y de
acciones inmediatas por parte del gobierno y de la sociedad mexicana.
Diversos movimientos se han encadenado y hacen ver la urgencia de
proponer estrategias que vayan desactivando cada uno de los conflictos
que se muestran, desde la negociación directa –como se ha manifestado
en el caso de la inconformidad de los estudiantes del Politécnico–
hasta el diálogo, los acuerdos políticos, incluso el castigo con todo
el peso de la ley para aquellos –del nivel que sean– que han cometido
actos criminales de negligencia e irresponsabilidad.
El
presidente Barack Obama la está pasando mal. En víspera de las
elecciones intermedias para el Congreso, hay candidatos demócratas a
diputado o senador que le han pedido que mejor no aparezca en sus
campañas electorales. Su popularidad entre los estadunidenses ha
llegado a su nivel más bajo.
En
un país donde los asesinatos y desapariciones forzadas se cuentan por
decenas de miles, la indignación social es indispensable para mover la
telaraña de los horrores tejida mediante ineptitudes, corrupción e
impunidad. Sin la protesta enardecida de las víctimas –familiares,
vecinos– y la solidaridad civil, la obligación de hacer justicia
dormiría en los cajones de la burocracia a la espera del olvido, que es
la necrópolis del México constitucional del que tanto se ufanan los
depositarios del poder. Lentitud, formulismo, definen la actuación del
Ministerio Público incluso en aquellos casos cuyas repercusiones
trascienden la indiferencia que acompaña a la
normalizaciónde la violencia en el paisaje nacional. Resulta increíble que todavía hoy no tengamos noticias ciertas, comprobables, sobre los jóvenes desaparecidos de Iguala en septiembre. Se ha descartado ya que los 28 cadáveres calcinados y mutilados hallados en las primeras fosas sean de los detenidos por la policía municipal y entregados a las bandas locales del narco. En cambio, ahora sabemos que uniformados de otros municipios también participaron para rematar el trabajo contra los normalistas de Ayotzinapa, en una operación que de ninguna manera parece improvisada. Han pasado varias semanas pero aún carecemos de una versión oficial de los hechos, es decir, de un relato creíble de cómo y quiénes intervinieron en la tragedia, además de los municipales presos y los matones de Guerreros Unidos capturados. El alcalde de Iguala sigue prófugo. El gobierno del estado, alegando criterios jurídicos, permitió que huyera. El móvil sigue sin develarse. Antes, el partido que lo llevó al cargo le requirió que solicitara licencia sin reconocer la extrema gravedad de la situación, ignorando los ya para entonces públicos antecedentes del caso, como el probable asesinato de otros líderes sociales pertenecientes al mismo PRD. Los deslindes necesarios no se dieron a pesar de la obvia responsabilidad política del gobernador y su gobierno, lo cual acrecentó la crisis en el estado (y del Estado), que está viviendo horas criticas. Por su parte, la Presidencia, con notoria insensibilidad jugó para que el asunto se quedara en el plano local, como otro caso de debilidad institucional. Pero el problema estalló al ubicarse en el centro de la atención mundial: Iguala igual a Fallujah.
Una
cosa es la democracia en la elección de un dirigente y otra la
democracia en el ejercicio del poder. Parecen ser lo mismo, pero no lo
son. Nada garantiza que un dirigente elegido democráticamente sea
democrático en su actuación. Varios presidentes en América Latina, y
también de México, han sido elegidos democráticamente (al menos en
apariencia) y sus gobiernos fueron criminales y hasta genocidas.
Entre
las diferentes manifestaciones para celebrar el 75 aniversario del INAH
y el 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología se presenta una
magnífica exposición de códices mexicanos: Los códices de México, memoria y saberes. Es
un acontecimiento excepcional por la calidad de estos documentos, pocas
veces o nunca exhibidos al público por su extrema fragilidad. La
mayoría de ellos viene de la biblioteca del INAH. Como se sabe, los
españoles destruyeron gran cantidad de estos documentos en su voluntad
de borrar la memoria de todo un pueblo. De los que escaparon al auto de
fe, muchos se encuentran fuera de México: en Europa (París, Berlín, el
Vaticano, Londres…) o en bibliotecas de universidades estadunidenses.
El
Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los pocos en América Latina y
en el mundo, donde los derechos humanos son defendidos, respetados y
perfeccionados por el Estado con una visión integral. Esos derechos no
son vistos como el mero trámite formal de depositar el voto en cada
elección, sino como una activa participación de los ciudadanos y las
organizaciones indígenas y populares tanto en los procesos electorales,
como en general, en la decisión cotidiana de los asuntos públicos.
Además, el Estado boliviano no limita el concepto de derechos humanos a
los derechos políticos, sino los extiende a los económicos, sociales y
culturales, tutelando su cumplimiento en la práctica como veremos más
adelante.
En
el contexto de los sucesos en Tlatlaya, de asesinados, heridos, y los
43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, atrocidades
sumadas a las más de cien mil bajas civiles y 30 mil desaparecidos
desde 2007, cuando Calderón declaró la
guerra al crimen organizado, William Brownfield, secretario asistente de Estado de Estados Unidos recomendó
... mantener las políticas antinarcóticos actuales...
el camino es largocosa de
décadas, generaciones.
Personaje
nebuloso, Patrick Modiano, premio Nobel de Literatura 2014, bajo su
aspecto de hombre maduro, tranquilo, tímido, de un médico de provincia,
un funcionario anónimo, el cual farfulla en busca de la palabra
apropiada, articula apenas sus frases, se esconde otra persona, acaso
para nada tímida, más bien escondidiza, como si tratase de ocultar
algo, tal vez su realidad sustituida por lo imaginario, la ficción de
sus novelas.
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