The Guardian / El diario
El estado de Alabama acaba de prohibir la interrupción del embarazo incluso en casos de violación. Una decena de estados más barajan leyes que supondrían, en la práctica, una prohibición de la interrupción del embarazo. Todas estas leyes y proyectos han sido creados según una "legislación modelo" que promueve el grupo extremista Faith2Action. |
Manifestantes contra la prohibición del aborto en Alabama (Associated Press)
El estado de Alabama acaba de aprobar la prohibición del aborto incluso en casos de violación
y sin ningún margen de ninguna semana para la interrupción del
embarazo. Otros nueve estados de EEUU están barajando la aprobación de
leyes contra el aborto parecidas a la que ha aprobado también el estado
de Georgia, que prohibe el aborto una vez que se puede detectar
actividad cardíaca en el feto, algo que puede suceder a las seis semanas
de embarazo, antes de que muchas mujeres siquiera sepan que están
embarazadas. La ley ha provocado indignación en los grupos de defensa de
los derechos de las mujeres en todo Estados Unidos.
Los expertos
advierten que, dada la nueva conformación del Tribunal Supremo, los
movimientos contra el aborto tienen "la mejor oportunidad en una
generación para revocar la ley" que legalizó la interrupción del
embarazo en el país americano.
Todas estas leyes y proyectos han
sido creados según una "legislación modelo" que promueve el grupo
extremista antiaborto Faith2Action, liderado por Janet Porter, una
activista conservadora de alto perfil. Hace más de una década que Porter
presiona a favor de una idea que los activistas a favor del derecho a
decidir llaman "las leyes de las seis semanas", pero hasta hace poco no
había tenido mucho éxito.
Tanto los activistas antiaborto como los
que defienden los derechos de las mujeres coinciden en que las razones
detrás de esta ola de proyectos de leyes antiaborto que están siendo
presentados en las legislaturas de los estados se deben por un lado a la
elección del momento justo y por otro al trabajo de presión de Porter y
su grupo.
Al principio, los proyectos de leyes "de las seis
semanas" que promovía Porter eran considerados demasiado extremistas,
incluso por otros conservadores antiaborto. El primer intento de Porter
de presionar por una ley así se remonta a 2011, en Ohio. Inicialmente,
los políticos conservadores se negaron a presentar el proyecto y el
gobernador John Kasich vetó las versiones de la ley que se aprobaron en
2016 y 2018. Sin embargo, a principios de este año, Ohio acabó aprobando
la ley.
Actualmente, los proyectos de leyes que siguen el modelo
de la de Porter se han convertido en una parte cada vez más importante
del paquete de medidas de aquellos que buscan generar un cambio a nivel
nacional de abajo hacia arriba, y están inspirando a muchos estados a
presentar proyectos similares.
En todo el espectro político,
grupos de presión y de activistas han promovido leyes de "corta y pega"
en legislaturas estatales con la esperanza de poder cambiar gradualmente
el clima político y legal respecto de temas específicos.
Esta ola
reciente de proyectos de leyes sobre el aborto no ha sido exitosa en
todos lados. En 2018, una ley similar fue aprobada en Iowa pero luego
fue revocada por el Supremo del estado. Un proyecto en Pensilvania no
pasó el filtro del comité de la legislatura. Sin embargo, este año,
además de la de Georgia, se han aprobado leyes en la misma línea en
Kentucky, Mississippi y Ohio –aunque todas estas han sido apeladas y
todavía no han entrado en vigor–.
Los analistas creen que este
esfuerzo por aprobar muchas leyes antiaborto nace del deseo de los
activistas y los conservadores de que la cuestión vuelva a ser recogida
por el Tribunal Supremo del país, que desde que Trump designó a dos
nuevos jueces se ha inclinado notoriamente hacia el conservadurismo,
especialmente desde el ingreso de Brett Kavanaugh, que es visto como alguien de línea dura respecto a este tema.
Elizabeth
Nash, analista de políticas del Instituto Guttmacher, afirmó que muchos
grupos antiaborto comparten con Porter la sensación de que "con la
confirmación del juez Kavanaugh, ahora tienen los votos suficientes para
llevar la 'ley del latido' al Supremo del país" y objetar la sentencia
del caso Roe Vs Wade, un caso histórico que derivó en el derecho al
aborto en Estados Unidos.
Los legisladores conservadores han
comenzado a ver la aprobación de estas leyes extremistas contra el
aborto como algo más que un gesto político inútil, lo cual explicaría
por qué los políticos republicanos de todo el país han promovido estas
leyes con tanto entusiasmo.
"Los legisladores conservadores
anticipan que una ley que prohiba el aborto desde las seis semanas
podría llegar al Supremo, dada su nueva configuración", aseguró Nash.
George Hawley, profesor de ciencia política e investigador de políticas
de derechas y religión en la Universidad de Alabama, coincide en que los
grupos antiaborto tienen la sensación de que están ante una oportunidad
vital gracias al gobierno de Trump. "Dada la conformación actual del
Tribunal Supremo, esta es seguramente la mejor oportunidad que tenga
esta generación del movimiento pro-vida de revocar el fallo Roe Vs
Wade", dijo.
Hawley cree que el movimiento pro-vida siente que el
Partido Republicano le debe algo por su lealtad a la hora del voto.
"Durante décadas, el Partido Republicano ha reunido sumas enormes de
dinero gracias a la promesa de revocar el fallo Roe Vs Wade si ganara
suficientes elecciones como para poner una mayoría conservadora en el
Supremo", afirmó Hawley. "Los activistas antiaborto le han dado tanto al
Partido Republicano que razonablemente pueden insistir con que ahora se
prohiba el aborto".
A principios de esta década ya hubo una
pequeña ola de proyectos de ley semejantes. En 2013 y 2014, Alabama,
Arkansas, Dakota del Norte y Wyoming presentaron en sus legislaturas
proyectos que o bien murieron en los comités o fueron revocados por
tribunales federales, y el Supremo se negó a dar lugar a las
apelaciones.
Nash dijo que esta nueva ola de leyes forma parte de
una estrategia de los activistas antiaborto de "vincular algún tipo de
actividad fetal con la prohibición del aborto" y que el latido fetal
tiene además una carga emocional.
La redacción de los proyectos de
leyes a cargo de Faith2Action forma parte de un amplio frente de
esfuerzos de la derecha cristiana. Iniciativas como el Proyecto Blitz
han intentado sacar adelante una larga lista de leyes "amigables con la
religión" en materia de adopciones, clases de educación religiosa y la
objeción de conciencia a la hora de realizar abortos o proveer servicios
a la comunidad LGBT.
La ACLU (Unión Americana por las Libertades
Civiles) y otros grupos civiles a favor de los derechos de las personas
han prometido que apelarán la ley de Georgia.
Frederick Clarkson,
que estudia el derecho cristiano desde hace muchos años, sugiere que
estas leyes pueden considerarse "un ardid publicitario, con una
intencionalidad política". Pero añadió que, dada la conformación del
Supremo, "es absolutamente posible que se revoque el fallo Roe Vs Wade".
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