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5/12/2019

Aumenta la violencia paramilitar en los Altos de Chiapas, alertan ONG

Exigen medidas efectivas ante violencia en los Altos

Cien ONG solicitan a la Federación desarticular grupos paramilitares, culpables de ataques desde 2016


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▲ Habitantes de Aldama, en los Altos de Chiapas, durante el funeral del síndico Ignacio Pérez Girón, el martes pasado, quien fue hallado muerto en una comunidad de la alcaldía de Zinacantán.

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Unas cien organizaciones civiles de derechos humanos, grupos y colectivos hicieron un llamado al Estado Mexicano a implementar medidas urgentes y efectivas para proteger a pobladores de las comunidades tzotziles ubicadas en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, enfrentados por 60 hectáreas.
En una carta dada a conocer después del asesinato del síndico de Aldama, Ignacio Pérez Girón –cuyo cadáver fue encontrado el pasado lunes–, expresaron preocupación por el incremento de la violencia en los Altos, lo que pone en riesgo la vida de integrantes de las comunidades de los pueblos originarios.
Aseguraron que la población vive con temor ante el actuar de grupos civiles armados (paramilitares), que provocan desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.
Manifestaron que desde febrero de 2018, Aldama vive una crisis humanitaria, pues las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de paramilitares del ejido Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado de 2 mil 36 personas.
Expresaron que hay amenazas contra representantes comunitarios que han denunciado la omisión de las autoridades del gobierno mexicano, y el 28 de marzo de 2018 hubo un ataque contra el entonces alcalde de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik, municipio de Chamula.
Afirmaron que en este escenario, enrarecido por la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón, el Estado Mexicano no ha implementado medidas suficientes para cesar la violencia desbordada en los Altos de Chiapas.
Dijeron que la instalación de las Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de forma unilateral.
Reiteraron que la vida e integridad de las personas están en riesgo, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente contra las mujeres, niñas y niños, cuya vida cotidiana transcurre en un entorno de terror.

Foto La Jornada
Periódico La Jornada

4/23/2018

Entre 2015 y 2016, 35 mil desplazados en 11 estados por la violencia, dice la CNDH

De 2009 a 2017 hubo 310 mil personas forzadas a salir de sus comunidades: ONG
Destaca en 2017 la salida de 4 mil vecinos por el conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán

Testimonios recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ilustran el desplazamiento por violencia en muchas comunidades del país: Nos tuvimos que salir corriendo. Nos llevamos los animalitos que pudimos, los trastes, la ropa y tuvimos que dejar al abuelo... Éstas son las palabras de un niño que, junto con su familia, se vio obligado a dejar su lugar de origen.
En 2016, la comisión presentó el Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, que da cuenta de esta realidad en el país, entre 2015 y hasta mayo de 2016. Se trata de una muestra de 35 mil 433 víctimas (todos son casos documentados) de esta problemática en al menos 11 entidades del país, debido sobre todo a la violencia. Éste es el primer informe sobre el tema hecho por una institución del Estado.
En entrevista, el quinto visitador general de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, señaló que de 2016 a la fecha el desplazamiento forzoso se ha incrementado, y las autoridades no lo reconocen, lo atienden de manera aislada y carecen de cifras para conocer su magnitud.
Lo que hicimos fue dar una cifra, aunque conservadora, pero que nos llevará a un acercamiento al desplazamiento. No somos el Inegi, no nos dedicamos a sacar estadísticas, nuestro número es una muestra de la posible realidad. Y con base en ella concluimos que el problema existe.
Es de señalar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó el año pasado un informe en el que reportó que de 2009 a enero de 2017, un total de 310 mil 527 personas habían sido víctimas de desplazamiento forzado.
Combatir el fenómeno, prioridad
La CNDH hizo varias pr documentados por la CNDH se dieron en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, aunque el quinto visitador advirtió que se trata de una crisis que se da en todo el país: ¿En qué estado no hay violencia?
Es un fenómeno colectivo, en el que cientos o hasta miles de familias ven afectados sus derechos humanos. Lo pierden todo. En ocasiones se van hasta sin documentos porque su vida e integridad están en riesgo. Las garantías que se les violentan van desde el riesgo a perder la vida, a la integridad física y psicológica, educación, salud, vivienda, alimentación, a la libertad de residencia y al derecho a la propiedad.
La CNDH documentó de manera reciente dos casos: el de los 2 mil 38 pobladores en la sierra de Sinaloa que en 2011 se vieron obligados a dejar sus tierras por la violencia del narcotráfico en la zona, que mereció una recomendación del organismo, la cual fue rechazada por el municipio de Choix.
También se detalla el de más de 5 mil personas, de las cuales 4 mil han regresado a sus lugares de origen, por el violento conflicto agrario entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en Chiapas, a finales del año pasado, por el solamente que se emitieron medidas cautelares.
Emir Olivares
Periódico La Jornada
Lunes 23 de abril de 2018, p. 19

3/24/2018

Seguimos en los montes, no lo olviden, advierte desplazada de Chalchihuitán


CIDH emite medidas cautelares para 10 comunidades


“No entienden nuestra situación ninguna de las autoridades, no quieren saber que estamos sufriendo como mujeres, niños… creen que ya no existe el problema”, denunció María, una de las mujeres indígenas de la comunidad de Chalchihuitán que desde noviembre de 2017 se tuvo que refugiar en los montes de los Altos de Chiapas por el ataque de grupos paramilitares.

A 4 meses de que más de 5 mil personas de las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó se vieron obligadas a huir a los montes de Chiapas para protegerse de los grupos paramilitares, María recordó esta mañana en conferencia de prensa que el problema no ha cesado, permanecen en condiciones inhumanas, con enfermedades respiratorias y digestivas, falta de alimentos, medicamentos y reciben agresiones con disparos de arma, sin que el gobierno les proteja.
En su lengua tzotzil, María, quien permanece desde noviembre de 2017 en un campamento, brindó su testimonio de las condiciones que atraviesan a cuatro meses del ataque de grupos armados por la disputa del territorio que divide Chalchihuitán y Chenalhó: “Hemos sufrido mucho, padecemos hambre, se han muerto varios compañeros”, dijo.
Mientras traducían su testimonio, la mujer relató cómo el miedo sigue instalado en las comunidades por la presencia de grupos armados que les impiden retornar a sus hogares. “No podemos regresar a vivir a nuestras casas, cuando queremos verlas, cuando miran el humo por el fuego, vienen a espantarnos y querer matarnos”, dijo.

Esta situación continúa a pesar de que el gobierno chiapaneco aseguró que desde el 2 de enero de 2018 un 65 por ciento de la población desplazada había retornado a sus comunidades y había intensificado los patrullajes en ellas para garantizar la seguridad de las personas, además de brindarles servicios médicos, “despensas” y campamentos seguros.
“El gobierno y el presidente municipal –Martín Gómez Pérez- creen que ya no tenemos sufrimiento, el problema cuando salimos corriendo con nuestros hijos es que no podemos pero ellos no pueden caminar rápido”, dijo María y pidió al gobierno de Chiapas se le dé una pronto solución a este conflicto agrario que lleva más de 45 años según la población.

CIDH EMITÉ MEDIDAS CAUTELARES

La conferencia fue organizada esta mañana por las organizaciones civiles que han documento y demandado protección para las personas desplazadas; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), la Campaña Popular Permanente Contra la Violencia de Género y el Feminicidio en Chiapas y Melel Xojobal AC.
El 24 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la solicitud de medidas cautelares que presentó el Centro Frayba para la protección de los derechos de las personas indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó “por el riesgo de agresiones, hostigamiento y amenazadas por parte de grupos armados”.

Después de un análisis y recolección de información que reportó el Estado mexicano, la CIDH consideró que las acciones gubernamentales para mitigar al grupo de personas armadas, como el desarme voluntario y el fallo del Tribunal Unitario Agrario del 13 de diciembre de 2017, que favoreció el reparto de tierras al municipio de Chenalhó, no habían sido suficientes.
Ante ello, el pasado 5 marzo emitió las medidas cautelares número 882-17, en las que demandó la protección de 10 comunidades: Chalchihuitán, Cruzton, Tzomolto’n, Bojolochojo’n, Cruz Cacabanm, Tulantic, Bejelto’n, Pom, Chenmut y Kanalumtic.

Además del testimonio de María, estuvo presente el Comité Autónomo de Familias Desplazadas de Chalchihuitán –conformado tras el conflicto- quienes hicieron un llamado al gobierno de Chiapas para garantizarles: agua potable, salud, un plan de regreso para los desplazados, desarme de los grupos paramilitares, reconocerlos como desplazados forzados internos, paz y reparación integral de los daños.
De acuerdo con información de las organizaciones civiles a raíz de este conflicto han fallecido 11 personas (desde recién nacidos a personas mayores), tras vivir en la intemperie y climas extremos de frío continúan con enfermedades respiratorias, digestivas y problemas de estrés. 

Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. 
Foto: Ángeles Mariscal
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

1/15/2018

Mujeres indígenas ganan posiciones en América Latina, pero sufren agresiones de paramilitares

Comité de la ONU se queja de la lentitud con que avanza la eliminación de la violencia


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Ritual de agradecimiento a la madre tierra, en foro realizado ayer en la Secretaría de Relaciones Exteriores para erradicar el hambre y la desnutrición en países de América Latina y el Caribe

Al tiempo que las mujeres indígenas se han consolidado como voceras de sus comunidades y de sus problemáticas en la región han sido también sumamente reprimidas, especialmente en Centroamérica, México, Perú Colombia y Ecuador, aseveró Gladys Acosta Vargas, experta del Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Entrevistada ayer, tras su participación en la segunda jornada del Foro Empoderar a las Mujeres Indígenas para Erradicar el Hambre y la Malnutrición en América Latina y El Caribe, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dijo que esta situación es una de las principales preocupaciones del comité de que forma parte.
Quienes se perfilan como defensoras de sus comunidades sufren tremendas agresiones tanto por parte de grupos paramilitares que muchas veces defienden intereses de empresas trasnacionales o que tienen intereses extractivos o inclusive también son reprimidas por los propios Estados, señaló.
Doble discurso
Acosta Vargas dijo que estas agresiones parecerían ser parte de una especie de doble discurso, porque por un lado se alienta su participación y su visibilidad y por el otro lado se les reprime entonces creo que no gozan de una libreta de expresión y de organización como debieran.
Expuso que estos ataques son cometidos con mucha violencia sexual, un tipo de agresión muy propia como ha sucedido con el feminicidio, en el que la forma en como se mata a las mujeres es muy especial, es como una especie de saña.
La experta expuso que los avances en cuanto a la eliminación de la violencia contra las mujeres, han sido demasiado lentos para las urgencias que hay en las realidades.
En el foro representantes de diversas organizaciones de mujeres indígenas urgieron también a que se brinden mayores oportunidades a las jóvenes y a reconocer el conocimiento de sus pueblos.
Tarcila Rivera Zea, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), dijo que los jóvenes indigenas migran de sus comunidades en busca de mejores oportunidades, pero no pueden competir de igual a igual con otras profesionales por un puesto de trabajo digno o bien remunerado.
Agregó que cuando las familias salen de sus comunidades, las niñas, las jóvenes, muchas veces son captadas para hacer parte de la trata, de la explotación sexual y muchas veces son raptadas.
El Foro fue cerrado por la subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Mely Romero Celis, y Crispim Moreira, representante de la FAO en México, quienes reconocieron la labor de las participantes de las mujeres indígenas en la región.

Foto Guillermo Sologuren, Jessica Xantomila
 Periódico La Jornada

12/22/2017

Exigen castigar a grupos paramilitares



Más de 120 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, demandaron a las autoridades federales y estatales implementar una estrategia de desarticulación y castigo de los grupos civiles armados, de corte paramilitarque actúan en Los Altos de Chiapas y que cuentan con la complacencia de las autoridades de la entidad y municipales.

Esta situación, enfatizaron, ha agudizado el histórico conflicto agrario entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, obligando al desplazamiento de miles de indígenas, la mayoría de extrema vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños y ancianos, provocando hasta el momento la muerte de por lo menos 11 personas”.

Exigieron que se reconozca a las comunidades afectadas como víctimas de desplazamiento interno y se establezcan las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad, protección y atención inmediata diferenciada, reparación de los daños al patrimonio y de las violaciones a los derechos humanos de los miles de desplazados. Medidas que deberán responder a los más altos estándares internacionales en la materia y en consonancia con lo expuesto en la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado.

Cuidadoso cálculo político

Organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria y de la Montaña Tlachinollan; Servicios y Asesoría para la Paz; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Unión Finlandesa por la Paz, entre otras, firmaron un pronunciamiento conjunto en el que criticaron la sentencia de un Tribunal Agrario Unitario, dando la razón al municipio de Chenalhó por el conflicto de tierras.

En su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos. Agregan que en sus cuatro resolutivos finales, el fallo del tribunal ambiguamente pareciera mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias. Sin embargo, en realidad favorece absolutamente a Chenalhó, y con ello encubre y alienta los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, que ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento.

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 10

12/14/2017

Grupos paramilitares, narcopolítica y desplazados en Chiapas


Cantos de guerra



Xicoténcatl

Rebelión

Antes de plantear el tema de fondo que se presenta como un conflicto de límites territoriales entre las comunidades chiapanecas de Chenalhó y Chalchihuitán (a 34 kilómetros de San Cristóbal de las Casas) les propongo un escenario imaginado.

Un grupo armado con buenas armas de guerra, compuesto de entre 100 a 300 elementos, se mueve por la zona montañosa de los Altos de Chiapas, con objetivos revolucionarios y ya hicieron públicos sus objetivos; a saber:

- Llaman a la población a unirse a la lucha armada contra el mal gobierno
- Proponen la creación de un gobierno con representación obrera, campesina y popular
- Disolución del Congreso y el Senado, tanto estatal como federal.
- Salud, educación y vivienda gratis y de calidad.
- Juicio popular por los crímenes de Estado… Bueno, antes de poder redactar el sexto punto, el Ejército Federal estaría peinando las montañas, habría sobrevuelos constantes de helicópteros artillados y, pongamos un plazo de entre 4 y 12 días para que el último militante de ese hipotético grupo revolucionario fuera abatido. Fin del ejercicio.


El caso real es que el grupo armado existe, viene actuando desde hace semanas y ya ha provocado la muerte de siete personas, niños incluidos, además de la destrucción de los enseres básicos de un pueblo campesino y la huida al monte de 4,973 personas de Chalchihuitán y 800 de Chenalhó, según informan sacerdotes de la pastoral social y observadores de derechos humanos que han podido acceder a los campamentos de desplazados.

Desde los años 90 del siglo XX los gobiernos estatales de Chiapas han apostado a ganarse el apoyo de diferentes facciones en las comunidades. La apuesta era la división como elemento permanente que exacerbara problemas añejos por la tierra o diferencias entre grupos familiares. En las comunidades de los Altos y Norte de Chiapas la derrama de dinero ha sido constante y así se han podido formar grupos paramilitares con armas de alto poder (R-15 y Kalashnikov –cuernos de chivo le llaman-); en ocasiones la entrega de armas era directa.

De esta manera el gobierno mantiene una situación de tensión y conflictos permanentes. Todo esto tuvo repercusión internacional el 22 de diciembre de 1997 cuando un grupo armado masacró a personas que rezaban en el interior de un templo en Acteal, municipio de Chenalhó.

Año 2017 LA ESCALADA

El escenario de guerra se ha consolidado a lo largo de este año, son frecuentes los cortes de carreteras y caminos, retenes de gente armada que cobran peaje, goteo constante de ejecuciones y asaltos a transportes públicos. La empresa de autobuses Omnibús Cristóbal Colón (OCC) ha dejado de transitar algunas rutas de la zona norte de Chiapas o no ofrece servicios nocturnos. El narcotráfico y la política están entrelazados, con apoyo abierto a delincuentes por parte de políticos chiapanecos. El caso más evidente es el de Juan Gómez, ex alcalde de Simojovel, que estuvo en prisión por posesión de armas y droga, apenas en junio del 2015. Actualmente se ha constituido, junto con otros miembros de su familia, en Fuerza Gómez para volver a aspirar a la presidencia municipal en las elecciones del 2018. Cuenta con el apoyo del partido Chiapas Unido, estrechamente vinculado a los favores del actual gobernador Manuel Velasco Coello. La ira popular por la corrupción y robos efectuados por los presidentes municipales ha estallado frecuentemente en ataques e incendios de las presidencias y quema de vehículos policiales (casos de Tila, Copainalá, Tecpatán, Oxchuc, Chenalhó…). El 24 de julio de 2016 el alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, se disponía a informar desde el balcón de la presidencia y ante dos mil personas, sobre el destino de unos recursos económicos. Ráfagas de AK45 le cortaron la palabra y aunque aún pudo bajar las escaleras y llegar tambaleándose a la plaza del pueblo, allí mismo fue rematado con el tiro de gracia. El presidente pertenecía al Partido Verde Ecologista de México PVME, (es el partido en el gobierno del estado de Chiapas). San Juan Chamula es un pueblo dominado por el PRI que, en las últimas elecciones tuvo que ceder el poder al PVME.

CONFLICTO CHENALHÓ-CHALCHIHUITAN

Como la simulación es la constante que emplean los funcionarios públicos del gobierno estatal en su relación con los pueblos chiapanecos, hay conflictos que se mantienen durante años y aún por décadas, en un bajo perfil, hasta que estallan con resultado de muertes, destrucción y desplazados. Este es el caso de los límites territoriales entre Chenalhó y Chalchihuitán, pero también existen problemas entre Aldama y Pantelhó (también en los Altos). El conflicto se mezcla con motivos más profundos, como el rechazo de una parte de Chenalhó hacia la alcaldesa Rosa Pérez. El 19 de julio del 2015 ganó las elecciones por la presidencia municipal de Chenalhó con el PVEM. El PRI perdió la votación pero por margen mínimo (1,320 votos de diferencia). La presión de las comunidades del municipio fue muy fuerte y a Rosa le obligaron a firmar su renuncia. Algunos representantes de las 109 comunidades del municipio de Chenalhó declararon “no estar de acuerdo en que la licenciada Rosa Pérez Pérez regrese a gobernarnos, en razón del daño que nos causó cuando estuvo al frente del municipio, situación que no estamos dispuestos a volver a vivir”. El 17 de agosto del 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, resolvió revocar el decreto del Congreso local y reincorporar a Rosa Pérez a su cargo; pero una cosa son las leyes y otra con mucha distancia, es poder aplicarlas. En la madrugada del día 22 de febrero del 2017 partidarios de Rosa Pérez tomaron por asalto la presidencia municipal para hacer valer la decisión del TEPJF. Dos muertos, más de una docena de heridos y alrededor de 200 personas desplazadas de sus hogares fue el resultado de esta acción. La sombra de Acteal pasó por entre los cerros de la zona. Pobladores de los dos municipios han declarado que Rosa Pérez opera con grupos paramilitares. Esta gente armada es la que ha provocado la huida de más de cinco mil personas que desde hace dos meses se refugiaron en el monte sufriendo hambre, frío y con el terror de ser masacrados.

Con este problema de fondo, que es el que afecta a otros pueblos de Chiapas que contraponen gobiernos por usos y costumbres para deshacerse del control de los partidos políticos, se reactiva el problema de los límites territoriales con Chalchihuitan cuando el 18 de octubre del 2017 fue abatido a balazos Samuel Luna, originario de Chalchihuitán. El día 29 de ese mes hirieron de bala a Sebastián Ruiz Ruiz, de Chenalhó. El asesinato de Samuel Luna provocó el terror de los pobladores de Chalchihuitán, y una parte de Chenalhó, que abandonaron sus escasas pertenencias para ponerse a salvo del grupo armado, cobijados con frío y hambre, rodeados de desprecio, marginación y racismo.

MUERTE EN LA MONTAÑA

Su mamá lo parió en el monte la semana pasada y resistió tres días antes de fallecer. Aunque no ha sido el único nacimiento en medio de los árboles o en cuevas de la zona. El bebé y otros tres niños menores de cuatro años son los últimos fallecidos, junto con dos adultos, que eran parte de los miles de desplazados que aún sobreviven a la intemperie. Unos días antes una niña de dos años fue la primera víctima infantil; presentaba un cuadro de tos y fiebre. Los disparos se siguen escuchando frecuentemente para amedrentar a los desplazados.

Este viernes 15 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario emitirá un fallo en relación a las 900 hectáreas en disputa. El presidente municipal de Chalchihuitán tiene fundados temores: “Los de Chenalhó afirman que si el fallo no les favorece, van a ir a matarnos”.

En CANTOS DE GUERRA no aparece la palabra, pero los relatos y crónicas que ustedes consulten les hablarán de indígenas, de pobladores monolingües, de indiada que entre ellos se matan.

¡Qué tiempos estos en que hay que luchar por lo evidente!

ANEXO. Información facilitada por el presidente municipal de Chalchihuitán

CHALCHIHUITAN

1.- Obtuvo su resolución presidencial el 26 de mayo de 1975
2.- Superficie reconocida 17,948-24-16 has.
3.- Tiene acta de posesión y deslinde de fecha 01-12-80
4.- Acta de posesión y deslinde complementaria el 19-10-81
5.- Tiene plano definitivo
6.- Paga impuesto predial.

CHENALHÓ

1.- Obtiene su resolución presidencial el 4 de septiembre de 1975
2.- Superficie reconocida 15,625-22-11 has.
3.- No tiene acta de posesión y deslinde.
4.- No tiene plano definitivo y solo tiene plano proyecto.
5.- No paga impuesto predial.

La Ejecución de la resolución presidencial de Chalchihuitán se llevó a cabo en tiempo y forma. Chenalhó fue notificado y NO presentó ninguna inconformidad. La Secretaría de la Reforma Agraria NO cometió ningún error. La posesión legal de las tierras de Chalchihuitán es inalienable, inembargable e instranferible. En la jurisprudencia mexicana se declara que ningún presidente de la República puede modificar, sólo está facultado para aplicar la ley y respetar la posesión.

12/02/2017

En riesgo, mujeres embarazadas desplazadas de Chenalhó y Chalchihuitán

Algunas se encuentran a días de parir y hay recién nacidos
   


A 10 días de que miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas, la ayuda del gobierno comenzó a llegar a cuenta gotas pero para las más de 100 mujeres embarazadas aún es difícil acceder a la atención médica.
La coordinadora del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Azalia Hernández, informó a Cimacnoticias que ayer llegaron las brigadas de salud del gobierno de Chiapas pero únicamente a la cabecera municipal de Chalchihuitán, “de entrada por salida”.
Debido a la disputa territorial entre ambos municipios (Chalchihuitán y Chenalhó) es imposible que las mujeres y niñez que se refugian en los montes, regresen a sus localidades, ya que los caminos se encuentran obstaculizados por personas armadas, “es absurdo que se les pida trasladarse a los municipios”, señaló la activista.

La situación se agrava día a día, la información que ha recibido el Frayba es que hay mujeres a pocos días de parir, en total tienen el registro de 114 mujeres embarazadas, hay bebés recién nacidos, por ejemplo, la asociación conoció un caso de un bebé de 20 días de vida.
“Médicos están  dispuestos a dar trabajo humanitario, pero es imposible ingresar. En la mañana nos informaron que las personas que bloquean las entradas comenzaron a quemar llantas. Tienen el territorio controlado”.
Según la información que publicó el gobierno estatal en su página web oficial, Protección Civil y paramédicos están atendiendo en Chalchihuitán a las mujeres embarazadas para llevarlas en helicóptero al municipio de Simojovel, pero la mayoría, como indicó la integrante del Frayba, están refugiadas en las montañas.
Lo mismo sucede para la niñez y adultos mayores que presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales por vivir en la intemperie. No hay registro de que las brigadas estén atiendo de forma directa a estos pueblos tzotzil, precisó Azalia Hernández.
“Las familias desplazadas huyeron de sus casas sin nada. Especialmente las mujeres se encuentran en extrema vulnerabilidad, en campamentos hechos con plásticos a temperaturas muy frías, sin alimentos. No pueden regresar a sus casas, les fueron quemadas, robaron sus animales y destruidas sus pocas pertenencias”, comentó.
La vulnerabilidad no sólo es en su salud física sino también mental. Azalia mencionó que en los campamentos las mujeres, niñas y niños están viviendo con un profundo temor de ser perseguidos y encontrados por los grupos paramilitares.

EL CONFLICTO
El conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó comenzó en los años setenta cuando San Pablo Chalchihuitán obtuvo el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC). El municipio recibió hectáreas que eran parte de la localidad colindante.
Desde entonces se desató la problemática que aún sigue sin resolverse. Actualmente continúa en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez la denuncia de la población de Chenalhó por la distribución del territorio.
Asimismo el conflicto de grupos paramilitares en esta zona es añejo. Hace 20 se suscitó la masacre de Acteal en localidad de Chenalhó. Un grupo paramilitar conocido como “Máscara Roja” asesinó el 22 de diciembre de 1997, a 18 mujeres adultas, 7 hombres, 16 menores de 17 años y 4 niños entre los 15 y 2 años de edad.
Fue una masacre planeada en contra de los miembros de la Sociedad Civil “Las Abejas” mientras hacían una jornada de paz para Chiapas. El caso llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La integrante del Frayba –asociación que acompañó el caso Acteal- afirmó que el conflicto armado continúa en estos municipios por la incapacidad del gobierno para desarmar a los grupos paramilitares y la impunidad de castigo a quienes participaron en ellos.

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO
Por ello las organizaciones y comunidades temen no sólo de otra masacre como la de Acteal, sino también del futuro de estos cientos de familias. Azalia Hernández explicó que en casos de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que ha documentado el Frayba, a muchas poblaciones les es imposible retornar a sus comunidades.
El asentamiento de grupos armados en sus localidades los orilla a comenzar su vida en lugares aledaños. Las familias pierden sus propiedades y terrenos de siembra. También hay una pérdida cultural (tradiciones, lengua) como parte del desplazamiento forzado.
Por ello, dijo, la acción del gobierno debe estar enfocada en cuatro ámbitos: la atención urgente a la población desplazada, el desarme de los grupos armados y la atención del problema estructural en la comunidad, y la reparación del daño integral para los habitantes.
De acuerdo con los registros del Frayba, en Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y de la comunidad de influencia zapatista, Chenalhó, la cifra aumentó a 900 personas.

NACIONES UNIDAS PIDE ATENCIÓN URGENTE
En tanto, en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de estas comunidades.
Indicó que “es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades”. Pidió que se cumplan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó al Centro de Derechos Humanos Ku’untik que ya integra la solicitud de medidas cautelares para las personas desplazadas que la organización solicitó.
De acuerdo con el Centro, estas serán una extensión de las medidas cautelares (MC-361-17) que dictó la CIDH en octubre por el desplazamiento forzado de 248 personas del Ejido de Puebla localidad de Chenalhó, de la misma forma por parte de grupos paramilitares

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

2/05/2017

#Mineras respaldadas por grupos paramilitares


By Érika Ramírez @erika_contra
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) condenó los actos de violencia a mano armada que las empresas Torex Gold Resources Inc. y Panamerican Silver, ambas canadienses, llevaron a cabo para continuar con el despojo de las comunidades en donde han instalado sus proyectos, tanto en Cocula, Guerrero, como en el de Chalchihuites,  Zacatecas.
A través de un comunicado, la REMA informó que el 31 de enero pasado grupos de “civiles” armados —en su mayor parte pertenecientes al grupo delincuencial de los Guerreros Unidos—, “instalaron retenes en los poblados de Atzcala y Mezcala, Municipio de Cocula, con el fin de bloquear el acceso a diversos grupos de apoyo que se desplazaban para solidarizarse con el bloqueo que desde el domingo pasado mantienen campesinos y pescadores, contra la empresa Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources Inc.
Los pobladores de Nuevo Balsas, Real de Limón y Atzcala habían instalado el bloqueo en contra de la minera, por el incumplimiento de acuerdos a los que se había llegado con la minera canadiense. Entre ellos, la indemnización de 500 mil pesos anuales por los daños ocasionados al ambiente, “en especial a la presa de la cual subsistían de la pesca, además de ya presentar daños a la salud y estar enfrentando una grave crisis de inseguridad por la clara participación del crimen organizado en áreas de operación de la empresa”. Ante estos hechos, el gobierno del estado — a cargo de Héctor Astudillo Flores— no ha participado en la resolución del conflicto.
En  tanto, el mismo 31 de enero, 47 familias que habitaban en la comunidad rural de la Colorada en el Municipio de Chalchihuites, Zacatecas, fueron desalojadas de sus hogares por “guardias privados, que portaban armas largas, de la empresa minera canadiense Panamerican Silver. Con maquinaria pesada la empresa destruyó sus casas para apropiarse de sus lotes, de la misma manera como actuó el 23 de diciembre de 2016 con la Comunidad de Salaverna, Zacatecas”.
La REMA indicó que desde hace 2 años esta empresa canadiense comenzó a despedir selectivamente a trabajadores que vivían en las comunidades cercanas.
La organización sostiene que “las empresas mineras de capital privado extranjero y mexicano, constantemente violan los derechos humanos, violentan las leyes ambientales y laborales y por si fuera poco en una buena cantidad de casos han hecho uso de grupos de choque, paramilitares, grupos armados de la delincuencia organizada y fuerzas de seguridad municipal, estatal y federales que servilmente protegen los intereses privados de estas”.
Érika Ramírez

8/17/2016

En Tila, Chiapas podría haber una masacre; presencia de Marina y grupos paramilitares ponen en alerta a población


VELASCOCOELLO, MILITARIZACIÓN CHIAPAS
(16 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En medio de la oscuridad de la noche, o a plena luz del día, los operativos de gente armada en Tila, Chiapas no cesan, las carreteras de terracería, los caminos lejanos que llevan a la localidad también son bloqueados por grupos de choque que constantemente hostigan a la población.
Estos escenarios violentos ahora también han sido acechados por policías e incluso la Marina. Situación que se intensificó en julio de 2015, en época electoral, en aquel momento se dieron las primeras manifestaciones de hombres que portaban armas de fuego y que generaron un clima de terror, el cual hasta hoy se sigue manteniendo.
Los atacantes de la población, viajaban en camionetas del mismo ayuntamiento y eran en ese momento, como ahora, protegidos por policías municipales. El año pasado abiertamente dispararon, y pocos meses después, a la llegada del PVEM al palacio municipal, también fueron contratados para laborar ahí, denunció la población.
“A los indígenas en Chiapas, como en muchas comunidades de la República cualquier político de medio pelo puede ponerle la pistola encima y dispararle. No habrá justicia. Porque somos una constante amenaza, somos nosotros quienes hemos gestado las más grandes luchas en contra del gobierno opresor, quien siempre se ha dedicado a humillarnos, atacarnos, exterminarnos.
Hoy Tila, Chiapas es uno de los ejemplos representativos de lo que es capaz el Estado cuando un pueblo se levanta por su autonomía. La muerte es siempre el primer paso y el único, ellos son siempre quienes disparan, después lo niegan, aunque los muertos sean exhibidos, aquí tienen a la prensa comprada y algunos más amenazados, en Chiapas ningún indígena tendrá justicia si los que imparten justicia son sus verdugos” asegura a Revolución TRESPUNTOCERO Pedro “N”, ejidatario de Tila.
Lo anterior, Pedro lo relaciona con la lucha social que en Tila se ha venido desarrollando desde hace ya varios años, y ha sido hasta este año, cuando abiertamente han logrado su autonomía de gobierno. Lo que ha provocado que luego de inhabilitar al Ayuntamiento municipal -partidario del PVEM-, hayan padecido una ola de operativos violentos, donde los mismos miembros del ahora extinto cabildo fueran quienes los dirigían, en colaboración con grupos paramilitares.
Ante las denuncias constantes de la población, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, hoy ex presidente municipal de la localidad, con apoyo del cuestionado Procurador Raciel López Salazar, han negado que esto sea cierto, poniendo en entredicho los testimonios de quienes no solamente han sido amenazados, sino algunos más han padecido disparos de arma de fuego, detención arbitraria, encarcelamiento y hasta desaparición forzada, “siendo esas sus estrategias para someter a los luchadores sociales y obligar a la población a rendirse”, agrega.
En Chiapas, 1994 nunca se fue, sin embargo a la llega de Velasco Coello la militarización y las masacres se intensificaron y “la consigna de asesinar a todo aquel indígena que quisiera ponérsele al brinco al gobierno (priista en su momento), hoy a su otro tentáculo: el PVEM, se ha obedecido de manera infalible”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la sociología Martha Salinas, especialista en conflictos sociales.
La experta, afirma que los ejemplos de matanzas en el estado se suman a diario, principalmente en las zonas donde habitan simpatizantes del EZLN, o miembros de dicho ejército. “El despojo ha sido constante y existen comunidades enteras que han sido desplazadas de manera forzada por grupos armados adscritos al PVEM y al PRI.
Producto de esto, han habido muertos y desaparecidos, incluso menores han perdido la vida, por ser obligados a vivir en condiciones insalubres, sin comida, agua potable y baños. Viejo Velasco, Banavil, San Marcos Avilés, son solamente algunos casos, sin embargo ya sea por medio de escuadrones de la muerte, paramilitares o militares, el acecho a las comunidades indígenas no cesa, un ejemplo reciente es Tila”, comenta Salinas.
Ubicado en la zona norte de Chiapas, Tila, ejido Ch’ol, denunció la semana pasada la intromisión de camionetas pertenecientes a la Marina. Lo cual alertó a la población ya que la llegada de los elementos fue repentina. Esto sucede a ocho meses que la población organizada expulsara al Ayuntamiento Municipal y declarado su autonomía y autogobierno ejidal.
Lo que ha traído como consecuencia que el pueblo en general sea víctima de amenazas que van desde los operativos militares, pasando por los policíacos y llegado hasta los paramilitares. Lo anterior, afirma Salinas, es producto de la lucha por la autonomía del pueblo de Tila. Quienes no han permitido que ninguna autoridad relacionada por el gobierno estatal tome posesión del poder en el ejido.
“De manera continua reciben los rumores de la entrada de la policía al pueblo, que ya lo ha intentando de manera fallida ante la movilización de los habitantes, en una madrugada hace un par de meses. También les ha llegado la información que el ejército prepara el operativo cercando el pueblo y aislando a sus comunidades. Y de la misma manera están advertidos de cómo los funcionarios del ayuntamiento están organizando grupos en diferentes comunidades para atacar al ejido, su oficio paramilitar” ha denunciado el Colectivo Radio Zapatista.
Lo que significaría “violencia de supuestos grupos armados desconocidos, pero solapados y de hecho, enviados por el gobierno para frenar a la población disidente y que sea esto una estrategia de terror para que nadie más intente buscar la autonomía y defender su territorio.
Y es que por cada ejido cuyo poder recaiga en políticos miserables y corruptos al servicio del gobierno estatal, mayores oportunidades de desvío de fondos se producen, así como el ya conocido saqueo de recursos naturales y tierras para uso turístico empresarial, un pueblo que se levanta para defender lo suyo es en automático enemigo del gobierno y debe ser erradicado”, añade Salinas.
Según han dado a conocer los pobladores de Tila, previo a la incursión de la Marina en el poblado, se difundieron amenazas hacia los habitantes, por medio de mensajes en la aplicación de Whatsapp.
Cuyo contenido versaba, “Tila, Chiapas, Comunicado de la Segob. El momento imprescindible se acerca, se le pide a la población en general que guarde la compostura debida en los acontecimientos a suscitarse dentro de los límites de la zona de urbanización, no alarmarse por las acciones para restablecer el estado de derecho, se les ordena permanecer dentro de sus hogares para no entorpecer la aplicación de la justicia, es importante abastecerse de lo indispensable en víveres, ya que la estancia de la fuerza pública, será de manera indefinida hasta lograr la estabilidad social sin causar violaciones a los derechos individuales, salvo exceptuando a aquellas personas que rendirán cuentas con las instancias correspondientes.
Hoy la aplicación de la justicia será única y exclusiva para aquellos que están contemplados en la lista de órdenes de aprehensión, esta medida de seguridad es para evitar confrontaciones con saldo rojo, como lo ocurrido en San Juan Chamula, por lo anteriormente expuesto se le pide a la juventud no prolongar sus paseos de noche, ni hacer grupitos, para no levantar sospechas de delincuencia.
El gobierno del estado ha recibido instrucciones contundentes del gobierno federal para realizar un operativo con saldo blanco, y qué mejor que la población coadyuve para no lamentarse de acciones drásticas. Por un estado sin violencia CHIAPAS NOS UNE. (BOM) Base de operaciones Mixtas”.
Sobre los hechos se sabe, que además de la incursión de la Marina, los accesos al poblado de Tila fueron bloqueados, y el que se mantiene abierto es controlado. “Esta podría perfilarse como una masacre de no denunciarse, porque es un pueblo poco conocido, los medios locales no lo voltearían a ver, los pobladores están prácticamente solos, sin embargo se mantienen en la lucha, puesto que el gobierno busca o eliminar o encarcelar a varios miembros de la Sexta, estamos nuevamente presenciando una epidemia de persecuciones en contra de los dueños legítimos del territorio a manos de uno de los mayores saqueadores que ha tenido Chiapas: Velasco Coello“, añade la experta.
Este no es el primer ataque que Tila ha padecido en su historia, ya que constantemente han sido víctimas de ataques paramilitares y policíacos, donde han padecido sinnúmero de violaciones a sus derechos humanos.
Hasta el momento, existen poco más de 20 órdenes de aprehensión, que el juez de consigna en turno le gestionó a la Procuraduría General de Justicia “con base en un expediente repleto de falsedades repetidas, la costumbre burocrática”, ha denunciado el Colectivo Zapatista.

5/09/2016

Amenazan con armas de fuego a mujeres choles de Nueva Esperanza




Riesgo de reactivación de agresiones por grupo del PVEM e integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia vs ejidatarios en resistencia de Nueva Esperanza en el municipio de Tila.

Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha recibido esta mañana información urgente de parte de mujeres y hombres ejidatarios del poblado Nueva Esperanza, Tila en donde denuncian que durante la madrugada fueron saqueadas nuevamente las oficinas del Comisariado Ejidal por parte de sujetos del PVEM llevándose el equipo de sonido propiedad de la comunidad, y que ante estos hechos han tomado la decisión de iniciar un bloqueo de la carretera que conduce a Sabanilla a la altura de la entrada del ejido Nueva Esperanza.

Informan que esta mañana ha sido visto el equipo de sonido en un templete para un supuesto evento para el día de las madres en donde asistirá el presidente municipal Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, por lo que esta es la razón por la que han cerrado el acceso al poblado de Nueva Esperanza, ya que el presidente municipal señalan es considerado uno de los principales responsables de la violencia que se vive en Tila y de ser uno de los principales dirigentes del grupo Paramilitar Paz y Justicia, por lo que no están de acuerdo en que se presente en el poblado.

Denuncian con preocupación que mujeres que se encaminaban a la entrada del poblado para sumarse a la decisión de los ejidatarios de impedir el acceso al presidente municipal y protestar por el nuevo saqueo de la oficina del Comisariado Ejidal, fueron amenazadas de muerte por Graciano Gómez Pérez Alías el Castro dirigente del PVEM en Tila y quien es identificado como el dirigente de Paz y Justicia en la comunidad de Nueva Esperanza, señalan que realizó disparos al aire y que les gritaba “ las voy a matar a cada una de ustedes cuando me las encuentre solas”.

Estos hechos se suman a las graves amenazas de muerte lanzadas en contra de Magali del Carmen Cruz Pérez por sujetos del PVEM y del grupo paramilitar Paz y Justicia, por seguir denunciando y exigiendo justicia a 9 días de cumplirse 10 meses por la desaparición forzada, tortura y ejecución sumaria de su esposo Toni Reynaldo Gutiérrez López. Sujetos del PVEM y de Paz y Justicia. Magali del Carmen ha recibido amenazas de que entraran en su vivienda para ejecutarla junto a sus pequeños hijos.

Ante estos nuevos hechos, los cuales exponen nuevamente la vida, la seguridad e integridad personal de pobladores del Ejido Nueva Esperanza y de manera sensible a mujeres ejidatarias que se han sumado a la lucha por justicia junto con Magali del Carmen Cruz Pérez y por la defensa de sus derechos y territorios, este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa continúa responsabilizando como principales responsables de lo que ocurra en el municipio de Tila al gobernador Manuel Velasco Coello y al Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, quienes han sido omisos y se han protegido a grupos de corte paramilitar y delincuencial ligados al PVEM como Paz y Justicia en el municipio de Tila.

Este Comité Digna Ochoa valora que la violencia impulsada en Tila desde el Ayuntamiento Municipal de Tila encabezado por Edgar Gregorio Gómez Gutiérrez y con el uso de sujetos ligados al grupo paramilitar Paz y Justicia del PVEM no es un hecho aislado, y se inserta en un patrón de contrainsurgencia y de violencia inducida por el gobierno del Estado de Chiapas que pretende generar el terror en la población y las condiciones para que empresas extranjeras se apropien de las tierras y territorios de comunidades y pueblos indígenas y campesinos de Chiapas. La violencia inducida por el gobierno de Chiapas se ha desatado en municipios estratégicos como Chenalhó, Chanal, Oxchuc, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ocosingo, Chilón, Frontera Comalapa, San Cristóbal de Las Casas e incluso la capital Tuxtla Gutiérrez; y parece perseguir el objetivo de entregar territoriso a grupos delincuenciales y paramilitares ligados a su partido el PVEM; por lo que estamos ante un escenario de grave riesgo de que ocurra una masacre de una gran magnitud en Chiapas, de la que será plenamente responsable el gobernador Manuel Velasco Coello.

Por la defensa de los Derechos Humanos de nuestro Pueblo
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa 

1/10/2016

En Chiapas campesinos padecen hostigamiento de grupos paramilitares para que detengan su lucha por la defensa de sus tierras


    
(10 de enero, 2016).- Después que el municipio de Tila, Chiapas, por medio de su organismo de representación ejidal denunció la reactivación de grupos paramilitares, los ejidatarios denunciaron públicamente a los responsables del clima de inseguridad que se percibe en aquella entidad.
El organismo de representación acusó directamente al Presidente Municipal (PVEM) de Tila, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, de ser el responsable de los recientes acontecimientos violentos perpetrados en dicha región, donde se registró un enfrentamiento entre ejidatarios y policías.
Lo anterior derivó en el inicio de una averiguación previa por parte de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, contra los comuneros por delitos de lesiones, daños, motín, atentar contra la paz pública y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.
Se aseguró que el alcalde Edgar Leopoldo afirma que no existe paramilitares, “pero sabemos que tanto el presidente municipal de Tila y el Procurador Raciel López Salazar se lavan las manos, de sobra lo saben que hay muchas denuncias en contra de los organizadores plenamente identificados y protegidos por ellos mismos.”
Aseguran que son estas personas quienes encapuchados y portando armas “generaron un clima de terror al introducirse en la población en camionetas del mismo ayuntamiento y los policías municipales que los protegían, hacían disparos y con el uso de la violencia y alterando la paz social dentro del Ejido Tila.”
Así mismo, denunciaron al Subsecretario de gobierno con sede en Yajalón Chiapas, Oscar Sánchez Alpuche, de ser el responsable de reorganizar a los grupos paramilitares que tienen como misión hostigar a las organizaciones sociales que protegen sus tierras.
“Denunciamos públicamente a Emilio Gutiérrez Martínez (exmilitar) quien está dirigiendo un grupo paramilitar para atacar al Ejido Tila; así también, a Rubén Nemorio Gutiérrez Martínez, Pablo Gutiérrez Martínez, Eliseo Gutiérrez Gutiérrez (exmilitar), Isaac Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Martínez Gutiérrez, Cesar Gutiérrez López, Julio Gutiérrez López (exmilitar), Javier Gutiérrez Gutiérrez, Alfredo Gutiérrez Gutiérrez, Juan Gutiérrez López (exmilitar), Oscar Gutiérrez Gutiérrez, Florentino Gutiérrez Gutiérrez, Genaro Gutiérrez Gutiérrez, Cornelio Gutiérrez López, Vicente Gutiérrez López (profesor indígena) y a todos ellos los responsabilizamos de cualquier agresión a nuestros compañeros ejidatarios y de todo lo que vaya a suceder y todos ellos son de la comunidad de Misija anexo al Ejido Tila, Chiapas. Esto es una pequeña célula de grupos paramilitares que han estado organizando dentro de las colonias de nuestro ejido”, advirtieron.
Los representantes han reiterado su compromiso por seguir protegiendo las 130 hectáreas de tierra que aseguran el ayuntamiento pretende despojarlos de ellas. Exigieron al gobierno del estado de Chiapas, respetar su territorio y las decisiones de la asamblea. Así mismo, reclamaron  retirar las oficinas del ayuntamiento municipal de Tila de manera definitiva para que la asamblea general de ejidatarios tome el control del municipio.
Durante la segunda mitad del 2015, grupos indígenas que habitan la comunidad El Carrizal y que desde hace años han luchado por sus tierras para exigir una mejor calidad de vida, fueron quienes denunciaron que grupos paramilitares los han hostigado y amenazado, obligando a muchos a abandonar sus terrenos.
“Es una comunidad indígena mayoritariamente de habla tzeltal y desgraciadamente la entrada principal a este pueblo de El Carrizal está controlado por un grupo paramilitar llamado ‘Los petules’ quienes impiden que niños y jóvenes asistan a la escuela y que los habitantes comercien con otras comunidades”, revela Héctor Cerezo, Activista del Comité Cerezo México.
Como lo dio a conocer Revolución TRESPUNTOCERO el 29 de septiembre de 2015 los grupos paramilitares atacaron a miembros de El Carrizal y asesinaron a Héctor Sántiz López. Quien dejó desamparados a su esposa, Rosa Morales y tres hijos menores de 5 años. Morales se trasladó hasta la capital mexicana pero no habla español: es gracias a la traducción de su cuñado, Ramiro Sántiz, como pudo explicar lo que le sucedió a su esposo. “Fuimos balanceados nosotros salimos huyendo en los montes y ya llegando a la comunidad lo esperamos y no llegaba”, cuenta el hermano de la víctima.
A la familia dicho grupo paramilitar negó el cuerpo de Héctor, pues pretendían quedarse con él. Los indígenas han buscado apoyo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y han acudido varias veces ante las autoridades para denunciar su problemática, pero aseguran que los grupos paramilitares están apoyados por el gobierno estatal y esta es la razón principal por la que el conflicto no termina.
“Hasta el momento, continúa el hostigamiento y la amenaza permanente, no solo de los paramilitares petules sino del mismo Ejército federal, la fuerza federal, la fuerza ciudadana, policía estatal preventiva, policía federal”, cuenta Susana Aguilar, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Aunque se asegura que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas ha implementado un Programa Regional de Seguridad y Prevención que ha reducido el nivel de delincuencia hasta ser la entidad con menor número de víctimas del delito a nivel nacional, las cifras difieren de la realidad que padecen dichas comunidades indígenas azotadas por los grupos paramilitares, quienes constantemente amenazan, disparan y asesinan de manera impune.

12/29/2015

Emergencia en el pueblo cho’l de Tila, Chiapas



Magdalena Gómez
La Jornada
La Asamblea Ejidal, órgano máximo del ejido donde se asienta el pueblo ch’hol, decidió el pasado 8 de noviembre autoejecutar una sentencia que ordenó en 2008 que se les restituyeran tierras de las que fueron despojados y dar inicio a la construcción de su autonomía como pueblo indígena, según establecen el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT. La respuesta inmediata del gobierno estatal fue enviar militares y agentes ministeriales, los cuales, con la policía municipal, patrullaron las calles día y noche los días 18, 19 y 20 de noviembre y continuaron hasta hoy sembrando el miedo con incidentes graves e intimidando a los habitantes.
Así describieron su acuerdo: Exigimos una vez más que se retire el Ayuntamiento Municipal de Tila Chiapas a donde corresponda, ya que aquí en el Ejido no le corresponde ni un centímetro de terreno... ahora ha autodeterminado por acuerdo general que se vaya el ayuntamiento de nuestro territorio, que se vaya ese nido de paramilitares y partidismos políticos de nuestro pueblo, por eso la Federación mandaron a militares y policías... denunciamos a los falsos comisariados nombrados por el gobierno del estado...…quienes están engañando a los avecindados, diciendo que los ejidatarios les van a quemar sus casas o que los van a correr.
Para comprender esta decisión histórica es importante recordar a grandes rasgos la ejemplar batalla jurídica que han realizado y en la cual, pese a obtener un triunfo, éste no ha sido ejecutado. El pueblo ch’ol, en el ejido de Tila, Chiapas, fue afectado con el despojo de 130 hectáreas de su territorio, ocupadas de manera inconstitucional por el H. ayuntamiento municipal de Tila, a raíz de la publicación del decreto 72 del 17 de diciembre de 1980, emitido por el gobernador y el Congreso del estado de Chiapas. En su defensa tramitaron un juicio de amparo, el 14 de abril de 1982 (259/1982), ante el juzgado primero, el cual fue resuelto 26 años después de su presentación, el 16 de diciembre de 2008, concediendo el amparo al ejido de Tila y ordenando al H. ayuntamiento municipal de Tila, al gobernador del estado de Chiapas, al Congreso local y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio la restitución inmediata de las tierras al ejido Tila y la cancelación de todo tipo de escrituras que las privatizaran. El gobierno del Estado ha recurrido a toda clase de argucias para sustentar la imposibilidad física y material de cumplir con la sentencia, por lo que procede la indemnización por esas tierras. Los ejidatarios ch’oles han insistido en que al restituírselas, como corresponde, ellos entrarían en un proceso interno de negociación con quienes ocupan actualmente las tierras que les fueron despojadas, y lo harían desde una posición de autoridad. En noviembre de 2010 dio inicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un incidente de inejecución de sentencia (1302/2010); se asignó la ponencia a la entonces ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, de la primera sala de la SCJN, donde se determinó solicitar al pleno el estudio del caso del amicus curiae, en referencia al que presentaron María Gracia Castillo y Rodolfo Stavenhagen, con la pretensión de ofrecerles elementos sobre el vínculo territorial y cultural del pueblo ch’ol. La ministra Sánchez Cordero elaboró un proyecto que intentó condicionar la ejecución de la sentencia; sin embargo, la mayoría de los ministros sugerían el cumplimiento sustituto (indemnización), haciendo uso de una facultad de la Corte en los casos en que dicho cumplimiento ocasione un daño mayor a la sociedad. Implícitamente, según las miradas de la Corte, por sociedad en este caso se entendería a quienes están en posesión de las tierras del ejido de los ch’oles. Consideraban difícil determinar la prelación de quienes originalmente fueron dañados. El caso se orientó al ámbito agrario, pues se ha señalado la imposibilidad de convertirlo en indígena; ello, pese al principio de autorreivindicación. El caso es que la ministra Sánchez Cordero retiró su proyecto, y para realizar uno nuevo solicitó a la UNAM diversos peritajes que están en curso y con la conclusión de su cargo ha quedado prácticamente en el limbo la resolución del incidente referido. Por ello señalo como autoejecución política la decisión ch’ol para recuperar su autonomía y disponer plenamente de su territorio. En este contexto es reprobable a todas luces la embestida policiaca y paramilitar que se ha emprendido contra quienes les asiste el derecho. Nuevamente se recurre a la intromisión en la vida interna del ejido para nombrar autoridades a modo y con asambleas manipuladas. Grave, la denuncia de actividades paramilitares de los opositores a la asamblea ejidal; preocupante, la impunidad de Estado hacia los pueblos que logran reconocimiento a sus derechos…en el papel.

12/28/2015

Resurge grupo paramilitar Paz y Justicia


Ejidatarios denuncian la ambición de control de Édgar Leopoldo Gómez

Acusan a edil de Tila de reactivar al grupo paramilitar Paz y Justicia

Se coordina la organización con equipo de comunicación del gobierno municipal, señalan

 
Periódico La Jornada
FotoEjidatarios de Tila, adherentes a la otra campaña del EZLN, en imagen de 2012Foto Moysés Zúñiga Santiago

Ejidatarios de Tila adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona acusaron al presidente municipal Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de reactivar para su servicio el grupo paramilitar Paz y Justicia, por la ambición de controlar a los habitantes de esa población chol.
En un comunicado, el presidente del comisariado y el consejo de vigilancia del ejido de Tila responsabilizaron a Mateo Rey, de la comunidad de Cruz Palenque; a Mateo Guzmán, de Agua Fría, y a Don Pascual, de El Limar, de incentivar las actividades del grupo armado.
A Paz y Justicia se le imputa, entre 1995 y 2000, la muerte o desaparición de 122 indígenas en el norte de Chiapas y el desplazamiento de más de 4 mil indígenas choles y tzetzales en esa región.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante de los familiares de las víctimas, afirmó que la acción del grupo paramilitar respondió a la guerra de baja intensidad del Ejército contra la insurgencia zapatista.
En noviembre de 1997, miembros de Paz y Justicia emboscaron a una caravana pastoral integrada por el entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García; el obispo coadjutor, Raúl Vera, dos catequistas y el mayordomo del santuario del Señor de Tila, Manuel Pérez. Ruiz García y Vera López resultaron ilesos, mientras los otros tres fueron heridos.
“Hasta la fecha se han mantenido impunes y quieren nuevamente imponer al presidente (municipal) a sangre y fuego; estas gentes viven de nuestros impuestos, son aviadores que cobran sin trabajar y por eso es que en las comunidades no se concluyen las obras que prometen los políticos, porque parte del dinero sirve para mantener a estos sinvergüenzas”, expusieron las autoridades ejidales de Tila.
Señalaron a Regino, de la zona media de Tila, y a Nicolás, agente rural de la comunidad de Unión Juárez del anexo al ejido Tila, de ser unos vividores y traidores y los responsabilizaron, junto con los tres antes citados, de lo que pudiera ocurrir en el ejido.
Denunciaron que utilizando el equipo de comunicación del gobierno municipal de Tila estos individuos han comenzado a coordinar al grupo paramilitar Paz y Justicia con el objetivo de someter a quien esté en desacuerdo con las disposiciones del edil.
Los comuneros adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expresaron su temor a sufrir un ataque armado, por lo que alertaron a las organizaciones sociales y de derechos humanos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el ejido Tila, ubicado en la cabecera municipal.
Los ejidatarios reclaman la devolución de 130 hectáreas que les pertenecen según la resolución presidencial de 1934, pues en 52 de ellas fue construida ilegalmente la cabecera municipal hace 72 años.
El pasado 16 de diciembre cientos de integrantes del ejido, que aseguraron haber sufrido hostigamiento y arbitrariedades, realizaron una marcha que culminó con la quema y destrucción de algunas áreas de la alcaldía.
Recordaron que en 2008 el tribunal agrario emitió una resolución en favor de los ejidatarios, pero como no fue ejecutada ellos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no ha resuelto el caso, presuntamente porque ocasionaría un problema social, pues sería necesario reubicar prácticamente toda la cabecera municipal.
En el comunicado el presidente del comisariado y el consejo de vigilancia del ejido de Tila acusaron que agentes rurales de otros ejidos que apoyan al ayuntamiento los están provocando.
Si tanto quieren al ayuntamiento que se lo lleven a sus comunidades, nosotros los expulsamos por las constantes violaciones a nuestras garantías individuales, así como la violación al amparo número 73/2014 que se ganó para que no fuera destruido el casino del pueblo, sin el permiso de la asamblea general de ejidatarios, manifestaron.
Los ejidatarios de Tila acordaron no emprender ningún diálogo ni negociaciones con los gobiernos, “porque nuestras tierras no se negocian ni se venden y seguiremos luchando para evitar cualquier despojo o contra cualquier imposición.
En México la violencia la hacen siempre los tres niveles de gobierno escondiéndose tras los grupos paramilitares a su servicio para que ellos digan después que es un conflicto entre comunidades, concluyeron.

11/02/2015

Mujeres denuncian hostigamiento paramilitar en Chiapas


   Indígena Rosa busca justicia por asesinato de su esposo


Chiapas, la frontera sur de México, está integrada por una gama de verdes, que al mismo tiempo de dar vida a la biodiversidad más importante del país, también alberga movimientos de resistencia, organización y lucha social, los cuales al representar una amenaza para el modelo neoliberal vigente, buscan ser eliminados mediante grupos paramilitares.

En uno de los territorios más fértiles de la nación, paradójicamente se asienta una población que a diario se debate entre comer o no comer, y que ante la atención sólo mediática que el gobierno le da, ha encontrado como forma de sobrevivencia la organización colectiva y la producción comunitaria.

Rosa Morales Díaz, joven tzeltal de la comunidad de El Carrizal, (municipio de Ocosingo), es claro ejemplo de los sinsentidos que se viven en la entidad: hace un mes el grupo paramilitar “Los Petutes” asesinó a su esposo y la dejó a ella –con apenas 25 años de edad– al cuidado de tres menores de edad, y sin tener certeza de cómo conseguir recursos para ellos.

Cargando a uno de sus hijos en la espalda y sujetando en cada mano a los otros dos, Rosa Morales visitó las instalaciones de Cimacnoticias para contar –como su poco español se lo permitió– su exigencia de justicia ante el asesinato de su esposo, y el cese de la hostilidad contra su comunidad.

MILITARIZACIÓN: ESTRATEGIA DE CONTROL

La presencia del Ejército en Chiapas, según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenzó en los años 70, cuando la entidad se convirtió en asunto nacional ante el repunte de la insurgencia guerrillera en la vecina Guatemala.

En los años posteriores, los cercos militares se incrementaron, llegando a concentrar a más 10 mil soldados que tenían como misión reprimir los brotes de violencia de campesinos indígenas en demanda de tierras.

Las primeras horas de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) irrumpió en el escenario nacional y declaró la guerra al gobierno y al Ejército mexicanos, en demanda de trabajo, salud, vivienda, tierra, democracia, justicia y dignidad.

El Estado mexicano emprendió entonces una guerra de contrainsurgencia e integró grupos paramilitares, que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas describe como “organizaciones ilegales de personas que utilizan la violencia y el terror para debilitar la oposición armada y civil, y lo hacen apoyadas por agentes del Estado, a través recursos económicos y militares, entrenamiento, protección e impunidad”.

La comunidad de El Carrizal es víctima de esa estrategia. Ubicada en Ocosingo –la entrada a la Selva Lacandona–, en esa localidad nacieron Rosa María y sus tres hijos, producto de su matrimonio con Héctor Sántiz López, hijo de Ramiro Sántiz, uno de los líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-FNLS).

Con el apoyo del Comité Cerezo-México, así como de su cuñado, Ramiro Sántiz López; su cuñada, María Sántiz López, y Carlos Damián Martínez Ramírez, integrante del FNLS, Rosa María se trasladó al DF para contar su historia y la de su comunidad.

ENTRE MILITARES Y LA RESISTENCIA

El Carrizal se fundó en 1983, cuando campesinos tzeltales hicieron una de las primeras recuperaciones de tierra en Ocosingo. Para sobrevivir, la comunidad se organizó para la compra de ganado y la producción agrícola para el autoconsumo. Pero el asedio constante del gobierno contra la población finalmente logró que varios de sus habitantes se corrompieran, dijo Ramiro Sántiz López.

Quienes cedieron a las presiones del gobierno “solitos se fueron de la comunidad” y fueron acogidos por las autoridades. Con el tiempo se sumaron a los grupos paramilitares.

A partir de 2012, el grupo paramilitar “Los Petutes” se ubicó en la entrada principal de El Carrizal, tomando tierras de la comunidad e instalando un campamento en Cuxuljá-Altamirano, con lo que cerraron la entrada y salida hacia la cabecera de Ocosingo

“Para salir de la comunidad tenemos que rodear la zona; son como 40 minutos caminando. Los maestros dejaron de ir a la escuela bilingüe que con mucho esfuerzo logramos construir en la comunidad”, contó con tristeza Rosa Morales, quien durante la entrevista se entretenía viendo a su sobrina de cinco años haciendo dibujos en una hoja de papel.

El poder e impunidad de “Los Petutes” fue en aumento. En pocos meses lograron tener luz eléctrica y beneficiarse de programas sociales como Sin Hambre y Prospera.

El pasado 26 de septiembre, en solidaridad por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, un grupo de habitantes de El Carrizal salió a manifestarse.

Mientras unos se movilizaban, una comisión se quedó a trabajar la tierra. A mediodía, Emilio Morales Díaz, integrante de la OCEZ-FNLS, volvía de su parcela, cuando vio a Jesús Sántiz López, integrante de “Los Petutes”, quien le disparó.

Emilio resultó herido en el rostro y fue trasladado al “20 camas”, como los pobladores llaman al Hospital Comunitario de Ocosingo. Ahí lo “medio” atendieron, porque “hasta la fecha mi papá no puede masticar bien y le duele la herida para abrir la boca”, contó su hija Juliana Morales Sántiz, quien también forma parte de la comisión que se trasladó al DF para exigir justicia.

Tres días después de esa agresión, el 29 de septiembre, la OCEZ- FNLS intentó salir de la comunidad para apoyar a sus compañeros de Altamirano ante el acoso de los paramilitares. “Íbamos en tres autobuses y cuando pasamos frente al campamento paramilitar nos rafaguearon. Como pudimos, regresamos a El Carrizal. Cuando nos reagrupamos, nos dimos cuenta de que Héctor, mi hermano, no estaba”, relató Ramiro Sántiz López.

Luego de que el cuerpo de Héctor fuera visto “tirado en la carretera frente al campamento”, se integró una comisión de cuatro mujeres que fueron a pedir a “Los Petutes” que entregaran los restos, pero los paramilitares accedieron hasta el día siguiente.

“Este perro se debe podrir aquí”, dijo Pedro López a quienes el pasado 1 de octubre fueron a intentar recuperar el cuerpo, sin que ninguna autoridad se hiciera presente.

Tras la respuesta, la comunidad acordó ir hasta San Cristóbal de las Casas para que las autoridades intervinieran en la recuperación del cuerpo. Hasta las seis de la tarde de ese día, los restos de Héctor pudieron ser trasladados a Ocosingo.

Un día después, el cuerpo fue entregado a la familia, pero sin acta de defunción o documento alguno.

Ante la injusticia y con el dolor presente, la familia acudió al Ministerio Público de Ocosingo, para denunciar el asesinato de Héctor. Su impotencia se incrementó cuando en las instalaciones del MP se encontraban “Los Petutes”.

“El MP no quiso levantar la denuncia; nos dijo que Héctor era guerrillero y que además los delincuentes éramos nosotros. En ese momento nos enteramos de que varios de los compañeros tienen órdenes de aprehensión y están acusados de delitos como obstrucción a las vías de comunicación”, relató Carlos Damián, quien apoya a la familia de Héctor a expresar mejor las ideas que ellos sólo logran fluir en idioma tzeltal.

“SÓLO EXIJO JUSTICIA”

Sin lograr entender conceptos como Derechos Humanos o reparación del daño, porque no hay traducción al tzeltal de esos conceptos occidentales, Rosa pidió a sus acompañantes que digan en español que ella exige justicia, y que no volverá a su comunidad hasta que se emprendan acciones para erradicar al grupo paramilitar.

Rosa denunció que el gobierno de Chiapas nunca ha querido escucharlos, por lo que dijo no confiar en ninguna de las autoridades.

El miércoles pasado la mujer entregó a la Secretaría de Gobernación un documento (elaborado por el Comité Cerezo) en el que resume el caso de su esposo y el contexto de pesadilla que se vive en El Carrizal. Pero su petición apenas llegó a la oficialía de partes.

Rosa Morales y su familia, acostumbradas a la resistencia en las peores condiciones, dijeron que permanecerán en esta ciudad hasta que haya una respuesta clara para proteger a su comunidad, y una voluntad real de las autoridades para investigar el asesinato de su esposo


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-