Exigen medidas efectivas ante violencia en los Altos
Cien ONG solicitan a la Federación desarticular grupos paramilitares,
culpables de ataques desde 2016
▲ Habitantes de Aldama, en los Altos de Chiapas, durante el funeral del
síndico Ignacio Pérez Girón, el martes pasado, quien fue hallado muerto
en una comunidad de la alcaldía de Zinacantán.
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Unas cien
organizaciones civiles de derechos humanos, grupos y colectivos hicieron
un llamado al Estado Mexicano a implementar medidas urgentes y
efectivas para proteger a pobladores de las comunidades tzotziles
ubicadas en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó,
enfrentados por 60 hectáreas.
En una carta dada a conocer después del asesinato del síndico de
Aldama, Ignacio Pérez Girón –cuyo cadáver fue encontrado el pasado
lunes–, expresaron preocupación por el incremento de la violencia en los
Altos, lo que pone en riesgo la vida de integrantes de las comunidades
de los pueblos originarios.
Aseguraron que la población vive con temor ante el actuar de grupos
civiles armados (paramilitares), que provocan desplazamientos forzados,
desapariciones y asesinatos en la región.
Manifestaron que desde febrero de 2018, Aldama vive una crisis
humanitaria, pues las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam,
Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de
paramilitares del ejido Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó,
responsables del desplazamiento forzado de 2 mil 36 personas.
Expresaron que hay amenazas contra representantes comunitarios que
han denunciado la omisión de las autoridades del gobierno mexicano, y el
28 de marzo de 2018 hubo un ataque contra el entonces alcalde de
Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero
Tzajaltetik, municipio de Chamula.
Afirmaron que en este escenario, enrarecido por la desaparición y
asesinato de Ignacio Pérez Girón, el Estado Mexicano no ha implementado
medidas suficientes para cesar la violencia desbordada en los Altos de
Chiapas.
Dijeron que la instalación de las Bases de Operaciones Mixtas en
Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única
solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de
forma unilateral.
Reiteraron que la vida e integridad de las personas están en riesgo,
porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente
contra las mujeres, niñas y niños,
cuya vida cotidiana transcurre en un entorno de terror.
Foto La Jornada
Elio Henríquez Corresponsal
Periódico La Jornada
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