La credibilidad ciudadana es uno de los principales problemas que enfrenta el PRI desde hace tiempo; los fraudes electorales que ha tenido en su historia, siendo el más emblemático el de 1988 y los casos de corrupción de muchos de sus militantes, sobre todo en la administración de Enrique Peña Nieto, han minado la imagen del priismo hasta el último rincón del país donde tiene un comité.
El fraude es sinónimo de priismo para una buena parte de la población y esa marca parece estar tatuada en la piel de este partido, que vive hoy una de las más severas crisis de su historia, la cual podría profundizarse si es que no se lleva a cabo una elección transparente y creíble para su nueva dirigencia.
El reconocimiento del Consejo Político Nacional del PRI de que su padrón de militantes no es de 6 millones y medio, como lo declararon ante el Instituto Nacional Electoral, sino de apenas 1 millón 300 mil evidenció una sospecha que se tenía: que dicho registro de militantes fue inflado con el padrón de beneficiados por los programas sociales del gobierno peñista.
La decisión de que se elija a la nueva presidencia del partido a través del voto directo de la militancia lleva consigo la responsabilidad y la necesidad que el PRI tenga un registro preciso de quienes pueden participar. Hasta ahora, el dato que se tiene del propio partido es que hay 1 millón 300 personas con credencial de militancia que podrían participar en el proceso interno de selección de su nueva dirigencia para la primera semana de septiembre.
Pero esta decisión del voto directo trae consigo también la tentación de algunos de los candidatos de meter la mano en el padrón definitivo que se use el día de la elección a través de militantes a modo que hayan sido comprados a través de programas sociales o de prebendas económicas.
Bajo las circunstancias de crisis por las que atraviesa, el fraude a sí mismo sería para el PRI tanto como un suicidio político, porque nunca más podría salir de la trampa que ellos mismos han construido y jamás recuperarían la credibilidad que les urge tener para refundarse o renovarse tras la derrota histórica del 2018.
La tentación de hacerse trampa para quedarse con la franquicia llevaría a la extinción del PRI y ni siquiera el nombre y el logo del partido servirían para quienes quisieran renovarlo cambiándole la imagen o dándole una denominación diferente.
¿Quién votaría por un partido tan desconfiable que entre ellos mismos se hacen trampa para quedarse con el cascarón de un instituto político desacreditado? Muy pocos se atreverían a seguir confiando en una organización con estas características.
El fantasma del fraude que ronda en el PRI parece una mala broma, pero no lo es tanto si tomamos en cuenta que en lo que va del año se han registrado de manera inexplicable casi 80 mil nuevos afiliados en algunos estados como Coahuila, Campeche y Yucatán, número que bien podía haber sido muy útil en la campaña presidencial.
Por cierto… Dicen que entre gitanos no se leen las cartas y en el caso del PRI bien podría aplicarse este dicho entre los cuatro candidatos a la presidencia del partido: Ivonne Ortega, Alejandro Moreno, José Narro y Ulises Ruiz. Todos y cada uno de ellos saben cómo jugar en la cancha política y también saben de las consecuencias que acarrearía la intentona de querer manipular la elección: se estarían jugando no sólo el futuro y la sobrevivencia no sólo del partido, sino de la de ellos mismos.