Por primera vez desde que comenzaron las acusaciones contra Anaya por la venta de una nave industrial –en 54 millones de pesos– a una empresa que está sujeta a investigación de la PGR por lavado de dinero, dirigentes de los partidos aliados que postulan al panista salieron en su defensa, sobre todo después de que éste acudió ayer a la dependencia federal para exigir que se le informe si ha cometido un delito en la operación, pero no quiso declarar.
En conferencia de prensa, los partidos de la coalición Por México al Frente acusaron a Meade del desvío de más de 500 millones de pesos en tres casos detectados en los informes de las Cuentas Públicas de 2015 y 2016 de la Auditoría Superior de la Federación.
“No es casualidad que se inventen cortinas de humo, cajas chinas, el mismo día que se presenta el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que no quieren que se conozca y que se debata en la opinión pública son los resultados del informe oficial del órgano máximo fiscalizador”, destacaron.
De acuerdo con los dirigentes de la coalición, encabezados por el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, Meade –como secretario de Desarrollo Social entre el 28 de agosto de 2015 y el 6 de septiembre de 2016– no sólo fue cómplice, sino que incluso tiene responsabilidad de manera directa como secretario en el momento del desvío de estos recursos públicos, contrario a lo que han señalado.
“El 29 de octubre, meses después de que él ingresó como secretario de Desarrollo Social, se emitió un pago por la secretaría a su cargo por 400 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Chiapas, la cual supuestamente brindaría diversos servicios”, subrayó Zepeda.
Sin embargo, agregó, “en el informe de resultados correspondiente a la Auditoría de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, se puede leer en la página 34 que la Sedesol no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha Universidad. Asimismo, este caso está señalado como uno más del esquema de subcontratación y simulación de servicios, vía empresas fantasma, en el esquema Estafa Maestra”.
El segundo caso detallado por los miembros de la alianza que postula a Anaya consiste en la sustracción y falsificación de documentos públicos en convenios con las universidades de Nezahualcóyotl, la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México, en un convenio de 611 millones de pesos. Dichos convenios fueron también señalados por la ASF por simular servicios, además de que hubo intento de encubrimiento de los desfalcos.
“Los tres convenios originales fueron falsificados, modificados ilegalmente para ajustar la fecha de terminación del contrato a antes del ingreso del secretario Meade a la Sedesol, presumiblemente para tratar de dejarlo fuera de responsabilidad”, expresó Zepeda, pero, apuntó, “los descubrieron, los alcanzó la realidad”.
La Auditoría, explicó, detectó que cambiaron ilegalmente las hojas 9 y 10 de los convenios para hacerlos parecer que concluían antes de la etapa de Meade, y ya bajo la secretaría del hoy candidato tuvieron que autorizar una ampliación presupuestal de 62 millones de pesos para terminar de pagar el contrato fuera de la fecha, pese a que ellos decían que ya había concluido el mismo y que no tenían nada que ver.
Y en 2016, en el tercer caso, la secretaría, con Meade como titular, firmó un contrato con la Universidad de Zacatecas por 70 millones de pesos, bajo el mismo esquema de presunto desfalco utilizado en la Estafa Maestra, en donde la ASF encontró que no se pueden comprobar los servicios supuestamente prestados y en los que se ve un caso, de nueva cuenta, de falsa subcontratación.
“Se los decimos de manera clara: hay responsabilidad en el desvío de recursos públicos, por más que han querido hacer cajas chinas, por más que han querido inventar acusaciones; este es el motivo real por el que se está haciendo toda esta faramalla por parte del gobierno federal y del PRI. El motivo es que se quiere encubrir la participación de su candidato Meade en los desvíos de recursos públicos”, concluyó.