Las traiciones de febrero

Magdalena Gómez

La Jornada 

El 9 de febrero de 1913 dio inicio la llamada decena trágica, que culminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y la traición del Ejército con Victoriano Huerta a la cabeza, después de que había sido nombrado comandante en jefe por el mismo presidente. No es casual que también un 9 de febrero, en 1995, se concretara la traición del gobierno de Ernesto Zedillo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Fue la señal militar, en un momento en que se suponía estaban en curso acciones de distensión para reanudar el diálogo, con la presencia, incluso en tierras zapatistas, de quien era en ese momento secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma. El hoy ex presidente Zedillo anunció ese día que se descubrió la preparación de acciones violentas, y reveló la supuesta identidad de los dirigentes zapatistas, contra los que se libraron órdenes de aprehensión. El Ejército Mexicano avanzó en unas horas sobre varias poblaciones de Chiapas y tomó algunos poblados. Obligando a cientos de comunidades a huir hacia las montañas. La población civil dentro y fuera de la zona de conflicto –según diversos testimonios y denuncias– sufrió cateos, detenciones, torturas, allanamientos, impedimento de transitar libremente, persecución religiosa, ametrallamientos y, de acuerdo con los zapatistas, hasta bombardeos. ( Proceso, 20/2/95).

El EZLN llamó a detener la guerra y se realizaron movilizaciones a escalas nacional e internacional para obligar al gobierno a negociar. Los zapatistas condicionaron el inicio del diálogo con el gobierno federal a la salida del Ejército de la selva y la anulación de las órdenes de aprehensión.

El entonces presidente Zedillo no ocultó que aplicó la doble cara de búsqueda política mientras se preparaba un golpe policiaco-militar. Así lo explicó el 14 de febrero, reiterando lo que había anunciado desde el día 5, en un documento dirigido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Sin renunciar al propósito de una solución pacífica, pero atendiendo al cumplimiento de mi responsabilidad constitucional de velar por la seguridad de los mexicanos, ordené de inmediato la intervención de la Procuraduría General de la República y la movilización del Ejército Nacional hacia distintos puntos del Estado de Chiapas. La tensión fue superada al restituirse las condiciones en que se había declarado el cese unilateral al fuego. Las indispensables acciones de seguridad no frenaron la acción política del gobierno en la atención al conflicto.

Fue la masiva reacción social la que obligó a la urgente aprobación de la aún vigente Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, el 11 de marzo de 1995. Desde entonces, Esteban Moctezuma ha intentado deslindarse de responsabilidad en la traición del 9 de febrero. Siempre recuerdo a nuestro entrañable amigo el sacerdote jesuita Ricardo Robles, El Ronco, quien comentaba cómo entre los rarámuris se hace justicia por resultados: No importa si quisiste o no causar un daño, lo importante es que lo causaste y por ello eres responsable. En febrero del año siguiente, el día 16, se firmaron los acuerdos de San Andrés Sakam’chén, con muy alto significado para los pueblos indígenas que pusieron su palabra y no sin duras discusiones lograron que el go­bierno federal suscribiera con el EZLN dichos acuerdos de una primera mesa, la de Derecho y Cultura Indígena, quedando pendiente hasta hoy la amplia agenda pactada. Ya hemos destacado la previsión zapatista de no regalarle al Estado la foto de su comandancia firmando codo a codo con el gobierno federal; firmaron sí pero en el cuarto de al lado. Esos acuerdos a la postre también fueron traicionados por el Estado, en aquel momento hubo esperanza, y de la parte indígena se han apropiado de ellos buscando construir la autonomía en los hechos. El zapatismo, de manera destacada, con las juntas de buen gobierno que es la experiencia más integral.

Veintiún años después el EZLN sigue apostando a la construcción de vías políticas pacíficas. De eso se trata el acompañamiento al Congreso Nacional Indígena en su decisión de postular a una indígena como candidata independiente a la Presidencia de la República y crear un concejo de gobierno; con ello buscan organizarse abajo a escala nacional para frenar el despojo territorial, utilizando un espacio que las élites políticas reclaman para sí. Hasta hoy se aplica una suerte de reducto municipal para las aspiraciones autonómicas de los pueblos indígenas. Hay mucha historia detrás de esta decisión y los agravios inferidos a los pueblos indígenas tienen más de un centenario. Por cierto, la Constitución de 1917 se aprobó en febrero y su proyecto original ha sido traicionado en lógica neoliberal. Hoy vivimos olvidos imperdonables, entre ellos que esa carta fundamental no resultó de una concertación de los partidos políticos, sino de una revolución. Ni más ni menos.