El
“blindaje” que desarrolla el Estado para impedir que las y los menores
de edad no acompañados crucen la frontera sur de México provoca que
esta población emigre por rutas alternas más peligrosas.
Al participar en el Foro Migraciones, en esta capital, Gabriela Morales Gracia, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, explicó que a partir de que los medios de comunicación alertaran sobre una “oleada de niñas y niños migrantes no acompañados en México y Estados Unidos”, el gobierno federal hizo evidente una política de control –impulsada desde 2013– para detener el flujo migratorio.
Sin embargo esta política en lugar de reducir la participación de la población migrante, la obliga a cambiar de rutas y a exponerse a mayores peligros, aclaró Morales.
La experta dijo que en años anteriores las niñas, niños y adolescentes migrantes cruzaban por la frontera de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, donde si bien hay riesgos, son menores comparados con los de otras zonas fronterizas de la entidad.
Durante los últimos meses de 2014, las organizaciones civiles que defienden los derechos de la población migrante y los albergues que la reciben han notado que las rutas en la frontera sur de México son las del corredor Huehuetenango-La Mesilla-Comitán, localizado entre Guatemala y Chiapas.
La activista añadió que el centro de Chiapas y las rutas marítimas que van de Guatemala hacia la costa oaxaqueña ahora concentran mayor flujo de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Y detalló que con tal de cruzar por estas nuevas rutas viajan hasta 60 personas en botes con capacidad para 20, lo que ocasiona que naufraguen en el traslado, como ocurre en el europeo mar Mediterráneo, donde –según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– se reportaron el mayor número de muertes de personas migrantes en el mundo.
Gabriela Morales agregó que estas nuevas rutas son zonas montañosas con temperaturas muy bajas donde –de acuerdo con un monitoreo de medios que ella realizó– se incrementa el cobro de cuotas por parte de los traficantes de personas, y se diversifica la presencia de actores que están al acecho para robar o extorsionar.
“Está demostrado que a mayor presencia de fuerzas de seguridad pública se incrementa y diversifica la violencia”, detalló.
La activista también explicó que las niñas migrantes no acompañadas están más expuestas a los peligros, ya que permanecen “invisibles” porque las cifras que se generan sobre el tema están centradas en los varones.
La experta también alertó que emigran muchas adolescentes que en el camino son agredidas sexualmente, presentan embarazos o viajan con su descendencia sin ninguna protección a su salud y sus derechos.
Morales acusó que el “blindaje” que instauró el gobierno federal en la frontera sur es la causa principal de estas modificaciones, ya que desde hace un año esa zona se ha militarizado con la aparición de una gendarmería, la policía única y la policía fronteriza.
Explicó que desde julio de 2013 Enrique Peña Nieto anunció en los medios de comunicación la necesidad proteger la frontera. Luego presentó programas para modernizar las aduanas, creó complejos en Chiapas y Tabasco donde residen conjuntamente diferentes fuerzas del Estado, y desarrolló un programa para el control del territorio en la zona sur-sureste.
Aunque parecían acciones desarticuladas, finalmente este 2014 se creó la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, al que se le asignaron 102 millones de pesos, lo que equivale a casi el doble de lo que se asignó a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
“Es un ‘elefante blanco’ que legitima las acciones de control, y cuyo objetivo es articular la función de la Policía Federal y la fuerza militar”, apuntó.
Foto: Gustavo González López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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