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A la opinión pública nacional e internacional
A la sociedad civil
A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana
Todo apunta a que la masacre de
estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser
tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo
de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala,
existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación
mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo
aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder
Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos,
policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se
coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como
la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.
No debe descartarse que el baño de
sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen
cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre
otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército
mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22
personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo
como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local,
entre figueroistas y perredistas.
Por el contexto político y social que
vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y
de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a
nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de
los grupos de paramilitares y las fuerzas armadas se dirigen también
contra los movimientos sociales y civiles.
Peña Nieto, el responsable de crimen de
estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de
una provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los
mandos de las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito
Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall,
de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la
utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se
disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.
Lo acaecido en Iguala es la otra cara
de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el
capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Atlatlaya, no son
eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de
ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia
desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado
más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de
cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la
nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La
matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a
quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar
a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a
gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital
trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa
pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.
La elección de las víctimas —los
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental.
Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego
masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen
perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas
por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén
Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968
y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997,
a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de
500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno
de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco. entre
otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos
organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y
genocida, muestran la gravedad del crimen.
En cualquier otro país que se precie de
democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un
suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto
y Ángel Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y
legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase
política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades,
creando chivos expiatorios. Sin embargo, no pueden ocultar los nexos
que guardan los grupos criminales con el estado mexicano y un sector de
empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la
sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la
DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales financieros para el
lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como
en Estados Unidos y más allá.
El terrorismo de estado nos ha colocado
a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de
vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia;
todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya
no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica;
todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron
todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las
banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y
Señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les
pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos
y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.
A todos y todas les pedimos estar
atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además,
llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil
pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las
actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la
página, el correo y el Facebook de la Constituyente.
suscriba en la fuente de la nota:
http://constituyenteciudadana.org/?p=93
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