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Videgaray, Peña y Del Mazo. Cofradía priista. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Para renovar la Cámara de Diputados, el PRI recibió ayer
el registro y está por dictaminar las precandidaturas de personajes
implicados en actos de corrupción, delitos del servicio público y
electorales, o bien, en escándalos por autoritarismo y desmesura
ventilados recientemente.
Por todo el país, la casi segura postulación de priistas polémicos,
algunos en proceso de investigación con expedientes abiertos, es el
común denominador en las listas de registro integradas el pasado
miércoles en los comités estatales del PRI, como se puede observar en
un muestreo realizado por Apro.
De los 300 distritos que se renovarán en junio próximo, 127 se
resolverán por el procedimiento denominado Convención de Delegados. El
resto serán candidaturas de unidad, coloquialmente llamadas “dedazo”.
Entre los beneficiarios de esta práctica, se encuentra Alfredo del
Mazo Maza, hasta ayer titular de Banobras, quien contenderá por el
distrito XVIII con sede en Huixquilucan, Estado de México. Heredero de
nombre y activos políticos que por tercera generación han mantenido su
presencia en esa entidad y la política nacional, Del Mazo es primo del
presidente Enrique Peña Nieto.
En su edición 1985, Proceso publicó un reportaje sobre los contratos
asignados a Grupo Higa –la empresa que construyó y financió las
residencias de la primera dama, Angélica Rivera y del secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, respectivamente– durante la presente
administración federal.
Bajo la dirección de Del Mazo, Banobras financió a Grupo Higa la
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a través de la
subsidiaria Autopistas de Vanguardia. Además, autorizó el
financiamiento para la construcción y operación de un hospital público
a Constructora y Edificadora GIA+A –propiedad de Hipólito Gerard,
cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari–, a la que está
financiando el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa (Proceso 1990).
GIA+A y Grupo Higa fueron dos de las empresas a las que se asignó y luego canceló la construcción del tren México-Querétaro.
Paloma Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos, ayer
renunció a la subsecretaría de Gobernación para contender por el
Distrito VIII, con sede en Tampico, Tamaulipas.
Apenas el pasado lunes participó en un acto del presidente Peña
Nieto, para iniciar un programa de expedición de actas de nacimiento
para todo el país, implementado durante su gestión en la subsecretaría,
pues de ella dependía el Registro Nacional de Población e Identidad
Personal (Renapo).
Con ella renunció también Alejandro Armenta Mier, quien era titular
del Renapo. El hoy exfuncionario federal estuvo implicado en un
escándalo a inicio de esta semana, pues en el evento mencionado fue
quien echó de Los Pinos al actor Sergio Mayer, quien representó al
presidente de la República en la película “La dictadura perfecta”.
Sin embargo, la renuncia de Armenta Mier, político poblano ligado al
exgobernador Mario Marín, no fue por el escándalo de intolerancia, sino
para contender por el distrito VII, con sede en Tepeaca, Puebla.
El caso de Armenta Mier no es el único de quienes, envueltos en la
polémica, han abandonado el gobierno federal en fechas recientes. La
última semana de diciembre de 2014, Heliodoro Díaz Escárraga,
funcionario del Infonavit, protagonizó un escándalo luego de presumir
en redes sociales que regaló a su hijo homónimo — funcionario de
Liconsa— un automóvil Porshe Cayman valuado en más de un millón de
pesos.
Sin embargo, la dimisión de Díaz Escárraga fue en realidad por
motivación política, pues al margen de que la Secretaría de la Función
Pública anunció que investigará el caso del costoso regalo, el hoy
exfuncionario se registró como precandidato del PRI al Distrito VI, con
cabecera en Tlaxiaco, Oaxaca.
Escándalos y expedientes abiertos
También en Oaxaca, otro priista polémico pretende ser diputado
federal. Se trata de Cándido Vitálico Coheto Martínez, quien enfrenta
una investigación por un desfalco millonario en el Colegio de
Bachilleres de Oaxaca.
La peculiaridad del aspirante –ligado al grupo del exgobernador José
Murat— es que, de acuerdo con medios locales, ha sido investigado por
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por
coleccionar animales exóticos en su domicilio.
Las acusaciones por desfalco son frecuentes. Por ejemplo, en
Córdoba, Veracruz se registró como precandidato Juan Lavín, a quien la
prensa local identifica como compadre del gobernador Javier Duarte.
A Lavín le reprobaron la cuenta pública de 2010 como alcalde de
Córdoba, debido a un faltante de 90 millones de pesos, de los cuales
sólo solventó la mitad.
El reportero Alejandro Villarreal publicó una perla provinciana:
Esposa de Juan Lavín, la diputada local Paulina Murguía reclamó a sus
compañeros de la Comisión de Vigilancia que ventilarán los resultados
de la cuenta pública. Incluso, les aseguró que como presidenta del DIF
se percató de que todos los movimientos financieros durante la alcaldía
de su marido estuvieron apegados a derecho.
Esos delitos son menores en comparación con las acusaciones por
delincuencia organizada y lavado de dinero que enfrentó el excandidato
a la gubernatura de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, quien fue
colocado en la lista de más buscados por la Interpol.
El priista consiguió un amparo en 2012 y denunció al entonces
gobernador de esa entidad, Juan Sabines, de perseguirlo con
motivaciones políticas. A tres años de distancia, ayer obtuvo su
registro por el Distrito XII con cabecera en Tapachula.
Caciquiles, represivos y mapaches
Alcalde con licencia de Naucalpan, Estado de México, David Sánchez
Guevara se registró para contender por el Distrito XXIV. Este
gobernante también tiene expedientes abiertos, uno por reprimir y
desalojar con violencia un campamento ciudadano que protestaba contra
su gestión y otro por investigaciones en materia administrativa.
Otro político con denuncias por represor es el sonorense Próspero
Ibarra Otero, quien aspira a ser diputado por el Distrito VII en esa
entidad. Fue alcalde de Huatabampo, donde al concluir su administración
fue severamente cuestionado por la contraloría municipal que le detectó
irregularidades graves. Inclusive, la contralora Flora Millanés
denunció que era objeto de amenazas e intimidaciones por parte del
priista.
Los caciquismos se mantienen. Trinidad Padilla López, junto con su
hermano Raúl, ha mantenido desde los años 90 el control de la
Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de
Guadalajara (FEG), a través del llamado Grupo Universidad.
Envueltos en la polémica, enfrentando severas críticas por su
desempeño arbitrario, los Padilla se han confrontado con gobernadores y
el gobierno federal, hasta doblegar a sus malquerientes. Ayer, Trinidad
se registró como precandidato al Distrito XIII de Jalisco.
En Tabasco, otro cacicazgo se ha hecho presente para el proceso
electoral en puerta. Se trata de José del Pilar Córdova Hernández,
acaudalado cacique del sindicato petrolero –miembro de la elite de
Carlos Romero Deschamps– que ha enfrentado denuncias por
enriquecimiento y tiene un juicio político pendiente en el congreso
local. Él contenderá por la postulación en el Distrito VI.
Y es que, la candidatura le será disputada por Jesús Alí de la
Torre, excandidato a la gubernatura de esa entidad, sobre quien pesaron
acusaciones por el desvío de 460 millones de pesos durante su gestión
como alcalde de Centro.
En realidad, Tabasco es la entidad que tiene más casos polémicos.
Por ejemplo, los exalcaldes de Comalcalco, Gregorio Arias Pérez y
Alejandro Medina Custodio, enfrentaron problemas legales. A Arias
Pérez, quien contenderá por el Distrito III, le reprobó el congreso
local la cuenta pública por un desfalco superior a los 35 millones. Sin
embargo, una maniobra legislativa operada por el entonces gobernador
Andrés Granier permitió la aprobación de la cuenta sin solventar el
faltante.
Medina Custodio enfrentó cargos por delitos electorales debido a
operaciones irregulares en 2012. Ahora, contenderá por el Distrito III.
Si bien, el caso de Medina Custodio se cerró, hay otros priistas con
expedientes abiertos, como el de Adriana Terrazas Porras, quien se
desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en Ciudad Juárez.
La indagación de la Procuraduría General de la República (PGR) por
presunto desvío de recursos con fines electorales motivó que la
funcionaria se separara del cargo; el pasado lunes renunció
definitivamente a su posición en el ayuntamiento.
Entrevistada el miércoles por el Diario de Juárez, luego de registrarse como precandidata al Distrito IV, explicó:
“No es un impedimento (la averiguación previa) para la candidatura
porque no estoy vinculada a proceso, hay una denuncia exclusivamente,
pero no hay vinculación y con la certeza que tengo de que no cometí
ningún delito estoy esperando la resolución de la PGR dadas las
investigaciones que tengo conocimiento que han realizado, pero no estoy
impedida ante la ley para poder tener la legítima aspiración”.
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