Duarte en el aeropuerto de Guatemala. Foto: AP / Moisés Castillo
Hasta este 22 de agosto, en ninguna parte del sitio en internet de la
Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Holanda aparece información
acerca del supuesto momento “histórico” que el pasado 9 de agosto
anunció el diputado local de Monterrey Samuel García.
El anuncio, con bombo y platillo –que publicó un sinnúmero de medios
mexicanos–, fue que aquel tribunal internacional había “admitido” la
“denuncia”, que el mismo diputado había interpuesto el 4 de julio
anterior por crímenes de lesa humanidad en contra del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
El diputado de Movimiento Ciudadano aseguró, según citan medios
impresos y portales digitales, que “la demanda (en contra de Duarte) se
admite, (y) empiezan a correr los tratados oficiales”. García se jactó
de estar escribiendo una página “sin precedentes”, al ser el del
exgobernador Javier Duarte “el primer caso mexicano que se admite en la
CPI y el primero de lesa humanidad en materia de salud pública”.
De acuerdo con la narración del diputado neoleonés, ese primer caso
mexicano que “admite” la fiscalía de la CPI está relacionado con la
aplicación, durante el gobierno de Duarte de Ochoa, de 70 mil pruebas de
Sida falsas y quimioterapias efectuadas con simple agua destilada.
La supuesta noticia, sin embargo, salta por inverosímil.
Como menciona Jimena Reyes, la responsable en Europa para
Latinoamérica de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
“los procesos en la CPI suelen ser muy largos”.
Reyes conoce con precisión el sistema de la CPI. Ella ha entregado a
la fiscalía, a nombre de la FIDH, información (llamadas “comunicaciones”
en el lenguaje de la Corte) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad
cometidos en Colombia y México, y que recaen en la jurisdicción de la
CPI.
De hecho, dos días después de que el diputado García entregó a la
fiscalía de la CPI en La Haya su “comunicación”, Reyes presentó otra de
la FIDH en la que se acusa a narcotraficantes y fuerzas de seguridad del
Estado mexicano de cometer crímenes de lesa humanidad, específicamente
en Coahuila.
Reyes se refiere a procesos que duran años. Colombia, país en
conflicto armado, se adhirió a la CPI (al Estatuto de Roma) en agosto de
2002. Fue a mediados de 2004, cuando había recibido 114
“comunicaciones”, que la Corte decidió emprender un “examen preliminar”
de 94 de ellas, siendo el único país latinoamericano hasta la fecha
donde ha intervenido.
Diez años después, en 2014, la fiscalía publicó un “informe
intermedio” de tal examen preliminar, aún sin proceder a la fase de
investigación.
Tramposamente, el anuncio del diputado García apunta a que, al haber
sido “admitido”, el expediente del exgobernador de Veracruz obtuvo un
avance dentro de los procedimientos de la Corte.
En su lógica, su petición de juicio habría logrado en un mes –desde
que entregó tal “comunicación”– lo que a los colombianos les tomó años.
El documento en el que el diputado García se ampara para probar sus
dichos es una carta, enviada por el jefe de la Unidad de Información y
Evidencia de la Oficina de la fiscalía de la CPI, Mark P. Dillon.
Pero esa misiva, fechada el 31 de julio y con el número de referencia OTP-CR-233/17 –que publicó el sitio de noticias Sin Embargo– cumple la función de un simple acuse de recibo de las informaciones proporcionadas por García a la Corte el 4 de julio.
Dillon se limitó a informarle (en inglés) que su expediente fue
“debidamente introducido en el registro de comunicaciones” de la
fiscalía.
Y por si quedaba alguna duda, en su último párrafo advierte
claramente que ese acuse de recibo protocolario “no significa que una
investigación ha sido abierta, o que será abierta, por la oficina del
fiscal”.
Ahora bien, por razones de seguridad para las víctimas o sus
representantes legales, la fiscalía no anuncia jamás la entrega de esas
informaciones ni su número total, y tampoco proporciona datos relativos a
la identidad de las personas o a los hechos exhibidos en ellas. Es
información confidencial que sólo los denunciantes son libres de
divulgar.
En el caso mexicano, se han hecho públicas a través de la prensa unas
cinco comunicaciones, la primera en 2011 entregada por el abogado
Netzaí Sandoval.
Estas comunicaciones han sido presentadas por organizaciones de
derechos humanos o por ciudadanos, e implican como posibles inculpados
al expresidente Felipe Calderón y a su sucesor Enrique Peña Nieto, así
como a exsecretarios como el de Defensa, Guillermo Galván Galván; el de
Marina, Francisco Saynez Mendoza, o el de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, además de capos como Joaquín El Chapo Guzmán, o cárteles.
En las comunicaciones anteriores la fiscalía de La Haya envió a los
depositarios el correspondiente acuse de recibo, como el que le llegó al
diputado de Movimiento Ciudadano, quien, no obstante, presenta como
extraordinario.
En todo caso, la CPI sí divulga cualquier progreso de una situación
precisa, y lo hubiera hecho si eso ocurriera en nuestro país.
Medias verdades
Hay otro elemento que el diputado parece no haber tomado con
suficiente consideración: la CPI únicamente puede funcionar bajo el
principio de la “complementaridad”; es decir, sólo puede intervenir
cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del
tribunal.
El propio diputado García descalifica su acusación al reconocer que
los hechos que denuncia están bajo investigación en México, por lo que
así parece injustificada una intervención de la Corte internacional en
este momento.
Por último, en este episodio de medias verdades que protagoniza el
diputado García, salta una pregunta: ¿por qué afirma que la “demanda
contra Calderón en 2011 duró seis años y al final se desechó, nunca se
admitió”?
Sólo se conoce cuáles serán las comunicaciones que analizará la
fiscalía de la CPI cuando ésta decide proceder, previo y minucioso
estudio de la información proporcionada, a la etapa de “examen
preliminar”, como sucedió con Colombia, en cuyo caso se desecharon 20
comunicaciones.
Hay que tener en mente que la CPI es como una maquinaria muy pesada y
compleja, que sólo se ha puesto en marcha en contadas ocasiones desde
que hace 15 años que entró en vigor: actualmente se encuentran en examen
preliminar 11 situaciones en igual número de países, y en investigación
hay otros 10 casos en nueve naciones.
En enero pasado, este columnista platicó con Mariana Peña, abogada
del proyecto de justicia internacional de la Open Society Justice
Iniciative y quien sigue el caso mexicano desde La Haya.
Contrario al entusiasmo que muestra el diputado García, la abogada
Peña comentó que el funcionamiento de la CPI se encuentra entrampado en
el caso mexicano:
En el estado actual de las cosas –explicó–, “la Corte no tiene
facultades para realizar investigaciones en México. No puede enviar
personal de investigación para analizar lo que sería una escena de
crimen o hacer trabajo forense. Tampoco puede solicitar información al
gobierno mexicano.
“En este momento la Corte únicamente puede consultar informaciones de
acceso público: búsquedas en Google, informes de ONG, notas
periodísticas… La CPI quizás no llegue a tener la información que
necesita (mediante las comunicaciones), pero tampoco la puede obtener de
aquella públicamente disponible. Está limitada en su acceso a la
información, la cual es en definitiva un elemento esencial para poder
llegar a una conclusión acerca de si debe o no abrir un análisis
preliminar sobre México”.
Si lo que buscaba el diputado García era acaparar temporalmente los
reflectores mediáticos, lo logró… aunque fuera con una falsa noticia,
una fake news a la mexicana.
Más adelante, la juez Canòlic Mingorance embargó los fondos del
letrado (85.7 millones de euros en 11 cuentas al momento del bloqueo)
por un supuesto delito de blanqueo de capitales, pero la investigación
fue archivada en 2018, luego de que la fiscalía mexicana, bajo el
gobierno del ex presidente Peña Nieto remitió a la magistrada varios
informes que exculpaban a Collado. Entre ellos uno firmado por Anahí
Marcela Mendoza y otros posteriores que exoneraban al abogado y que
propiciaron que se archivara la causa judicial en Andorra.
