El Archivo del Terror de Javier Duarte
La digna voz
En el sexenio de
Javier Duarte, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia
militarista. En ese sangriento período de guerra no declarada contra la
sociedad veracruzana, convergieron e intervinieron todas las
instituciones de seguridad, fuerza pública y corporaciones policiacas.
Que toda esa legión de fuerzas fuera impotente o incapaz de frenar el
crimen, la violencia e inseguridad en el estado no es ningún fracaso. La
delincuencia nunca fue un objetivo de la militarización: la
militarización fue un objetivo de la delincuencia. Este diagnóstico se
basa principalmente en dos indicadores, uno tangible otro intangible: el
primero, el avance de la ocupación militar dentro del territorio
veracruzano y el ensamblaje de los agentes castrenses con el crimen
organizado; y el segundo, la aprobación de los sectores dominantes
(político-empresariales) a la gestión militarizada de la seguridad.
Esta aprobación, que no pocas veces se elevó a un júbilo desbordado por
lo militar, se manifestó en casi todas las esferas gubernativas y
empresariales. El 13 de diciembre de 2013, en un titular de la sección
de política en La Jornada Veracruz se podía leer: “Piden
empresarios militarización de las principales ciudades por la ola
delictiva”. La nota refiere a un encuentro que sostuvieron altos mandos
militares con empresarios del estado.
En otra nota de
septiembre de 2014, en el mismo diario, se anuncia la solicitud de los
dirigentes del Partido de Acción Nacional de dar urgente entrada a la
Gendarmería Nacional en el estado:
“Seguiremos insistiendo en
que llegue la Gendarmería Nacional, igual que otras fuerzas, la verdad
es que en el tema de la inseguridad nada sobra (sic), al contrario, si
llega la Fuerza Civil que están anunciando, bienvenida, pero que también
llegue la Gendarmería, el Ejército, la Marina, y la Policía Federal
(¡sic!)” (La Jornada Veracruz 15-IX-2014).
La
presentación de la Gendarmería Nacional en Veracruz se registró durante
la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz
2014, y consistió en un despliegue de 300 elementos de la división. En
octubre de 2015, el gobierno anunció, a través de la dirección regional
sur-sureste de la Secretaría de Gobernación, que la Gendarmería Nacional
entraría en funciones para “reforzar el trabajo de coordinación del
grupo Veracruz Seguro…” (Grupo Fórmula 12-X-2015).
“Veracruz Seguro” fue el nombre de la estrategia de centralización-militarización de la seguridad que en 2011 inauguró el duartismo.
“El operativo ‘Veracruz Seguro’, presentado por el Secretario de
Gobernación, Francisco Blake Mora y el gobernador Duarte el 4 de octubre
[de 2011]… consuma la estrategia de unificar los mandos policiacos
locales en el gobierno federal, por lo que la Marina será ahora la
encargada de planear, coordinar y encabezar las labores de seguridad en
el estado. Esto quiere decir que llegarán más efectivos militares al
estado y que el gobierno del estado estará como auxiliar de los mandos
castrenses” (De la Garza en Rebelión 10-X-2011).
Las cinco acciones que englobó el operativo “Veracruz Seguro” fueron las siguientes:
- El despliegue de fuerzas federales en todo el territorio del estado bajo un mando único federal
- Información e inteligencia
- Evaluación y depuración de las corporaciones policiacas
- Mayores recursos para la seguridad
- Aplicación irrestricta de la ley en sus tres órdenes de gobierno (Ortiz en Al calor político 4-X-2011)
Pero algunas organizaciones civiles y ciertos sectores de la sociedad
veracruzana no aceptaron nunca las legitimaciones de la militarización
que repiten el estribillo de la seguridad. La prensa reportó que, tras
la implementación del Plan Veracruz Seguro, persistió el afán de la
opacidad o el ocultamiento de información sobre la crisis de seguridad
en el estado. Incluso con el operativo en marcha, la incidencia del
crimen no decreció.
A una semana de haber arrancado el
operativo Veracruz Seguro, y sólo unos meses antes de su cobarde
asesinato, Regina Martínez escribió en Proceso:
“Mientras
las autoridades veracruzanas y federales intentan ponerse de acuerdo
sobre el manejo de la información acerca de los asesinatos masivos
cometidos por la delincuencia organizada o grupos paramilitares, la
sociedad sigue viviendo en el pánico y la psicosis ante una violencia
inédita en la entidad… El jueves 6 [de octubre de 2011], las redes
sociales fueron –otra vez– las que anunciaron la aparición de más de 30
cadáveres en casas de seguridad en tres fraccionamientos exclusivos en
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río… Pese a que después del mediodía
del jueves la noticia del hallazgo de los cuerpos circulaba en las
redes sociales y la información se había difundido extraoficialmente en
los portales de internet, el gobierno estatal negaba los hechos. ‘Es
mentira, no es cierto, no hay nada de eso’, insistió Miguel Valera,
director de Información de la Coordinación General de Comunicación
Social (CGCS, que encabeza Georgina Domínguez) ante las preguntas de
esta reportera” (Martínez en Proceso 9-X-2011).
El contraste de la realidad y los discursos era irreconciliable. Las narrativas negacionistas no eran suficientes. Y el duartismo
acudió a la fórmula de maridar militarización con seguridad y bienestar
de la población. En el marco de la presentación del Plan Veracruz
Seguro, Duarte declaró:
“Estamos fortaleciendo todo el
territorio, bajo un mando único federal para recuperar los espacios
invadidos por la delincuencia y lograr que sean nuevamente espacios
seguros, en los que cada persona de bien pueda desarrollar su vida en
paz con la seguridad de que su familia y patrimonio están siendo
protegidos por las autoridades” (Ortiz en Al calor político 4-X-2011).
En 2014, otra vez el mandatario refrendó votos con la fuerza pública en
un acto protocolario celebrado en las instalaciones de la 26 Zona
Militar. Duarte de Ochoa aseguró:
“[…] la fortaleza
institucional que tenemos en Veracruz está basada en esta coordinación
estrecha, cercana, vinculante que existe entre las diferentes fuerzas y
de manera destacada subrayo el Ejército y la Marina Armada, que han sido
pilares fundamentales en el crecimiento (sic) de nuestro estado” (La Jornada Veracruz 21-IX-2014).
Un año más tarde (2015), Veracruz lograría el tercer mayor presupuesto
para seguridad pública en todo el país: cerca de 390 millones de pesos,
sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal (Redacción El Universal 2-I-2015).
Está demostrado estadísticamente que esta inyección de recursos a las
instituciones de seguridad, acarreó la erosión del derecho público y
enseñoreó la excepcionalidad de la ley. Incluso esas modalidades de
delito que a menudo involucran a agentes del estado aumentaron
manifiestamente tras la implementación del mando único y la
militarización: a saber, la desaparición, el secuestro y la tortura.
Respecto a la desaparición, la Procuraduría General de Justicia del
Estado indica que entre 2006 y 2014 alrededor de 2 mil personas fueron
víctimas de ese delito en la entidad.
Sobre el delito de
secuestro abundan cifras. El Observatorio Ciudadano de Veracruz para la
Seguridad y la Justicia reporta que “la tasa de secuestro en el estado
de Veracruz es de 1.41 para el año 2014, ubicándose arriba de la tasa
nacional que es de .86, ocupando el 6º lugar a nivel nacional… La tasa
de incidencia delictiva por c/100,000 habitantes… aumentó un 53.58%”
(Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia
VIII-2014).
En materia de tortura, el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, reportó 74 víctimas en Veracruz,
correspondiente al periodo 2012-2014 (E-Veracruz 22-IV-2015), es
decir, el bienio que siguió a la implementación del operativo Veracruz
Seguro. Algunos analistas insisten en señalar que la incidencia de este
delito a nivel estatal es superior.
Con estos datos en mano, en
2014 se les preguntó a integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa si
era cierto que la militarización había aumentado la incidencia del
crimen, a lo que respondieron:
“Aquí en Veracruz la presencia
de las fuerzas armadas ha sido nociva. Sí, esa presencia aumentó la
incidencia del delito. Cada corporación tiene su modus operandi para
cometer crímenes. La Marina ejecuta principalmente. La Policía Estatal
desaparece. El Ejército, se presume que secuestra y entregan al crimen…
La Policía Estatal se cuida de los Marinos. Pero la Marina trabaja
conjuntamente con la Policía Estatal… Las corporaciones policiacas y
militares no están para resolver la situación de inseguridad ni combatir
al crimen. La policía y el ejército están selectivamente dispuestos
para cuidar altos mandos. No están para cuidar a la gente… Cuando viene
el cambio a policía estatal [militarizada], y se elimina la policía
municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas”.
Que
Veracruz sea uno de los estados más castigados por la violencia está
estrechamente relacionado con la gestión militarizada y criminal de la
seguridad que prohijó el duartismo, y con esa condición de laboratorio al servicio de ensayos militaristas frankensteinianos.
El único resultado tangible de esos “ensayos militaristas” fue la
ocupación militar-delincuencial del territorio y el espacio público
veracruzanos. La seguridad sigue en crisis. Javier Duarte “prófugo”. Y
la población civil en vilo por el clima de terror militar-criminal. A la
violencia de la delincuencia se añadió la violencia del “orden”. Los
problemas persisten o empeoran. Sólo cambia la presencia y el margen de
acción de los mandos militares-delincuenciales. Crece.
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