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3/28/2026

La violencia contra las mujeres y niñas más allá de las aulas

 

.- Mi nombre es Diana, pero hace 8 años mi nombre cambio por ser MAESTRA. Desde que estaba terminando mis estudios en la escuela Normal de Tlapa, en mis prácticas de estudiante normalista mis profesores nos llamaban ya como maestras. Donde impartía mis prácticas con niños y niñas de preescolar de primer grado, algunos con su lenguaje más fluido y otros con el término de MAETA, era muy bonito oírlos.

Fue pesado cumplir mis sueños de ser maestra. Con escasos recursos pude salir avante en mis estudios. Imaginé que al terminar la escuela iba a terminar el viacrucis, pero empezó la pesadilla de los trámites engorrosos en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). Cuando ingresé al magisterio fue un proceso de ocho días. Realicé tres visitas en distintos momentos donde llevaba mi documentación en orden para que el jefe de sector pudiera firmar, pero se negó por acuerdos que ya tenía con otras personas. No sabía la causa y le cuestioné si había algún error en mis documentos. Me respondió –“no, pero no te firmaré ahora”. Estaba angustiada porque era la primera vez haciendo las vueltas que se suelen hacer en la SEG y aparte buscar a personas que serán tus próximos acreditores en la comunidad escolar como es el “JEFE DE SECTOR Y SUPERVISOR”.

Un compañero que me encontré en las oficinas de la SEG se acercó y me pregunto cuál era mi situación. Le expliqué lo que había pasado y de inmediato verificó, sin embargo, todo estaba en orden y no se justificaba que el jefe de sector no me firmara, sobre todo cuando es lo único que debe hacer.

Mi amigo me recomendó ir a la comunidad donde debía presentarme a trabajar. Luego me dijo que “quizá porque eres mujer esté buscando otra cosa” el jefe de sector. Yo inocente le pregunté: ¿qué cosa? “Eres mujer y estás bonita y casi siempre los que detentan cargos superiores son maleantes en ese aspecto, espero me entiendas y no te ofendas”, me aclaró el compañero.

Me dejó pensando todo el día. Mi segunda visita fue en otro espacio donde se encontraba en una reunión el jefe de sector. Esperé que terminara para poder ir a saludarlo y mostrarle mis papeles, y pedirle de favor que me firmara, de lo contrario mis pagos se retrasarían, se rió y me dijo que no lo haría y se fue.

Ya llevaba cinco días así y sin respuesta de ningún otro lado. Lo peor es requerían la firma de este nefasto personaje. Me quedé pensando muchas cosas feas, que si recibir un trabajo que desde pequeña anhelaba, valía la pena rogar, hacer cosas en contra de la voluntad de una. Sentí coraje a la mañana siguiente cuando me marcó el jefe de sector, dándome la dirección de su domicilio donde lo podría encontrar para que ahora sí me firmara. Me puse contenta, pero traté de ir vestir de manera informal para poder pasar desapercibida. La verdad tenía miedo y dudaba. Recuerdo cuando mi mamá me dijo por qué iría así a la presentación y que buscara algo presentable para la ocasión, pero hice caso omiso y salí. Cautelosa le pasé la dirección a mi mamá y a una amiga, afortunadamente era vecina la colonia.

Cuando llegué me reiteró que no me firmaría porque yo no llegaría a laborar a esa escuela si no en otra. Me pidió que regresara a la SEG para pedir otro papel y pidió a unos maestros que estaban ahí que me acompañaran. Fue molesto para mí porque pudo decirme con anticipación. Fui a la SEG con las indicaciones que me dio el jefe de sector, se molestaron y me sugirieron que le sacara copia por si se suscita. Les agradecí y salí con el papel en la mano y nuevamente empecé a rellenar desde cero con otros datos que no venían en mi nombramiento, pero que fueron indicaciones del jefe de sector para reubicarme donde hay “mayor necesidad”. Acerté a todo y me marché.

Llegué a la comunidad de Arroyo Prieto, municipio de Cochoapa el Grande, enclavado en la Montaña de Guerrero. Poco a poco me fui dando cuenta de la realidad que atravesaban las niñas y los niños, muchos con carencias. “Maestra, maestra” se repetían las voces de los infantes todos los días. Unos años más tarde resuena una palabra muy fuerte: MAMÁ, por mi pequeño hijo de apenas tres años. El ser maestra y madre me ha sido una tarea muy compleja y un compromiso aún más grande con la sociedad. Ya no solo es atender a niños en apoyo a sus conocimientos y capacidades y, aún más, ante la modernidad del uso de la tecnología, ahora es 24/7 atender y buscar la manera de ejercer valores, es decir, no sólo es enseñar, sino forjarlo en una persona.

En la comunidad donde laboro lamentablemente las niñas y niños no pueden llevar un noviazgo, sobre todo, cuando los comprometen para unir su vida. Si a las niñas las ven platicando con algún varón, las casan con o sin su consentimiento porque según ellos “ya perdió el respeto”. Hace ocho años cuando recién ingresé parecía que había temporada de casamiento. Recientemente con el telebachillerato se notó que empezó a disminuir este proceso que en sí era venta de niñas. En la celebración del casamiento pedían dos reses, cientos de cartones de cervezas, entre otras cosas y la cuota que según ellos deben pagar a la familia de la mujer. En el rostro de varias niñas se veía la resignación. Lamentablemente como profesores hemos sido cómplices de estos actos porque hemos visto, escuchado y convivido en este ambiente hostil. Lo han normalizado y nosotros por temor, y en su momento sin tener las herramientas de cómo apoyar, nos hemos resignado a callar.

El tema de violencia de que el marido viola, golpea o maltrata verbalmente a su esposa en estado de ebriedad y otras cosas que se comparten en el aula con los infantes y madres de familia. Muchas veces se vuelven traumas que se quedan en la cabeza y no nos dejan dormir como profesores. Me he vuelto aliada, amiga y protectora de algunos de estos casos.

La mujer en una comunidad de la Montaña de Guerrero siempre ha sido violentada en la alimentación, educación, sustentabilidad, atención médica entre otras. Por ejemplo, si una mujer está por dar a luz la comunidad no tiene acceso a la salud porque la clínica está cerrada. Tendrían que pagar un viaje especial que la lleve al hospital más cercano que está a 3 horas por caminos accidentados. Algunas fueron abandonadas con sus embarazos encima porque sus esposos o parejas se encuentran en los estados del norte, trabajando en los campos agrícolas.

En esta comunidad sobresale mucho el machismo y es evidente ver aptitudes y comportamientos de este tipo en infantes. Los adolecentes lo tienen muy arraigado con sus compañeras tanto en la vida cotidiana como en la escuela. En mi salón de clases en distintos momentos hago evidenciar estos sucesos y pongo énfasis en que no es lo correcto para que disminuyan en futuras generaciones.

Es una tarea enorme con la que muchas veces no es posible con todo, pero desde mi salón de clases estoy haciendo lo correspondiente para atender las situaciones de violencia y el respeto a la mujer, entre otros que se van presentando en distintos momentos, aunque no sea nuestra tarea, porque a veces nos dicen que nos dediquemos a enseñarles a leer, escribir y de lo demás no nos metamos. No obstante, más allá de las aulas existen problemas sociales que repercuten en la educación de los niños y énfasis en las niñas para generar las condiciones de crear espacios libres de violencia.

1/10/2026

Detrás del parto de niña Deisy en Chiapas, hubo un episodio de violencia sexual: Defensoras

 

De acuerdo con información del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), la menor de edad llegó al hospital a inicios del mes acompañada de un joven de aproximadamente 18 años, quien presuntamente sería el padre biológico del bebé y quien ejercería violencia sexual sobre la menor. Dejo a la niña en la institución médica y se fue sin proporcionar datos oficiales ni acreditar legalmente su identidad.

Desde entonces se desconoce su localización, pese a que ya se iniciaron investigaciones. Colectivas feministas y organizaciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos están denunciando el caso de Deisy, ya que detrás de lo que parece ser un caso de «maternidad infantil», existió un episodio de violencia sexual.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Mujeres (Semujeres), el embarazo infantil no es maternidad, sino un símbolo de violencia, por lo que no debe ser normalizado ni entendido como una elección personal plenamente consciente. Además, representa una ruptura en los mecanismos de protección de las infancias y adolescencias, y evidencia que los entornos que deberían ser seguros han fallado en garantizar su bienestar e integridad.

La violencia sexual se sostiene en dinámicas de poder, en silencios cómplices, en estructuras familiares, comunitaria que minimizan el abuso y la pederastia. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó que tan solo en 2023, se registraron 9 mil 802 casos de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años, atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.

El caso de Deisy no se trata de un hecho aislado. Datos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en nacimientos registrados en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años. Tan solo en 2024 se documentaron 19.4 nacimientos por cada 100 mil habitantes en este grupo etario.

Dichas cifras son mayores respecto a la media nacional, aunque ligeramente inferiores a las reportadas en 2023. Además, se documentó que las violaciones contra niñas y adolescentes ocurren principalmente en el seno familiar, ya que el 60 por ciento de estos delitos presentan un vínculo familiar o afectivo entre las víctimas y sus agresores.

En junio de 2025 se difundió una lista con 30 nacimientos en los que las diferencias de edad entre las madres y los padres resultaban abismales. Estos datos, proporcionados por la Secretaría de Salud, evidencian que se trata de niñas víctimas de violencia sexual, quienes probablemente se encuentran en contextos de matrimonios forzados.

De acuerdo con el informe sombra ‘Matrimonio forzado, venta y embarazo de niñas y adolescentes’, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF) son fenómenos que se relacionan con las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas que ponen en riesgo a las niñas y adolescentes.

Las abismales diferencias entre las edades de una mujer y su conyugue revelan que muchas se casan con hombres mayores cuando aún son adolescentes de entre 15 a 19 años. Esto toma relevancia al considerar que cuando las infancias comienzan un matrimonio, este repercute en su capacidad de alcanzar o abandonar hitos de transición hacia la vida adulta.

En la lista publicada por la Secretaría de Salud, el estado que encabezó los casos fue Chiapas, en municipios como Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; seguido por Guerrero, con Acapulco, Chilpancingo de los Bravos y Chilapa de Álvarez; y Puebla, con Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán. En casi todas las entidades del país se registró al menos un caso, esta situación muestra que el problema es generalizado en México.

Crédito: Amnistía Internacional

Riesgos letales

El caso de Deisy demuestra las consecuencias que pueden ser incluso letales como resultado de no erradicar el embarazo infantil y adolescente. De acuerdo con el artículo “Embarazo en la adolescencia: una crisis de salud pendiente por resolver”, experimentar un embarazo en la adolescencia duplica el riesgo de muerte materna en menores de 19 años y lo cuadruplica en menores de 15 años.

La procreación prematura incrementa los riesgos tanto para las madres como para los recién nacidos: cuanto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres niñas y adolescentes presentan una mayor probabilidad de bajo peso al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

La morbilidad durante la gestación en adolescentes puede clasificarse por periodos. En la primera mitad del embarazo destacan el aborto, la anemia, las infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática. En la segunda se presentan cuadros hipertensivos, hemorragias por enfermedades placentarias, escasa ganancia de peso con malnutrición materna concomitante, anemia, síntomas de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, desproporción céfalo-pélvica por desarrollo incompleto de la pelvis ósea materna y trabajo de parto prolongado.

Además de los riesgos a la salud, el embarazo en la adolescencia constituye un problema social y económico de gran magnitud, ya que afecta la permanencia escolar, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad, así como el desarrollo humano integral.

Obligaciones del Estado

En octubre de 2025, el Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción del Embarazo de Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso y Violación, cuyo objetivo es regular y garantizar que las instituciones del Sistema Estatal de Salud brinden acceso a servicios de aborto para menores de edad en casos de violencia sexual, además de establecer la obligación de notificar los hechos ante las autoridades competentes.

La denuncia en el caso de Daisy se realizó hasta después del nacimiento del bebé, por lo que las autoridades e instancias de salud no pudieron informar, asesorar y brindar atención respecto a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Hasta el momento, el paradero del agresor continúa sin conocerse.

Lejos del amor romántico, aprender a amar en libertad y autocuidado: Coral Herrera

 

.- Ciudad de México.– El mito del amor romántico ha llevado a las mujeres a construir sus vínculos afectivos basándose en el sacrificio, el deseo del otro por encima del propio, verlo como un superior y aceptar el dolor o el castigo como muestra de afecto; sin embargo, la escritora Coral Herrera, a través de su libro “Mujeres que ya no sufren por amor”, busca desmitificar estos ideales e invita a construir relaciones más libres, centradas en el autocuidado, el respeto, la autonomía. 

Coral Herrera, originaria de España, es doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual, escritora y profesora. Desde hace 15 años investiga el amor romántico, el feminismo, las masculinidades y las relaciones de poder. Es miembro del Observatorio de Masculinidades de la Universidad de Elche y coordina el Laboratorio del Amor, una escuela virtual que fundó hace una década para estudiar las relaciones amorosas desde una perspectiva feminista.

“Mujeres que ya no sufren por amor”, libro publicado en 2018, busca cuestionar el romanticismo patriarcal, responsable de una cultura amorosa basada en la subordinación. Esta cultura se mantiene mediante ideales peligrosos que sugieren que el amor lo puede todo, incluso soportar la violencia, bajo la ilusión de que la otra persona cambiará algún día y que, finalmente, se alcanzará el ideal del amor eterno.

Los parámetros de amor romántico han llevado a las mujeres a permanecer en vínculos donde las agresiones, insultos, golpes, se normalizan y se justifican; sin embargo, las consecuencias de ello pueden resultar letales. De acuerdo con ONU Mujeres, señalan que 83 mil mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidio en todo el mundo y 60% de ellas murieron a manos de sus parejas o familiares, esto equivale a una mujer asesinada cada 10 minutos o un promedio de 127 víctimas diarias. 

En México, alrededor de 47.3 millones de jóvenes de 15 años y más que tienen o han tenido una relación de pareja, el 39.9 por ciento ha experimentado algún tipo de violencia como actos abusivos, de poder, omisiones intencionales que pretendan dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Desde la perspectiva e investigación de Herrera, el amor patriarcal no surge de repente, sino que se va construyendo desde la infancia. Cuando las mujeres son pequeñas, se les enseña a colocar el amor como el eje de sus vidas y se vive a la espera del “milagro romántico”. Les dicen que deben ser dulces y obedientes, mientras que a los niños se les impulsa a ser valientes, fuertes y autónomos; para los hombres, el amor “es cosa de chicas”.

Las raíces patriarcales se refuerzan cuando en la familia no hay vínculos fuertes y saludables. Herrera señala que la falta de amor desde la infancia marca la forma en que se construirán las relaciones afectivas en la adultez, pues crecer sin afecto de los progenitores genera miedo a quedarse sola, temor al rechazo y ansiedad por no ser querida, lo que puede derivar en relaciones dañinas, sin cuidado ni respeto.

La salvadora

Estar en relaciones que colocan a los hombres como centro y autoridad de la vida, lleva a muchas mujeres a perderse a sí mismas mientras intentan proteger a su pareja. Herrera define esto como “el rol de salvadora”: las mujeres asumen la obligación de resolver los problemas del otro, casi como si fueran sus madres; sin embargo, esta ayuda no surge de manera solidaria o altruista; detrás de ella, buscan obtener amor, lealtad y ser percibidas como seres indispensables.

Este papel que asumen lleva a las mujeres a adoptar otro rol: el de cuidadora y protectora, encargándose de satisfacer todas sus necesidades con la esperanza de ser reconocidas. Para alcanzar esa recompensa tan anhelada, creen que deben de ser pacientes y seguir entregando tiempo y esfuerzo a hombres infieles, violentos o incluso casados. Aun así, permanecen convencidas de que algún día el cambio llegará y que, cuando ocurra, finalmente podrán ser felices y plenas.

Romper el mito

Salir de estructuras profundas que han construido la idea de un amor romántico cruel y despiadado no es fácil, pero es necesario desecharlas. Coral Herrera señala que llevar a cabo una revolución amorosa no es solo un acto individual, sino colectivo, ya que incluso lo romántico tiene un carácter político. Ha sido utilizado de instrumento de dominio y coerción, por lo que, cambiar esta narrativa puede transformar la manera en que nos relacionamos afectiva, sexual y emocionalmente, así como la forma en que damos y recibimos cuidados.

La escritora enfatiza que las mujeres no fueron creadas para sufrir en el amor, pues no es una maldición, ni mucho menos una enfermedad incurable. El enamorarse no está desvinculado de usar nuestra lógica, de poder analizar a la otra persona e identificar su virtudes y defectos con la finalidad de saber si es conveniente seguir profundizando en la relación, sin abnegarse. El mito de que no se puede pensar y cuestionar durante la etapa del enamoramiento, es ficción.

Coral Herrera propone amar desde el autocuidado, lo que implica saber poner límites, aprender a decir no cuando algo no nos agrada, no dejarse manipular por los demás y asumir los problemas del otro como propios. Protegerse no es signo de conflictos románticos, que solo resultan disruptivos; el verdadero cuidado consiste en evitar situaciones dolorosas y no permitir que nadie nos haga daño, ni de manera consciente ni inconsciente.

La felicidad y la libertad no dependen del amor, señala Coral Herrera, sino que comienzan desde nosotras mismas. Se construyen al ejercer nuestra autonomía, tomar decisiones, llevar a cabo nuestras ideas y proyectos, cambiar aquello que no nos satisface en nosotras o en nuestras relaciones, dejar de imponernos límites, confiar en nuestra capacidad de influir positivamente en nuestro entorno y sumarnos para generar cambios positivos en el mundo

11/29/2025

Feminicidios en América Latina: Cifras que alarman en el Día contra la Violencia hacia la Mujer

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Colombia Informa /Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre 2025.

CI.- Un informe de la CEPAL revela más de 19.000 feminicidios en la región en los últimos cinco años. Aunque 20 países ya tipificaron el delito, organizaciones denuncian que las leyes no se traducen en justicia efectiva.

Aunque cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los datos confirman un preocupante recrudecimiento de este flagelo a nivel global. La fecha, establecida por la ONU en 1999, rinde homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960.

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La radiografía regional de la CEPAL

Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ofrece una visión alarmante. El organismo reportó que, en los últimos cinco años, se han registrado al menos 19.254 feminicidios en la región.

La situación es particularmente crítica en 12 de los 17 países latinoamericanos con datos disponibles, que presentan una tasa igual o superior a una víctima por cada 100.000 mujeres. Los países con las tasas más elevadas son:

  • Honduras (4,3)
  • Guatemala (1,9)
  • República Dominicana (1,5)
  • Puerto Rico, Cuba y Bolivia (1,4 en los tres casos)

En el otro extremo, Chile presentó la tasa más baja, con 0,4 casos por cada 100.000 mujeres. En el Caribe, de nueve países y territorios que informaron, solo seis (Surinam, Jamaica, Barbados, Belice, Granada, y San Vicente y las Granadinas) registraron casos en 2024.

Avances legales, pero resultados insuficientes

Frente a esta realidad, la CEPAL reconoce avances legislativos. Un total de 20 países latinoamericanos han incorporado en sus códigos el delito de feminicidio, femicidio o homicidio agravado por razón de género. En la mayoría (como Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú), se tipifica como un delito específico, mientras que en otros, como Argentina y Cuba, se lo considera una circunstancia agravante del homicidio.

Paralelamente, 16 países han avanzado en normativas para eliminar el matrimonio infantil, una práctica nociva que afecta principalmente a las niñas y adolescentes.

Sin embargo, el informe es claro al señalar que estas reformas no han sido suficientes. A pesar del robustecimiento del marco jurídico, persiste una brecha crítica entre la ley y su aplicación efectiva. Diversas organizaciones feministas denuncian la falta de acciones concretas y resultados tangibles por parte de los sistemas de justicia, lo que permite que la impunidad y la violencia sigan amenazando la vida de las mujeres.

Un ejemplo de dicha impunidad ocurre con el caso de Sharit Ciro Parra, una joven de 19 años víctima de feminicidio el pasado 8 de marzo en Ibagué. Aunque los responsables de crimen confesaron el feminicidio, la justicia colombiana mantiene en impunidad el caso. De hecho, el Juzgado 17 de Control de Garantías de Ibagué concedió la libertad a Brandon Andrés Archila Cruz. Santiago Hurtado González y Fausto Alexander Silva permanecen en prisión.

El perfil de las víctimas

La CEPAL destaca que la mayoría de estos crímenes son perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas. Además, la violencia feminicida afecta a mujeres de todas las edades.

En ocho países analizados (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, México y Uruguay), el grupo más afectado es el de mujeres de 30 a 44 años (29,2%), seguido por el de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años (28%). De manera trágica, en 2024 también se registraron 78 feminicidios de niñas menores de 14 años y 89 de mujeres mayores de 60 en esos mismos países.

El caso de Colombia

En Colombia, la situación es especialmente grave. El Observatorio de Feminicidios Colombia reportó 621 feminicidios hasta septiembre de 2025.

Entre estas víctimas, se encuentran 71 mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras. El mismo informe registró 14 transfeminicidios en ese periodo, evidenciando cómo la violencia letal se ensaña también con las mujeres trans.

Contingente de mujeres por el 25N marcharon al Zócalo; exigen justicia y eliminación de la violencia

 Feminismos. México /

Por Carolina Gómez y Laura Poy, La Jornada /25 de noviembre de 2025 16:01

 Al grito de “asesinos, asesinos son ustedes; en la guerra contra el narco las que mueren son mujeres” y “te cuento, te cuento, te cuento compañera tu ausencia mi alma lacera”, integrantes de agrupaciones feministas marchan hacia el zócalo capitalino en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

El contingente salió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanza por Paseo de la Reforma hacia avenida Juárez para dirigirse al zócalo. 

Las mujeres, en su mayoría vestidas de morado, con motivo de la fecha, gritan diversas consignas, entre ellas “no, no, no, no somos infiltradas, somos las familias y estamos indignadas”.

Un grupo de encapuchadas realizaron pintadas en estaciones del Metrobús, banquetas y en vallas colocadas en el Zócalo de la CDMX durante las movilizaciones por el 25N.

Gobernadoras y gobernadores se adhieren al "Compromiso nacional por el respeto a las mujeres"

 La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de esta mañana, desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de esta mañana, desde Palacio Nacional. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las gobernadoras y los gobernadores de todas las entidades del país se adhirieron al “Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres”, anunciado este martes por el gobierno federal.

En la mañanera de este 25 de noviembre, en la conmemoración de el llamado 25N, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este compromiso al afirmar que todos los mandatarios del país se han comprometido a apoyar y defender a las mujeres”.

Se realizó un enlace con los 32 mandatarias y mandatarios estatales, quienes dieron su respaldo a los diez compromisos presentados por la administración federal.

Los diez puntos son: difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural.

Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual; en coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada.

Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado.

El quinto es que todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, vicaria, con ácido, entre otras.

Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres; realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respecto entre niñas y niños.

Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género.

Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías par actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias, para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres.

Y finalmente, acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio (familias, hijas e hijos).

Estado español: miles se manifestaron este 25N contra las violencias machistas

 Feminismos. 

Resumen Latinoamericano,25 de noviembre de 2025.

foto: Movilización en Sevilla

En la Capital y en distintas provincias del Estado español, miles de mujeres y no pocos hombres se movilizaron para repudiar la violencia machista.

Varias mujeres sostienen una pancarta en la cabecera de la manifestación del 25N convocada por Foro 25N Movimiento Feminista de Madrid, este martes. Samuel Sanchez

Un grupo de mujeres sujetan pancartas pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad Ana Redondo, durante la manifestación del 25N convocada por Foro 25N Movimiento Feminista de Madrid, este martes.Samuel Sanchez

Masica marcha en Madrid

Madrid

Marcha del 25N este martes en Barcelona.ALBERT GARCIA

Manifestantes en Sevilla, este martes.Alejandro Ruesga

Manifestación del 25N en Valencia, convocada por la Assemblea Feminista València y Comparsa, este martes.

Brasil. Marcha de las Mujeres Negras 2025

 By  

Afroféminas. Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2025

El 25 de noviembre de 2025, miles de mujeres negras, de todos los rincones de Brasil, regresaron a las calles de Brasilia para hacer escuchar juntas una voz ancestral, plural y urgente: la de exigir reparación histórica, justicia racial y un futuro digno basado en el “Bem-Viver”.

Diez años después de la primera Marcha de Mujeres Negras (2015), la segunda edición de este evento demuestra que la lucha no fue un gesto aislado, sino una decisión colectiva de persistir, articularse y apuntar alto. Hoy no marchamos solo por sobrevivir — marchamos por vivir.

Bajo lemas como “Reparação e Bem-Viver”, las manifestantes presentaron un Manifesto Económico que no se conforma con discursos simbólicos: propone cambios estructurales reales para revertir siglos de desigualdad. Entre sus demandas están: la creación de un fondo de reparación, la tributación de las grandes fortunas, la garantía de un presupuesto social blindado, reformas agraria y urbana, líneas de crédito, y políticas afirmativas. La marcha reclama que el Estado deje de ser cómplice del racismo estructural: debe reconocer su deuda histórica y actuar.

Además, la movilización respondió a una señal política clara: la reciente indicación de un hombre (Jorge Messias) al Supremo Tribunal Federal, ignorando una histórica y urgente demanda — la de nombrar por primera vez a una mujer negra en la Corte Suprema del país. Esa exclusión histórica no es casualidad: es síntoma de un sistema de justicia construido sobre la negación de nuestras voces. Desde los colectivos de mujeres negras denuncian que sin nuestra presencia no hay democracia real.

Pero la Marcha no es solo denuncia: es memoria, es comunidad, es potencia. Representa a Quilombolas, ribeirinhas, mujeres de las periferias, del campo, de las aguas, jóvenes, mayores, madres, ancestras — mujeres negras en toda su diversidad.

Bien Vivir es mucho más que un derecho: es una exigencia. Y marchar juntas es un acto de esperanza.

7/19/2025

A 15 años de su creación, ONU Mujeres pide 15 acciones urgentes para frenar violencias contra mujeres

 

.-Ciudad de México.- En un contexto global atravesado por crisis, guerras, desigualdades persistentes y retrocesos democráticos, ONU Mujeres conmemora 15 años de su fundación con un llamado urgente: acelerar el paso hacia la igualdad de género. Para ello, ha delineado 15 medidas clave que buscan enfrentar los múltiples frentes de violencia, discriminación y exclusión que afectan a mujeres y niñas en todo el mundo.

Desde la reacción violenta contra sus derechos hasta la pobreza, el hambre y el desplazamiento forzado, las mujeres enfrentan estas realidades que se agravan en muchos países. Con más de 4 mil millones de mujeres y niñas en el mundo, la organización propone acciones concretas que los gobiernos, organismos multilaterales, empresas y sociedad civil deben asumir con urgencia.

1. Renovar la voluntad política

Uno de los primeros desafíos que ONU Mujeres plantea es el resurgimiento de fuerzas ultraconservadoras que, con discursos nacionalistas y autoritarios, han comenzado a frenar e incluso revertir avances en materia de igualdad de género. Según el organismo, uno de cada cuatro países se resiste abiertamente a adoptar políticas que garanticen los derechos de las mujeres, mientras que tres cuartas partes de la población mundial vive hoy bajo regímenes autocráticos que socavan libertades fundamentales.

En este escenario, la primera medida apunta a renovar la voluntad política para salvaguardar los logros alcanzados en las últimas décadas. Esto implica que los sistemas jurídicos, políticos y financieros no solo no obstaculicen la igualdad, sino que la promuevan activamente, en línea con los compromisos adoptados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

2. Poner fin a los conflictos

El impacto de la guerra no es neutro, y las mujeres lo enfrentan con una crudeza particular. De acuerdo con ONU Mujeres, en la última década ha crecido en un 50 % el número de mujeres y niñas que viven cerca de zonas de conflicto. En 2023, se registraron más de 170 conflictos armados, lo que ha dejado a 612 millones de mujeres y niñas residiendo a menos de 50 kilómetros de una zona de guerra.

Las consecuencias han sido devastadoras: la violencia sexual ha aumentado, al igual que la proporción de mujeres asesinadas en contextos de guerra, que se duplicó en 2023 respecto al año anterior. Por ello, se propone como segunda medida aumentar significativamente la inversión en la prevención de conflictos, la mediación y la consolidación de la paz, con enfoque de género y participación femenina en todos los niveles.

3. Asegurar la participación de las mujeres en procesos de paz

La exclusión de las mujeres en las negociaciones para la paz sigue siendo una constante, a pesar de que su participación está comprobada como clave para lograr acuerdos sostenibles e incluyentes. Entre 2020 y 2023, ocho de cada diez conversaciones por la paz y siete de cada diez iniciativas de mediación se llevaron a cabo sin la participación de mujeres.

Frente a esta omisión estructural, ONU Mujeres plantea que cualquier proceso de resolución de conflictos debe garantizar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres. No como un acto simbólico, sino como una condición para una paz real y duradera.

4. Erradicar la pobreza

La pobreza tiene rostro de mujer. Actualmente, una de cada diez mujeres y niñas vive en condiciones de pobreza extrema, sobreviviendo con menos de 2.15 dólares diarios. Si no se toman medidas urgentes, erradicar la pobreza para las mujeres podría tomar 137 años, lo que representa un retroceso alarmante.

La organización propone adoptar políticas de protección social sólidas, como apoyos económicos a familias de bajos ingresos, licencias de maternidad remuneradas y sistemas de pensiones justos. Estas medidas no son un gasto, sino una inversión para la justicia social y la equidad.

5. Combatir la inseguridad alimentaria

Aunque las mujeres representan una parte importante de la producción agrícola, son quienes más padecen hambre. Las cifras son contundentes: 47.8 millones más de mujeres que de hombres sufren inseguridad alimentaria moderada o grave. Paradójicamente, muchas de ellas producen alimentos, pero no los consumen.

Por eso, ONU Mujeres pide a los gobiernos cerrar las brechas de género en la productividad agrícola, mejorar el acceso a recursos y combatir la desigualdad salarial en los sistemas alimentarios. Hacerlo podría reducir en 45 millones el número de personas con hambre.

6. Poner fin a la violencia contra las mujeres

La violencia feminicida sigue siendo una de las violaciones más graves y normalizadas. Una mujer o niña muere cada diez minutos a manos de su pareja o de un familiar. En 2023, se registraron 85 mil casos de feminicidios

Ante este panorama violento, ONU Mujeres exige leyes más estrictas, mayor inversión en prevención y atención, sistemas eficaces de recopilación de datos y, sobre todo, un enfoque de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia de género, asimismo insta a fortalecer el apoyo a organizaciones que acompañan a las sobrevivientes.

7. Promover el acceso de las mujeres a la economía

Las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita su participación en el mercado laboral. Solo en la recolección de agua, realizan 250 millones de horas diarias, más del triple que los hombres y niños. 

Invertir en sistemas de cuidados, como el cuidado de niñas, niños, personas mayores o con discapacidad,  podría generar hasta 300 millones de empleos de aquí a 2035, al mismo tiempo que transforma vidas y economías enteras.

8. Cerrar la brecha salarial de género

A nivel global, las mujeres ganan en promedio 20 % menos que los hombres por trabajos de igual valor. Esta diferencia responde a estructuras laborales sexistas, a la penalización por maternidad y a la discriminación directa.

ONU Mujeres propone políticas salariales con igual remuneración por trabajo de igual valor, transparencia en su aplicación, y licencias parentales equitativas para reducir la penalización por cuidados que enfrentan las mujeres.

9. Proteger el planeta desde la igualdad

La crisis climática impacta con más dureza a las mujeres. Se estima que 158 millones más de mujeres y niñas podrían caer en pobreza extrema de aquí a 2050 si no se adoptan políticas inclusivas. A pesar de ello, solo el 28 % de los ministerios de medio ambiente están liderados por mujeres. La solución está en financiar políticas con perspectiva de género, aumentar la representación femenina y respaldar iniciativas climáticas lideradas por mujeres.

10. Aumentar el liderazgo político de las mujeres

La subrepresentación política también es un obstáculo estructural. Tres de cada cuatro escaños parlamentarios en el mundo están ocupados por hombres, y 103 países nunca han tenido una mujer jefa de Estado.

Aunque las cuotas han demostrado ser efectivas, no son suficientes. Se necesita romper normas sociales discriminatorias, eliminar el estigma hacia las mujeres en el poder y erradicar la violencia política por razones de género.

11. Eliminar leyes discriminatorias

Las mujeres todavía tienen acceso solo al 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. En más de la mitad de los países del mundo, existen restricciones legales que les impiden acceder a ciertos empleos o herencias.

La propuesta es clara: desmantelar todos los marcos legales discriminatorios y aprobar leyes que garanticen y protejan los derechos de las mujeres en todas las áreas.

12. Cerrar la brecha digital

En 2024, 277 millones más de hombres que de mujeres usaron Internet. Esta desigualdad digital representa una amenaza económica y social: podría costar 500 mil millones de dólares en pérdidas para los países de renta baja y media en los próximos cinco años.

Es urgente garantizar el acceso digital, combatir el acoso y la violencia en línea, y asegurar la participación plena de las mujeres en ciencia, tecnología e innovación.

13. Garantizar la educación de niñas y adolescentes

La educación sigue siendo un derecho negado para muchas. 119 millones de niñas no asisten a la escuela, y el 39 % de las adolescentes no finalizan la secundaria.

ONU Mujeres propone reducir los costos de escolarización, ofrecer transferencias económicas para familias y crear entornos seguros e incluyentes que promuevan el aprendizaje.

14. Erradicar la mortalidad materna

Cada día, casi 800 mujeres mueren por causas evitables relacionadas con el embarazo o el parto. La mayoría de estas muertes se concentran en solo 35 países con sistemas de salud frágiles.

Las soluciones pasan por invertir en salud sexual y reproductiva, capacitar personal médico, asegurar acceso universal y combatir normas que obstaculizan el acceso a servicios de calidad.

15. Aumentar la financiación para la igualdad de género

Finalmente, ONU Mujeres denuncia que entre 2021 y 2022, solo el 4 % de la asistencia oficial al desarrollo se destinó a programas con enfoque de género. Esta cifra evidencia la falta de voluntad real para transformar la vida de las mujeres.

La última medida propone a todas las partes, públicas y privadas, deben aumentar significativamente sus inversiones en igualdad de género, pues sin recursos no hay cambios estructurales posibles

7/12/2025

Ante incremento de violencia feminicida en Chiapas, REDIAS exige a autoridades acciones preventivas

 

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De acuerdo al registro de la organización Melel Xojobal, hasta junio de este año se han registrado 22 feminicidios en Chiapas, de los cuales 5 corresponden a menores de edad: Paola Allyson de 9 años asesinada en Mapastepec en marzo; las hermanas Rosa Valeria y Deisy Guadalupe de 14 y 17 años, asesinadas en San Juan Chamula en abril; Fabiola Esmeralda de 17 años asesinada en San Cristóbal en mayo; y Marbeli Mabeli de 7 años asesinada en Frontera Comalapa en junio.

A lo anterior, se suma una adolescente de 16 años lesionada por arma de fuego durante una agresión armada a otra mujer en Tuxtla Gutiérrez en el mes de febrero y el reciente caso ocurrido en Mapastepec. Así como la muerte violenta de 3 hermanas de 2, 4 y 6 años por envenenamiento en El Bosque.

Cabe señalar que en junio de este año, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, asistieron al arranque de los Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), en el municipio de Huixtán, no obstante Cimacnoticias señaló que los resultados de dicho espacio están en duda por las diversas crisis humanitarias que enfrenta la entidad.

Los Centros LIBRE se presentaron sin una fecha establecida para conocer resultados reflejados en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes chiapanecas, tampoco se habló de indicadores y cómo enfocarían su atención en un territorio tan complejo como lo es Chiapas y las violencias que enfrentan sus mujeres.

Según la Secretaría de las Mujeres, Centros LIBRE, son espacios dedicados a la atención a las mujeres de México, a nivel nacional se edificarán este año 678 a través de una inversión de 754 millones 538 mil 872 pesos, donde se contará con asesoría jurídica y psicológica para las víctimas de violencia de género, y se dijo que conformarán redes comunitarias para el cambio cultural y la promoción de los derechos de las mujeres.

Durante la inauguración del LIBRE para las Mujeres en Huixtán, el primero de 52 que comenzarán a operar este año en distintos municipios del estado, la secretaria Citlalli Hernández indicó que son espacios para brindar servicios en materia psicológica y jurídica, de atención a denuncias de cualquier violencia y también lugares para fomentar el desarrollo y la autonomía a través de talleres y actividades.

 Los centros son espacios dedicados a las mujeres con atención integral y servicios que buscan «promover sus derechos, impulsar sus autonomías, prevenir y atender las violencias, así como ayudar a la consolidación de redes comunitarias y favorecer el cambio cultural», según explicó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, en abril cuando presentó las Políticas del Bienestar para las Mujeres durante la mañanera.

La violencia feminicida afecta todos los ámbitos de la vida comunitaria y familiar. En ese escenario, las infancias y adolescencias se convierten en víctimas indirectas a causa del feminicidio de sus madres. Datos de la Alerta de Violencia de Género (AVG) permiten inferir un número de niñas, niños y adolescentes que han quedado en orfandad por el delito de feminicidio.

Aunque dicha Alerta reconoce únicamente 11 feminicidios hasta mayo del 2025, señala que, al menos 6 de las víctimas eran madres y que éstas tenían un promedio de dos hijas e hijos. De acuerdo a dichas estadísticas, al menos 10 eran menores de edad.

Por otro lado, en un escenario de violencia feminicida generalizada en Chiapas, se ha incrementado la violencia hacia niñas y adolescentes y mujeres. Como botón de muestra, de acuerdo a las Estadísticas de la Alerta de Violencia de Género publicadas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas en este semestre se han iniciado 989 carpetas de investigación por violencia hacia mujeres: 42% corresponden a delitos hacia niñas (21%) y adolescentes (21%). En este contexto sobresale el gran número de delitos de violencia sexual hacia este grupo. En el primer semestre del 2025, con 169 carpetas de investigación. 

Con estas estadísticas, en 2025 REDIAS identificó por primera vez un mayor número de agresiones hacia niñas y adolescentes mujeres que hacia sus pares hombres. Esto representa una nueva tendencia: ya que generalmente eran los hombres adolescentes el grupo poblacional con mayor número de homicidios y muertes violentas; mientras que las mujeres concentraban otro tipo de delitos como la desaparición y la violencia sexual. Sin embargo, actualmente las niñas y adolescentes mujeres encabezan todas las formas de violencia.

En este contexto, desde la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas hicieron un llamado para generar estrategias de prevención específicas que parten desde su contexto y convocan a sumarse a la denuncia de esta crisis de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas.

Recordaron que el Estado tiene la obligación de generar medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño. Así como medidas para visibilizar la violencia de género y mensajes de cero tolerancia.

Contexto chiapaneco

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las mujeres de esta entidad federativa se enfrentan a diferentes contextos de violencia como desplazamiento forzado, desapariciones y agresiones contra personas defensoras.

Siguiendo el informe ‘Chiapas es un desastre del 2023, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el estado de Chiapas señaló que se ha convertido en un lugar en disputa por el control político, social, económico y territorial resultado de la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada que han contribuido a la violencia. 

En primer lugar, está la marcada militarización. Fue el episodio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo que marcó el inicio ocupacional por parte de las fuerzas armadas en Chiapas y que se exacerbó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico que provocó un despliegue militar en todo el país.

Durante estos años, el CDH Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la implementación de un estado de sitio de facto en zonas específicas, así como crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno mexicano, paramilitares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y otras corporaciones policiales.

La organización agrega que el control psicosocial de la población a través de programas sociales facilita la alienación a proyectos de militarización. En consecuencia, la desmemoria y anestesia social como parte del control militar, cambiando así la narrativa de los derechos humanos, los cuales “son vaciados de contenido y reinterpretados en defensa de los intereses del Estado”.

A este panorama se suma el escenario de gobernanza criminal donde la venta de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones incrementaron. Aunque el informe menciona que la presencia del crimen organizado en Chiapas es histórica, el punto de quiebre se dio en 2021 cuando comenzaron disputas y reacomodos en la región, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Chamic.

Datos del nuevo informe de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llamado «Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal», señalan el siguiente panorama que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres de esta entidad federativa.

Desplazamiento forzado

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en México existen altos niveles de violencia que ocasionan violaciones a derechos humanos y que se profundizan gracias a la corrupción, impunidad y la falta de acceso a la justicia que ha causado el desplazamiento forzado de personas abandonando sus territorios.

El panorama actual de mujeres desplazadas apunta que, de enero de 2023 a junio de 2024, aproximadamente 15 mil 780 personas originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila, han tenido que desplazarse.

Bajo este clima, se ha desgarrado el tejido social de las comunidades y pueblos originarios, afectando sobre todo a los grupos más vulnerables como las mujeres, ya que al desplazarse pueden enfrentarse a restricciones de servicios de salud como la sexual y reproductiva o la violencia sexual en campamentos o alberges.

Una de las preocupaciones del CDH Fray Bartolomé de las Casas, es que el desplazamiento forzado transforma las relaciones de género y las dinámicas familiares afectando las libertades de las mujeres y su independencia. Esto quiere decir que los riesgos de violencia sexual provocan que ellas se mantengan en la esfera privada o que dependan de terceros afectando su autonomía para movilizarse.

Desapariciones

CDH Fray Bartolomé de las Casas apunta a que la violencia machista es una de las mayores causas de las desapariciones de las mujeres, la cual ya ha alcanzado el 60% de la cifra del estado y sobre pasó el promedio nacional de 25%. En su mayoría afecta a niñas y adolescentes y entre los objetivos principales esta la trata y explotación sexual.

«La violencia machista no es algo diferenciado de los otros mecanismos de violencia que sufren las comunidades, sino que tiene una raíz común en una violencia sistémica con la que se pretende dominar el territorio» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que, a nivel nacional, 127 mil 445 personas han desaparecido; mientras que en Chiapas son 7 mil 163 personas desaparecidas, de las cuales 3 mil 833 son mujeres y 3 mil 330 hombres. Del total, cerca de mil 997 son adolescentes entre 15 y 19 años (mil 492 mujeres y 485 hombres) y mil 735 infantes de entre 0 y 14 años (mil 91 niñas y 644 niños).

A partir de 2006 a 2018 se observó un aumento en las desapariciones de mujeres en Chiapas logrando superar la cifra de los hombres. Además, la edad más frecuente de desaparición de las mujeres es de 15 años provocando que tres de cada diez personas en este rango de edad continúen desaparecidas.

Ahora, las necesidades del estado están en la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, un órgano de consulta establecido en la Ley de Desaparición para el estado de Chiapas, el cual a más de cinco años de ser anunciado nunca se ha sido materializado.

Agresiones contra defensoras

Para el CDH Fray Bartolomé de las Casas, las personas se vuelven defensoras ante la necesidad, ya sea porque sus derechos o los de alguna persona cercana han sido violentados:

«Esto puede suceder por varios motivos, uno de ellos porque con su accionar trastocan intereses de actores poderosos, como: autoridades de varios niveles, caciques, empresas o grupos criminales, entre otros. Por lo que pueden sufrir violaciones a derechos humanos de varios tipos que van desde amenazas, hostigamientos, agresiones físicas; hasta desaparición y asesinato» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Anteriormente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) documentó, en su balance sexenal que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 92 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras, de los cuales 76 fueron hombres y 16 mujeres, la mayoría ocurrieron en Oaxaca y Chiapas.

En Chiapas, son las defensoras y los defensores de la tierra y territorio; quienes se oponen a intereses del crimen organizado; quienes protegen los derechos de la comunidad LGTBQ+; periodistas; y quienes defienden el derecho a migrar los que terminan siendo criminalizados por su labor.

Particularmente, el informe se detiene a enunciar a las mujeres que han sido encarceladas injustamente por delitos que no cometieron. En su informe, «Fabricación de culpables» documentaron que las mujeres de Chiapas no son inmunes a la fabricación de delitos y la detención arbitraria. La colectiva Cereza, que acompaña este tipo de casos, identificó que la mayoría de las mujeres son encarceladas por delitos que no cometieron.

Además, son detenidas junto a su pareja (a quienes liberan antes que a ellas), sin orden de aprehensión con base a una detención en fragancia para ocultar la detención arbitraría. Aunado a esto, las autoridades cometen abuso sexual contra ellas.

«Aunque a primera vista la fabricación de culpables parece impactar principalmente a los hombres, es importante examinar con másdetalle cómo las mujeres también se ven afectadas. Algunas defensoras o no, terminan encarceladas, mientras que otras acompañan a personas cercanas son injustamente detenidas. En ambas situaciones, el Estado es incapaz de respetar sus derechos humanos y mucho menos de adoptar una perspectiva de género. Este es un sistema de opresión que invisibiliza las profundas injusticias y refuerza una lógica misógina y de exterminio» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

6/21/2025

Organizaciones denuncian que México no logró acreditar avances significativos para la vida de las mujeres ante CEDAW

 

El pasado 17 y 18 de junio, el Estado mexicano fue evaluado por décima ocasión ante la CEDAW en Ginebra, Suiza. Durante la comparecencia, el Comité cuestionó la falta de pruebas concretas que demuestren avances sustanciales del Estado en temas de justicia y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres.

Sin embargo, en el turno para responder de la delegación mexicana evadió los cuestionamientos, por ejemplo, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, destinó tiempo de las respuestas a enfatizar las acciones implementadas desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México y de la narrativa oficialista de «es tiempo de mujeres», pero no dio cifras de avances y resultados concretos de dichas acciones.

Uno de los señalamientos que hicieron las organizaciones fue que el Estado afirmó la disminución de los feminicidios cuando las cifras oficiales demuestran que en realidad van en aumento. En el informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano» señala que, en promedio 10 mujeres son asesinadas diariamente. Datos oficiales de 2015 hasta abril del 2025 registraron que en este periodo se han asesinado a 34 mil 715 mujeres y solo 24.6% se investigaron como feminicidios y en estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es menor al 10%.

«Negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT)

El Comité también llamó la atención sobre la ausencia de datos estadísticos claros y actualizados, lo que dificulta la evaluación del impacto real de las políticas públicas en la vida de las mujeres mexicanas. Además, expresó su preocupación por el debilitamiento de instituciones claves como la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como por el proceso de militarización que afecta específicamente a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.

Por otro lado, la OCNF y la RED TDT advirtieron que el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) es un retroceso que pone en riesgo a la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Esto debido a que la institución era la encargada de gestionarlas y con su extinción, la responsabilidad recae en la Secretaría de las Mujeres y de la asignación de recursos para su implementación que provienen de los 2 mil 93 millones de presupuesto que tiene la secretaría y de la cual se reparte en diferentes programas.

Alertas de Violencia de Género debilitadas por Secretaría de las Mujeres. CEDAW 2025 – cimacnoticias.com.mx

Otro señalamiento del OCNF y de la RED TDT fue que el Estado presumió el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, pero apuntaron que «las cifras muestran la ineficiencia». Datos del mismo informe del Mecanismo, recuperados por el informe sobra de ambas organizaciones, muestran solo mil 472 de 2 mil 128 solicitudes fueron aceptadas y las medidas otorgadas siguen siendo reactivas y limitadas.

Entre 2018 a marzo del 2025 se incorporaron al mecanismo 171 mujeres defensoras (solo 146 cuentan con medidas) y 614 periodistas (solo 561 tienen medidas). De 2018 a 2024, 39 mujeres defensoras fue ron asesinadas y 4 desaparecidas, siendo los años más violentos, principalmente para las defensoras de la tierra/ territorio. En el mismo periodo, 16 mujeres defensoras fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría mujeres indígenas. Entre 2018 y 2025, 4 mujeres periodistas fueron asesinadas.

En materia de aborto y salud sexual y reproductiva, mencionaron que el Estado omitió obstáculos reales, entre ellos, la falta de personal capacitado, la objeción de conciencia sin regulación, y la criminalización persistente en al menos 8 estados. Asimismo, Citlali Hernández negó que en México existieran mujeres encarceladas por practicarse un aborto cuando se han documentaron que, en solo tres meses de 2025, se abrieron 218 carpetas por aborto, incluso en entidades donde ya está despenalizado.

Datos Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» muestran la existencia de 2 mil 169 denuncias por el delito de aborto (680 mujeres), así como 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación (258 mujeres) reportadas por procuradurías o fiscalías, entre enero de 2012 a diciembre de 2022.

En el mismo periodo se encontraron 14 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto. Asimismo, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145 de las veces fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república mexicana.

Asimismo, la OCNF y la RED TDT denunciaron que el Programa Nacional contra la Trata de Personas fue mencionado como una «columna vertebral» ante esta problemática, pero el Programa 2022-2024 no tuvo presupuesto, por lo que demandaron que el nuevo Programa tenga un presupuesto específico para su mejor
implementación.

«Nos preocupa que la Ley General en materia de trata no sea reformada debido a que los elementos del tipo penal de los delitos descritos en la misma permiten la impunidad, como lo ha referido Mario Uribe Olvera, abogado penalista y profesor de la Universidad Panamericana» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT)

«El estado nos quedó a deber»

México está a la espera de la evaluación final una vez que entreguen por escrito la información y datos solicitados por las diferentes expertas que participaron en el Comité y que se evadieron durante la comparecencia. Por ello, la OCNF y la RED TDT apuntaron que el Estado mexicano no logró acreditar avances reales ni sustantivos.

«No hay «tiempo de mujeres» mientras no se garantice el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. No hay avances si seguimos contando a nuestras muertas» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT)

Por ello las organizaciones exigieron:

  • Que el Estado mexicano responda de manera puntual y verificable a los cuestionamientos de la CEDAW.
  • La reinstalación de CONAVIM o la creación de un órgano con igual o mayor capacidad técnica y presupuestaria.
  • La homologación de los códigos penales estatales, así como la aprobación de un Código Penal Único con perspectiva de género.
  • La transformación del mecanismo de protección para defensoras y periodistas, dotándolo de una estructura sólida, especializada y con enfoque interseccional.
  • Que se garantice el acceso real y efectivo al aborto legal y seguro, con servicios accesibles, personal capacitado y sin criminalización.
  • Que se reconozcan y respeten los derechos de las madres buscadoras, defensoras indígenas, comunitarias y periodistas, y que ninguna más tenga que elegir entre su lucha y su vida.
  • Que se doten de recursos suficientes a los refugios existentes que atienden a mujeres y niñas víctimas de trata y la creación de nuevos refugios especializados para atender a todas las víctimas que necesiten dicha atención.
  • Que el nuevo Programa en materia de trata de personas 2025- 2030 incluya los contenidos sugeridos por la sociedad civil que han trabajado durante varias décadas en la prevención y atención de este problema, además, que todas las entidades federativas desde sus comisiones interinstitucionales implementen su programa desde su realidad local, contemplando los tres ejes principales: la prevención, atención integral, investigación y judicialización e integren los fondos para la reparación integral del daño a las víctimas.