Raúl García Barrios*
El
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), máximo tribunal
ético-jurídico del mundo, condenó a finales de 2014 a los gobiernos
neoliberales mexicanos por desviar el poder del Estado y perpetrar
múltiples crímenes de lesa humanidad contra del pueblo de México (ver).
En un documento extraordinario el TPP visibilizó el iceberg de
violencia estructural e impunidad que yace bajo los hechos de Iguala.
Debe ser consultado por quienes desean entender las causas de lo que
hoy vivimos. Su estudio y debate en todos los espacios académicos
posibles ayudará a profundizar sus postulados y a precisar sus
recomendaciones.
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM
(campus Cuernavaca) ha iniciado esta labor. El CRIM se ha destacado
desde hace tres décadas por su participación en la vida académica,
política y cultural de la región centro-sur del país. Los hechos de
Iguala reflejan el deterioro profundo de esta región, que ahora está
sometida a la Operación Tierra Caliente y donde, se nos promete (o
amenaza), se activarán zonas económicas especiales.
Tras discutir y suscribir el análisis y recomendaciones del TPP, el
Colegio del Personal Académico (CPA) del CRIM llegó a una serie de
conclusiones que considero importante divulgar:
El crimen de lesa humanidad de Iguala tiene su base en gobiernos que
decidieron desde hace tres décadas secuestrar el derecho
constitucional, destruir la soberanía nacional e impulsar un proyecto
de subordinación integral a los intereses corporativos y de seguridad
trasnacionales.
Este proyecto ha resultado en un Estado atomizado, derrumbado,
carcomido en sus entrañas, sometido a diputas de las fracciones de
distintos partidos, de los grupos policiales y de las fuerzas armadas,
todos en colusión con la criminalidad.
Aquí se refleja de modo dramático la crisis civilizatoria que aqueja
al mundo, manifiesta en el cambio climático, la financiarización de la
economía planetaria, la sustitución de la seguridad salarial por la
deuda privada, la crisis alimentaria, la crisis energética, las
crecientes desigualdades sociales y agudización del empobrecimiento
generalizado, la inequidad de género y exclusión de los jóvenes, el
estado de guerra permanente, el aumento de la corrupción y la
impunidad, etcétera.
En
este contexto, los valores de la legalidad y el estado de derecho se
han pulverizado y se ha extendido como fundamento de nuestra cultura la
ética del triunfador, donde el criterio del éxito es la acumulación de
riqueza y poder, omitiendo cualquier consideración sobre los medios
utilizados.
El decálogo económico y de seguridad que propone el Presidente de la
República evade esta realidad y promete resolver los problemas
regionales con más subordinación. No da satisfacción a las víctimas ni
ataca el problema en sus bases.
Ante esta situación, el CPA del CRIM planteó algunas alternativas.
Primero, el desarrollo de la economía regional no debe tener como base
la extracción y exportación de la fuerza de trabajo, de las personas o
sus partes, o de los recursos naturales, por lo que no debe invertirse
en maquiladoras, carreteras, vías de ferrocarril o puertos cuya función
sea exportar mano de obra y materias primas baratas al extranjero; la
alternativa es el manejo policéntrico, sustentable y diversificado de
los ecosistemas urbanos y rurales, y de sus recursos materiales y
energéticos, aprovechando los saberes locales y dirigido a la calidad
de vida y la autosuficiencia alimentaria. Segundo, debe combatirse
directamente la trata de personas y el tráfico o comercialización de
órganos humanos (que sólo deben ser transferibles por donación, como es
ahora el caso de la sangre). Tercero, para combatir la economía
criminal debe legalizarse la producción y venta de las drogas, al
estilo uruguayo: no criminalizar a usuarios y brindar apoyo profesional
a quienes han generado dependencia, y complementar la medida detectando
las rutas del lavado de dinero y persiguiendo a quienes las utilicen,
con el control y fiscalización adecuados a los capitales golondrinos que
alimentan la delincuencia organizada. Finalmente, los crímenes de lesa
humanidad ocurridos en la región deben ser juzgados, condenados y
perseguidos por la Corte Penal de la Haya.
Ahora es necesario trabajar con una agenda de seguridad y paz
construida de abajo arriba: debemos establecernos como una sociedad
civil especializada en nuevos papeles de vigilancia y decisión
ejecutiva, que acote al Estado e impulse su refundación. Los académicos
del CRIM estamos comprometidos, como muchos otros universitarios, a
contribuir con energía a esta refundación nacional.
* Presidente del Colegio del Personal Académico del CRIM-UNAM
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