Miguel Concha
La Jornada
La participación
social es fundamental en todos los ámbitos de la vida de cualquier
Estado democrático, pues no sólo favorece la legitimación de las
decisiones y del actuar de un gobierno, sino que, al crear procesos de
consulta y diálogo entre los diversos actores gubernamentales y
sociales, contribuye a la prevención y mitigación de posibles conflictos
sociales. Sin embargo, tal participación no debe ser limitada y menos
encasillada en la elección de representantes populares cada tres o seis
años.
Dicha participación debe ser activa, propositiva y crítica, por lo
que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que
las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se
traduzcan en acciones concretas que puedan construir una posible
solución. Ante dicha problemática, nuestro marco jurídico parece ofrecer
una alternativa bastante importante: las iniciativas ciudadanas.
El artículo 71 fracción IV de nuestra Constitución le otorga a la
ciudadanía la posibilidad de presentar iniciativas de ley o reformas,
cumpliendo con el requisito de contar con el respaldo de 0.13 por ciento
de la lista nominal de electores. Tal mecanismo parece ser una
posibilidad para los diversos grupos y sectores de la sociedad que no se
sienten representados del todo en los espacios comunes, y cuyas
problemáticas no han sido atendidas, para que, haciendo propuestas sobre
legislación, de manera organizada puedan incidir directamente en la
agenda legislativa.
En este sentido, el pasado 30 de abril diversas organizaciones de la
sociedad civil, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea
Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) e integrantes del
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, entre otras,
marcharon desde la plancha del Zócalo capitalino hasta la Cámara de
Diputados con el propósito de hacer entrega de un paquete de iniciativas
ciudadanas, respaldadas por poco más de 130 mil firmas.
Entre las propuestas se encuentra la derogación del artículo 185 del
Código Penal Federal, por considerar que dicho artículo constituye una
limitante al derecho a la protesta social, pues permite la
criminalización y persecución de aquellas personas que se oponen y
resisten a la realización de obras públicas. Cuestión sumamente
preocupante en un país como México, donde los conflictos relacionados
con mega proyectos y la defensa del territorio son una constante, y cuya
situación se ha visto agravada en los años recientes por el aumento de
los asesinatos de defensores ambientales u opositores a proyectos de
privatización de derechos.
Otra propuesta se refiere a la iniciativa presentada con anterioridad
por la ANUEE, consistente en una reforma constitucional para integrar
el uso y goce de la energía eléctrica doméstica como un derecho humano,
partiendo de la relevancia e importancia que tiene en la mayoría de las
actividades que realizan las personas y para transitar de su
consideración meramente mercantilista hacia una visión en que la energía
eléctrica es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas.
Por ello consideran que el Estado deberá garantizar su disposición y
suministro de manera eficiente, estableciéndose tarifas acordes con la
realidad y el contexto económico en el que se encuentran la mayoría de
las familias en México para cumplir así con sus obligaciones como
Estado, teniendo en cuenta las condiciones de cumplimiento de tal
derecho, como son su accesibilidad física y su asequibilidad económica.
La miscelánea legislativa también incluye la presentación de una
nueva Ley de Reconstrucción para los damnificados de los sismos a cargo
del Presupuesto Federal, así como la creación de una nueva Ley de
Pensiones que restablezca el reparto solidario, y la alianza con otras
articulaciones para impulsar una Ley de Aguas.
Existen, sin embargo, diversas barreras e impedimentos estructurales
para lograr alcanzar una legislación popular. Entre ellas destacan la
falta de voluntad política de los legisladores para escuchar y recibir
las demandas serias y ordenadas de la población, y la ausencia de
procedimientos claros y transparentes para hacer efectivo tal mecanismo.
La importancia de impulsar legislaciones populares podría servir para
el desmantelamiento, por medio de procesos de organización social, del
monopolio del actuar legislativo que por muchos años han concentrado
algunos de los mismos actores políticos. Es, sin embargo, fundamental
exigir apertura de aquellos espacios tradicionalmente cerrados a la
ciudadanía, a la par del establecimiento de procesos claros y efectivos
para que las propuestas ciudadanas sean escuchadas. Uno de los
principales objetivos de la legislación popular es regresar a la
sociedad, al pueblo, la capacidad de construir de manera autónoma
soluciones a sus problemáticas frente a fuerzas políticas partidistas.
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