CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de dos horas de reunión con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, el PRI anunció que la Cámara de Diputados aprobará antes del 30 de abril la Ley de Seguridad Interior para legalizar las acciones de las fuerzas armadas en materia de combate al narcotráfico.
En tanto, el Mando Único y la reglamentación al “estado de excepción”, normas exigidas por el PAN y defendidas por el mismo PRI, fueron desechadas.
En un cambio de estrategia y contradiciendo lo que públicamente ofreció el pasado 20 de diciembre: aprobar en paquete el Mando Único, “estado de excepción” y Ley de Seguridad Interior –como parte integral del plan de ataque a la inseguridad que ofrecería profesionalización policial y pleno respeto a los derechos humanos–, el Revolucionario Institucional decidió que con su mayoría puede entregar “ya” el sustento jurídico que demandan militares y marinos.
Senadores y diputados acudieron esta mañana a las instalaciones de la Sedena. En una reunión de dos horas, los representantes de las fuerzas armadas establecieron que su participación será en materia de “seguridad interior”, la cual definieron como “el mantenimiento de la estabilidad de las instituciones”.
Dicha definición generó escozor entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, quienes consideraron que no hay claridad de hasta dónde llegaría la participación de las fuerzas armadas, bajo qué argumentos y con el uso de qué métodos.
De acuerdo con el diputado perredista Rafael Hernández Soriano, integrante de la Comisión de Gobernación, el encuentro forma parte de los acuerdos que de manera unilateral tomaron el presidente de la Mesa Directiva del Senado y senador por el PVEM, Pablo Escudero, y los priistas Emilio Gamboa y César Camacho Quiroz, el pasado 10 de enero.
Después de la reunión, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados e integrante del grupo Atlacomulco, César Camacho Quiroz, retrocedió sobre sus propias palabras y dijo que sólo se aprobará la Ley de Seguridad Interior, ya que es urgente hacerlo, pero aseguró que nadie los está presionando. También sostuvo que eso se hará antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
Con ello, el PRI dio marcha atrás al pronunciamiento que hizo el 20 de diciembre, cuando respaldó la propuesta de panistas y perredistas, quienes aseguraron que no habría Ley de Seguridad Interior si no se aprobaba el Mando Único policial. Incluso, en la urgencia por atender la exigencia de las fuerzas armadas, el PRI dio reversa a su propia iniciativa de reglamentar el artículo 29 de la Constitución, que reglamentaría o definiría con claridad bajo qué circunstancias se puede decretar la suspensión de garantías individuales.
Antes, el 9 de diciembre, en un inusual discurso el general Cienfuegos exigió aprobar el marco jurídico que defina “hasta dónde sí y hasta dónde no” pueden intervenir las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, y aceptó que ellos no estaban a gusto “en las calles”.
A partir de ese momento se aceleró la negociación política para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior. El 20 de diciembre el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la reglamentación al artículo 29 ”está diseñada para prever cuáles serían las razones y cuáles serían los protocolos en caso de que fuera necesario crear un Estado de Excepción, y eso tiene que haber, no lo hemos reglamentado, no está en la Constitución. No se trata de algo contra los mexicanos, al contrario, se trata de pensar cómo vamos a garantizar la seguridad de los mexicanos”.
Añadió: “El PRI se pronunció porque al mismo tiempo que veamos el tema de la Ley de Seguridad Interior, también resolvamos el tema de los mandos policiales, mixto, únicos o con la modalidad que sea. Pero tiene que haber una mancuerna, es decir, tenemos que prever cómo van a funcionar las policías locales y prever el Estado de excepción y las situaciones excepcionales en las que el Ejército debe participar, pero no podríamos hacer una cosa sin la otra”.
El PAN y el PRD habían advertido un día antes que no habría aval a la Ley de Seguridad Interior si no se aprobaba el Mando Único, y Morena adelantó que impugnaría ante tribunales si el PRI pretendía aprobar la reglamentación al artículo 29, ya que el procedimiento legislativo estaba viciado.
Durante la reunión de este martes, Cienfuegos y Soberón hicieron a un lado el Mando Único y la reglamentación del artículo 29, quitando cualquier escollo que pueda retrasar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
En entrevista posterior al encuentro, Hernández Soriano dijo que demandó la discusión de las tres leyes porque una llevaba a la otra para la profesionalización de los cuerpos policiacos, el respeto a los derechos humanos y la limitación exacta de la participación de las fuerzas armadas.
Cienfuegos respondió que para las fuerzas armadas “lo urgente” era la Ley de Seguridad Interior, “más que cualquier otra”. “Dijo que lo importante era un marco regulatorio y que la discusión de las demás leyes no debía ser en conjunto”, comentó el perredista.
Así, los militares iniciaron y centraron el encuentro en la Ley de Seguridad Interior, y presentaron un análisis donde establecían las diferencias que hay entre las iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados.
El perredista señaló que el general Cienfuegos y el almirante Soberón identificaron ante los legisladores sus puntos de preocupación, en primer lugar, que no está claro cuál es la función de los cuerpos de seguridad y cuál la de las fuerzas armadas. “Ellos decían que no se define en ninguna de las propuestas qué hacía uno y otro”, apuntó.
Los militares demandaron a los legisladores “que se defina de qué se tienen que hacer cargo las fuerzas armadas, pues ‘nosotros no podríamos hacer todo el trabajo de investigación, por ejemplo’ puntualizó Cienfuegos.
En otra de las demandas destacaron que “debía definirse más claramente el procedimiento para determinar las zonas de actuación”. Y, finalmente, “que no se mezcle lo que es la seguridad pública de lo que es la seguridad interior”.
Hernández Soriano, presente en el encuentro privado, manifestó que la insistencia del general y el almirante fue que se les entregara “ya” el marco legal para participar en tareas de seguridad. “Y la Ley de Seguridad Interior es nuestro marco regulatorio, con eso nos quedamos”, subrayaron.
En cuanto a las diferencias, señaló que el diputado César Camacho aclaró lo que es la seguridad exterior (la amenaza de invasión, por ejemplo) y la seguridad pública (lo cotidiano en materia de seguridad, asalto, etcétera), y definió la seguridad interior como “el mantenimiento de la estabilidad de las instituciones”. Pero esto es bastante ambiguo, sostuvo perredista, secundado por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Tanto Cienfuegos como Soberón no abundaron sobre las otras dos normas, sólo insistieron en que era “urgente” la Ley de Seguridad Interior y que en ella se hicieran los cambios para establecer “procedimientos claros” sobre su participación.
Pero Hernández Soriano insistió en que debían discutirse y aprobarse en paquete las tres leyes porque formaban parte de un mismo camino para enfrentar la inseguridad.
En respuesta, el titular de la Semar soltó: “Si hay otro camino diferente nosotros no queremos referirnos a él, queremos la Ley de Seguridad Interior y es urgente”.
Y para simplificar los problemas que enfrentan por falta de una ley clara, Soberón dijo a los legisladores que ayer la Marina detuvo un barco en altamar en las aguas de Baja California.
Precisó que el barco llevaba bandera de Estados Unidos, pero la tripulación era mexicana. Ese barco, añadió, iba cargado de mariguana y seis personas fueron detenidas, pero por falta de una orden de cateo tuvieron que liberar a tres, “y seguramente los otros tres saldrán libres. Necesitamos un marco regulatorio para que no suceda esto”, resaltó.
“Pero ese mismo argumento les podemos dar, porque ahora con los cambios legales que quieren hacer se pueden meter a tu casa sin orden de cateo”, reviró el diputado del PRD.
Ya en San Lázaro, en conferencia de prensa, el coordinador del PRI, César Camacho, deshizo lo pactado por su partido al sostener que para aprobar la Ley de Seguridad Interior “no esperaríamos resolver Mando Único. Tampoco tendríamos que esperar a la legislación pendiente de la reglamentación del artículo 29 constitucional. A mi fracción no le interesa en forma prioritaria abordarla o resolverla”, apuntó.
Con ello, el PRI mandó a la congeladora la iniciativa para reglamentar el artículo 29 que habla de la suspensión de las garantías individuales, misma que el propio Camacho Quiroz presentó e incluso apuró para que fuera avalada en comisiones, violentando el proceso legislativo.