Este domingo, Miguel
Ángel Mancera cerró el ciclo de procesamiento político de la primera
Constitución de la Ciudad de México (CDMX). Acompañado del secretario
federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe del gobierno
capitalino firmó un acuerdo para que dicho documento fuera publicado
tanto en la Gaceta Oficial de la propia CDMX como en el Diario Oficial de la Federación,
con lo que ha iniciado la vigencia escalonada de esos preceptos, en un
gradualismo que comienza con las tareas electorales y en otros temas
tardará hasta el 2022.
En ese acto de presunta promulgación del nuevo documento rector de la
entidad antes llamada, sin más, Distrito Federal (la fracción
partidista más activa, la de Morena, objetó con fundamento tal
promulgación, señalando que en el artículo 122 del nuevo ordenamiento se adjudica tal facultad a la asamblea constituyente y no al jefe de gobierno), se puso de manifiesto el sentido de identificación personalista que Mancera y su grupo han buscado imprimir a este proceso y su resultado, como si la gran metrópoli fuera a dividir su historia en tramos identificables como
Antes de Manceray
Después de Mancera(como si de verdad hubiera logros y avances tan palpables y evidentes, y no solamente nueva palabrería de buenas intenciones, acumulable a los estantes de leyes y proclamas jurídicamente generosas pero, por sistema, desobedecidas en la práctica).
Por lo pronto Mancera, en su discurso, se quedó en la retórica al decir que la gran urbe había llegado a
un nuevo momento de su evolución, en el que ganó un lugar en la República, en la soberanía nacional, en la Constitución federal; ha definido su nombre: Ciudad de México; ha definido su vocación: ciudad de derechos y de libertades. Pero, suponiendo que en realidad se hubieran dado espectaculares pasos hacia adelante con la mencionada Constitucional fundacional, el acto de la
promulgaciónforzada no tuvo la grandeza de constituirse en un acto plural ni pudo zafarse del siempre presente tufo electorero.
En su discurso, el presunto precandidato presidencial Mancera hizo un
reconocimiento expreso a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz
Ledo e Ifigenia Martínez, como ejemplos de preocupación y trabajo en
favor de la gran ciudad, sin mencionar, por ejemplo, al personaje que en
los tiempos recientes ha impreso la mayor huella electoral y social en
esa demarcación, Andrés Manuel López Obrador. Los gestos y la actitud de
Mancera también fueron expresamente los de quien se considera
progenitor político de la obra presentada en sociedad.
En ese tono, su comisionada para los asuntos del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, lanzó una batería de tuits sobre el tema. Uno de ellos generó comentarios adversos, pues la dirigente expresó:
Con #MiConstituciónCDMX, hoy México es una ciudad. Veintiséis horas después, hizo una precisión igualmente criticada:
antes era un Distrito Federal, hoy es una ciudad con autonomía constitucional. Bueno, la precampaña presidencial de Mancera va, sustentada en la tal Constitución de la CDMX, entre otros
logros.
El peñismo ha lanzado en el estado de México una apuesta
electoral arriesgada, de cuyo desenlace podrán deducirse algunas de las
conductas que ese mismo grupo político podría intentar en la contienda
presidencial de 2018. Un signo distintivo evidente ha sido la
reiteración de la vocación endogámica del grupo peñista en su propio
estado de origen. A contrasentido de lo que los tiempos recomendarían,
Peña Nieto impuso a su primo, Alfredo del Mazo Maza, como candidato
priísta al gobierno, en una proclamación de la política como patrimonio
familiar, faccioso. Es decir, como reivindicación del juniorismo y de
las historias oscuras de aprovechamiento dinástico de los asuntos
públicos.
En apoyo del primo, Del Mazo Maza (que seis años atrás el mismo Peña
Nieto quiso hacer candidato a la gubernatura, y al que sin empacho
incorporó a un cargo directivo en el propio gobierno federal y ha
promovido para que se ocupe de funciones legislativas importantes), la
administración federal peñista pondrá en juego todos los recursos que le
sea posible, desde los asistenciales, oportunamente puestos en mano de
un operador especialista en manejos turbios, Luis Miranda, a cargo de la
Sedesol, hasta los derivados de los muchos negocios que el grupo
peñista, desde los planos federal y estatal, ha hecho con firmas
empresariales que suelen dejar ganancias en efectivo a los otorgadores
de contratos y concesiones, dinero que no solamente ensancha las
carteras de esos políticos, sino también se destina a las campañas
electorales del grupo dominante.
El caso mexiquense podría contar también con la participación de un panismo inserto en lo que en esta columna se ha llamado el
bipartidismo inducido. Si no prende la campaña del primer primo, Del Mazo Maza, bien podría contar Peña Nieto con la colaboración de una panista que literalmente come de su mano, su ex
contendientepor la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, cuya postulación es deseada en Los Pinos y en la alineada oficina del dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, pero no ha podido avanzar, ante las objeciones de grupos del partido blanquiazul que desean que la candidatura quede en alguien con trabajo directo en la entidad y no en una carta
nacional, como la mencionada Josefina.
En ese contexto, ha crecido como opción la figura de la profesora
Delfina Gómez, propuesta por el partido Morena. Ella forma parte del
grupo político asentado en Texcoco que encabeza Higinio Martínez,
acusado de cacique, y su propuesta contrasta con el elitismo familiar
del primo Del Mazo y con el hedor a oposición
arregladaque desprende la pretensión josefinista. Sin embargo, el peñismo pondrá en juego lo esencial de su catálogo electoral: los ríos de dinero sucio, la compra de votos y el uso de las maquinarias gubernamentales. El estado de México dará luz, u oscuridad, respecto al 2018. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero,Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
¿Y por qué no se
sacrifican –es un decir– un poquito los gobernadores? ¿Por qué no venden
sus aviones y helicópteros? ¿Por qué no bajan el número de legisladores
de las inútiles cámaras de diputados locales? Si controlaran un tantito
sus gastos harían una contribución significativa a que bajara el precio
de los combustibles. No basta con que se reúnan en el cártel de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) a pronunciarse contra el gasolinazo, como hizo El Bronco
Rodríguez. Eso es demagogia pura. Lo que cuenta son los hechos. En
estos momentos tan difíciles para las empresas y las familias mexicanas
podrían renunciar a su parte del impuesto a la gasolina. (Estoy
divagando, ¿verdad?)
Xochimilco
La grieta que surgió en un canal de Xochimilco no fue
sólo un acto de la naturaleza, sino producto de la sobrextracción de
agua que históricamente se ha llevado a cabo en los pueblos de esta
delegación. Las grietas podrían seguir generándose, con lo que se pone
en riesgo este patrimonio cultural de la humanidad, así como cientos de
viviendas que se encuentran en riesgo de ser dañadas por los
hundimientos, dicen las organizaciones de vecinos. Hoy martes 7 de
febrero realizarán una movilización y conferencia de prensa, en las que
denunciarán los problemas y propondrán alternativas y posibles
soluciones para el manejo sustentable y equitativo del agua.
Probables monopolios
La Comisión Federal de Competencia Económica realizó
emplazamientos por probable colusión en productos de látex y posibles
prácticas monopólicas en el mercado de oxígeno industrial. El organismo
antimonopolios expone que encontró una posible colusión en el mercado de
la producción, distribución y comercialización de productos de látex
–como condones y sondas– que adquiere el sector salud. Los implicados
buscaban manipular el precio de los bienes, así como concertar posturas
en licitaciones. En el otro caso, el organismo detectó posibles
prácticas monopólicas en el mercado de la producción, distribución y
comercialización de gases del aire, específicamente oxígeno industrial.
Las sanciones económicas, entre otras, pueden ser hasta de 10 por ciento
de sus ingresos.
Debe bajar la gasolina
La fórmula para establecer los precios de las gasolinas
en Estados Unidos es resultado de la combinación entre el precio de los
combustibles y de los recortes o incrementos en la extracción de
petróleo a escala mundial. También influyen el impuesto y la alta o baja
demanda de gasolina. La American Automobile Association (AAA) da cuenta
de que en Estados Unidos la demanda en enero de 2017 bajó 6 por ciento
en relación con el año anterior y está en su nivel más bajo desde 2012.
El precio se mantiene en 2.27 dólares por galón, convertido a litros
(0.60 centavos de dólar) y al tipo de cambio (20.60 pesos por dólar), en
México sería de 12.36 pesos el litro. En esas condiciones la gasolina
debería bajar en nuestro país. Pero la situación lamentable de las
finanzas públicas lo impide. Nuevamente ayer la calificadora Moody’s
jaló las orejas al gobierno mexicano por el pobre crecimiento económico y
la deuda, que aumentó más de lo esperado el año pasado. Lo tienen
contra la pared.
Las medidas impulsadas por
Donald Trump para recuperar las fábricas y el empleo en Estados Unidos
pueden convertirse en la puntilla para sus grandes marcas automotrices.
El liderazgo de Ford, General Motors y Chrysler hace décadas que se
perdió. El Ford T que marcó una época, los grandes automóviles
estadunidenses de mediados del siglo pasado o íconos como el Mustang, el
Corvette o el Camaro ya no compiten de igual a igual con autos europeos
y asiáticos.
En Estados Unidos el automóvil líder desde hace años es el Toyota
Corolla y esta marca dominó al mercado mundial durante casi una década.
En 2016 Volkswagen le quitó el trono, al vender 10.3 millones de autos
frente a 10.18 millones de Toyota.
Uno de los grandes símbolos del capitalismo estadunidense hasta
mediados del siglo pasado era su gran poderío automotriz. Por desgracia,
esta industria no se modernizó al ritmo en que lo hizo Europa y la
pujante producción asiática, comenzando por Japón, luego Corea y ahora
China.
Sin saber bien a bien de qué se trata ni hacia dónde va y con el riesgo de que Donald Trump salga con otro
chiste, el gobierno peñanietista dice que se prepara para
renegociarel Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque es obvio que bailará al ritmo que le imponga el de la Casa Blanca.
Pero la presunta
renegociacióntambién es una oportunidad para que México se sacuda la enorme cuan enferma dependencia del vecino del norte, mire hacia otras latitudes e intente nuevas formas y mercados. En este contexto, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico divulgó su más reciente análisis temático (Los riesgos de la dependencia), en el que advierte que nuestro país no sólo se enfrenta a dicha
revisión, sino
a cambios aún más profundos en materia de política económica y estructura productiva.
De dicho análisis se toman los siguientes pasajes. Va, pues. A lo
largo de las tres últimas décadas, con la entrada de México al GATT, se
favoreció un proceso de apertura económica que alineó la acción de las
instituciones al cumplimiento de los acuerdos de comercio exterior
firmados por nuestro país.
En el caso del TLCAN, México acató puntualmente los compromisos
contraídos, en un grado superior al de sus contrapartes. Mientras
Estados Unidos aplicó restricciones a transporte, cemento, atún, acero y
aguacate mexicanos, en nuestro país se crearon dependencias encargadas
de facilitar y promover el arribo de inversión extranjera. En ocasiones
otorgando facilidades superiores a las creadas para la inversión
nacional.
Dicha estrategia fue resultado de las negociaciones que se
instrumentaron durante la crisis de los años ochenta con organismos
internacionales y el gobierno de Estados Unidos para recibir su apoyo
financiero, a cambio de abrir a la que en ese momento era la principal
economía de América Latina.
La apertura se aplicó y efectivamente arribaron inversiones de
empresas estadunidenses y canadienses, todas encontraron en México un
enorme nicho de negocios, tanto para la exportación como para satisfacer
la demanda de un mercado interno que hoy contabiliza más de 120
millones de personas.
Trump piensa que eso no ocurrió y lo busca cambiar. Ante la ausencia
de un posicionamiento sobre este tema del Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la OCDE, el
presidente de Estados Unidos ha planteado una visión que niega los
últimos 30 años de relación con México: la presión sobre sus empresas
para repatriar inversiones y empleo, la revisión del TLCAN, mayores
restricciones a la migración, el amago de una deportación masiva y la
salida del ATP, son sólo algunos ejemplos visibles.
Sin lugar a dudas, ello representa un reto a la seguridad nacional de México. Las razones:
Durante 30 años la arquitectura de la política económica renunció al
fomento de la producción con valor agregado en el país, se dio prioridad
a
facilitary
crearentornos de negocios favorables para invertir. El problema es que esto último no se ha logrado para todo el sector productivo mexicano, que se enfrenta a la competencia de otros países que dan financiamiento, facilidades fiscales, tipo de cambio subvaluado y protección a sus empresas. El único piso parejo que puede existir es igualando las condiciones que se ofrecen para todas las empresas y combatiendo frontalmente la competencia desleal. El problema es que la política económica y sus instituciones ejecutoras se han construido con un objetivo de cumplimiento a ordenamientos legales internacionales, como los contenidos en el TLCAN.
Se pensó que el comercio exterior sería fuente de crecimiento
económico, algo que sólo se puede lograr teniendo un superávit
comercial. En 2015 el déficit fue de 14 mil 600 millones de dólares,
equivalente a 1.3 por ciento del producto interno bruto de ese año.
En Aguascalientes, la
semana pasada el Grupo Antisecuestros rescató a un joven de 16 años que
fue secuestrado en mayo de 2016, torturado y obligado a pedir limosna en
cruceros de diferentes ciudades. El incidente no aparece en los
registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que reporta al estado como una entidad libre de secuestros. La
Fiscalía General del Estado tampoco dice si el joven se encontraba en
calidad de desaparecido y al parecer no hubo activación de la Alerta
Ámber, protocolo internacional ante desapariciones de menores.
Desde que circuló la noticia de la remoción del cargo de Óscar Fidel
González Mendívil, titular de la Fiscalía, no han dejado de hacer
suposiciones sobre si es destitución o renuncia la separación, lo que
debería ser lo de menos. Esta Fiscalía ha dejado mucho que desear en
materia de derechos humanos, como cuando desconoció las cifras
presentadas por el Observatorio de Violencia Social y de Género respecto
de las muertes violentas de mujeres, o en este caso, al publicar la
foto del adolescente vulnerado y sólo cubrirla con una franja negra
sobre los ojos, lo que viola la garantía de no revictimización, sin
contar también los deficientes resultados dados por la fiscalía ante los
delitos del fuero común.
El parlamento de Israel
aprobó ayer por ligera mayoría una iniciativa que da sustento legal a
decenas de asentamientos judíos construidos en la Cisjordania ocupada.
La aprobación ocurrió después de que el primer ministro, Benjamín
Netanyahu, informó a los legisladores que había puesto en antecedentes
del asunto al gobierno estadunidense, lo que equivalía a contar con la
tácita aprobación de Washington a esa ley.
La Constitución, asegura, es neoliberal y antisocial
Cien años tiene ya la
Constitución de 1917 y hasta antes del periodo neoliberal de gobierno
tuvo un contenido social-popular de vanguardia para su tiempo. Nuestra
Carta Magna ha tenido 686 reformas, y 70 por ciento de éstas (474) se
han realizado en la etapa neoliberal. A partir de 1982, el grupo
neoliberal en el gobierno ha ido consumando la transformación de nuestro
contrato social en contratos particulares, de entrega y privatización
de los bienes y riquezas nacionales.
En 1887, Chae Chan Ping,
quien había vivido 12 años en California, fue a visitar a su familia en
China. Llevó un certificado de reingreso, que por orden del Congreso de
Estados Unidos debían portar todos los chinos residentes en el país que
desearan viajar al extranjero. La ley fue promulgada en 1884, dos años
después que el Congreso canceló la inmigración de trabajadores chinos al
país.
La Constitución hoy
vigente es contraria al espíritu de la que se promulgó en 1917. Se le
han hecho más de 600 reformas y sólo 26 de sus 136 artículos mantienen
su redacción original. La mayor parte de las modificaciones (y las más
drásticas) se hicieron a partir de 1982, y no alcanzaríamos aquí a
discutir todos estos cambios, pero podemos acercarnos a ellos a través
de los dos artículos que en el discurso posrevolucionario y priísta (como mostramos hace 15 días) eran los más importantes de la Constitución, los que la definían: el 27 y el 123.
El 9 de febrero de 1913
dio inicio la llamada decena trágica, que culminó con el asesinato del
presidente Francisco I. Madero y la traición del Ejército con Victoriano
Huerta a la cabeza, después de que había sido nombrado comandante en
jefe por el mismo presidente. No es casual que también un 9 de febrero,
en 1995, se concretara la traición del gobierno de Ernesto Zedillo
contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Fue la señal
militar, en un momento en que se suponía estaban en curso acciones de
distensión para reanudar el diálogo, con la presencia, incluso en
tierras zapatistas, de quien era en ese momento secretario de
Gobernación, Esteban Moctezuma. El hoy ex presidente Zedillo anunció ese
día que se descubrió la preparación de acciones violentas, y reveló la
supuesta identidad de los dirigentes zapatistas, contra los que se
libraron órdenes de aprehensión. El Ejército Mexicano avanzó en unas
horas sobre varias poblaciones de Chiapas y tomó algunos poblados.
Obligando a cientos de comunidades a huir hacia las montañas. La
población civil dentro y fuera de la zona de conflicto –según diversos
testimonios y denuncias– sufrió cateos, detenciones, torturas,
allanamientos, impedimento de transitar libremente, persecución
religiosa, ametrallamientos y, de acuerdo con los zapatistas, hasta
bombardeos. ( Proceso, 20/2/95).
Enero me gustó pa’ que te vayas, le cantan integrantes de la Asamblea del Pueblo a Francisco Kiko Vega, gobernador panista de Baja California, parafraseando la letra de Amarga Navidad, de José Alfredo Jiménez. Y, al grito de ¡Fuera Kiko!, exigen la renuncia del mandatario.
Unidad nacionales el mantra del momento entre quienes han instigado y consumado la mayor fractura nacional en décadas: la generada por las reformas estructurales, con la educativa y la energética, en primer lugar.
Unidad, claman los políticos y funcionarios que incendiaron al país con el gasolinazo del mes pasado.
Patriotismo, exige, en su fiesta de Querétaro, el grumo de partidos que ha gestionado los episodios más recientes de claudicación nacional. Unidad y patriotismo son ahora los productos de temporada, las marcas registradas comercializables recién descubiertas por los sectores políticos y empresariales que han exacerbado la división de México entre un puñado de magnates y una mayoría de miserables, los que han traducido al español mexicano los dictados de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, y los que en el pasado reciente elaboraron coartadas para justificar la violencia genocida en la que Felipe Calderón sumió al país.
El Senado de la
República ha buscado afanosamente qué hacer para enfrentar el desafío
que representa para México la llegada de Donald Trump a la presidencia
de Estados Unidos. Ha difundido anuncios y números telefónicos para
brindar asistencia a los migrantes mexicanos que pudieran ser expulsados
del país vecino y ha llamado a comparecer a los más altos funcionarios
mexicanos para estar al tanto y opinar sobre las negociaciones que se
llevan a cabo con el nuevo gobierno estadunidense; pero dentro de esta
intensa actividad, se ha olvidado de cuál es su verdadera función, y que
tiene en sus manos un elemento clave para enfrentar lo que ahora se
confirma como una grave amenaza intervencionista sobre nuestro país.
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