Página/12
La nueva hipótesis científica en que trabajan los
investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo
Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel
Atzcapotzalco, se centra en los crematorios del Ejército y en privados,
donde probablemente habrían sido llevados los 43 estudiantes
desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Ambos investigadores
desmontaron el pasado 10 de diciembre, con argumentos técnicos, la
versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que afirmaba
que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio
de Cocula, Guerrero.
Ahora, con nuevas evidencias, la línea
indagatoria se dirige al Ejército, por su presunta implicación en la
desaparición forzada de los normalistas: La hipótesis es bastante
probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en
crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con
instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de
cadáveres), dice en entrevista con el diario La Jornada el doctor Jorge
Antonio Montemayor Aldrete.
Los investigadores han empezado a
buscar información sobre la actividad de los crematorios militares, no
sólo por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino
por dos vías más: la fiscal y la empresarial.
Además de reclamar
al Ejército que colabore, los investigadores de la UNAM y la UAM
también le piden a las compañías que entregan gas regularmente a los
campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y
28 de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que
vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad
vendió y obligación por cinco años de retener esa información para
Hacienda.
Montemayor Alderete fundamentó su hipótesis con un
estudio del departamento de sustentabilidad, medio ambiente, agua,
población y comunidades del gobierno de Australia, que indica que el
consumo para realizar una cremación humana es de 53.285 kilogramos de
fluido. Eso significaría que ningún otro cadáver se cremaría allí.
Además, implicaría un control que sólo podría ejercer el Estado sobre
la crematoría privada, algo muy poco probable. Es más factible el horno
del Ejército, explicó.
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