Las abuelas de Sepur Zarco. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
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El día en que los militares llegaron para llevarse a su esposo y su
hijo quedó grabado en la memoria de María Ba Caal, aunque ya no recuerda
bien algunos detalles. “Cuando se llevaron a mi esposo y a mi hijo de
15 años, ambos trabajaban. El ejército llegó por la tarde y los sacó de
casa. No recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi marido y a
mi hijo”, señala.
De eso hace 36 años. María tiene ahora 77.
Como muchas otras mujeres maya q’eqchi’ de Sepur Zarco, una pequeña
comunidad rural ubicada en el valle de Polochic, en el noreste de
Guatemala, María continúa buscando los restos de su esposo y su hijo,
que desaparecieron por la fuerza y lo más probable es que fueran
asesinados por el ejército guatemalteco a principios de la década de
1980.
El conflicto de Guatemala
El conflicto armado interno de Guatemala se remonta a 1954, cuando un
golpe militar derrocó al presidente electo democráticamente, Jacobo
Arbenz.
Seguidamente, el gobierno militar que se instauró eliminó las
reformas agrarias que beneficiaban a las/os agricultoras/es pobres (en
su mayor parte indígenas), lo que provocó un conflicto armado entre el
ejército y diversos grupos de guerrilleros progresistas, que se prolongó
36 años y segó más de 200.000 vidas.
La mayoría de las personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto (un 83 por ciento) eran indígenas mayas.
¿Qué ocurrió en Sepur Zarco?
En 1982, el ejército estableció un puesto avanzado en Sepur Zarco, a
unos 400 kilómetros de Ciudad de Guatemala, para el descanso del
personal militar. En aquel momento, los líderes q’eqchi’ de la zona
trataban de obtener derechos legales sobre sus tierras. El ejército
respondía con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de hombres
indígenas, así como con violaciones y esclavitud de mujeres.
“Quemaron nuestra casa. No fuimos a la base militar (el puesto
avanzado) de Sepur porque quisiéramos… nos obligaron. Nos acusaban de
alimentar a los guerrilleros. ¡Pero no los conocíamos! Tuve que dejar a
mis hijas e hijos bajo un árbol para ir a cocinar para los militares…
y…”, cuenta María Ba Caal, que no puede terminar la frase.
María Ba Caal con miembros de su familia. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
El final inconcluso resuena en el aire mientras permanecemos sentadas
frente a su chabola de barro. Sus bisnietos juegan cerca de nosotras.
Ella llora en silencio.
“Violación” y “esclavitud sexual” son palabras que no tienen una
traducción fácil a la lengua q’eqchi’. “Nos obligaban a turnarnos”,
prosigue. “Decían que nos matarían si no hacíamos lo que nos ordenaban”,
afirma.
Posteriormente, María Ba Caal y otras mujeres que habían sido
esclavizadas por los militares sufrieron durante años el rechazo de sus
propias comunidades, que las llamaban “prostitutas”.
La guerra civil de Guatemala no solo fue la que más muertes causó en
la región; también dejó un terrible legado de violencia contra las
mujeres.
Hoy en día la comunidad de Sepur Zarco se compone de unas 226
familias. La ciudad más próxima, Panzós, se encuentra a 42 kilómetros en
automóvil por una carretera polvorienta y solo parcialmente
pavimentada.
A pocos kilómetros de Sepur Zarco se erigen las ruinas de la granja Tinajas, rodeada de campos de maíz.
En mayo de 2012, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala
exhumó 51 cuerpos de indígenas en este lugar, que habían sido asesinados
y enterrados en fosas comunes por el ejército guatemalteco.
Las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de los puntos de inflexión en el caso Sepur Zarco.
Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, explicó
que las comunidades indígenas que viven en la zona creían que más de 200
hombres habían sido llevados allí y jamás se les había vuelto a ver.
Mujeres
de la comunidad, muchas con hijas e hijos, esperan en la clínica móvil.
La clínica móvil gratuita en Sepur Zarco atiende entre 70 y 80 personas
diariamente. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
“Esta era la verdad del pueblo q’eqchi’, pero tuvimos que demostrar
que aquellas historias eran ciertas. La exhumación continuó durante 22
días y costó 100.000 quetzales (13.500 dólares)”, detalla.
Y prosigue: “Algunas familias tuvieron noticia de ello y acudieron al
lugar esperando encontrar a sus parientes desaparecidos. Las mujeres de
la comunidad de Sepur Zarco también vinieron y cocinaron para el
personal. Cavaron y cavaron durante cuatro días, pero no hallaron ningún
cuerpo. Los antropólogos dijeron que el día siguiente sería el último”.
“Encontraron el primer cuerpo al día siguiente”, rememora.
Las abuelas de Sepur Zarco
En 2011, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco —a las que hoy se
conoce respetuosamente como “abuelas”— llevaron su caso ante la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala, con el apoyo de las organizaciones
locales defensoras de los derechos de las mujeres, de ONU Mujeres y de
otros socios de las Naciones Unidas.
Después de 22 audiencias, el 2 de marzo de 2016, el tribunal condenó a
dos exmilitares por delitos de lesa humanidad (violación, asesinato y
esclavitud) y concedió 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y
sus comunidades.
Fue la primera vez en la historia que un tribunal nacional enjuiciaba
un cargo de esclavitud sexual durante un conflicto utilizando la
legislación nacional y el derecho penal internacional.
Las abuelas lucharon para obtener justicia y reparación, no sólo para
ellas, sino también para lograr un cambio que beneficiara a toda la
comunidad.
La casa de Felisa Cuc en Pombaac. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
En su sentencia, el máximo tribunal prometió reabrir los expedientes
de reclamación de tierras, crear un centro de salud, mejorar la
infraestructura de la escuela de enseñanza primaria y abrir una nueva
escuela de educación secundaria, además de ofrecer becas para mujeres y
niñas/os; medidas que pueden sacar a esas personas de la pobreza extrema
que todavía hoy continúan sufriendo.
“Cuando llevamos nuestro caso ante el tribunal, creíamos que
ganaríamos, porque decíamos la verdad”, afirma María Ba Caal. “Para mí
es muy importante que nuestro país escuche nuestra voz y conozca nuestra
historia, para que lo que hemos vivido no le ocurra a nadie más”,
añade.
Como parte de las medidas de reparación, las organizaciones de la
sociedad civil trabajaron con el Ministerio de Educación guatemalteco en
la elaboración de un cómic para niñas/os que narra la historia de Sepur
Zarco.
El cómic se distribuirá en las escuelas de enseñanza secundaria de la
capital del país, la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de
la zona de Alta Verapaz.
Tan solo una de las 11 abuelas sobrevivientes que lucharon para ganar
este caso sin precedentes posee una casa en Sepur Zarco. La mayoría de
las demás viven en las comunidades vecinas de San Marcos, la Esperanza y
Pombaac, en viviendas provisionales.
Detrás del centro para mujeres que se está construyendo hay una
pequeña parcela de terreno; a las abuelas les han prometido que podrán
construir sus casas en ella.
María Ba Caal y Felisa Cuc nos llevan a visitar la zona. Felisa Cuc
tiene 81 años y está esperando su casa. Quiere que sea de ladrillo y
estaño.
“Cuando escuché la sentencia, me puse muy contenta. Pensé que mi vida
iba a mejorar. Pero en este momento no sé si viviré lo suficiente como
para ver los resultados”, afirma.
Don
Pablo, un campesino local, ayudó a identificar la fosa común en la
granja Tinajas, donde tuvo lugar la matanza de civiles por parte de
militares en la década de 1980. En 2012 se exhumaron los restos de 51
cuerpos en el sitio. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
Doña Felisa ha tenido una vida difícil. Los soldados se llevaron a su esposo en 1982 y lo torturaron. Nunca más volvió a verle.
“Nos violaron a mí y a mis dos hijas, que se habían casado hacía poco
tiempo. Sus esposos habían huido… Tratamos de escapar, buscamos refugio
en casas abandonadas, pero los soldados nos encontraron. Violaron a mis
hijas delante de mí”, recuerda.
El puesto avanzado de descanso de Sepur Zarco se clausuró en 1988, y
el conflicto terminó formalmente en 1996 con la firma del acuerdo de
paz. Sin embargo, las abuelas continuaron luchando por conseguir un
mínimo de dignidad, un pedazo de tierra y comida.
Doña Felisa nos lleva a su casa de Pombaac por caminos de tierra a través de campos de maíz. Su casa es la última de la aldea.
“Aquí hay muchas necesidades”, nos dice. “En este momento necesito
algo para comer. Nadie sabe cuánto tiempo viviré. Necesito tierra para
mis hijas e hijos. Quizá si tienen tierra para cultivar puedan ayudarme,
alimentarme”, prosigue.
De todas las medidas de reparación, puede que la restitución de
tierras sea una de las más importantes. Sin embargo, también resulta
complicada de ejecutar, puesto que buena parte de la tierra reclamada se
encuentra en manos privadas. El presidente debe nombrar una institución
y el Ministerio de Hacienda debe dotarla de presupuesto para comprar la
tierra a sus propietarios privados y, a continuación, redistribuirla.
Una medida de reparación que ha tenido cierto impacto es la clínica
móvil gratuita, que atiende a unas 70 u 80 personas cada día.
“Antes teníamos que caminar mucho para llegar a una clínica, pero
ahora la tenemos más cerca. Las distintas comunidades nos turnamos para
recibir atención en la clínica. Muchas mujeres de mi comunidad han
recibido medicamentos, pero hay enfermedades que la clínica no puede
tratar… Soñamos con un hospital que pueda tratar todas nuestras
dolencias”, explica Rosario Xo, otra de las abuelas.
Demesia Yat, una de las abuelas más extrovertidas, reconoce lo lejos que han llegado y también habla sobre lo que está en juego.
“Nuestros esfuerzos, primero como mujeres y en segundo lugar como
abuelas, es muy importante. Es cierto que se hizo justicia. Ahora
pedimos educación para nuestras hijas e hijos y para nuestras nietas y
nietos, de modo que la juventud de la comunidad tenga oportunidades y no
sea como sus mayores, que no pudieron estudiar”, afirma.
“El gobierno ya conoce nuestras reivindicaciones. Esperamos muchos
años a que se hiciera justicia; ahora tenemos que esperar para obtener
reparación”, añade.
El caso de Sepur Zarco es un caso de búsqueda de justicia; estas
mujeres sufrieron un horror y una pérdida inenarrables. Hoy exigen
experimentar esa justicia en su vida cotidiana.
“Di todo lo que tenía para obtener justicia”, nos dice María Ba Caal
cuando nos despedimos. “Quiero ver los resultados antes de que me muera.
No sé cuánto tiempo me queda en este mundo”, concluye.
Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres. IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres.
RV: EG
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