Uno
de los carteles de la masiva campaña No Hay Excusas, realizada por el
Conapees, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Unicef.
Crédito: Cortesia de Conapees
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Karina Núñez Rodríguez tenía solo 12 años cuando se vio empujada a la
prostitución. Ahora con medio siglo de vida y seis hijos, es una de las
voces más elocuentes contra la explotación sexual de niñas y
adolescentes en Uruguay, un país reacio a reconocer esta creciente
lacra.
Su apellido materno, Rodríguez, “tiene todo que ver con lo que hago
y con lo que soy”, dice a IPS al explicar por qué quiere figurar con
ambos esta mujer que, pese a sus múltiples aportes, no tiene otros
ingresos que el trabajo sexual.
En
Uruguay, una gran cantidad de menores, la gran mayoría niñas, son
arrancados de su infancia y ofrecidos como mercadería a cambio de pagos
variables: un paquete de cigarrillos, una dosis de drogas, una tarjeta
de teléfono móvil, comida, vestimenta, refugio o dinero. Los explotan
miembros de sus familias, vecinos o redes criminales, pequeñas o más
articuladas.
Tal como su abuela, su madre también fue una niña explotada. Ahora
ella se enorgullece de haber quebrado este círculo familiar de
servidumbre y marca una fecha simbólica: cuando su hija menor cumplió
12 años siendo una niña alegre y pronta para ingresar a la escuela
secundaria.
En Uruguay, una gran cantidad de menores, la gran mayoría niñas, son
arrancados de su infancia y ofrecidos como mercadería a cambio de pagos
variables: un paquete de cigarrillos, una dosis de drogas, una tarjeta
de teléfono móvil, comida, vestimenta, refugio o dinero. Los explotan
miembros de sus familias, vecinos o redes criminales, pequeñas o más
articuladas.
La dueña de un negocio alimentario organiza bailes en su tienda los
días de paga de los peones rurales del lugar, e invita a niñas de 12
años de su vecindario. Las pequeñas pasan sus noches bebiendo, bailando
y manteniendo relaciones sexuales en las instalaciones exteriores de
una capilla cercana.
El propietario, de 74 años, de un hotel en una zona turística paga
el viaje de una quinceañera, que vive a cientos de kilómetros, para
tener sexo con ella. Después, le envía dinero a sus explotadores, pero
elude ser procesado alegando que ignoraba que la adolescente era menor
de 18 años.
Un alto funcionario de un departamento (provincia) organiza una
fiesta con adolescentes, alcohol y cocaína en un edificio gubernamental
y es hallado en flagrancia cuando, ya borracho, se va en su automóvil
con una de las jovencitas.
Una red, conformada por camioneros y los padres de dos de las
víctimas, obliga a varias niñas a tener relaciones sexuales con
conductores de camiones en tres pueblos diferentes.
Casos como estos son noticia cada semana en Uruguay. En 2010, el
gobierno declaró el 7 de diciembre como día nacional contra la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero todavía no
puede medir los alcances del crimen, penado con hasta 12 años de
prisión por una ley de 2004. La prostitución adulta es legal en el país y está regulada por el Estado.
Al menos 1,8 millones de menores son explotados en la prostitución o la pornografía en el mundo, según Ecpat,
una red mundial de organizaciones dedicadas a combatir estos delitos.
Casi 80 por ciento de la trata de personas es para la explotación
sexual, y más de 20 por ciento de las víctimas son niñas y niños.
Desde 2010 hasta septiembre de este año, la justicia procesó 79
casos que involucraron a 127 acusados. Solo 43 de ellos recibieron
condena, según un informe publicado por el Poder Judicial.
Pero las denuncias policiales van en aumento. En 2007 fueron 20, en
2011 llegaron a 40, en 2013 fueron 70, y en los 10 primeros meses de
2014 superaron las 80. “Cada caso no afecta solo a una niña o un niño.
Puede implicar a cuatro o cinco”, dice a IPS el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Conapees), Luis Purtscher.
Además, los perpetradores superan en número a las víctimas. “En una
sola noche, una chica puede tener cinco o 10 relaciones”, agrega.
En los últimos cinco años, Conapees entrenó a 1.500 empleados
públicos, incluyendo educadores, trabajadores sociales, agentes
policiales y fiscales. “Tenemos 3.000 ojos y oídos más, con algún grado
de entrenamiento para detectar y denunciar”, agrega, como otra razón
por la que los casos aumentaron.
La violencia de género juega también un papel relevante. En una
lista de 12 países latinoamericanos, más España y Portugal, Uruguay
tiene la tasa más alta de mujeres asesinadas por sus parejas actuales o
pasadas cada 100.000 habitantes, sostiene un informe publicado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
Dentro de una campaña de sensibilización, el Conapees publicó un
aviso en la prensa escrita: “Chicas, muy chicas”, seguido de un número
de teléfono que recibió 100 llamadas el primer día y 500 el primer fin
de semana.
Por todos lados
Denunciar es peligroso, pero estos crímenes y sus víctimas no están
ocultos. La fotógrafa belga Susette Kok registró muchos sitios públicos
en una exhibición y un libro en el que retrató a 27 personas que fueron
víctimas infantiles de explotación sexual y ahora, invariablemente, son
trabajadoras sexuales.
“Fue muy fácil encontrar la explotación. Está por todos lados”, dice a IPS.
La “casita del amor”, un conjunto de muros derruidos, con el suelo
cubierto de condones usados, aparece al lado de una iglesia en Fray
Bentos, en el sudoeste uruguayo. Un oxidado “contenedor de pasiones”
emerge en una instalación deportiva y, otra vez, junto a una iglesia, a
la entrada de Young, en el occidente del país.
Decenas de lugares similares se diseminan por el país: un banco en un
campo de fútbol vecinal, un grueso árbol junto a un puente, que la
ironía bautizó “sexo ecológico”, chozas, clubes y “bares de camareras”.
Núñez Rodríguez se convirtió en activista tras presenciar el
sufrimiento de jovencitas sometidas al “proceso de ablande” en las
“whiskerías” (prostíbulos y expendios de alcohol): “torturas,
penetraciones forzadas y colectivas, golpizas”, destinadas a crear “tal
lazo de temor entre la víctima y el explotador que la chica se pueda
quedar toda la noche parada en una esquina en cualquier parte sin
siquiera pensar en ir a la policía”, describe.
Ella cuenta como un logro haber presentado 27 denuncias a las
autoridades. De esos casos, “participé en nueve procesamientos y tengo
el honor de que la gente confía en mí y me aporta más y más pruebas
certeras”, sostiene. Revisa personalmente los datos y se apoya en una
red de ocho amigas y colegas en distintas ciudades del país. “Gracias a
Dios, tenemos WhatsApp”, sonríe.
En 2007, junto a otras compañeras crearon el Grupo Visión Nocturna
para promover una postura independiente de las autoridades en
cuestiones de salud vinculadas a la prostitución y para exigir respeto
hacia las trabajadoras sexuales.
En 2009, poco después de denunciar en una comisaría de una pequeña
ciudad del interior que dos adolescentes iban a ser traficadas, un
supuesto cliente la invitó a su auto. Viajaron 20 kilómetros hacia las
afueras. “Nueve tipos me dieron una paliza. Estuve 11 días en cuidados
intensivos y tres meses sin poder caminar”, relata.
Cuando se recuperó, “volví a denunciar el mismo delito”, asegura. Ha
sufrido amenazas de muerte y asume que alguna puede materializarse.
En el oeste de Montevideo, terminales de autobús, parques,
autopistas, cantinas e incluso viviendas particulares son los sitios en
los que se perpetran crímenes sexuales contra niñas y niños, señala el
informe “Un secreto a voces”, escrito por Purtscher y otros siete especialistas que entrevistaron a más de 50 personas.
El área está atrayendo grandes inversiones y mano de obra masculina,
que podrían agravar la situación, pero carece de mecanismos para
asistir a las víctimas, según indicaron varias fuentes. Tampoco los
tiene el país. Un programa gubernamental de asistencia creado en 2013
con ese fin está desfinanciado y cuenta solamente con dos equipos
propios.
Esta lenta respuesta oficial exaspera a Karina Núñez Rodríguez. “Cuando un niño es explotado, no se puede esperar”, dice.
Editado por Estrella Gutiérrez
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