“Desde
el primer momento no hemos creído al gobierno federal, a cada rato
salen con sus mentiras. Tenemos claro que su intención es cerrar el
caso [Iguala-Ayotzinapa], que éste quede en el olvido como muchos
[otros] que han cometido, pero definitivamente no vamos a descansar. Lo
que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos”, Felipe De la
Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, diciembre
2014.
“No importa el día, la lluvia o el sol, nosotros
continuaremos con nuestra exigencia que es y seguirá siendo la misma,
presentación con vida de nuestros compañeros y que sepa el gobierno que
el 2015 será nuestro año", Omar García, vocero de los estudiantes de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 26 de diciembre 2014.
Suspicacia y desencuentro
A poco más de tres meses de los hechos de violencia de Iguala y pese a
las decenas de personas detenidas por estar involucradas (material e
intelectualmente) en las desapariciones y asesinatos, sigue sin saberse
del paradero de los más de cuarenta estudiantes normalistas que fueron
secuestrados el 26 de septiembre de 2014. Desde su inicio y a causa de
diversas irregularidades e inconsistencias, las indagatorias oficiales
(primero estatales y posteriormente federales) despertaron un halo de
suspicacia e incertidumbre. No obstante, ahora, con la información
difundida hace varias semanas por múltiples medios de comunicación
acerca de que datos y evidencias claves (testimonios de normalistas y
reportes provenientes de los aparatos de seguridad) deliberadamente
fueron descartados y de que análisis científicos ponen en entre dicho
la versión difundida de la PGR (de que los estudiantes fueron
asesinados y calcinados en un basurero de Cocula), se ha incrementado y
generalizado en múltiples sectores de la sociedad la falta de
credibilidad respecto a la capacidad y voluntad política de las
instituciones federales de procuración de justicia para resolver el
caso Iguala. Muy lejos está el Estado de dar una respuesta verosímil y
satisfactoria a las tres demandas principales de los padres y
compañeros de los normalistas de Ayotzinapa: (1) presentación con vida
de los estudiantes desaparecidos; (2) esclarecimiento creíble y
fidedigno de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala; (3)
y, finalmente, castigo a todos los responsables (materiales e
intelectuales) de estos hechos, así como de aquellos que por omisión
y/o negligencia hayan tomado parte. Los asesinados y desaparecidos de
Ayotzinapa son sólo la agreste punta de un iceberg colosal que
demuestra que la impunidad y la negligencia son, desde hace décadas y
particularmente en relación a la violencia hacia los sectores populares
(estudiantes, maestros, campesinos e indígenas), una constante de la
vida política y social del país. Conforme pasan las semanas y meses, el
Estado demuestra de facto que para él hay vidas que valen menos y son
prescindibles.
Inicio viciado: evidencia sesgada e investigaciones parciales
El reclamo de que se incorporaron otras líneas de indagación en las
investigaciones oficiales del caso Iguala no es una petición nueva,
tiene antecedentes desde hace meses. Sin embargo, esta exigencia se ha
incrementado significativamente desde la reciente difusión de
información en torno a que no se estaba considerando, y de facto se
omitía, evidencia relevante respecto al caso Iguala-Ayotzinapa;
particularmente revelador fue el reportaje periodístico “la verdadera
noche de Iguala”, publicado el 14 de diciembre en la edición No 1989 de
Proceso. No obstante, ya desde los días posteriores al 26 de
septiembre de 2014 los padres y compañeros de los normalistas
asesinados y desaparecidos, junto con organismos sociales (como el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan), insistieron
reiteradamente que dentro de las indagatorias oficiales no se estaba
retomando información significativa relativa al caso. (1) Por un lado,
se dejaba de lado los múltiples testimonios de los normalistas
sobrevivientes y agredidos que vivieron y presenciaron los hechos, las
declaraciones de aquellos que sufrieron en carne propia los agravios de
las fuerzas de seguridad. (2) Y, por otra parte, tampoco fueron
incorporados como información pertinente para el esclarecimiento de los
hechos los registros audiovisuales que estos mismos estudiantes
lograron grabar con sus celulares la noche de la agresión.
Dicha evidencia apuntaba y sugería que, más allá de la versión que
públicamente ha postulado la PGR en relación al involucramiento único y
exclusivo de autoridades municipales y grupos del crimen organizado en
los hechos de Iguala, también habían sido participes (directa e
indirectamente) otras instituciones de seguridad del Estado mexicano.
Frente a este panorama surge una pregunta de respuesta obligada ¿En qué
investigación seria y cabal se omite deliberadamente y sin explicación
razonable videos de los acontecimientos y testimonios de las víctimas
que sufrieron de manera directa las agresiones y la violencia? La
carencia y falta de justa valoración de esta información clave no sólo
manifiesta una actitud deliberadamente negligente y fuertemente
sesgada, sino que, además del desdén e indiferencia oficial hacia los
deudos de las víctimas, contribuye directamente a propiciar situaciones
de impunidad (en la medida en que se dejó de lado evidencia fundamental
que contribuirá a la resolución del caso y quedó relegado el ejercicio
de la justicia y el castigo de todos los responsables).
Duda, refutación y sospecha: una versión muy improbable de los hechos
Las críticas que ponen en entre dicho la versión de la PGR sobre los
hechos de Iguala tiene dos vertientes (complementarias entre sí) y
ambas coinciden en apuntar la insuficiencia de información, evidencia
material y pruebas que han mostrado las indagatorias oficiales en el
transcurso de estos meses.
Notas:
(1) Una
de las refutaciones, sostenida por los físicos Jorge Montemayor del
Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde de la UAM-Atzcapotzalco,
recalca que, conforme a lo que hasta ahora se sabe y se ha hecho
público, no es posible que haya acontecido el asesinato e incineración
de los estudiantes en el lugar señalado por la PGR; lo cual conduciría
a abrir otras líneas de investigación y a la incorporación de otros
datos y evidencias que a todas luces han sido minusvalorados. Con base
en diversos análisis y explicaciones entorno a las condiciones
físico-químicas necesarias para cremar decenas de cuerpos (temperatura
necesaria, insumos e infraestructura materiales requeridos para ese
proceso de combustión, condiciones meteorológicas, entre otros),
concluyeron que, contrario a lo sostenido por la PGR, no es físicamente
factible que se hayan asesinado y calcinado a los normalistas en el
basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre; y que, si efectivamente se
asesinó y quemó a los jóvenes de esa manera, esto se llevo a cabo en
otro lugar y con el sustento de infraestructura material adecuada
(hornos especializados como crematorios) (La Jornada, 4 de enero 2015).
(2) El otro cuestionamiento se funda en información de una documentada y sólida investigación periodística (Proceso
1989, 1990 y 1991), que, recurriendo a testimonios de los normalistas
(sobrevivientes de los hechos de violencia) y a datos y reportes
obtenidos de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado
mexicano (el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo de
Chilpancingo, el C4) (Proceso 1989), señala tanto el
involucramiento de otros actores institucionales (la Policía Federal y
el Ejercito) como el hecho de que autoridades de diversos órdenes de
gobierno (estatal y federal) sabían en tiempo real lo que estaba
aconteciendo en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa durante la
noche del 26 de septiembre en Iguala y no hicieron nada por evitarlo.
Esta información viene nuevamente a cuestionar y sembrar serias dudas
sobre la versión de los hechos que ha difundido y defendido a capa y
espada la PGR y vuelve a poner sobre la mesa el tema de cuál es la
verdadera voluntad política del Estado mexicano para resolver el caso;
el recuento previo apunta más bien a que la intención de las
autoridades federales es dar carpetazo y cerrar el caso, con miras a
enterrar la crisis política en que se encuentra sumido el Estado desde
fines de septiembre pasado. Así mismo y a un nivel mucho más amplio y
general, plantea la inquietud de que, dado el involucramiento y
participación directa e indirecta de actores e instituciones estatales
en los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa y
las circunstancias de impunidad que han rodeado el caso Iguala, el
Estado mexicano y sus instituciones no son capaces ni de garantizar la
seguridad de sus ciudadanos, ni de impartir justicia y castigar hechos
criminales. En el contexto de un Estado cómplice, negligente y que
fomenta de facto la impunidad, los padres y compañeros de los
normalistas, junto con amplios sectores de la sociedad, han exigido y
pedido que también se lleven a cabo investigaciones independientes y
externas (como las que realiza el Equipo Argentino de Antropología
Forense) y que intervengan organismos internacionales (como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) en la búsqueda de los desaparecidos
y la resolución del caso.
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