Los reportajes sobre dos casas de la primera dama, Angélica Rivera, así como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pusieron en evidencia los conflictos de interés y la corrupción.
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Hablar
de 2014 es recorrer 12 meses en donde vivimos desde la discusión de las
reformas energéticas secundarias, que posicionaron en el extranjero
–pagos de por medio- a Enrique Peña Nieto como un supuesto presidente
transformador y reformista; hasta hechos terribles y dolorosos que
ubicaron en el mundo entero al presidente y al país entero como un
paraíso para la corrupción y un lugar en donde violar derechos humanos
no sólo no tiene consecuencias, sino que se protege a los gobernantes
que así lo hacen.
Los hechos de 2014
Lo sucedido en Iguala y Cocula, respecto a la desaparición de ahora
42 estudiantes, y el asesinato de 7 personas, incluidos 4 estudiantes
más, pone en evidencia la falta de capacidad del Estado, que por
negligencia jamás ha querido asumir la responsabilidad de aceptar la
competencia de Comités internacionales especializados en la materia, ni
ha querido generar leyes eficientes al respecto.
En México no existen protocolos de búsqueda adecuados a estándares
internacionales, ni existe el delito tipificado en la mayoría de las
entidades de desaparición forzada. A nivel federal, la pena por
homicidio o secuestro es mucho más alta que la que corresponde a una
desaparición forzada y este es claramente uno de los pendientes
legislativos que se deben abordar de manera inmediata si aspiramos a
contribuir a una verdadera reparación para las víctimas y a garantizar
el derecho a la verdad.
Las 14 medidas anunciadas por el Gobierno Federal para “evitar” que
estos actos vuelvan a cometerse no son más que un engaño. Se anuncian
como órdenes lo que son compromisos establecidos por leyes previamente
aprobadas, y la generación de un número único de seguridad poco servirá
para que la ciudadanía denuncie, cuando los encargados de la
investigación a menudo participan en la comisión de los delitos. No, no
todo es culpa de los municipios, no todas las policías municipales son
corruptas, y crear 32 corporaciones estatales de mando único es
responsabilizar a los municipios, a través de la centralización, de
irresponsabilidades gubernamentales de los estados y del Ejecutivo.
Tlatlaya y Chalchihuapan
Estos dos graves hechos, en los que se ejecutaran de manera
extrajudicial a 22 personas, y se terminara con la vida de un menor de
edad, ponen en evidencia la impunidad que existe en los gobiernos
respaldados por Peña Nieto, en los que los gobernadores pueden violar
derechos humanos –incluido el derecho a la vida-, encubrir los hechos,
dar versiones a modo, emplear a los medios para mentir, y no pasa
absolutamente nada.
Ambos hechos también evidenciaron al anterior titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva,
quien en momentos iniciales respaldara las versiones oficiales,
relegando su obligación de apoyar a las víctimas a un segundo plano.
En el caso de Tlatlaya, Eruviel Ávila felicitó en un primer momento
al Ejército por su “heroica” actuación, al enfrentarse a un grupo de
delincuentes, abatiéndolos. No fue sino hasta que la prensa extranjera
publicara las declaraciones de una sobreviviente, que se confirmaron
las sospechas iniciales: las 22 personas fueron ejecutadas
extrajudicialmente, y no en un enfrentamiento.
Lo sucedido en Chalchihuapan evidencia que una ley (la Ley Bala)
violatoria de derechos humanos y que fuera denunciada por
organizaciones no gubernamentales (ONG) sí puede tener las
consecuencias mortales que se afirman. La CNDH, después de la presión
ejercida por estas mismas organizaciones y la sociedad civil, tuvo que
admitir que a José Luis Tehuatlie Tamayo lo mató un proyectil
policiaco, refutando así las versiones emitidas por el propio
gobernador, Rafael Moreno Valle.
Hasta el día de hoy, ninguno de los gobernadores ha sido sometido a
ningún tipo de proceso por falsedad de declaraciones. Tanto Eruviel
Ávila como Moreno Valle gozan de impunidad y protección presidencial.
La “Casa Blanca”
Los reportajes sobre dos casas de la primera dama, Angélica Rivera,
así como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que fueron
vendidas por empresas de uno de los máximos contratistas del gobierno
federal, Juan Armando Hinojosa, pusieron en evidencia los conflictos de
interés y la corrupción imperante en el gobierno federal, en la misma
casa del Presidente.
Aunque la familia presidencial ha insistido en que la transacción
fue legal, y han confirmado que la empresa Televisa ha tenido parte en
ello, hasta ahora no han existido evidencias claras que confirmen los
hechos, ni se ha hecho pública la información que corrobore lo dicho
por Angélica Rivera en el video en el que regañó a las mexicanas y
mexicanos por cuestionarla.
Tan sólo un mes después, el 11 de diciembre, el diario The Wall Street Journal
publicó que Luis Videgaray compró en octubre de 2012 una casa a otra
empresa propiedad de Hinojosa. Este caso simplemente fue atendido con
la negativa del secretario de haber incurrido en cualquier clase de
faltas o delitos.
Detenciones arbitrarias
Los casos de la Casa Blanca, pero en particular, la desaparición de
43 estudiantes normalistas, desataron la realización de diversas
marchas masivas en México y en otros. En la Ciudad de México, capital
del país, estas manifestaciones conllevaron la detención arbitraria de
múltiples personas, algunas habían participado en las movilizaciones y
otras no, ninguna de ellas fue detenida en flagrancia y sí se pudo
acreditar su inocencia, ante la falta de evidencias de los acusadores,
en su mayoría policías que incluso contradecían sus propias
declaraciones.
Fue también el año en el que para detener a una persona que
participa en una marcha, se le imputaban cargos como asociación
delictuosa, motín o incluso intento de homicidio.
Todas han sido detenciones arbitrarias.
Ante estos hechos, lejos han quedado los anuncios espectaculares del
seudoreformista Peña Nieto que “salva a México”, así como los anuncios
de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más
buscado del mundo, y cuyo cártel sigue operando tan bien como siempre.
El año 2015 depara un destino incierto e inestable para el país. La
crisis económica sigue siendo un tema de alerta entre los sectores
especializados, que ante la falta de cumplimiento de las expectativas
del 2014 temen lo peor para este año. Si a esto sumamos que el gobierno
federal no ha podido resolver las crisis anteriormente mencionadas, y
que incluso el anuncio que habían hecho de detener los gasolinazos en
2015 fue traicionado por ellos mismos, el panorama no es en lo absoluto
alentador.
Es también un año electoral, el primero que enfrentará el
recientemente creado Instituto Nacional Electoral, producto de la
reforma político-electoral. Este organismo no solo tendrá que operar
con nuevas reglas que probarán por primera vez, también deberán hacerlo
en un país convulsionado y polarizado.
México sigue debiendo a los derechos humanos, a pesar de los hechos
recientes el Estado Mexicano aún no ha aceptado la competencia del
Comité Internacional de Desapariciones Forzadas, ni se ha emitido
ninguna ley sobre desaparición forzada, en esta materia el Ejecutivo
federal no tiene interés en enviar iniciativas de ley y anunciarlas con
bombo y no se ha eliminado el arraigo, no se han aprobado las leyes
reglamentarias que ordena la reforma constitucional de 2011 en materia
de asilo y refugio; suspensión y restricción de derechos y garantías;
expulsión de personas extranjeras; ni se ha logrado la eliminación de
la tortura en los procesos de investigación de delitos.
2015, un año difícil que ya estamos enfrentando y la única lección,
tal vez la más valiosa, es que la unidad social y la exhibición pública
de las violaciones a derechos y la corrupción son la más poderosa arma
con la que podemos contar, en un país en el que las instituciones aún
no logran liberarse del poder opresor de quienes desde el gobierno
federal hacen de nuestro país y nuestros recursos un cheque en blanco.
Tenemos la convicción que en el 2015 empezará la transformación
obligada de nuestra nación por la vía pacífica frente al fracaso del
gobierno de Peña Nieto y sus cómplices.
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