Paga Petróleos Mexicanos 61 pensiones vitalicias de más de $120 mil mensuales

Petróleos Mexicanos (Pemex) paga más de 25 mil pensiones post mortem, es decir, rentas vitalicias a esposas e hijos de trabajadores ya fallecidos. De este total, revelan datos oficiales, un reducido grupo de alrededor de 60 familias obtienen pagos privilegiados que superan 120 mil pesos mensuales.

Dicha cantidad, para ponerla en contexto, es casi nueve veces superior al promedio de 14 mil pesos que deposita la petrolera mensualmente a familias de un trabajador fallecido; además, es casi 25 veces más alta frente a los poco más de 5 mil pesos que reciben en promedio los pensionados de la generación Afore.

Datos de la Plataforma de Transparencia indican que las pensiones pagadas a 61 familias, que van de 120 mil a 182 mil pesos mensuales, significan para la empresa productiva del estado un desembolso anual de aproximadamente 104 millones de pesos, esto sin contar diversas prestaciones que también reciben.

En este selecto grupo de familias que reciben las pensiones post mortem más elevadas de Pemex se encuentra la del fallecido Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien durante el gobierno de Vicente Fox se desempeñó menos de un año como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex.

Esta pensión era cobrada por su entonces esposa María Amparo Casar, hasta que en febrero pasado le fue retirada luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la acusara de presuntos actos de corrupción para obtenerla.

Según datos de Transparencia, hasta el cierre del año pasado la pensión cobrada por la analista política y directora de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad era de 4 mil 115.78 pesos diarios, lo que equivalía a 127 mil 500 pesos mensuales, o bien a aproximadamente un millón 531 mil pesos anuales.

Cuatro niveles

Las pensiones post mortem, de acuerdo con las normas de la petrolera, se calculan sobre el salario que percibía el trabajador al momento del deceso. Existen las de tipo A, a 100 o 90 por ciento; B, por ocho años, a 80 por ciento; C, las vitalicias, cuyo porcentaje se medirá de acuerdo con los reglamentos aplicables, y tipo D, donde el porcentaje para el cónyuge debe ser 80 por ciento y 10 por ciento para cada hijo registrado como derechohabiente.

Si bien la pensión post mortem que recibía Amparo Casar es una de las más altas en su tipo que da la petrolera, está lejos de la que ocupa el primer lugar, que es la del fallecido Ricardo Palacios Calva, quien se desempeñó por más de 30 años en Pemex y falleció en octubre del año pasado dejando a su familia una renta de 180 mil pesos mensuales o 2 millones 183 mil pesos anuales.

En segundo lugar está la pensión que cobra la familia del fallecido en 2020 Marco Antonio Murillo Soberanis, quien estuvo 33 años en las filas de Pemex ocupando diferentes cargos como el de director corporativo de Administración y Servicios, lo que le sirvió para dejar una renta vitalicia de 181 mil pesos mensuales, equivalentes a 2 millones 174 mil pesos al año.

https://www.jornada.com.mx/2024/05/09/politica/009n2pol

Los contratos del Inai con las empresas de Xóchitl Gálvez

 contralinea.com.mx

Nancy Flores

El 18 de enero de 2019, el Inai firmó el contrato OA/C009/19 con Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SA de CV (OMEI), empresa fundada en 1998 por Xóchitl Gálvez Ruiz, y en la que actualmente es socia su hija Diana Vega Gálvez, quien coordina a los simpatizantes a la candidatura presidencial del PRIAN, conocidos como ‘xochilovers’.

El asunto podría implicar un conflicto de interés, de acuerdo con la acusación que lanzó el 7 de abril, durante el primer debate presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: la candidata de Morena, PT y Verde señaló que su oponente defiende al Inai porque se beneficia mediante diversos contratos con ese Instituto.

Antes de que la morenista acusara a Gálvez Ruiz de mantener negocios con el Inai, la panista dijo que –de ganar la Presidencia– ella no desaparecería al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sino que le daría “dientes” para combatir la corrupción.

Su defensa al Inai viene de tiempo antes: como senadora, se pronunció en varias ocasiones a favor del órgano autónomo con la misma leyenda –“el Inai no se toca”– que inventó el empresario Claudio X González Guajardo, uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial del PRIAN.

Por ejemplo, el 25 de enero de 2023 acudió al Instituto para mostrar su respaldo a los comisionados, como quedó asentado en la cuenta de la red social X del hoy presidente Adrián Alcalá.

Pero no sólo eso: el 18 de abril de 2023, Gálvez Ruiz colgó mantas en el Senado con las frases: “No le saquen a rendir cuentas” y “A qué le tienen miedo en Morena”, acompañadas con el hashtag ‘Transparencia Ya’, con las que exigía que se nombraran a los comisionados faltantes. Y 10 días después, el 28 de abril del año pasado, incluso participó junto con otros legisladores del PAN, PRI y PRD –como Gustavo Madero– en la llamada “piyamada” por la defensa del Inai, que consistió en la “toma” del Senado.

Tras el cuestionamiento que le lanzó la candidata Sheinbaum Pardo acerca del posible conflicto de interés que mantendría con el Inai, Gálvez Ruiz sólo respondió que ser empresaria no es un delito, por lo que indirectamente estaría confirmando sus negocios con el Instituto Nacional de la “Transparencia”.

El contrato de 2019

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El 1 de septiembre de 2018, Xóchitl Gálvez asumió su cargo como senadora de la República en la bancada del Partido Acción Nacional, y el 20 de noviembre de 2023 solicitó licencia para registrarse como candidata a la Presidencia de la República por ese mismo instituto político y también como abanderada del PRI y el PRD.

Esto es que, cuando se firmó el contrato OA/C009/19, el 18 de enero de 2019, Gálvez ya tenía la “dualidad” de servidora pública y empresaria. No obstante, luego de que el presidente López Obrador diera a conocer que tanto OMEI como la empresa High Tech Services –de la que es socia Gálvez Ruiz obtuvieron más de 1 mil 400 millones de pesos en contratos con el gobierno, la entonces senadora indicó que había cedido sus acciones de OMEI a su hija Diana Vega.

Pero en OMEI no sólo colabora la hija: el contrato fue firmado por la sobrina de la candidata del PRIAN a la Presidencia de la República, María Fernanda Flores Gálvez, en su calidad de representante legal, y por Héctor Fernando Ortega Padilla, representante legal del Inai.

El monto se fijó en 646 mil 551 pesos, y tuvo por objeto “la prestación del servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai, en los términos pactados en el presente instrumento y conforme a las modalidades, especificaciones y características contenidas en el anexo técnico”.

De acuerdo con ese contrato, OMEI fue constituida el 6 de mayo de 1998, y quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 243881.

Los otros contratos

La empresa de la familia de Xóchitl Gálvez obtuvo un segundo contrato en 2019: el OA/C015/19, con vigencia del 1 al 31 de marzo de ese año, para el “servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai por un monto mínimo de 1 millón 480 mil pesos y un monto máximo de 3 millones 700 mil pesos.

Además, Operación y Mantenimiento A Edificios Inteligentes , SA de CV, obtuvo los contratos:

-OA/C015/17, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para el “servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Inai”, por un mínimo de 1 millón 400 mil y un máximo de 3 millones 500 mil pesos.

-OA/C012/18, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, para el mismo servicio, por un mínimo de 1 millón 700 mil y un máximo de 4 millones 250 mil pesos.

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Observadores electorales, el millonario negocio de las AC con Lorenzo Córdova

Nancy Flores

En la administración de Lorenzo Córdova en el INE se facilitaron los negocios de organismos internacionales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior con el árbitro electoral. Esa relación del ahora promotor de Xóchitl Gálvez con las AC llegó a tal grado que se crean fideicomisos temporales para pagar esas contrataciones por servicios de observación. Otros gastos con cargo al erario son: asesorías, elaboración de proyectos, evaluaciones y hasta “testificaciones sociales” en licitaciones públicas. Tan sólo en las elecciones de 2018 y de 2021, el INE pagó 30.9 millones de pesos a las organizaciones que “observaron” los comicios, y 20.8 millones a universidades; mientras que tres organismos internacionales se embolsaron más de 55 millones de pesos entre 2015 y 2020. Al respecto, auditorías internas –clasificadas como confidenciales– dan cuenta de supuestas irregularidades, como gastos sin comprobar

Organismos internacionales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior han accedido a una bolsa millonaria del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el argumento de ser “observadores” de los comicios federales y estatales. Así, con cargo al erario de la nación, tres instituciones extranjeras se embolsaron 55 millones de pesos entre 2015 y 2018; 42 asociaciones locales obtuvieron 30.9 millones de pesos en las elecciones de 2018 y de 2021; y nueve universidades, 20.8 millones de pesos en 2018 y 2021, revelan informes.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Los procesos electorales en los que fueron contratadas para legitimar las elecciones empatan con la presidencia del ahora exconsejero Lorenzo Córdova Vianello, quien recientemente se sumó de forma indirecta a la campaña de la precandidata de la derecha Xóchitl Gálvez: el ahora investigador de la UNAM será el único orador en la marcha convocada por el empresario y líder moral del PRIAN, Claudio X González Guajardo, para el próximo 18 de febrero. Marcha que tiene como respaldo algunas de las asociaciones civiles satélite del accionista de Kimberly Clark.

https://contralinea.com.mx/interno/semana/observadores-electorales-el-millonario-negocio-de-las-ac-con-lorenzo-cordova/

Como se recordará, Córdova Vianello asumió la presidencia del INE el 3 de abril de 2014, y concluyó el 4 de abril de 2023. En ese periodo, el Instituto generó un Fondo de Apoyo a la Observación Electoral por cada jornada que organizó, con asistencia financiera también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En dicho fondo también participaron organismos internacionales, por ejemplo, las bases del fondo de 2021 fueron signadas el 13 de enero de ese año por el entonces consejero presidente del Instituto, y por José Thompson Jiménez, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Esta organización extranjera es la que más recursos del INE ha obtenido.





Irregularidades

El dinero público de esos fondos no sólo sufragó el concepto de la observación electoral el día de los comicios, sino también se destinó a contratar “estudios” sobre democracia y evaluación del proceso antes, durante y después de la jornada electoral. En 2021, se fijó como pago máximo 800 mil pesos por AC.

No obstante, en esos ejercicios se detectaron presuntas irregularidades atribuibles tanto a la autoridad electoral como a las propias organizaciones y universidades. Las auditorías internas DAOC/06/FI/2021 y DAOC/03/FI/2022 al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral –bajo reserva temporal establecida en octubre de 2023, por encontrarse todavía en etapa de solventación– documentan parte de esas anomalías.

El acuerdo CF/007/2023, de la Comisión de Fiscalización del INE, revela en su página cinco que se registraron “gastos no comprobados y/o no justificados por parte de las IES [instituciones de educación superior] por un monto de 1 millón 272 mil 312 pesos, con motivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral de los ejercicios 2018 y 2021”.

Además, descubre que en esas dos auditorías, el Órgano Interno de Control documentó “gastos no comprobados y/o no justificados por parte de los OI [organismos internacionales] por un monto de 422 mil 614 pesos, con motivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del ejercicio 2018”



Por ello, determinó que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE debería de “presentar un informe pormenorizado, fundado y motivado, en el que justifique, técnica y jurídicamente, que implementó acciones” ante ambos casos de presuntas anomalías.

Ese acuerdo fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, del 3 de abril de 2023, por votación unánime de las y los consejeros Electorales: Jaime Rivera Velázquez, Uuc-Kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, y Carla Astrid Humphrey Jordan.

Todavía el 15 de diciembre de 2023, el Consejo General del INE instruyó a su Coordinación de Asuntos Internacionales atender las observaciones de esas dos auditorías internas. Ese día, los consejeros y consejeras encabezados por la presidenta Guadalupe Taddei aprobaron el presupuesto para 2024, y convinieron: “en relación con el proyecto D050310 denominado ‘Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico’, con motivo de las observaciones derivadas de las auditorías DAOC/06/FI/2021 denominada: ‘Fondo de Apoyo para la Observación Electoral’ y la auditoría DAOC/03/FI/2022 denominada ‘Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Fase II’, practicadas por el Órgano Interno de Control a los ejercicios fiscales de 2015 a 2022, se instruye a la Coordinación de Asuntos Internacionales a generar el Plan de Acciones Correctivas para la atención de dichas observaciones”.

Asimismo, establecieron que “en relación con el proyecto D050310 denominado ‘Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico’, con motivo de las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control a los ejercicios fiscales de 2015 a 2022, se instruye a la Coordinación de Asuntos Internacionales, en su caso, en coordinación con las áreas que corresponda en el ámbito de su competencia a emitir los lineamientos que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas sobre la administración y manejo del Fondo que se asignará para la observación electoral en 2024, y su respectiva aprobación por la Junta General Ejecutiva, de conformidad con los artículos 48 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 40 numeral 1 incisos c) y d) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral”.



Ese 15 de diciembre, en la sesión del Consejo General del INE se vivieron algunos momentos de tensión por este mismo tema, pues por la austeridad republicana se buscaba reducir gastos vinculados a estos negocios de organismos internacionales, asociaciones civiles y universidades, que no necesariamente aportan certeza a los comicios. Ello, porque también se contrataron en la época del IFE para las elecciones de 2006 y 2012, manchadas por la corrupción y el fraude.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey­–quien encabezó la Comisión Temporal de Presupuesto 2024– sugirió destinar fondos a los organismos internacionales, las asociaciones civiles y las instituciones educativas. “Quiero referirme brevemente al proyecto D050310, ‘Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico’: mediante un oficio el pasado 11 de diciembre, que hice llegar a la presidencia de este Consejo General, argumenté el valor institucional y de confianza que la observación electoral genera. Es, además, un derecho político-electoral de las y los ciudadanos, expresamente regulado por la ley, que hay que garantizar.

“En dicho oficio, solicité a la presidencia del Consejo que, en la medida de las posibilidades normativas y presupuestales correspondientes, se vaya dotando gradualmente al proyecto referido de los recursos necesarios para lograr cumplir con su objetivo y alcances, con toda oportunidad, de cara al estado actual del proceso electoral, siempre teniendo en mente que éstos son recursos que tienen que comprobarse y tiene que haber lineamientos claros para su adecuada conformación porque se trata de recursos públicos que están destinados, sí, a la observación electoral, pero esto no los hace que no deban comprobarse de manera adecuada y a la luz de toda la normatividad que tenemos para que sea transparente la asignación de su uso y su comprobación ante este Instituto Electoral”.

Al respecto, el diputado Sergio Gutiérrez Luna –consejero del Poder Legislativo de Morena– señaló que lo que no se quiere en la Cámara de Diputados es “que se dé dinero a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AC, 2 millones 291 mil pesos; que se dé dinero al Colmex, 1 millón 131 mil pesos; que se dé dinero a la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, 1 millón 200 mil pesos; a FLACSO, 500 mil pesos; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1 millón 246 mil pesos; al ITAM, para elaborar el proyecto que afecta la democracia, por 380 mil pesos; al ITESO.

“Y no queremos tampoco que siga existiendo esta discrecionalidad que tienen aquí: en 2012, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 36 millones 800 mil pesos, el objetivo: operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2012; 2015, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 11 millones 500 mil pesos, el mismo Fondo de Apoyo a la Observación electoral; 2017, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 15 millones 233 mil pesos, otra vez lo mismo, operaciones del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral; 2018, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 8 millones de pesos, [para] operación del proyecto apoyo al acompañamiento técnico; 2018 nuevamente, al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), 1 millón de pesos, [para el] análisis del proyecto electoral federal 2020-2021; en 2020, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 20 millones de pesos, operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral”.

El morenista Gutiérrez Luna acusó que “ese dinero era utilizado para que luego estos entes internacionales defendieran a Lorenzo [Córdova], lo acompañaran en el debate público político que él tenía. Eso es lo que ya no queremos en la Cámara de Diputados”.

A esta crítica se suma el hecho de que la propia Comisión de Fiscalización del INE ha detectado irregularidades e impuesto sanciones a las asociaciones civiles. De ello hay constancia en el Informe de actividades, septiembre 2021- marzo 2023, de la Comisión de Fiscalización, donde se da cuenta de las “sanciones impuestas derivado de las irregularidades detectadas en la revisión de los informes de las organizaciones de observación electoral”: multas por 83 mil 77 pesos, y amonestación pública a 54 organizaciones.

Al Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, AC (Transversal), por 20 mil 612.60 pesos; Creando Oportunidades en el Presente, AC, por 896.20 pesos; Gente Diversa de Baja California, AC, por 17 mil 924 pesos; Los Dos Méxicos, AC, por 1 mil 523.54; Ollin, Jóvenes en Movimiento, AC, por 19 mil 716.40; Organización Fuerza Ciudadana, AC, por 1 mil 792.40; Participación Ciudadana, AC, por 896.20 pesos; y Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, AC, por 19 mil 716.40 pesos.



Las beneficiarias

Información del propio INE revela que en el periodo de Lorenzo Córdova, tres organizaciones internacionales obtuvieron más de 55 millones de pesos para legitimar los comicios: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

En el primer caso, los recursos para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos fluyeron en los comicios de 2015, por 11 millones 500 mil pesos; en 2018, por 8 millones de pesos; y en 2020, por 20 millones de pesos. En total, este organismo internacional obtuvo del erario mexicano 39 millones 500 mil pesos.

De acuerdo con su propia información, esta institución extranjera se creó en 1980 por un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos –vinculada a la Organización de Estados Americanos– y la República de Costa Rica. El IIDH se describe a sí mismo como “una entidad internacional autónoma, académica, dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos”.

Su función en los periodos electorales de México ha sido operar los proyectos “Fondo de apoyo para la observación electoral y acompañamiento técnico”. Es decir, la selección de las asociaciones civiles locales y de las instituciones de educación superior que fungen como observadores, asesores o vigilantes –servicios por los cuales se les paga–, así como el manejo y designación de los recursos públicos para esos fines.

Por ese motivo, algunas voces al interior del INE ya señalan que sólo se trata de una triangulación del dinero público y una selección marcada por el sesgo de la OEA.

En el segundo caso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo obtuvo 15 millones 233 mil 416 pesos en 2017, para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Mientras que en el tercer caso, al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) se le dio 1 millón de pesos en 2018, para realizar un “análisis del proceso electoral federal 2020-2021, considerando la reforma electoral 2014-2015”.

Las asociaciones civiles contratadas

Organización20182021Nombre del proyectoFinanciamiento (pesos)Nombre del proyectoFinanciamiento (pesos)Alianza Cívica, AC“Observación electoral sobre prácticas de compra y coacción del voto, y uso político electoral de los programas sociales en al menos cinco estados con altos índices de pobreza: Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y Veracruz”$610,155.03Alianza Cívica de Nuevo León, AC“Observación del proceso electoral federal 2018
en zonas de riesgo por violencia”$773,446.35“Observación del Proceso Electoral en 11 Estados: Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sinaloa y Oaxaca”$678,512.00Alzando Voces Laguna, AC“Comunicación en derechos humanos en el proceso
electoral federal 2018 para la transparencia en la procuración de justicia electoral a partir de la
producción de información desde la sociedad civil”$787,126.35“Diagnóstico de la democracia participativa en la selección de candidat@s y su interrelación con organizaciones de trabajadores y patrones en el contexto electoral 2021 en México”$400,000.00Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, AC“La Agenda de Género de los Partidos Políticos
2015-2018. Lecciones, retrocesos y desafíos”$457,126.35Asideny Desarrollo Humanístico Integral, AC“Observación del Proceso Electoral Local y Federal
del año 2018 en los distritos electorales 10 y 16 de la ciudad de Morelia, Michoacán, todos vieron, todos supieron”$384,972.35Borde Político, AC“Observación de la calidad de la información y
socialización en medios digitales de las tendencias del
tribunal electoral del poder judicial de la federación de la elección presidencial del 2018”$750,059.75“Chatbot nacional en contra de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género”$400,000.00Cempacca por un México más Próspero, AC“Fiscalización eficiente a los recursos ejercidos en
campaña por candidatos a diputados federales 2018”$414,126.35Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC“Observación en Campo de la Red Universitaria y
Ciudadana por la Democracia en el marco de la Jornada Electoral del 2018”$777,246.35Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, SC CEPNA“Calidad de las Demandas presentadas ante la Justicia Electoral Federal”$599,976.35Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, AC (Transversal)“Boleta transversal, ¿A quién estoy votando?”$272,799.80Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, SC“Igualdad y Justicia: La Violencia Política de Género
durante el Proceso Electoral 2018”$645,553.55Centro Empresarial de Jalisco SP (Coparmex Jalisco)“Observación electoral e inclusión de sectores vulnerables”$268,800.00Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, AC“Derechos Humanos y Político-Electorales de los
Pueblos y Comunidades Indígenas”$767,324.55Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC“Casilla única: Avances y retos en la justicia electoral
2018”$785,606.35“Justicia Electoral 2021, desafíos de las plataformas digitales en la promoción de valores participativos y democráticos”$397,250.00Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, AC“Observación electoral para el impulso de la igualdad
rumbo al cumplimiento de la agenda 2030”$771,926.35Consolidando Ciudadanía, AC“Observando la Imparcialidad Gubernamental en el
Manejo de las Transferencias Condicionadas y los
Programas Sociales: Observación Electoral en Ciudad
de México, Estado de México y Puebla”$475,139.05DECA Equipo Pueblo, AC“Observación, monitoreo y seguimiento a la violencia política ejercida hacia las mujeres, por razones de género, en el proceso electoral 2020-2021”$400,000.00Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, AC“Observando los Desafíos de la Inclusión Democrática en México. Participación, representación y violencia política de género en los 28 Distritos Federales Indígenas (una evaluación integral y 3 estudios cualitativos de caso)”$674,646.35Desarrollo, Género y Ciudadanía, AC“Observación Electoral en Clave de Género e
Interculturalidad para el Fortalecimiento de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres Indígenas y Rurales de Chiapas”$787,126.35Desarrollo Autogestionario, AC“Mujeres y juventud rural tejen redes para la observación electoral Atestiguando la participación democrática en contextos de pandemia”$390,040.00Dinamismo Juvenil, AC DJ“Por la defensa de una democracia sustantiva, equitativa, justa e incluyente desde una perspectiva de género”$605,840.00Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC“Observatorio electoral de los derechos políticos y de acceso a la información de las personas en prisión preventiva”$617,652.36Eco-Ciudadanía del Futuro, AC“Observación integral de los derechos pluriétnicos y político-electorales indígenas en regiones piloto de Oaxaca, Hidalgo y Ciudad de México y su cumplimiento por parte de las autoridades electorales y los partidos políticos nacionales y locales”$320,000.00Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC“#Democracia Joven 18”$565,610.19Fundación México Sustentable, AC“Propaganda Electoral Sustentable Realidad o
Simulación”$786,670.35Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana“Elecciones: Una mirada desde la juventud”$771,926.35Fundación Zícaro, AC“Red Indígena de observación en Veracruz, Puebla y CDMX”$507,873.00Gente Diversa de Baja California, AC“Democracia de Ciudadanía Paritaria: Participación
Ciudadana y Derechos Políticos de las Mujeres”$787,126.35“Observando y construyendo democracia de ciudadanía paritaria en Baja California”$560,000.00Gesoc, Agencia para el Desarrollo, AC“Vigilancia ciudadana territorial de programas y acciones sociales durante el proceso electoral”$347,925.00Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC“Observatorio Binacional del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero”$784,846.35“Análisis del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero”$665,125.00Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, AC“Observación de la Conformación y Toma de Decisiones de las Autoridades Electorales Administrativas y Jurisdiccionales ¿Quién es quién y qué se decide en la Institucionalidad Pública Electoral?”$620,526.35“Fractal de reelecciones para diputados 2021: desempeño legislativo y campañas electorales”$594,750.00Instituto Mexicano para la Competitividad, AC“#TeEstamosViendo”$707,489.75Los Dos Méxicos, AC (L2M)“Programa integral de observación electoral a las
estrategias de difusión, promoción y respeto al voto de las autoridades electorales (INE, FEPADE y TEPJF) para garantizar los derechos político-electorales de los mexicanos con discapacidad en el proceso electoral 2017-2018”$635,202.35“Proyecto de observación a las estrategias de las autoridades (INE OPLES, TRIFE, FEPADE) para la promoción, difusión del voto y respeto a los derechos político electorales de las personas con discapacidad y su inclusión a la vida democrática.”$638,080.00Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, AC“Incidencia y evolución de los Delitos Electorales,
más allá de los Partido Políticos”$784,352.35“Delitos electorales y violencia política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por COVID-19 en México. Incidencia e impacto en la representatividad”$659,859.00Ollín, Jóvenes en Movimiento, AC“Embajadores de la Democracia”$369,824.11Organización Fuerza Ciudadana, AC“Programas de Educación Cívica y Fomento al Voto
Joven en el Proceso Electoral Federal 2017-2018”$649,053.01“Observatorio de Programas de Educación Cívica y Fomento al voto joven en el proceso electoral federal 2020-2021”$600,000.00Participación Ciudadana, AC“Proyecto de observación integral del proceso electoral federal y estatal en el Estado de Yucatán 2020-2021”$255,420.00Servicios a la Juventud, AC“Juventudes en desventaja y ciudadanía en las elecciones 2021”$667,250.00Sociedad en Movimiento, AC“Diagnóstico y propuestas de accesibilidad y participación de los ciudadanos con capacidades diferentes en los distritos electorales federales de Naucalpan México”$320,000.00Táctica Ciudadana, AC“Certeza y Legalidad del proceso electoral 2018”$666,286.35“La Democracia Digital y el Covid-19, Moldeando
Elecciones Mx 2021”$640,000.00Tlachtli Vértice Hidalguense, AC“Observación de los procesos de capacitación del INE”$755,966.35Transparencia Mexicana, AC“Observación de un modelo que garantice publicidad y disponibilidad de información pública para los y las votantes”$423,000.00 Totales$18,976,613.88 $12,000,000.27

Instituciones de educación superior

Institución2018 Nombre del proyectoFinanciamiento (pesos)2021

Nombre del proyecto

Financiamiento (pesos)Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, (CEIICH/UNAM)“Estrategias de desinformación y vulneración de la certeza en la organización de los procesos electorales en México. Análisis de la cobertura política en canales de Youtube”$496,144.00Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (CES-COLMEX)“Balance de las reformas electorales en el proceso electoral de 2018”$698,204.00“Retos, riesgos y paradojas del cambio político democrático en México 2018-2021”$249,514.00Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)“Observación y seguimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género en la región sureste”$466,220.00“Efectos de la violencia política en la vida democrática de la Región sureste de México”$467,000.00Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS/UNAM)“Compra y coacción del voto en el proceso electoral 2018: el caso de la Ciudad de México”$623,488.23Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)“Evaluación de la selección de consejeros generales de los Órganos públicos locales electorales en las 32 entidades de la República mexicana”$608,000.00Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM)“Crónica de las elecciones federales 2018”$700,000.00Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)“¿Qué afecta la democracia?”$380,000.00Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de la Universidad Jesuita de Guadalajara, (ITESO)“Elecciones 2021: libertad de expresión, construcción de lo público y prácticas disruptivas en redes sociales en el contexto electoral mexicano 2021”$486,837.00 

Redes familiares tomaron el Poder Judicial y viven de él. (Bueno, de todos nosotros)

 sinembargo.mx

Tras implementarse en el 2019 un plan para combatir el nepotismo en el Poder Judicial, una problemática identificada ya años atrás con una gran magnitud de hasta 66 por ciento en los circuitos de los estados, sólo se ha registrado una sanción en el Consejo de la Judicatura Federal, que resultó en la suspensión por tres meses de un Magistrado.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– “Antes hablaba el Presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el Ministro (Arturo) Zaldívar el Presidente de la Corte y díganme cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra ‘corrupción’ o ‘nepotismo’ la actual Presidenta de la Suprema Corte” Norma Piña, reclamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, en medio del conflicto que mantiene el Poder Judicial de la Federación (PJF), que por años ha estado exento del escrutinio al que se le ha sometido ahora por sus lujos, opacidad y abusos.

Fue precisamente en la Presidencia de Arturo Zaldívar que el Poder Judicial llevó a cabo, al menos en el discurso, una campaña para combatir el nepotismo que el propio Ministro reconoció, junto con la corrupción, como dos de los principales lastres en los órganos de impartición de justicia. Ya en 2017, un estudio elaborado por el Consejero de la Judicatura Federal Felipe Borrego Estrada, quien en el pasado se desempeñó como Diputado panista, daba cuenta de cómo era generalizada la contratación de familiares en los Circuitos judiciales.

“Nuestro imaginario percibe a la corrupción como algo necesariamente asociado al soborno o al peculado. La verdad es que posee otras manifestaciones. Todas las contrataciones que realice el Gobierno, incluidas las de los puestos laborales, deben atender a criterios de objetividad, transparencia y eficiencia. Circuitos judiciales en los que porcentajes sorprendentemente altos de funcionarios poseen parientes (algunos llegan al 66.03 por ciento) hablan no sólo de tendencias nepóticas, sino de potenciales redes clientelares que son, en sí mismas, conductas reprochables desde el punto de vista de la correcta administración de los haberes públicos”, planteaba en su “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”.

Como botón de muestra describía en ese entonces como en todos los circuitos de justicia del país los titulares de los mismos y otros servidores públicos tenían a familiares trabajando.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encabezado por la Ministra Norma Piña. Foto: SCJN / Cuartoscuro

Por ejemplo, destaca el documento, en el Décimo Sexto Circuito de Guanajuato identificó un total de 82.61 por ciento de titulares que tenían a familiares en el circuito; y en el Trigésimo Circuito de Aguascalientes Borrego Estrada identificó que este porcentaje era del 81.25 por ciento.

E incluso, cuando se consideró el universo completo de servidores públicos que tenían familiares en dichos espacios, el Trigésimo Segundo Circuito de Colima obtuvo un porcentaje de 66.03 por ciento. Es decir, dos terceras partes de los trabajadores de dicho órgano tenían a algún familiar trabajando con ellos.

El único estado en el cual hubo un menos del 10 por ciento de servidores públicos con familiares trabajando fue Oaxaca, con sólo un 7.35 por ciento de incidencia.

EL PLAN INTEGRAL DE COMBATE AL NEPOTISMO

Precisamente esto llevó a que Zaldívar impulsara toda una estrategia que llevó a la implementación del Plan Integral de Combate al Nepotismo. En su último informe de actividades, Zaldívar reportó que en 2019 se readscribieron 98 juzgadores federales por causa de nepotismo; en 2020, a 43 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares; en 2021, a 19 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares y 23 por tener familiares dentro del mismo órgano jurisdiccional, y en 2022, a 10 titulares por esquemas de contratación o relaciones familiares y a 4 titulares por tener a familiares en el mismo órgano jurisdiccional, generando un total de 197 readscripciones en cuatro años, “cifras que dan cuenta de la magnitud del fenómeno y de la firmeza que existe para erradicarlo”.

Las cifras de adscripción contrastan con el número de titulares de circuito y otros servidores públicos que tenían a familiares trabajando, según el estudio de 2017, pero sobre todo con las sanciones que se han impuesto por esta situación.

Las cifras de adscripción contrastan con el número de titulares de circuito y otros servidores públicos que tenían a familiares trabajando, según el estudio de 2017, pero sobre todo con las sanciones que se han impuesto por esta situación. Foto: SCJN vía Cuartoscuro.

El Consejo de la Judicatura Federal sólo tiene registrada desde 2018 en su Plataforma de Transparencia (PNT) una sanción por nepotismo, la cual se impuso en 2020 al Magistrado de Circuito Victor Manuel Méndez Cortez por haber contratado como secretaria de Tribunal en el propio órgano jurisdiccional a la esposa de su hijo, según consta en la denuncia 209/2012.

“Se estima acreditada la conducta que se analiza, en la medida que en este último nombramiento de base otorgado a la referida secretaria el Magistrado denunciado a pesar de que estaba impedido para conocer ese acto al tener la obligación de abstenerse de intervenir”, establece el documento con el cual se le suspendió sin goce de sueldo por tres meses.

Sin embargo, existen documentos en la misma página del CJF como el Procedimiento Disciplinario de Oficio 17/2018 que resolvió en el 2019 contra tres magistrados de tribunales del Tercer y Primer Circuito, ya que se pusieron de acuerdo para contratar a 31 familiares suyos. La sanción determinada fue una amonestación pública.

“Con pleno conocimiento y mala fe, mediante una triangulación, evadieron el cumplimiento del artículo 72, párrafos segundos y tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, pues a partir de un acuerdo de voluntades simultáneamente otorgaron nombramiento a sus familiares, lo que atenta contra el profesionalismo y excelencia propios del cargo”, cita el documento.

LOS CASOS DE “FAMILIA JUDICIAL”

Pero años antes de esto, ya se había identificado irregularidades dentro del Poder Judicial después de que alguien interpusiera una denuncia en el 2009 en la cual señalaba que algunos magistrados de Circuito y jueces de Distrito habían apuntado a puestos a familiares suyos.

Esto resultó en las primeras acciones para detener en el nepotismo, después de que la Comisión Nacional de Ética Judicial emitiera en agosto de 2009 una recomendación en la cual pedía que el CJF estableciera una norma “en donde prohíba expresamente a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito el nombramiento como subordinados en los órganos judiciales donde son titulares, de personas con las cuales tengan interés personal, familia o de negocios, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado y parientes civiles”, según retoma el doctor Carlos Hugo Tondopó Hernández en su texto “La ‘familia’ del Poder Judicial de la Federación. Genética, nepotismo o incomprensión de la garantía de igualdad en la elección del oficio en la función jurisdiccional”.

#Comunicado El CJF suspende a Magistrado federal para investigarlo por presuntas causas de responsabilidad grave:
– Nepotismo
– Acoso sexual y laboral
– Abuso de sus funciones

El compromiso es uno: cero tolerancia a la corrupción y a conductas abusivas y deshonestas en el #PJF pic.twitter.com/nygeYCc5ph

— CJF (@CJF_Mx) January 29, 2020

Cinco años después, el rotativo La Jornada publicó el caso de una “familia judicial” que se formó en Jalisco después de que un Ministro en retiro y 25 magistrados integraran a sus familiares a distintos puestos públicos en los tribunales del estado. El diario citó que el Ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano ubicó a su sobrino José Antonio Aguirre Camacho, como titular de la administración regional de la judicatura federal en Jalisco; así como múltiples magistrados colocaron a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, sobrinas y sobrinos en distintos tribunales.

En otro caso, en 2013, fue acusado el Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo, fallecido en 2020, de haber colocado hasta a seis familiares en el Poder Judicial Federal, entre ellos su hijo Óscar Palma Valdivia, en el Tercer Tribunal Colegiado Civil, en donde hasta la fecha labora como Secretario de Tribunal, de acuerdo con información de Transparencia.

En una solicitud de información disponible en la PNT con fecha del 8 de julio de 2021, se requirió la resolución dictada dentro del procedimiento seguido contra el Magistrado Guillermo del Castillo Vélez en 2019 después de que se señalara que su esposa Isela Rojas Olvera trabajaba con un sueldo millonario en el mismo tribunal de Morelos.

A ello, el CFJ indicó que no se podía dar a conocer “la existencia o inexistencia de procedimientos de responsabilidad administrativa sustanciados en contra de la persona servidora pública” porque eso, sostuvo, “vulneraría la protección de su intimidad, honor y presunción de inocencia”.

La historia de nepotismo en el Poder Judicial no acaba ahí, pues tan sólo en enero de 2020, el Consejo suspendió al Magistrado José Miguel Trujillo Salceda mientras abría una investigación en su contra por acoso sexual y laboral, emitir amenazas de muerte, y nepotismo.

En tanto, una investigación identificó que el Magistrado duranguense Héctor Flores Guerrero había integrado a 17 miembros de su familia en su lugar de trabajo, entre los cuales se encontraban sus hijos, hermanos, cuñadas, primos, sobrinos y hasta concuños. Igualmente, dio a conocer los casos de otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California que tenían 11 parientes cada uno en los tribunales.

Y el Magistrado Manuel Suárez Fregoso, por ejemplo, ha sido señalado por estas prácticas pues Karina Paola Suárez Pérez, identificada como su hija, labora en el Poder Judicial de la Federación. En una solicitud de información el Consejo de la Judicatura Federal negó a transparentar cualquier posible conflicto al sostener que “el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, sólo radica en integrar un sistema de registro con el objeto de advertir, prevenir y, en su caso, investigar posibles prácticas de nepotismo y conflictos de interés por parte de las personas servidoras públicas adscritas al Consejo de la Judicatura Federal; no así para convertirse en un registro de consulta pública”.

La misma negativa del Consejo de la Judicatura ha persistido al momento de ser cuestionado sobre el vínculo entre el Magistrado en retiro Tomás Gómez Verónica y el actuario Roberto Tomás Gómez Guevara, quien también es identificado como su hijo; y sobre la relación filial del Magistrado Óscar Naranjo Ahumada y la Secretaria de Tribunal Mariana Rodríguez Ahumada. En estos casos, el Consejo de la Judicatura ha determinado la confidencialidad de la información.

Tamara Mares y Obed Rosas

Otro incendio destapa cloaca inmobiliaria en Coyoacán

 High Park Sur tiene 23 pisos de más

Estarían involucrados ex titulares y el actual alcalde, denuncia abogado

▲ Un nuevo caso de corrupción inmobiliaria fue destapado en el complejo High Park Sur, tras la muerte de un médico en un incendio en el piso 24 de la torre A Olivos.

El fallecimiento del médico otorrinolaringolo Héctor Manuel Marín Méndez, de 51 años de edad, ocurrido el 23 de abril durante un incendio en el piso 24 de la torre A Olivo del complejo High Park Sur, en Periférico Sur 5550, alcaldía Coyoacán, destapó un nuevo caso de corrupción inmobiliaria porque evidenció que la construcción de 38 niveles, la cual originalmente sería de 15, no cuenta con licencia de construcción, denunció Rodrigo Muñoz Dromundo, representante legal de la familia de la víctima.

El litigante anticipó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local por delitos cometidos por constructores, por lo que el caso puede alcanzar responsabilidades de funcionarios de Coyoacán durante las gestiones de Édgar Jiménez Santillán y Manuel Negrete, e incluso de Mauricio Toledo.

También incluyó a la actual administración de Giovani Gutiérrez, por omisión, al exponer que se afinan los detalles del término de edificación de una segunda torre en High Park, y que la propia alcaldía respondió por escrito a solicitudes de información que no cuenta con antecedentes de licencia de construcción.

La denuncia que, indicó, presentará en estos días, se sumará a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, que el 25 de mayo recibió la opinión técnica de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la que determinó de riesgo alto el estado de la torre A Olivo del complejo de 288 departamentos ubicado en la colonia Pedregal de Carrasco.

Por su parte, Diana Esther Monroy, esposa del fallecido especialista también en cirugía facial, exigió justicia y el deslinde de responsabilidades hasta donde tope de funcionarios y constructores, tras detallar que en el piso 24, donde falleció el médico, no había aspersores, tomas siamesas ni alarmas contra incendios.

Esto pudo haber ocurrido en cualquier piso y dejado más muertes; (la torre) no tiene ninguna medida de seguridad, son departamentos supercalientes, no circula el aire, son como un horno en tiempo de calor, no hay ventilación, no hay medidas de seguridad, no hay extintores ni lo básico, no hay absolutamente nada; uno no lo percibe hasta que pasa una desgracia, lamentó.

Señaló que en el acta de defunción de su esposo se determinó asfixia química en su variedad de intoxicación por monóxido de carbono. Mencionó que el médico adquirió el departamento en 2017 a un costo de 7 millones de pesos, pero la inmobiliaria Grupo Inmo Sur SA de CV incumplió con la entrega de la vivienda en más de dos ocasiones, hasta que lograron ocuparlo tres años después, en 2020.

Comentó que la tardanza en la entrega del departamento posiblemente muestra que pasó por un montón de irregularidades, mordidas y actos de corrupción, tras recordar que de acuerdo con sus vecinos, los bomberos pasaron por varias complicaciones para acceder al piso 24, mientras que en pocos 12 segundos el piso se llenó de humo.

Tras la conflagración, dijo que los residentes fueron desalojados de la torre Olivo, y que al parecer la aseguradora realiza algunos trabajos de rehabilitación, mientras los vecinos continúan pagando por el mantenimiento del complejo habitacional, que en su caso es de más de 3 mil 400 pesos.

Indicó que hace unos días la FGJ le otorgó la autorización para ingresar al departamento siniestrado y recuperar algunas de sus pertenencias.

Foto José Antonio López

Elba Mónica Bravo

 Periódico La Jornada

Miércoles 5 de julio de 2023, p. 35

Fundación del rector Graue tuvo ingresos anuales por 600 MDP

contralinea.com.mx

Nancy Flores

Al cierre de 2022, la Fundación Conde de Valenciana –que preside el actual rector de la UNAM, Graue Wiechers– reportó ingresos superiores a los 604 millones de pesos, y como activo circulante, 264 millones 619 mil. Aunque la asociación civil está registrada como “altruista”, lo que le permite no pagar impuestos, es un negocio muy lucrativo: por cuotas de recuperación, el año pasado obtuvo más de 350 millones de pesos; por operaciones oftalmológicas, 207 millones; y además destinó 115 millones a la especulación financiera. Incluso, le alcanzó para pagar 5.4 millones a su órgano de gobierno, integrado por 13 personas. Hasta el doctor Enrique Graue se embolsó 103 mil 722 pesos, revelan sus archivos contables. Sus clínicas, en las zonas más exclusivas de la capital: complejo San Ángel Inn, Polanco y ABC Santa Fe

El rector de la máxima casa de estudios del país y una de las más importantes del mundo –la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–, Enrique Graue Wiechers, destina su tiempo a presidir una lucrativa asociación civil: la Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana, IAP. Ello, a pesar de tener en sus manos los destinos de 373 mil 340 estudiantes de nivel medio superior hasta posgrado, de 42 mil 190 académicos, y de los principales institutos generadores de conocimiento.

Elegido rector de la UNAM desde 2015, Graue Wiechers no renunció a la presidencia de la Fundación Conde de Valenciana que aún mantiene, quizá por el negocio que representa: sus archivos contables, a los que Contralínea tuvo acceso, revelan que sus ingresos ascendieron a 604 millones 183 mil 995 pesos tan sólo en 2022.

Otros datos sobresalientes en sus reportes internos son los correspondientes a su patrimonio, valuado en 478 millones 936 mil 33 pesos; y su activo circulante, que el año pasado ascendió a 264 millones 619 mil pesos. Además, aunque opera en un régimen fiscal especial que le permite no pagar impuestos –el de las asociaciones sin fines de lucro–, destinó más de 115 millones a la especulación financiera.

Entre enero y diciembre del año pasado, la Fundación Conde de Valenciana especuló con 86 millones 755 mil 701 pesos en BONDES F (bonos de desarrollo del gobierno federal); y con 28 millones 279 mil en STERGOB (fondo deuda gubernamental).

Así, la Fundación Conde de Valenciana decidió especular con el 19 por ciento de sus ingresos de 2022, a pesar de que se ostenta como asociación civil sin fines de lucro, y de que las llamadas inversiones financieras son consideradas de las actividades más rentables: maximizan el rendimiento económico en el menor tiempo posible. Tan es así que el año pasado se embolsó por intereses 13 millones 420 mil 845 pesos.

Los frutos de esa rentabilidad los disfrutaron también los miembros de su órgano de gobierno: en 2022, entre los 13 integrantes sumaron erogaciones por 5 millones 478 mil 471 pesos. Incluso la asociación civil le transfirió 103 mil 722 pesos al doctor Graue.

También recibieron pagos por idéntica cantidad: el patrono Alfredo Adam Adam (contador público exintegrante de la Junta de Gobierno de la UNAM); el tesorero Klaus Boker Trauwitz (también consejero de la Fundación Dondé); los vocales Ana María López Colome (investigadora titular C del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM), Alejandro Alfonso Díaz (exdirector del Centro Médico ABC) y Alonso Rodrigo Ares de Parga Álvarez Ugena (exdirectivo de los clubes de futbol Pumas de la UNAM y Gallos Blancos de Querétaro); y el secretario Xavier Cortés Rocha (exdirector de la Facultad de Arquitectura​ y exrector interno de la Universidad Nacional Autónoma de México).

Los que más dinero obtuvieron de la Fundación Conde de Valenciana fueron: el director general David Ricardo Abaunza Martínez, 1 millón 630 mil 929 pesos; la administradora Carmen Abella de Uslar, 1 millón 162 mil 433; el gerente José Luis Rodríguez Loaiza, 739 mil 575; y los directores Juan Manuel Paulin Huerta, 582 mil 115; Fernando Solorio Martínez, 335 mil 393; y Ricardo Blas Medina, 301 mil 972 pesos.

Las fuentes de sus ingresos

La Fundación Conde de Valenciana cuenta con seis sedes, cuatro de ellas en la Ciudad de México: ABC Santa Fe, San Ángel Inn, Polanco y Centro, sólo esta última de bajo costo. Las otras dos son Ometepec (Guerrero) y Tlaxcala. De acuerdo con sus archivos contables, su plantilla laboral asciende a 600 personas –cuyos salarios implicaron una erogación de 89 millones 209 mil 268 pesos en 2022 (si todos hubieran percibido la misma cantidad, habrían cobrado 148 mil 682 pesos anuales, que equivale a unos 12 mil 390 pesos al mes). Además, 30 trabajaron gratuitamente, pues están bajo el régimen de voluntariado.

Según su información oficial, la AC está dedicada al “beneficio social gracias a los recursos obtenidos a través de cuotas de recuperación, las que se procura mantener siempre a los precios más bajos posibles. Los ingresos que se obtienen por las cuotas de recuperación se emplean cabalmente en el mantenimiento de las instalaciones, en el pago al personal, en la adquisición de nueva tecnología y en apoyar, con servicios médicos y quirúrgicos gratuitos a quien, por su condición económica, no puede cubrir los costos de su atención”.

No obstante, en 2022 sólo benefició a 75 personas con procedimientos quirúrgicos “gratuitos”, pero el costo (poco más de 715 mil pesos en total) fue cubierto con donativos en efectivo que recibió ese año (por 1.2 millones de pesos); es decir, la fundación no donó ni una sola operación. Con excepción de esos 75 pacientes, todos pagaron “cuotas de recuperación” por los servicios recibidos.

Sus archivos contables de 2022 revelan que una de las principales fuentes de ingresos de esta asociación civil es precisamente la de cuotas de recuperación: por éstas, obtuvo 352 millones 527 mil 403 pesos. Las cuotas de recuperación se aplican para las consultas oftalmológicas que da: desde 205 pesos la primera vez (en la clínica Ometepec; mientras que en la clínica Centro es de 250 pesos, pero en otras clínicas tiene un costo de 1 mil 300, como la San Ángel Inn); desde 970 pesos las de urgencias (sede Centro); desde 540 pesos la consulta exprés o sin cita.

Identificada con el registro federal de contribuyentes FAP5607314A4, la Fundación Conde de Valenciana reporta entre sus fuentes de ingresos –además de los intereses por más de 13 millones– el uso o goce temporal de bienes inmuebles (10 millones 96 mil 528 pesos); apoyos o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios, es decir, dinero público (5 millones 124 mil 587 pesos); enajenación de bienes de su activo fijo o intangible (35 mil).

Asimismo, indica que en 2022 obtuvo 207 millones 412 mil 759 pesos por los pagos que cubren sus pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos (el más económico asciende a 17 mil 899 pesos, y corresponde a la cirugía de catarata en la sede Centro; pero además practican operaciones para tratar glaucoma, estrabismo, uvea, oculoplástica, córnea, retina, segmento anterior). Y en el rubro de otros ingresos (sin especificar a qué se refiere), reporta 188 mil 95 pesos.

Las cuotas de recuperación varían de sede a sede: la más económica es la de Ometepec, Guerrero, y las más caras son en las zonas más exclusivas de la capital: complejo San Ángel Inn, Polanco y ABC Santa Fe. Otros servicios por los cuales la Fundación Conde de Valenciana obtiene dinero son:

–Consultas específicas con distinto costo (baja visión; para procedimientos; córnea; estrabismo; glaucoma; neuroftalmología; oculoplastica; retina; segmento anterior; uvea).

–Auxiliares de diagnóstico (ecografía, ultrabiomicroscopía, electrocardiografía, fluorangiografía, HRT, lentes de contacto, campimetría Goldman, prótesis ocular, topografía corneal, campos visuales).

–Servicios de apoyo (anestesia, genética, medicina interna, otorrinolaringología, inmunología, pediatría).

–Estudios (electrocardiograma, topografía corneal, de campos visuales por ojo, HRT análisis topográfico, ecografía por ojo, fluorangiografía, campimetría Goldman, microscopía especular, estudios de laboratorio).

–Óptica (venta de anteojos y lentes de contacto).

–Cafetería.

Aunque su principal fuente de ingresos es la de los costos de sus servicios (cuotas de recuperación), la Fundación Conde de Valenciana también recibe donativos: de persona física nacional, el año pasado obtuvo 1 millón 96 mil 692 pesos, y de persona moral nacional, 118 mil 850; y en especie, 22 mil 344.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Actividad altruista”

De forma oficial, la fundación que preside el rector de la UNAM, Enrique Graue, tiene por objetivo “brindar servicios médico oftalmológicos de manera personalizada procurando que nuestros pacientes reciban los beneficios de la tecnología y el conocimiento medico moderno, sin importar su condición socioeconómica o su grado de marginación social y contribuir así a su bienestar y al desarrollo de México”. Es decir, su función altruista –que “justifica” estar en un régimen fiscal especial en el que no paga impuestos– es marginal. La asociación civil privilegia los supuestos bajos costos que, sin embargo, no se respetan en sus clínicas lujosas.

De acuerdo con sus archivos contables, a la atención de personas en situación de pobreza y marginación sin ningún costo de “recuperación” destinó sólo parte de los donativos que recaudó en efectivo: en donaciones obtuvo 1 millón 215 mil 542 pesos, y erogó en beneficencia solo 715 mil 542 pesos. Según su propia información interna, este monto benefició a 75 personas con cirugías y procedimientos menores (38 originarios de la Ciudad de México y 37 de Guerrero).

A pesar de haber obtenido ingresos anuales por más de 600 millones de pesos, el año pasado gastó 500 mil pesos de los donativos en “becas” para 30 de sus residentes, asignación que “justificó” como “apoyos académicos”.

Respecto de los donativos en especie que recibió la Fundación Conde de Valenciana en 2022, ni siquiera utilizó la mayoría que estaba destinada a personas vulnerables para proporcionarles anteojos gratuitos. Su información interna revela que el año pasado recibió donaciones de 13 mil 914 micas CR-39 (para anteojos graduados), las cuales mantiene en bodega. Lo mismo pasó con 4 mil 120 micas hi-index; y 5 mil 374 micas bifocales.

Además, a la asociación civil le donaron 14 mil 70 batas quirúrgicas no estériles de tela spundbond para procedimientos quirúrgicos, de las cuales sus médicos y enfermeras utilizaron 8 mil 908. Esto es que 5 mil 162 se mandaron a bodega. Otra donación fue de 2 mil 475 batas quirúrgicas no estériles de tela pellón para procedimientos quirúrgicos, de las cuales se beneficiaron 1 mil 778 pacientes; mientras que 697 se fueron a bodega.

La Fundación también recibió 200 cajas de medicamento Drusen Mega cápsulas de gel c/30, que fueron entregadas a igual número de pacientes. Y una última donación fue la de un lote de mobiliario y equipo, que la asociación civil destinó a uno de sus trabajadores administrativos.

Para la elaboración de este reportaje, Contralínea solicitó la versión del rector Enrique Graue mediante el área de Comunicación Social de la UNAM. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM

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Guerrero: piden cesar a funcionario, por torcer programa de fertilizante

Comisarios exigen reglas claras de operación

▲ Líderes ejidales y comunales de las siete regiones de Guerrero se reunieron ayer en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para denunciar desvío de recursos.

Chilpancingo, Gro., La Coordinadora de comisariados ejidales y comunales del estado de Guerrero exigió la destitución de Humberto González Quintero, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la entidad, por complicidad en actos de corrupción.

En conferencia en las instalaciones de la Sader en Chilpancingo, líderes ejidales y comunales de las siete regiones de la entidad exigieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguraron que los funcionarios neoliberales de la Sader a nivel estatal y federal los están engañando con la aplicación de las reglas de operación del Programa de Fertilizante 2020.

Acusaron que éstas son confusas, perversas, ineficaces y propiciadoras de corrupción, es más de lo mismo, informó Arquímides Sandoval Vázquez, representante campesino de la Costa Chica.

En un comunicado los ejidatarios señalaron que frente a la simulación, la ineficiencia operativa y el manejo perverso del programa citado, exigieron que el presidente de México instruya a la creación de una comisión mixta (de instituciones y productores), a nivel estatal y en cada región, para coordinar, monitorear y resolver los vacíos”.

Solicitaron definir el organigrama de operación y administración del programa, precisar el papel de cada operador, y que esas acciones se efectúen desde el estado.

También piden informar al pueblo de Guerrero los resultados de la investigación del fraude cometido contra el programa en 2019 (por 500 millones de pesos), pues Jorge Gage, coordinador del programa nacional de Fertilizantes circula en los pasillos de la Sader en la Ciudad de México, sin ningún problema; a pesar de la corrupción probada”.

Los ejidatarios y comuneros proponen que del presupuesto de fertilizante se destine al menos 10 por ciento para el componente de abonos orgánicos y el establecimiento de 81 biofábricas de insumos agroecológicos.

Puntualizaron: para nosotros como autoridades agrarias, el padrón verdadero del programa de fertilizantes es el listado que esté en actas de asamblea certificado en Registro Agrario Nacional. Como contralores campesinos denunciaremos los malos manejos que se realicen en éste y en el conjunto de programas que se operen para beneficio de los campesinos de Guerrero, precisaron. Las reglas de operación que el martes pasado se publicaron “son las mismas que circularon a mediados de enero, y son similares a las del año pasado. Sobre ellas la coordinadora de comisariados hizo propuestas para la reorientación integral del programa que fueron entregadas el 27 de enero al secretario de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, quien asumió el compromiso de que serían incorporadas.

Las mismas propuestas fueron ratificadas el 12 de febrero, en Chilpancingo, por el subsecretario de Agricultura y Coordinador del Programa Nacional de Fertilizantes, Miguel García Winder".

Sin embargo, destacaron que existe discordancia entre las reglas de operación y las propuestas de los comisariados ejidales y comunales “es una aberración en el gobierno de la Cuarta Transformación. Los funcionarios neoliberales de la Sader siguen engañando al presidente López Obrador. Y contravienen su máxima de gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo.

Foto La Jornada

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

La justicia mexicana investiga a Peña Nieto por la corrupción en Pemex

Lo reveló The Wall Street Journal

▲ El periódico The Wall Street Journal publicó que la oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Emilio Lozoya (derecha) en la planta de Agronitrogenados (comprada a Altos Hornos) y Odebrecht llega al más alto nivel, dijo, refiriéndose a Peña Nieto, un importante funcionario del actual gobierno. La imagen es de marzo de 2014.

La justicia mexicana investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto, como parte del escándalo de corrupción surgido al investigar a Pemex, dijo un funcionario mexicano, según reportó el diario estadunidense The Wall Street Journal.

Las indagatorias sobre el ex mandatario forman parte de las pesquisas realizadas a Emilio Lozoya, ex director de la petrolera estatal Pemex durante parte del gobierno previo, quien fue detenido la semana pasada en Málaga, España.

El ex líder de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición, está acusado por autoridades mexicanas de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos.

La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados (comprada a Altos Hornos) y Odebrecht llega al más alto nivel, dijo el funcionario a The Wall Street Journal, refiriéndose a Peña Nieto.

La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el ex presidente será acusado en el futuro, agregó.

El prestigiado diario dijo que Peña Nieto, quien ha negado haber realizado cualquier acto de corrupción, no pudo ser contactado de inmediato.

Foto Cristina Rodríguez

Reuters 

Periódico La Jornada

Caso Fertinal-Lozoya, Nafin y el “Compromiso Azteca”…

Mathieu Tourliere 

Irregularidades en el caso Fertinal. Foto: Especial

La adquisición a sobreprecio de Grupo Fertinal por Pemex se realizó con plena consciencia de las anomalías que implicaba la operación, que sólo benefició a un puñado de empresarios. Consejeros de Nafin y Bancomext advirtieron que el plan de negocios en el que se insertó la recompra de la empresa de fertilizantes no era sólido y sólo aceptaron financiar la operación, junto con Banco Azteca de Ricardo Salinas, cuando la petrolera se comprometió a pagar el precio inflado y asumió los adeudos de la empresa. Aun así, documentos en poder de Proceso demuestran que Nafin tuvo que torcer sus propias normas para que el plan se llevara a cabo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). – El 28 de octubre de 2015, después de asegurarse de que Pemex pagaría hasta el último centavo de los 635 millones de dólares que pedía para comprar Grupo Fertinal, el consejo directivo de Nacional Financiera (Nafin) pasó por alto su propia normatividad y decidió financiar esta operación con dos créditos simples por un monto total de 267 millones 400 mil dólares.

Pemex, entonces dirigida por Emilio Lozoya Austin, utilizó los 635 millones de dólares para comprar las acciones de Fertinal y pagar las deudas que la empresa debía a compañías de Ricardo Salinas Pliego, por un monto superior al que acordaron los consejeros de Nafin.

El acta de la sesión del consejo directivo de Nafin, que Proceso obtuvo mediante solicitud de transparencia, muestra que el organismo aprobó una “excepción normativa” para autorizar el préstamo, ya que “la adquisición de acciones y el refinanciamiento de pasivos no están contemplados en el manual de crédito”. 

En el marco de sus investigaciones sobre las irregularidades que rodean el caso Fertinal, la actual administración federal está poniendo la lupa sobre el otorgamiento de estos créditos, sin los cuales Pemex no hubiera contado con los recursos suficientes para comprar la empresa de fertilizantes. 

Pese a que varios funcionarios expresaron reservas sobre la viabilidad del proyecto Fertinal, Pemex se hizo garante de dos contratos de crédito, celebrados el 22 de diciembre de 2015: Nafin y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) prestaron 507 millones 400 mil dólares en total, y Banco Azteca, de Salinas Pliego, aportó los 127 millones 600 mil dólares restantes. Estos contratos establecían que la empresa de fertilizantes era “solvente” y que sus estados financieros eran confiables.

Sin embargo, los funcionarios de Pemex, Nafin y Bancomext tenían evidencias de que la empresa no gozaba de buena salud financiera y posiblemente había inflado el valor de sus plantas, terrenos y maquinaria, para aumentar el costo de venta. 

En una denuncia de hechos que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 5 de marzo, Pemex no sólo señaló un presunto sobreprecio de 193 millones de dólares en la adquisición de Fertinal; también puso énfasis en que el crédito se otorgó pese a que la empresa estaba “técnicamente en quiebra”. 

La abogada de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta, señaló en la denuncia que posiblemente se cometió un “delito especial previsto en la ley de instituciones de crédito”, el cual establece sanciones de hasta 10 años de prisión y 50 mil días de salario para “los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito (…) que, conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el crédito”.

Por su parte, el pasado 4 de octubre la Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a los órganos internos de control de Nafin y Bancomext para que “investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la participación de dichas instituciones financieras en las operaciones crediticias relacionadas con el contrato”. 

Paralelamente, esta dependencia impuso una segunda sanción contra Édgar Torres Garrido, quien fue asesor de Lozoya y director de Pemex Fertilizantes, y como tal firmó el contrato de compraventa de Grupo Fertinal. Hasta la fecha la SFP ha sancionado a Torres Garrido con 3 mil 820 millones de pesos de multas y dos inhabilitaciones de 15 años. 

Varios exfuncionarios que participaron en los consejos de Pemex, Bancomext y Nafin explicaron a Proceso que Lozoya y servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -entonces a cargo de Luis Videgaray Caso- insistían en comprar Fertinal, ya que la instrucción venía de “arriba”, es decir, de la oficina del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El argumento oficial, coincidieron los exconsejeros, fue que el “rescate del campo” -mediante la producción de fertilizantes- formaba parte de las promesas de campaña de Peña Nieto, quien lo plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Las cuentas no cuadran 

Pemex no gastó los recursos de los créditos como lo acordó el Consejo Directivo de Nafin. En su reunión de octubre de 2015, este organismo estableció que Grupo Fertinal y la petrolera destinarían “hasta 280 millones de dólares” para adquirir las acciones de la empresa y “hasta 355 millones de dólares” para reembolsar las deudas que la empresa debía a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca (AIA), ambas de Ricardo Salinas Pliego. 

A la par, este magnate controlaba 29% de acciones de la empresa mediante sociedades de papel instaladas en Suecia y Bélgica, como se documentó en el número 2229 de la edición impresa de Proceso.

En el contrato de crédito del 22 de diciembre de 2015 se planteó que Fertinal debía 260 millones 939 mil dólares a Banco Azteca y 99 millones 430 mil dólares a AIA, es decir que su deuda hacia las empresas de Salinas Pliego se elevaba a 360 millones 369 mil dólares. 

Sin embargo, Pemex terminó pagando 203.5 millones de dólares para las acciones y 406 millones 894 mil dólares para liquidar las deudas de Fertinal con Banco Azteca y AIA; es decir, 46 millones 524 mil dólares más que lo acordado en el consejo de Nafin. 

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), AIA cobró el monto extra. De esta suma entregó 620 millones 400 mil pesos (equivalentes a 33 millones 532 mil dólares) como dividendo “en efectivo” a los accionistas de Fertinal, el cual se repartió a través del fideicomiso F470 abierto en Banco Azteca. En el contrato de crédito, el pago del dividendo aparece mencionado como “Compromiso Azteca”.

Si se resta el pago del dividendo, AIA cobró 13 millones de dólares más que el monto que le adeudaba Grupo Fertinal. El destino del sobrante se desconoce. En un cuestionario que Proceso envió a Grupo Salinas el pasado 30 de octubre se le pidió explicar por qué AIA recibió este monto. Hasta el cierre de esta edición no había respuesta. 

Según la ASF, Fertinal destinó además 18 millones 180 mil dólares del crédito en el pago de “intereses”, en el capital de trabajo y en “honorarios y comisiones”, que no estaban previstos en el contrato ni durante la reunión del consejo directivo.

Respaldo a un crédito riesgoso

Un exconsejero de Pemex afirma a Proceso que Carlos Roa Rodríguez, excoordinador de asesores de Lozoya, cabildeaba para que los integrantes del Comité de Estrategia e Inversiones aprobaran la compra de Fertinal. Univisión, por su parte, documentó en junio pasado que Lozoya presionó personalmente a los funcionarios para que el proyecto se concretara. 

El Consejo de Administración de Pemex, entonces presidido por Pedro Joaquín Coldwell, dio luz verde a la compra de Fertinal en su sesión del 22 de mayo de 2015, a pesar del voto en contra del consejero independiente Carlos Elizondo Mayer-Serra. 

Un exservidor público de Nafin reveló a este Proceso que funcionarios de la SHCP se acercaron al banco de desarrollo y le pidieron que otorgara el crédito directamente a Pemex Fertilizantes: aseguraron que, según el plan de negocios de Pemex, la subsidiaria reembolsaría los créditos gracias al “flujo operativo” que generaría Fertinal, ya que la empresa dejaría de pagar los intereses de 20% que le cobraban las empresas de Salinas Pliego. 

Sin embargo, según la misma fuente, el plan de negocios de Pemex respecto a Fertinal estaba mal diseñado y basado en proyecciones irreales, por lo que “no pasó ni la prueba de la risa”: sostiene que Nafin se negó a otorgar el crédito en condiciones tan riesgosas. 

El Consejo de Administración de Pemex se reunió de nuevo el 26 de octubre de 2015. Aprobó un precio de 635 millones de dólares para comprar Fertinal y absorber sus deudas, pero también decretó que la petrolera se haría “solidaria” del crédito y que pagaría esos pasivos en caso de que Fertinal no generara ingresos suficientes. 

En otras palabras: los 635 millones de dólares invertidos en la compra de Fertinal se convirtieron en deuda pública asumida por Pemex. 

Ya con el respaldo de Pemex, el crédito se volvió “sólido” para Nafin, pues independientemente de que el proyecto no era viable, resultaba imposible que la petrolera incurriera en falta de pago. 

Aun así, durante la sesión del Consejo Directivo de Nafin del 28 de octubre, el consejero Jesús Alán Elizondo Flores -entonces funcionario del Banco de México- pidió una garantía extra para confirmar que Pemex aseguraría las 145 amortiguaciones del crédito. 

En otra sesión (la 901 extraordinaria) que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex autorizó una carta de crédito “irrevocable y reinstalable” para pagar las deudas “cada año mientras permanezca vigente la obligación garantizada”, es decir, hasta el último pago, programado para el 28 de enero de 2031. 

El pasado 8 de agosto Pemex testó las partes de las actas de la sesión 901 referentes a Fertinal, con el argumento de que “la información forma parte de una carpeta de investigación que se integra en la FGR y su divulgación puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público Federal”. 

Sin embargo, la ASF dio pormenores de la reunión en un informe publicado en enero pasado: según ese documento, se exhi­bieron “inconsistencias” en los “valores mínimos y máximos de la operación” y se planteó la necesidad de renegociar el precio de compra “con base en el capital de trabajo negativo de la empresa”. 

Exfuncionarios que participaron en los consejos de Nafin y Bancomext subrayan que los bancos de desarrollo no perdieron dinero a raíz de los préstamos, pues las mensualidades del crédito fueron pagadas puntualmente, en detrimento de Pemex. 

Y es que Pemex Fertilizantes no tiene con qué reembolsar: hasta la fecha vende sus químicos por un precio inferior a lo que gasta en producirlos, y acumula 12 mil 685 millones de pesos de pérdidas operativas desde su creación -en septiembre de 2015-, según los informes financieros de la petrolera consultados por Proceso. 

Este déficit se suma a los 8 mil 916 millones de pesos perdidos en las adquisiciones de Agro Nitrogenados y Grupo Fertinal, como lo reportó la ASF en enero pasado. 

Según la ASF, todos los indicadores financieros de Pemex Fertilizantes se encuentran al rojo vivo. Tiene actualmente un patrimonio negativo por 5 mil 44 millones de pesos y la situación -agravada por los bajos precios del amoniaco y el creciente costo del gas- “puede generar dudas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente”. 

Pérdida garantizada 

Pemex compró Fertinal con un precio inflado. La petrolera pagó 203.4 millones de dólares por las acciones; sin embargo, una auditoría posterior a la compraventa evaluó en 15 millones de dólares el precio real de los activos, lo que implica un sobrecosto de 193 millones de dólares (Proceso 2208). 

Según la ASF, entre 2007 y 2013 la empresa llevó a cabo cuatro “revaluaciones” del precio de sus terrenos, edificios y maquinaria, gracias a las cuales añadió 690 millones de dólares al valor de sus activos. Sólo en la revaluación de diciembre de 2013 disparó con un plumazo el valor de sus activos en 461 millones de dólares: pasaron de 682 a mil 127 millones de dólares. 

Una auditoría financiera que realizó el despacho Grant Thorton a la empresa en marzo de 2014 muestra que Fertinal incrementó la “vida útil” de su maquinaria y su planta -por 211 millones de dólares- y aumentó en 250 millones de dólares el valor de sus terrenos. 

Para pactar el precio de compra de Fertinal, Pemex se basó en un informe de “due diligence” de PriceWaterhouseCoopers, el cual retomó las cifras de la revaluación: según dicha auditoría, cuyo contenido fue revelado por la periodista Peniley Ramírez en Univisión, el valor contable de los activos fijos que sirvió de base para la compra se estableció en mil 71 millones de dólares. 

En su informe, el auditor Carlos Silva señaló que “no es común que el valor de la maquinaria se revalúe varios años, ya que no hay razones aparentes para que aumente el valor de estos activos. En caso de no reconocer la revaluación de activos, la compañía reportaría un capital negativo, lo cual seguramente afectaría su capacidad para solicitar créditos”. 

El consejo directivo de Nafin estaba al tanto del estado financiero de Fertinal: en su sesión del 28 de octubre de 2015 le pidió a Pemex que le entregara “las proyecciones financieras finales presentadas en relación con la razonabilidad del precio final de la adquisición de Fertinal”, así como los “avalúos actualizados” de la empresa y una “capitalización” confirmada por un “auditor independiente”. 

Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, el programa de Peña Nieto para el “rescate al campo” mediante la producción nacional de fertilizantes pasó por la compra de las empresas Agro Nitrogenados -a Altos Hornos de México, de Alonso Ancira Elizondo- y Grupo Fertinal. 

Ambas operaciones implicaron pérdidas millonarias para la petrolera y se encuentran bajo investigación por presuntos actos de corrupción. Ambos casos fueron financiados en parte con créditos de Nafin y Bancomext, cuyos consejos de administración presidía Videgaray. 

Jacques Rogozinski Schtulman dirigió Nafin a lo largo de la administración de Peña Nieto. Hace 27 años, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Rogozinski dirigía la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la SHCP, entonces encabezada por Pedro Aspe Armella. 

Al frente de esta unidad, Rogozinski dividió Fertimex -entonces la empresa nacional de fertilizantes- y vendió al sector privado las dos sociedades que nacieron de la escisión: la sociedad que tenía la planta en Coatzacoalcos se convirtió en Agro Nitrogenados, mientras que la empresa que controlaba la mina de Baja California y la planta de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, terminó llamándose Grupo Fertinal. 

Este reportaje fue publicado en el número 2245 de la edición impresa de Proceso del 10 de noviembre de 2019