Programa de las Américas
Marcharon
a paso rápido las 20mil bases de apoyo del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) que se juntaron en la tarde del 8 de octubre
en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas). Se formaron en las afueras de
la ciudad, bajo un cielo azul manchado de nubes que amenazaban
temporal, y se encaminaron en largas hilas ordenadas hacia el centro de
la ciudad. El largo río de zapatistas se movió fluido y silencioso, el
único ruido que se escuchaba eran los pasos de sus zapatos y botas.
Llevaban pancartas que decían “su rabia también es la nuestra”, “su
dolor es nuestro dolor”, “no están sol@s”. El mensaje era para los
estudiantes de Ayotzinapa (estado de Guerrero) y para las familias que
el pasado 26 de septiembre han visto matar o desaparecer a sus hijos,
mientras que se trasladaban en autobús, por mano de unos policías
municipales coludidos con el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos.
A dos semanas de los hechos se contabilizan 6 muertos y 43
desaparecidos. Juan César Mondragón, que se encontraba en el autobús
con sus compañeros de estudio, fue desollado y su cráneo ensangrentado
quedó en el asfalto.
“En Ayotzinapa se expresa el estado como el
engarce entre los poderes oficiales y los poderes criminales que
disputan el control político, que llevan a considerar que esta es una
forma de disciplinamiento social. Hemos llegado a un punto de
deshumanización”, ha afirmado Dolores González Saravia, directora de
Servicio y Asesoría para la Paz (SerAPaz), durante la presentación del
informe 2013-2014 del chiapaneco Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas (FrayBa).
La escalofriante historia de
estos jóvenes y la indignación frente a la corrupción de la policía y
de las instituciones mexicanas despertó a numerosas muestras de
solidaridad. El 8 de octubre pasado más de 60 ciudades alrededor de
México y del mundo contestaron a la convocatoria de movilización. Se
han organizado marchas, cierres viales, plantones y bloqueos a oficinas
del gobierno.
En Chipalcingo, capital del estado de Guerrero, se
movilizaron unos 50mil estudiantes, maestros y gente de las sociedad
civil, mientras que los policías comunitarios de la Unión de Pueblos
Organizados de Guerrero (UPOEG) organizaban una búsqueda independiente
de los 43 estudiantes. En la Ciudad de México 15mil personas se sumaron
a la marcha encabezada por los familiares de los chicos desaparecidos,
al mismo tiempo que en Barcelona, Nueva York, Montreal y Buenos Aires
se enseñaron las fotos de los jóvenes, se habló de sus historias
personales, se pidió su aparición con vida y el castigo para los
responsables de los crímenes.
“Las instituciones no van a hacer
justicia, siendo que toda la cadena de mando está corrupta, pero pedir
la aparición con vida de los estudiantes es una forma de presión para
que los saquen si saben donde están. Sin embargo esta no es justicia
completa, porque de todos modos su reaparición no repararía el daño
incalculable que padecieron los estudiantes y sus familias”, opina un
adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que participó en
la movilización en San Cristóbal de Las Casas, y que prefirió quedarse
anónimo. “Lo que el gobierno quiere conseguir con una agresión como la
de Ayotzinapa es justo asustarnos, y frente al horror que cometió lo
mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de
quedarnos paralizados por el miedo. Lo que pasó en Ayotzinapa es un
crimen de estado. No se trata de un grupo de policías coludidos con el
narco, sino de un entero sistema”.
En San Cristóbal de Las Casas
los adherentes a la Sexta se juntaron a la marcha de estudiantes,
docentes, familias enteras y organizaciones de la sociedad civil, que
organizaron dos distintas movilizaciones que confluyeron en la plaza de
la catedral.
El recorrido del EZLN, que en aquella plaza vivió
momentos muy importantes de su historia, la atravesó sin parar. Los
zapatistas marcharon en silencio como durante la movilización del 21
diciembre 2013 y la de mayo 2011, cuando la organización indígena
contestó a otra convocatoria en solidaridad con las victimas de la
violencia de estado, lanzada por el Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad. Entonces los zapatistas se sumaron a las marchas nacionales
en contra de la guerra a los carteles criminales impulsada por el ex
presidente Felipe Calderón. La cruzada antinarcotráfico del gobierno
mexicano, más que disminuir el peso del crimen organizado en el país,
causó unos 100mil muertos y 30mil desaparecidos, poniendo las bases a
la “colombianización” de México. Hoy el país ahoga en un caldo donde
flotan instituciones corruptas, carteles del narco y grupos
paramilitares; el base de apoyo del EZLN Galeano, asesinado por grupos
de corte paramilitar el 2 de mayo pasado, es una de sus victimas.
La
mayoría de los zapatistas que marcharon el 8 de octubre eran jóvenes,
como los estudiantes de Ayotzinapa. Los turistas que paseaban ignaros
en las calles del centro de la ciudad colonial quedaban a boca abierta
viendo pasar el inesperado desfile. La gente de San Cristóbal de Las
Casas –una ciudad históricamente conservadora- se asomaba de las
tiendas y restaurantes para ver y fotografiar la larga marcha de
indígenas encapuchados. Nadie hablaba, algunos bisbisaban en voz baja.
Una señora afuera de un hotel aplaudía, y los ojos de algunos
zapatistas le sonreían atrás del pasamontaña.
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