Mathieu Tourliere
MÉXICO,
D.F., (apro).- En víspera del encuentro que sostendrán este martes
Enrique Peña Nieto y Barack Obama en Washington, el periódico New York
Times publicó hoy un análisis en el que la directora de la oficina de
Associated Press en México, Catherine Corcoran, califica de “gobierno
sin respuestas” a la administración del mandatario priista ante los
repetidos escándalos que la mancharon durante el 2014.
Según Corcoran, durante su mensaje de Año Nuevo, el presidente
mexicano prometió ser un “mejor oyente”, así como luchar contra la
corrupción y la impunidad, pero subraya que Peña Nieto “otra vez no
ofreció nada concreto”.
En esta ocasión, si bien el mandatario reconoció que la violencia
sacude el país y que esta situación no puede permanecer así, Corcoran
deplora que su única respuesta fue “que 2015 sería un año con menores
facturas de gas, luz y teléfono, gracias a las reformas”.
Y recuerda que dichas reformas aún no produjeron los efectos en
términos de inversión y crecimiento que prometió el gobierno al abogar
por ellos.
Lo anterior, según Corcoran, representa “una de las razones
principales por las cuales la tasa de aprobación (de Peña Nieto)
alcanzó 38%, la más baja por un presidente mexicano desde la crisis del
peso, hace 20 años”.
Los mexicanos, según la directora de la oficina de AP en el país,
repudian a los partidos tradicionales, “dejando pocas opciones para los
decepcionados por Peña Nieto”.
Apunta que, al volver al poder en 2012 después de dos sexenios
panistas, el PRI se presentó como “arrepentido y reconstruido”, pero
observa que el “nuevo PRI” se resumió a “políticos jóvenes operando con
las viejas reglas del juego”.
Las críticas no se originan solamente en México, apunta Corcoran, al
observar que “la cobertura de los medios extranjeros, antes favorable,
se volvió feroz” durante el año.
Escándalos
Durante el 2014, “todos los niveles de gobierno han sido ensuciados” en casos de corrupción, abunda Corcoran.
“Se descubrió que presidentes municipales y policías estatales
lambisconearon con el crimen organizado, mientras los fiscales
estuvieron más interesados en resolver problemas políticos que
crímenes”.
Corcoran escribe que, más allá del discurso, el presidente mexicano
esperó un mes antes de reunirse con los familiares de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y llamó a superar el caso
“apenas semanas después de su secuestro”.
En reacción a la tragedia de Iguala, “decenas de miles de personas
tomaron las calles”, recuerda Corcoran, al añadir que “aún
instituciones generalmente cuidadosas en criticar al gobierno”, como la
Iglesia Católica Romana, hicieron declaraciones sobre el caso.
Detalla que, en respuesta a las protestas, el gobierno “(envió)
policías a castigar a los manifestantes y (describió) a los disturbios
como un complot para desestabilizar el gobierno y socavar las reformas”.
Al estallar el escándalo de la llamada Casa Blanca de Las Lomas,
“construida y financiada por uno de los contratistas consentidos del
gobierno” –Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la empresa Grupo
Higa–, el gobierno trató de justificar al presidente al aseverar que la
casa, estimada a 7 millones de dólares, pertenecía a su esposa.
Sin embargo, “los mexicanos contestaron con irreverencia a los
argumentos de Peña Nieto, que vieron como arrogancia y desconexión”,
señala Corcoran.
Y no sólo ellos: la corresponsal de la cadena CNBC en México,
Michelle Caruso Cabrera, declaró al titular de la Secretaría de
Hacienda Luís Videgaray que “si Barbara Bush (la esposa del
expresidente estadunidense George W. Bush) viviera en una casa
construida por (el grupo petrolero) Halliburton, su esposo hubiera sido
destituido”.
Asimismo, Corcoran denuncia que la Procuraduría General de la
República (PGR), bajo el mando de Jesús Murillo Karam, no investigó la
masacre extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya sino hasta tres meses
después que periodistas revelaran la actuación criminal del Ejército.
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