Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció que
el país es una enorme fosa clandestinaque enfrenta una emergencia forense, con más de 26 mil restos sin ser identificados en los anfiteatros del país, e insuficientes especialistas en arqueología y antropología forense. Frente a esa realidad, representantes de la sociedad civil exigieron la creación de un mecanismo forense extraordinario.
Durante el 172 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en
Kingston, Jamaica, representantes del gobierno de México, organizaciones
de la sociedad civil y colectivos de familiares de desaparecidos
expusieron a los comisionados internacionales la crisis en la materia.
El país vive una emergencia humanitaria y violación de derechos humanos que requiere todo el peso del Estado para enfrentarlo. La herencia más dolorosa que ha recibido el (nuevo) gobierno es la que representa la desaparición forzada y los niveles de violencia que enfrentan las mujeres, niñas y niños, asumiendo que esa es una responsabilidad del Estado que no se había cumplido y que los familiares habían tenido que asumir como una tarea propia. Hoy esto es una responsabilidad plena del Estado que vamos a asumir y vamos a dar resultados, garantizó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
En ese contexto, se dieron a conocer los primeros resultados de un
diagnóstico del sistema forense nacional realizado hace unos días por la
subsecretaría de Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la
Fiscalía General de la República. Karla Quintana, titular de la CNB,
detalló que en los estados y municipios existen 266 centros forenses.
Se cuenta con 5 mil 900 especialistas en la materia, la gran mayoría
son criminalistas, y hay un déficit en antropólogos y arqueólogos
forenses. Existen apenas 40 laboratorios de práctica de pruebas
genéticas forenses y sólo 335 expertos en esa materia.
Encinas remarcó que la prioridad del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador es resolver los casos de los más de 40 mil desaparecidos y la
crisis forense, pues en el sexenio pasado lo que se hizo al respecto
fue simulación.
El comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas aseveró que el titular del Ejecutivo federal ha asumido
compromisos muy seriospara resolver la crisis de desaparecidos.
He escuchado al propio presidente López Obrador decir que no habrá limitaciones presupuestales para lograr el propósito que se ha trazado, que es el necesario hallazgo (de los ausentes). Creo en esas manifestaciones, (las dijo) no como un político en campaña, sino como un Presidente en ejercicio. Tengo la convicción que eso se va a cumplir.
La delegación de la sociedad civil, conformada sobre todo por
integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos, expusieron los
obstáculos con los que se han enfrentado para el hallazgo de sus seres
queridos y la crisis que viven desde su ausencia. Mercedes Doretti, del
Equipo Argentino de Antropología Forense, insistió en la necesidad de
crear el mecanismo extraordinario.
Aclarar el número de restos no identificados y no reclamados dentro de instituciones del Estado, especialmente en panteones municipales y servicios periciales, es fundamental para poder planificar su recuperación, análisis, eventual identificación y entrega a los familiares. Los números oficiales van de los 26 mil a los 36 mil restos sin identificar, pero falta mucho trabajo para conocer una cifra sólida.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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