By Érika Ramírez @erika_contra
La
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) condenó los actos de
violencia a mano armada que las empresas Torex Gold Resources Inc. y
Panamerican Silver, ambas canadienses, llevaron a cabo para continuar
con el despojo de las comunidades en donde han instalado sus proyectos,
tanto en Cocula, Guerrero, como en el de Chalchihuites, Zacatecas.
A
través de un comunicado, la REMA informó que el 31 de enero pasado
grupos de “civiles” armados —en su mayor parte pertenecientes al grupo
delincuencial de los Guerreros Unidos—, “instalaron retenes en los
poblados de Atzcala y Mezcala, Municipio de Cocula, con el fin de
bloquear el acceso a diversos grupos de apoyo que se desplazaban para
solidarizarse con el bloqueo que desde el domingo pasado mantienen
campesinos y pescadores, contra la empresa Media Luna, filial de la
empresa canadiense Torex Gold Resources Inc.
Los pobladores de
Nuevo Balsas, Real de Limón y Atzcala habían instalado el bloqueo en
contra de la minera, por el incumplimiento de acuerdos a los que se
había llegado con la minera canadiense. Entre ellos, la indemnización de
500 mil pesos anuales por los daños ocasionados al ambiente, “en
especial a la presa de la cual subsistían de la pesca, además de ya
presentar daños a la salud y estar enfrentando una grave crisis de
inseguridad por la clara participación del crimen organizado en áreas de
operación de la empresa”. Ante estos hechos, el gobierno del estado — a
cargo de Héctor Astudillo Flores— no ha participado en la resolución
del conflicto.
En tanto, el mismo 31 de enero, 47 familias que
habitaban en la comunidad rural de la Colorada en el Municipio de
Chalchihuites, Zacatecas, fueron desalojadas de sus hogares por
“guardias privados, que portaban armas largas, de la empresa minera
canadiense Panamerican Silver. Con maquinaria pesada la empresa destruyó
sus casas para apropiarse de sus lotes, de la misma manera como actuó
el 23 de diciembre de 2016 con la Comunidad de Salaverna, Zacatecas”.
La
REMA indicó que desde hace 2 años esta empresa canadiense comenzó a
despedir selectivamente a trabajadores que vivían en las comunidades
cercanas.
La organización sostiene que “las empresas mineras de
capital privado extranjero y mexicano, constantemente violan los
derechos humanos, violentan las leyes ambientales y laborales y por si
fuera poco en una buena cantidad de casos han hecho uso de grupos de
choque, paramilitares, grupos armados de la delincuencia organizada y
fuerzas de seguridad municipal, estatal y federales que servilmente
protegen los intereses privados de estas”.
Érika Ramírez
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