Con la Estafa Maestra han desaparecido más de 3 mil 500 millones de pesos del erario, sin que haya funcionarios consignados.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas hasta hoy 21
averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con un
esquema sistemático de presunto desvío de recursos, en la administración
de Enrique Peña Nieto, que involucra a dependencias federales,
instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno
de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.
Las averiguaciones –promovidas por denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- abarcan irregularidades en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015,
e involucran recursos federales transferidos a dependencias federales,
que a su vez triangularon el recurso con universidades o instituciones
públicas, las cuales lo entregaron finamente a compañías privadas que
simulan servicios.
Se trata del mecanismo documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”,
a través del cual, aprovechando una excepción en el artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, las dependencias asignan recursos sin pasar por
procesos mínimos de licitación ni competencia.
Bajo este mecanismo se han dispersado más de 7 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino real de al menos la mitad.
La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de PGR, a
través de su unidad especializada para investigar delitos cometidos por
servidores públicos, es la responsable de integrar y resolver las
carpetas iniciadas por las denuncias interpuestas. Animal Político pudo confirmar que hasta ahora el estatus de todas ellas es “en integración”.
Autoridades ministeriales y de la ASF consultadas por este medio
indicaron que hay averiguaciones que llevan más de un año sin que haya
mayor avance y, en muchos casos, ni siquiera se ha citado a funcionarios
involucrados a declarar ante el Ministerio Público en calidad de
probables responsables.
Esto pese a que los auditores entregan un dictamen técnico que
identifica a los servidores públicos que tuvieron responsabilidad en el
manejo de los recursos.
Las denuncias de la Auditoría no solo señalan irregularidades
específicas, sino un esquema de simulación que se repite y permanece
impune. Las empresas contratadas en su mayoría son irregulares o
fantasma que – al igual que las universidades que sirven de comparsa- no
tienen ninguna infraestructura para cumplir con los servicios que se
les asignen de forma totalmente discrecional.
En la mayoría de los casos las dependencias o las universidades e
instituciones auditadas entregan expedientes que supuestamente prueban
que los servicios se cumplieron, sin embargo los auditores han
descubierto – sobretodo en los últimos casos denunciados donde se han
profundizado las revisiones – que esto es una fabricación de entregables
y que el dinero no se sabe en realidad dónde está.
Gobierno ha “propiciado la reincidencia”: ASF
La ASF acusó que el gobierno federal no ha implementado los
mecanismos suficientes para frenar y castigar el desvío de recursos a
través de los convenios con universidades públicas, pese a que se trata
de un problema que lleva, al menos, cuatro años reportándose por parte
de los auditores.
En el informe de resultados de la auditoría forense 1639-DS, que dio
pie a la última averiguación previa iniciada por PGR a finales del año
pasado, la ASF subrayó que la presentación de las denuncias penales ha
carecido de repercusión alguna, lo que además ha propiciado que los
desvíos continúen
“La presentación de denuncias de hechos ante las autoridades
competentes no ha tenido resultados que permitan inhibir estas conductas
irregulares, lo que ha propiciado la reincidencia en estas
contrataciones que no aportan ningún beneficio tangible a la entidad
contratante”, señaló el informe.
Pero las omisiones no solo caen en el terreno de la PGR. La Auditoría
también condenó el hecho de que la Secretaría de la Función Pública
(SFP) se haya negado a determinar que estas contrataciones deben
aparecer en el sistema Compranet, con el argumento de que son convenios
entre entidades públicas–dependencias con universidades.
La ASF había pedido formalmente a la SFP que corrigiera esta
situación, toda vez que la Constitución es clara en manifestar que por
regla general las contrataciones con dinero público deben ser procesos
de licitación transparentes, lo que no ocurre con estos convenios que
además han propiciado el desvío de recursos.
Pero la respuesta de la SFP fue negativa, lo que desde el punto de
vista de los auditores contribuye a generar “opacidad, corrupción e
impunidad”.
“No obstante la presentación de denuncias de hechos de carácter penal
y administrativo y del irreversible daño social ocasionado, continúa la
misma práctica para la asignación, adquisición y contratación irregular
de bienes y servicios, bajo el mismo esquema de simulación de
actividades empresariales con terceros y proveedores, los cuales
resultan no localizados, inexistentes o vinculados entre sí”, expuso la
ASF.
Intentos de simulación
En los últimos meses la ASF incrementó la presentación de denuncias relacionadas con el modus operandi de “La Estafa Maestra”.
De octubre de 2017 a enero de 2018 presentó ante la PGR seis casos en
contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Sagarpa, las
cuales firmaron convenios con nueve universidades distintas.
En estos casos los auditores profundizaron en sus indagatorias y no
solo documentaron el manejo irregular del recurso, sino intentos por
simular que el dinero se había usado para lo que, en el papel, estaba
destinado. Algunos de estos casos fueron publicados por Animal Político.
Por ejemplo en 2015 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
(Sagarpa) transfirió más de 220 millones de pesos a la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), para que esta llevara a cabo diversos
estudios, diagnósticos e investigaciones que permitieran, entre otras
cosas, identificar nuevas zonas propicias para el desarrollo de
cultivos.
Cuando los auditores buscaron a las personas que supuestamente se
encargaron de hacer el trabajo, resultó que la mitad de ellos negó haber
colaborado con Sagarpa en cualquier convenio, mientras que la otra
mitad eran personas que por su perfil era imposible que hubieran hecho
el trabajo.
Para poner un ejemplo, entre ellos había carniceros, recepcionistas,
edecanes, policías, vendedores de seguros, cajeros, nutriólogos y hasta
columnistas.
Otro ejemplo fue lo ocurrido con tres convenios
que la Secretaría de Desarrollo Social firmó en 2015 con la Universidad
Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y la Universidad Politécnica de
Texcoco (UPT), a las que les transfirió más de 600 millones de pesos que
eran para supervisar comedores comunitarios, entre otros.
La Sedesol y las universidades argumentaron que el trabajo lo habían
hecho “coordinadores sociales” y entregaron expedientes con todo y fotos
de las supuestas supervisiones. Pero cuando los auditores verificaron
los documentos se encontraron fotografías repetidas de lugares que
supuestamente eran distintos, había fotos copiadas de años pasados, e
incluso, se habían falsificado firmas.
Otro caso – ya denunciado penalmente por la ASF ante PGR en octubre
pasado – es el del convenio que en 2015 firmó Sedesol con el Sistema de
Radio y Televisión de Hidalgo.
En el desarrollo de la investigación los funcionarios de dicho instituto público confesaron ante los auditores que firmaron contratos con otras empresas y expedientes que comprobaban servicios, sin haber visto nunca nada, esto luego de que la Sedesol los obligara a hacerlo.
En 2015, la cantante Susana Harp denunció a través de sus redes
sociales que en una tienda de San Diego se vendía una blusa típica de
Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, bajo la marca francesa Isabel
Marant. La noticia se esparció y acusaron a la marca de plagio.
La presión fue tal que la diseñadora francesa reconoció que
efectivamente el diseño provenía de una comunidad mexicana y no
pretendía adueñarse de él.
Aunque ese caso quizá fue uno de los más conocidos, no es el único. Ocho
marcas de ropa, incluso internacionales, plagiaron diseños de
comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, entre 2012 y 2017,
de acuerdo con un análisis realizado por la organización Impacto.
Las marcas van desde la marca estadounidense Madewell, la española
Zara o la mexicana Pineda Covalín que han reproducido brocados
tradicionales de comunidades de México.
El primer registro de un plagio ocurrió con la marca Mara Hoffman y
los tenangos de Doria, Hidalgo, en 2012. El diseño de esta misma prenda
también fue utilizado por Pineda Covalín en 2014.
En 2016, Rapsodia copió la blusa de San Antonino Castillo Velasco, y
Madewell el huipil de San Andrés Larrainzar y la blusa de San Antonino
Castillo Velasco.
El año pasado ocurrieron tres casos más: Zara plagió la blusa de
Aguacatenango, Chiapas. Intropia, el brocado de San Juan Bautista
Tlacoatzintepec, Oaxaca, y Mango, los tenangos de Doria.
Estas marcas no dieron el crédito de los brocados a las comunidades,
ni trabajaron con las artesanas, sólo tomaron sus diseños y los
reprodujeron en sus prendas. Sin embargo, el debate atraviesa por un
hecho: ninguno de los diseños de las comunidades está registrado bajo el derecho de autor.
Aunque esto tiene una razón de ser, explica Kathia Loyzaga, directora
de comunicación de Impacto. El conocimiento sobre los brocados y los
diseños se pasa de una generación a otra entre las comunidades y es una
muestra de distinción entre cada poblado. Para ellos, no existe la idea
occidental de la propiedad intelectual porque el conocimiento es de la
comunidad.
Además, otro problema sería cómo determinar de quién es propiedad un diseño tradicional.
“Para determinar la titularidad del derecho de autor habría
que ver el origen. Una opción podría ser propiedad colectiva, pero al no
encontrar el origen, ahí es donde se rompe el derecho y (complica) a
quién le damos la titularidad del derecho”, explica Carlos Blanco, especialista en derecho del Tecnológico de Monterrey.
Aunque una posibilidad de defensa de las comunidades indígenas, dice,
podría ser a través de tratados internacionales del patrimonio
cultural, que apela al derecho moral de los autores. Es decir, si una
marca utiliza algún diseño tradicional la marca no tendría que pagarle,
pero sí hacer un reconocimiento público sobre la comunidad de origen.
Adriana Aguerrebere, directora de Impacto, considera que debería
existir algún mecanismo de protección para el patrimonio colectivo, como
es el caso de los diseños tradicionales, pero reconoce que sería un
proceso muy complejo porque tendría que registrarse diseño por diseño y “obviamente
al ser una creación artesanal, cada artesana tiene su propio diseño, es
una pieza única. Entonces se contrapone y llegaría a ser un proceso tan
exhaustivo y hasta caro que sería casi imposible”.
Más bien, dice, la protección del patrimonio también debería ser una labor colectiva, es decir, que
la misma sociedad denuncie los plagios, como ha ocurrido, pero que
además, consuma los productos directamente en las comunidades o en
tiendas que se rijan bajo el comercio ético.
La sociedad sabe de un plagio, al menos tiene la oportunidad de tomar
la decisión de consumir o no esos productos y eso, dice, es una manera
de combatir los plagios de las marcas internacionales.
Casos exitosos
Como organización, Impacto busca incidir en varias formas en las
comunidades, primero: visibilizar la labor de las artesanas, que se
reconozca su trabajo y segundo, acercar a diseñadores o pequeñas
empresarias que buscan comercializar los productos pero pagando un
precio justo, con las artesanas, bajo el principio básico de respetar su
labor.
Gracias a esta idea, han prosperado proyectos en los seis años que
tiene Impacto. Por ejemplo con la diseñadora Carmen Rión, que trabaja
con artesanas de San Juan Cancuc.
Ellas, por ejemplo, proponían paletas de colores y la composición de
los lienzos con brocado. La diseñadora iba revisando los resultados y
retroalimentándolo para hacer nuevos diseños de lienzos, como un trabajo
colaborativo, explica Kathia Loyzaga.
La diseñadora Andrea Velasco también trabaja con artesanas de la
comunidad de San Juan Cancuc y comercializa las prendas en Guadalajara.
Aquí, por ejemplo, las hacen distintos dibujos de su vida diaria para
después pasar estos dibujos en pruebas de brocados. A partir de estos
resultados se comenzó la producción de chalecos y vestidos.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg
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