La
recién promulgada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes aún requiere modificaciones, para que garantice derechos
sexuales y reproductivos y refleje la realidad de la infancia migrante,
reclamaron expertas.
Nashieli Ramírez Hernández, directora de Ririki Intervención Social, dijo a Cimacnoticias que en cuanto la Cámara de Diputados inicie su próximo periodo de sesiones (1 de febrero) “vamos (las organizaciones civiles a favor de la infancia) a seguir cabildeando con las y los legisladores para que modifiquen lo que quedó pendiente en la ley”.
La activista explicó que ante el apuro para la aprobación de esta normatividad que dicta garantías a las y los menores de edad, las y los senadores aprobaron algunas modificaciones que se hicieron en la Cámara baja y que desconocen –por ejemplo– los derechos sexuales y reproductivos de la infancia.
Las agrupaciones promoverán que las y los diputados instauren mesas de discusión e impulsen reformas; están desarrollando programas locales para subsanar las carencias actuales de la ley, y buscarán sensibilizar a las y los próximos legisladores para que se mantengan en el tema, y vigilen cómo operará la norma los próximos años.
La experta agregó que ahora que la Ley de Infancia está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se debe vigilar la creación y operación a mediados de este año de las Procuradurías de Protección de las Niñas y los Niños y el Sistema Nacional de Protección Integral, estipulados en la ley.
Nashieli Ramírez criticó que la norma no señala cómo deberán funcionar las defensorías, ya que es decisión de los gobiernos locales si éstas dependerán del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de las procuradurías de Justicia en los estados, o de los órganos locales de Derechos Humanos.
Además, tampoco queda claro el presupuesto en los estados y de dónde saldrán los recursos para la operatividad de la ley, ya que por una “cuestión técnica” no se programaron recursos federales etiquetados para la normatividad en 2015. “Esta omisión –advirtió– podría derivar en que no se cumplan las expectativas para este primer año”.
En tanto, Gabriela Morales Gracia, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, observó que la ley dejó “grandes vacíos” en el tema de la niñez migrante.
Uno de los aspectos más preocupantes –explicó– es que señala que cuando un menor de edad migrante solicita refugio en México debe ser remitido al Instituto Nacional de Migración (INM), donde las políticas que rigen la institución no priorizan la protección de la niñez, sino que sólo ven por “la seguridad nacional”.
Además, la norma mandata a las autoridades a observar los procedimientos de atención previstos en la Ley de Migración, pero ésta no ha sido modificada para evitar la detención de las niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias o instancias del DIF.
El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el DOF la ley que dicta garantías para la infancia, luego de tres meses de discusión en el Congreso de la Unión.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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