La Jornada
Todavía estaban frescas
las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la
Biodiversidad (la COP13), celebrada en Cancún en diciembre. Entre ellas,
respeto a los derechos humanos y reconocimiento que los pueblos
originarios tienen del patrimonio natural en cada país; de cómo son los
mejores aliados para defender y conservar la flora y la fauna del
planeta. Y es asesinado Isidro Baldenegro, integrante del pueblo
rarámuri, con larga trayectoria en defensa de los bosques de su
comunidad y los del estado de Chihuahua, saqueados por los intocables
caciques. Sobre su asesinato, ni una expresión de duelo por parte del
mundo oficial. Ninguna promesa de las agencias gubernamentales para
castigar a quienes cometieron el crimen. Quizá porque, como ya es
costumbre, la muerte de los defensores de la naturaleza queda en la
impunidad. Los últimos 40 años en la Tarahumara han asesinado a 11
activistas ambientales.
Cabe recordar cómo el becario de Harvard, el señor Calderón, prometió
hacer justicia en el caso del joven Aldo Zamora, asesinado el 15 de
mayo de 2007. Fue una clara venganza porque su padre, Ildefonso, ha
encabezado la lucha contra los talamontes en la región de Zempoala,
estado de México.
En Honduras asesinaron en marzo del año pasado a la líder
ambientalista Berta Cáceres. Ella, igual que el líder tarahumara, fue
reconocida con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo que se otorga
a escala internacional. Berta es símbolo de la lucha contra las
políticas depredadoras del Banco Mundial y los inversores chinos. Uno de
sus victimarios fue detenido hace dos semanas en Tamaulipas.
Como sucede con el asesinato de defensores del medio ambiente, en
México, la solución de relevantes casos de corrupción de funcionarios y
empresarios, las autoridades pretenden que el tiempo los borre de la
memoria colectiva. Dos casos recientes ilustran lo anterior. El primero
se refiere a la constructora brasileña Odebrecht, enjuiciada en un
tribunal de Nueva York por sobornar a importantes personajes de 12
países con 788 millones de dólares. Para cerrar el caso en el tribunal
de esa ciudad, la poderosa firma brasileña pagó, por lo menos, 4.5
millones de dólares. El asunto salpicó ya a los gobiernos de Argentina,
Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Colombia, donde funcionarios y
familiares de politicos y hasta presidentes de la republica aparecen
implicados. Ya hay algunos detenidos. Como el ex viceministro de
transporte de Colombia cuando Álvaro Uribe era presidente. Recibió 6.5
millones de dólares.
En México la constructora brasileña pagó entre 2010 y 2014
sobornos con 10.5 millones de dólares a funcionarios de Petróleos
Mexicanos a cambio de beneficios por casi 40 millones de dólares. Emilio
Lozoya, anterior director de la paraestatal (muy cuestionado por su
desempeño), afirmó ser ajeno a esos sobornos. ¿Quienes entonces los
recibieron? Además, ¿qué otros funcionarios otorgaron obras a cambio de
recibir ilegalmente dinero de la mayor empresa constructora de América
Latina?
Otro caso de corrupción, conocido también gracias al Departamento de
Justicia de Estados Unidos, se relaciona con el sector salud durante el
gobierno del becario de Harvard, ahora dedicado a hablar de combate a la
corrupción y a tratar de ocupar por segunda vez Los Pinos a través de
su esposa, la señora Margarita. Se trata de la empresa israelí Teva, la
mayor fabricante de medicinas genéricas en el mundo.
Como denuncié aquí oportunamente, Teva aceptó haber dado sobornos
millonarios a funcionarios de Ucrania, Rusia y México con el fin de que
le aprobaran sus productos, se los compraran y los incluyeran en las
recetas expedidas por los médicos de los hospitales públicos. Gracias a
los sobornos, Teva incrementó su participación en el mercado de
genéricos en los países citados y sus ganancias. En México sus ventas al
sector salud sumaron casi 17 millones de dólares. Seguramente el doctor
José Narro Robles conoce los nombres de los involucrados en esa trama
de corrupción. Y ha presentado la denuncia ante la instancia
correspondientes. Es su obligación. Igual que en Pemex.
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