Sin que haya logrado una mejora en la crisis de seguridad, el gobierno de Peña quedó ya marcado por este tipo de escándalos.

La inseguridad solapada y la corrupción desde el poder tienen al Estado mexicano en una condición de vulnerabilidad como no ocurría desde la guerra civil de hace un siglo, la Revolución Mexicana.
Durante el régimen autoritario del PRI, el castigo a la corrupción fue sólo una estrategia de control político. Los pocos acusados eran exhibidos tras las rejas y sometidos al escarnio. Nunca con el propósito de combatirla.
La llegada del PAN agravó el fenómeno. La decisión de Vicente Fox de perdonar a los “peces gordos” de la corrupción de ese viejo régimen que tenía a la mano, no hizo sino abrir más la puerta de la impunidad y, en consecuencia, escalar el problema.
De la corrupción organizada de funcionarios pasamos a una corrupción sistemática, en el que el control de las instituciones y organizaciones han ido quedando en manos de redes de corrupción.
Eso ha pasado con las policías, las procuradurías, Pemex y otras instancias de gobierno, o con gobiernos como el que encabezó Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de todos los casos que implican a exgobernadores ahora perseguidos. Se trata de auténticas redes de corrupción.
El resultado es que México hoy vive una corrupción a gran escala, no sólo por los multimillonarios montos, sino porque está sostenida en redes de poder político, económico y social.
Sólo así se explica la inverosímil persecución de Duarte y la exoneración, por ahora, de sus familiares cercanos, beneficiados por los actos que encabezó como gobernador.
Así como ha ocurrido cuando las autoridades han descabezado un grupo del narcotráfico y han dejado intactas las estructuras que se han beneficiado de sus actividades, es difícil que el gobierno de Peña Nieto vaya contra todas esas redes que se beneficiaron en torno a Duarte.
Javier Duarte fue una pieza más de esas redes de protección. Lo usaron y se dejó usar.
Cuando llegó Peña Nieto a la Presidencia de la República, el entonces gobernador se sintió protegido. Seguro estaba de que no le pasaría nada, como si hubiera comprado la impunidad.
En enero de 2012, dos colaboradores suyos fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo. Los empleados salieron desde Xalapa en un avión oficial, que aterrizó en la capital del Estado de México en plena campaña presidencial y desde donde Peña Nieto construyó su candidatura con el apoyo del PRI y del Partido Verde.
Descubierto, el dinero tuvo que regresar a las arcas. Pero el entonces gobierno de Calderón no abundó en investigación y no se pudo saber si más dinero en efectivo fue enviado desde Xalapa a Toluca.
Duarte también tejió redes en el poder económico. Numerosos empresarios prestaron sus nombres para desviar recursos, de la mano de abogados y fiscalistas, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Javier Duarte de Ochoa es una expresión superlativa de la corrupción en México, aun cuando el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pudiera tener implicaciones aún más profundas.
Duarte pasará a la historia como el gobernador más corrupto de México de principios del siglo XXI, aunque hay muchos otros que se le acercan para disputarle esa posición. Todas las sociedades padecen la corrupción. La diferencia es el nivel que alcanza.
En México se ha convertido en una verdadera amenaza a la seguridad del Estado porque lo está haciendo cada vez más débil ante el mundo.