Los
atroces hechos sucedidos en la noche del 26 de septiembre en Iguala son
sin duda los que marcaron el 2014 convirtiéndolo en un año hito en la
historia contemporánea de México, erigiéndose como otro “Mexican
moment”, muy diferente al que el presidente Peña Nieto publicitó al
inicio de su gobierno, que horrorizó a su pueblo y al mundo entero
obligando a los medios masivos a presentar ante la opinión pública
internacional el nivel de barbarie al que ha llegado el estado de
guerra de facto en el que se encuentra esta nación fronteriza con
Estados Unidos (EUA) desde el 2007. Así 2014 pasó a ser el año de
Ayotzinapa más que el de las “reformas de estructura” promovidas por
Peña Nieto.
Precisamente hace un año, cuando en el mundo oficial
todo era jolgorio y alegría por la aprobación de todas las reformas
promovidas por el gobierno y sus aliados del Pacto por México, decíamos
que después de 25 años de crisis política permanente, de 1988 a 2013,
México era “un volcán en estado de ebullición antes de la explosión de
la lava ardiente” que se acercaba cada vez más hacia el estallido. (“¿Hacia
el estallido?”, Unidad Socialista, núm. 58, marzo-abril 2014, también
publicado en la red entre otros en el boletín informativo
Correspondencia de Prensa, 23 de marzo 2014). En junio la matanza
de Tlatlaya realizada por los militares, hecha pública más dos meses
después de ocurrida conmocionó al país y después a finales de
septiembre los hechos de Iguala lo horrorizaron. Fueron las chispas que
han comenzado a incendiar la pradera. Desde entonces el país cambió
abruptamente y el gobierno de la restauración priista está instalado en
su peor crisis. Las repercusiones han sido enormes y no sólo en México
pues su impacto internacional recuerda e incluso va más allá de lo que
ocurrió el 1° de enero de 1994 con motivo del levantamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas por el reto
político directo y sin amortiguadores que representa la causa de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para el típico
Estado represivo y corrupto de México tocado a profundidad en sus
fibras políticas esenciales: estructura gubernamental, sistema de
partidos, judicatura, etc. En las enormes y numerosas movilizaciones
habidas a partir del 1° de octubre cuando salió a relucir todo el
horror de lo sucedido el 26 de septiembre, tres consignas gritadas por
las multitudes son las que sintetizan el sentimiento de amplísimos
sectores de la población: “Fue el Estado”, “Fuera Peña” y “Vivos se los
llevaron, vivos los queremos”.
El gobierno de Peña Nieto intentó
burdamente durante una semana enterrar las atrocidades de Iguala en el
campo municipal bajo el control formal de un alcalde asesino del PRD,
creyendo ilusamente que su gobierno podría eludir responsabilidades.
Una apreciación por completa errónea que se le revirtió con creces
cuando tardíamente la PGR debió “atraer” el caso. La penetración
descarada de personajes e influencias del narcotráfico en la alcaldía
de Iguala no era privativa de los municipios presididos por el PRD,
como antes se había demostrado en la crisis de Michoacán que obligó a
Peña Nieto a intervenir con un comisionado especial que actuó como real
jefe del estado, debiendo renunciar un gobernador priista rodeado de
funcionarios y familiares en contacto con los narcotraficantes.
Ante
la avalancha de protestas y movilizaciones presidente Peña ha llamado a
“superar” lo sucedido y en la práctica su gobierno quiere darle
carpetazo lo más pronto posible. Pero la situación hoy es muy diferente
a la de crisis anteriores. No sólo los activistas, los sectores
democráticos y revolucionarios, sino voceros de la opinión burguesa más
conservadora reconocen que la movilización masiva que ha surgido
exigiendo la presentación de los 43 normalistas no tiene precedente y
que las protestas callejeras seguirán y que no es posible creer en una
política que le “apueste al olvido” como quiere Peña Nieto. El
Universal, uno de los diarios más importantes de la ciudad de México,
de una orientación claramente conservadora, publicó los resultados de
una investigación de su Centro de Investigación y Análisis que vale la
pena citar. “Durante 87 días, del 1° de octubre al 26 de diciembre se
han registrado 44 movilizaciones públicas en México y en el mundo con
la demanda común de la localización con vida de los jóvenes maestros
desaparecidos, que no haya impunidad y se castigue a los responsables
del crimen colectivo”. (El Universal, 31.12.14). Los datos concretos
son elocuentes: en ese periodo de 87 días en 36 hubo algún tipo de
movilizaciones, lo que significa que tres días de cada semana ha habido
protestas por el caso de Iguala, solo en octubre fueron 17 los días en
que se realizaron movilizaciones y en noviembre ocurrieron las más
multitudinarias. De las 44 manifestaciones el 73% se realizaron en
México (en 17 estados) y el resto al nivel internacional (en 21
países). En México se realizaron en el Distrito Federal y en Guerrero
las más concurridas y numerosas y además en los estados de Morelos,
México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua,
Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Durango, Colima,
Sinaloa y Sonora. En el mundo la imagen de México salió a relucir muy
diferente a la ofrecida por la propaganda turística del gobierno y las
protestas no se hicieron esperar abarcando a países como Brasil, Chile,
Escocia, Reino Unido, China, Vietnam, Singapur, India , Indonesia,
Corea del sur, Argentina, Suiza, Colombia, Ecuador, Costa Rica,
Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España
y Noruega. El 5 de noviembre pararon más de 100 instituciones de
educación superior (universidades e institutos técnicos) en México.
La
crisis desbordó de tal forma las fronteras nacionales que organismos
internacionales oficiales se pronunciaron al respecto censurando el
comportamiento del gobierno de Peña por su incapacidad de garantizar un
estado de seguridad nacional a la población. Declaraciones de
instituciones gubernamentales como el Departamento de Estado de EUA, el
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la organización
de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Igualmente lo hicieron organismos no gubernamentales como la
Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuyo director de su sección
mexicana, Perseo Quiroz resumió muy bien la situación: “los acontecido
en Iguala ha generado una movilización nacional sin precedentes a la
que se ha sumado la indignación mundial”.
Hay que señalar
finalmente las inauditas movilizaciones en la época de las fiestas de
fin de año: el 24 y el 31de diciembre los familiares de los
desaparecidos, acompañados por un millar de personas solidarias, se
hicieron presentes en la casa presidencial de Los Pinos bajo la
consigna de que si para ellos estos días no son de fiesta por la
desaparición de sus hijos, para las autoridades tampoco debe haber
fiesta. Y la realizada el día 26 de diciembre recordando el tercer mes
de la desaparición de los 43 en pleno centro histórico de la ciudad de
México, donde reafirmaron su decisión de que en el 2015 sigan y crezcan
las movilizaciones por la búsqueda de sus hijos.
La demostración
de lentitud e incapacidad de las autoridades gubernamentales para
satisfacer plenamente las demandas de una investigación profunda de los
crímenes, para castigar a los autores principales tanto intelectuales
como ejecutores directos y la clara tendencia de hacer que el asunto
sea superado con un carpetazo burocrático coincidió estrictamente con
la noticia de que la esposa del presidente Peña y el secretario de
Hacienda eran propietarios de lujosísimas mansiones valuadas en
millones de dólares construidas por una empresa directamente
responsable de la construcción de obras públicas durante el gobierno de
Peña Nieto en el estado de México y en la actualidad responsable de
contratos del gobierno federal. Un escándalo clásico de corrupción
ligado a un “conflicto de intereses” se agregó para enardecer más la
ira e insatisfacción de millones de ciudadanos con los procedimientos
de los más altos gobernantes.
2015: la combinación explosiva
El
inicio de 2015 se da en condiciones en que confluirán diversos procesos
económicos y políticos de alta potencialidad conflictiva. En junio el
barril de petróleo se cotizaba a más de 100 dólares. Al cerrarse el
2014 el barril había caído a 47.04 dólares, es decir experimentando una
pérdida del 54.01 % en su precio. Y como directa consecuencia de lo
anterior se ha producido al mismo tiempo una revaluación del dólar cuyo
cambio subía de 13 a 15 pesos por dólar, un tipo de cambio que no
alcanzaba desde la crisis de 2007. Aunque no en los niveles de
dependencia que tienen los países árabes o Venezuela de la renta
petrolera, la economía mexicana depende también mucho de ella. Lo que
está sucediendo en el mercado internacional del petróleo afectará
directamente a los planes de Peña Nieto por dos determinantes: la
drástica disminución de sus ingresos presupuestales tanto por la
disminución de los ingresos de Pemex (que contribuye con más de la
tercera parte del presupuesto federal) como por la privatización de
sectores de la industria anteriormente estatizada por completo y el
hecho de que la licitación de los yacimientos petrolíferos a las
empresas petroleras extranjeras que las nuevas leyes aprobadas
permiten, se dará en el peor momento posible. El gobierno de la
restauración priista de Peña Nieto se jactaba de ser el que “movería” a
México superando el estancamiento económico de décadas y proyectando
una etapa muy positiva de crecimiento económico que producirían las
“reformas de estructura” que estaban en el primer lugar de sus planes
gubernamentales. En los últimas tres décadas el promedio del
crecimiento económico anual no ha rebasado el 3.0% y en los últimos
años apenas rasca el 2.0%, índices prácticamente idénticos a los del
crecimiento demográfico de una población que ha superado los 115
millones de habitantes. Este estancamiento ha tenido consecuencias
devastadoras en las condiciones de vida de la abrumadora mayoría de la
población. Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social desde 1992 no crece el ingreso de los
hogares a pesar de los innumerables programas y acciones (de muy baja
calidad) que no logran detener la precipitación de la población a
situaciones de pobreza y de extrema pobreza. (La Jornada, 01.02.15).
Como se aprecia la situación imperante en el rubro económico no es nada
favorable para que los optimistas planes originales del gobierno
priista puedan impedir un combinación explosiva cuando esta decadencia
económica converja con el sensible deterioro de la situación política.
El
año 2015 será un año profundamente “político” en el cual el movimiento
social de protesta contra la corrupción y la impunidad de las
autoridades responsables de las atrocidades de Guerrero y de todo el
país confluirá con las elecciones de julio para la renovación de la
Cámara de diputados y para las gubernaturas y autoridades municipales
de varios estados. Pero evidentemente la decadencia y el profundo
desprestigio de los partidos “registrados” plantea con urgencia el qué
hacer en estos comicios sin legitimidad alguna, que sólo elegirán a
personajes similares a los que ocupan hoy los cargos que serán puestos
a elección. Los diputados y los candidatos del trío de los partidos
principales pilares del sistema político gobernante (PRI, PRD y PAN)
son los representantes que encarnan dichas autoridades desde el nivel
municipal hasta el federal impugnadas por las masivas movilizaciones de
protesta. Esta contradicción ya está produciendo una oleada cada vez
más poderosa en amplios sectores. ¿Para qué votar a candidatos de los
mismos partidos responsables de las atrocidades? ¿Por qué participar en
un sistema electoral tan restrictivo, antidemocrático y fraudulento
controlado firmemente por esos partidos? El viejo Instituto Federal
Electoral (IFE) que ha sido transformado en el nuevo INE no es de
ninguna manera garantía de elecciones legítimas y democráticas, sigue
siendo la estructura que mantiene, de hecho fortalecida, la misma
maquinaria que produjo el gigantesco fraude de 2006 y los innumerables
chanchullos y trapacerías que hicieron de las siglas del IFE sinónimo
precisamente de eso, de fraude.
Una cada vez más poderosa
corriente popular, predominantemente de jóvenes ha surgido que propone
el boicot a las elecciones del 2015. Igualmente la cuestión de la
necesidad de refundar el Estado por medio de una Asamblea Constituyente
se abre paso en el seno de amplios sectores. Destacan entre éstos
Cuauhtémoc Cárdenas; el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Ver; el
padre de una víctima de los narcotraficantes el escritor y poeta Javier
Sicilia y el profesor universitario Pablo González Casanova. Pero lo
más importante es que han sido los mismos familiares de los 43 y sus
aliados los que han llamado a boicotear las elecciones de julio
próximo, convocadas para elegir a los pares de quienes hoy se niegan a
investigar a profundidad los crímenes de Iguala, encubren a los
culpables materiales e intelectuales y desean cerrar lo más pronto
posible el caso para que se olvide del mismo modo que sucedió con los
numerosos casos de desapariciones y masacres anteriores como la matanza
de los 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010,
o la desaparición de 300 mexicanos en Allende, Coahuila en marzo 2011,
para no hablar de la matanza de Tlatlaya. Lo diferente en esta ocasión
fue la indignación espontánea que no tiene trazas de que va amainar en
2015.
El papel del Ejército
Desde el día
siguiente de la noche del 26-27 de septiembre uno de los aspectos clave
de la recreación de los hechos ha sido determinar el papel del
ejército. Los reportajes publicados señalaban su presencia, por ejemplo
en la clínica a la que los estudiantes llevaron a varios de sus
compañeros heridos. Por estudiantes que lograron escapar se supo de la
actitud prepotente de los militares increpándolos e incluso
amenazándolos. Pero las informaciones oficiales negaban siempre que los
militares hubieran participado de algún modo en las acciones. Después
el procurador federal Murillo Karam en su conferencia tristemente
famosa de noviembre por “su cansancio”, hizo una observación extraña
ante una pregunta de los periodistas. Dijo él: “Afortunadamente el
Ejército no intervino pues lo hubiera hecho en apoyo de las autoridades
[municipales]”. Ciertamente algo no cuadraba en estas explicaciones. Es
inverosímil que en Guerrero ocupado desde hace 50 años por miles de
militares que en el estado han combatido guerrillas, instalado una red
de retenes, ejercido labores de represión sin cuento, participado en
labores de quema de plantíos de mariguana, de cateo de establecimientos
en la búsqueda de drogas, con grandes cuarteles instalados en varias
poblaciones, incluida Iguala, o sea que no sucede nada sin su
conocimiento, haya ocurrido tamaño crimen sin que se dieran cuenta.
La
revista Proceso correspondiente al 14 de diciembre de 2014 derrumbó la
versión oficial del procurador federal mostrando con videos y
declaraciones de normalistas sobrevivientes que la policía federal
participó en la gresca entre los estudiantes y los policías municipales
e incluso que el Ejército estuvo involucrado aunque todavía no se
aclara ni especifica la forma en que lo hizo. El Ejército, como bien
señalan los padres de familia de los normalistas desaparecidos, es
culpable por participar en la noche del 26-27 de septiembre ya sea
activamente en el secuestro o bien por omisión de dejar hacer y dejar
pasar un crimen de tal magnitud efectuado prácticamente en sus narices.
Ha
sido en Guerrero en donde el nivel de la protesta y de las acciones ha
llegado a niveles de confrontaciones violentas que han estado al borde
de concluir en nuevas masacres. A mediados de diciembre, los familiares
y sus aliados realizaron una manifestación en Iguala y durante un mitin
frente al cuartel militar la tensión subió a peligrosos niveles,
estando los militares en una situación a punto de disparar contra la
multitud. El nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega lo ha dicho
tajante y ominosamente: “Hay [en el gobierno] quienes están decididos a
dar la orden de reprimir las protestas. Es ingenuo creer que no van a
ser frenadas manifestaciones más radicales”. (La Jornada, 02.01.15). Lo
dice el gobernador de un estado en que de hecho se han producido ya en
varios municipios tomas de alcaldías por parte de los maestros de
Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) y
sus aliados. En gran parte del estado se están llevando a cabo procesos
semiinsurreccionales: 35 comunidades organizadas han tomado los
palacios municipales, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la
entidad y han constituido las Asambleas Populares Municipales. De hecho
el proceso de la aparición de las “autodefensas” que ha cundido en el
estado vecino de Michoacán desde finales del 2013 y que obligó a Peña
Nieto a intervenir directamente con un procónsul y a destituir al
gobernador desbordado por completo a principios del 2014, fue un
anuncio de lo que sucede hoy en Guerrero: una lucha por la
supervivencia ante el completo derrumbe de los aparatos de seguridad
oficiales infiltrados por los cárteles o de plano desbordados por la
situación.
El secretario de la Defensa Nacional, el jefe del
Ejército, general Cienfuegos ha declarado que “sólo con el esfuerzo de
todos, con la suma de voluntades y con unidad nacional, podremos
consolidar el rumbo hacia el progreso y el desarrollo”. Y agregó, “los
grandes retos que afrontamos, como la inseguridad y el crimen
organizado, son problemas de todos y sólo juntos podremos vencerlos,
son problemas de Estado, no de gobierno”. Pero el papel de los
militares ¿no está contribuyendo más que al progreso y al desarrollo a
la desestabilización y a la represión como fehacientemente lo demostró
el caso de Tlatlaya y puede que no tarde en evidenciarse cuando se sepa
el real papel que desempeñó en la masacre de Iguala? No es nada
alentadora la situación que el gobierno continúa promoviendo en la que
el protagonismo militar es cada vez más conspicuo. Los informes que se
han filtrado de la creciente “colaboración” de asesores y en general
personal militar de EUA con los militares mexicanos. Para el gobierno
de EUA lo que sucede en México le interesara cada vez más, entendiendo
que para la política imperialista la frontera sureña de tres mil
kilómetros con México es de prioridad mayor para su “seguridad
nacional”. Y así la dominación económica y social que ya ejerce EUA en
México tenderá combinarse con una presencia militar también creciente.
Las alternativas políticas
Las
elecciones de julio de este año van a realizarse con un debilitadísimo
sistema de partidos. El PRI de Peña Nieto desprestigiado y con la carga
de ser el directamente encarado ante una población iracunda. Un PRD
desfondado, en caída vertical sin que tenga la menor capacidad de
erguirse con fuerza y dignidad al estar dirigido por un grupo de
políticos cínicos, corruptos y cada vez más dependiente del propio
gobierno peñista. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas ha venido a
expresar sin rodeos su decadencia sin remedio, convertido en una
desnuda franquicia electoral sostenida únicamente con las prerrogativas
del INE. Después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD y con él
de cientos si no es que de miles de miembros, el PRD perderá fuerzas
fundamentales que ya se prevé que lo desbancarán de su lugar como
tercera fuerza partidaria del sistema electoral vigente. Un PAN
arrinconado, también dependiente del presidente y sin la menor
iniciativa para intervenir en una situación que lo desborda.
El
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) constituido a imagen y
semejanza de López Obrador no se ha pronunciado directa y sin
ambigüedades sobre el significado profundo de la crisis que representa
lo sucedido en Iguala y en general en todo el estado de Guerrero: el
desplome de las políticas reformistas de la estirpe nacionalista
revolucionaria del viejo PRI anterior a los años 80’s que Cuauhtémoc
Cárdenas y el PRD trataron de de resucitar a partir de 1988-89, todo lo
cual AMLO compartió cuando se unió al PRD después de su salida del PRI
en 1990. Aparte del hecho del chapoteadero que significó el escándalo
del alcalde asesino José Luis Abarca patrocinado por un notorio
partidario obradorista, el problema de fondo es que Morena representa
más de lo mismo: un electoralismo limitado, sin un programa para
enfrentar la tremenda crisis nacional que atravesamos y caudillista sin
redención. Lo que sucedió en el PRD durante 2006 a 2012 tuvo que ser
conocido por López Obrador y su alianza con los Chuchos en 2012 no
puede esquivarse, fue un matrimonio de la más cruda conveniencia que no
habla muy bien de los principios políticos del guía, ideólogo, futuro
candidato presidencial y factor hegemónico indiscutible de la
organización.
La perspectiva revolucionaria
La luz
que han alumbrado los acontecimientos de Iguala, la ejemplar postura
que han adoptado los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y
la inaudita y maravillosa solidaridad nacional e internacional que ha
despertado el martirio de los estudiantes de Ayotzinapa han sido, son y
seguirán siendo gérmenes de grandes jornadas de lucha con potencialidad
emancipatoria. Hasta ahora la base fundamental de las movilizaciones ha
sido la juventud, aunque ya se incorporan sectores numerosos de
trabajadores, y en el estado de Guerrero, también las poblaciones más
pobres de Costa Chica, Costa Grande, la Montaña, Tierra Caliente y
Chilpancingo. Tal y como hemos intentado señalar en el texto en 2015 se
abrirá una oportunidad con grandes posibilidades de transformaciones
radicales en México. El impulso emancipador y liberador de lo que
representa la lucha por la presentación de los 43 da fuerza e infunde
optimismo a quienes se solidarizan con ella. Del otro lado, en el
gobierno de Peña, en el seno de los partidos gobernantes y entre los
grandes empresarios reina la incertidumbre. Lo única certidumbre que
existe en el establishment decadente mexicano es que “el estado de
derecho será impuesto, incluso con medidas autoritarias”.
Históricamente en México esta política tiene nombres siniestros que
evocan décadas de aplastamientos de movimientos insurgentes:
Tlatelolco, los halcones, la guerra sucia, la represión como sistema. Y
en la mayoría de estos casos ha sido la sombra del Ejército la que se
ha proyectado ominosa y lúgubremente. ¿Cómo se proyectará en 2015?
Por
el momento podemos apuntar ya para los primeros días del año acciones
que buscan lograr crear un amplio, no excluyente, movimiento de lucha
que abarque a los mayores sectores posibles. En el México profundo de
las masas indígenas insurrectas también encuentra eco la lucha de los
jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El 2 y 3 de enero el EZLN y el
Congreso Nacional Indígena (CNI) realizan en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las
Rebeldías contra el Capitalismo, y allí hablaron los estudiantes y los
padres y madres de los normalistas asesinados y desaparecidos de
Ayotzinapa. Por su parte el subcomandantes insurgente Moisés declaró
que “acompañarían” a los familiares en su lucha por encontrar a sus
hijos, situación que al parecer superará la retirada política que desde
2006 había realizado la dirección del EZLN de la escena nacional.
Los
sectores que planean organizar la lucha por una Asamblea Constituyente
convocan para el 5 de febrero, día en que se conmemora la adopción de
la Constitución de 1917 producto de la Revolución mexicana, su primera
reunión del año. También los estudiantes se reúnen para organizar
nuevos paros. En el seno de los grupos socialistas y revolucionarios
hay discusiones y pláticas que anuncian coaliciones y frentes. Una
tarea impostergable del 2015 será la de concebir y aplicar la
estrategia para que los trabajadores arrojen su poderosa fuerza en la
balanza de esta lucha para hacerla invencible.
Para los grupos
socialistas y comunistas revolucionarios su objetivo deberá incluir,
sin alejarse de la gran corriente social masiva, apresurar la
convergencia para constituir una masa crítica organizadas que permita
que el programa en favor de un gobierno de los trabajadores se
convierta en la guía estratégica hacia la victoria de la rebelión
democrática en marcha.
Estas líneas se escriben el día en que se
cumplen 100 días de la desaparición de los 43. Han sido cien días en
que la población de México presenció un cambio abrupto de su
consciencia política y en el que amplísimos sectores sociales en
marchas, en mítines, en auditorios, en cines, en escuelas, en
sindicatos, en iglesias y en numerosos lugares se oyeron las voces
multitudinarias que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... hasta
llegar a 43 y culminaban con un grito que exigía ¡JUSTICIA!
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