Desde 1996 se han
invertido más de 1 mdp en seguridad, sin resultados aceptables, denunció
el ombudsman nacional. "La militarización ha sido una falsa salida",
dijo la abogada General de la UNAM, Mónica Gonzáléz.
Especialistas nacionales y extranjeros del ámbito del
gobierno, la academia, la sociedad civil y organismos internacionales
elaborarán una propuesta de Política de Seguridad de Estado centrada en los derechos humanos, que será entregada a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los otros cargos de elección popular en juego en los comicios de este 1 de julio.
Durante la inauguración de la Segunda
Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia:
Hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos,
organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl
González, denunció el fracaso del Estado en su función básica de procurar la protección a la vida, la integridad y los bienes de los mexicanos.
"
".
Luis Raúl González Pérez,
Subrayó que los recursos que desde 1996 a la fecha se han destinado al ámbito de seguridad superan el millón de millones de pesos, mientras que los resultados no son siquiera aceptables.
“Lo anterior es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.
En la sede de la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM, González Pérez detalló que el gasto federal en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones de pesos en 2006 a casi 264 mil millones en 2016.
Dijo que recurrir a las Fuerzas Armadas en apoyo a tareas de seguridad pública ha ocasionado el abandono de las policías y que el postulado constitucional de seguridad pública esté lejos de ser una realidad en el país.
Precisó que mientras los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) crecieron 400 por ciento entre 2007 y 2014 y el número de efectivos militares desplegados aumentó en 70 por ciento entre 2007 y 2013, la formación profesional, real y verificable de las policías civiles, así como la dotación de recursos y generación de capacidades no presentaron esas tasas de crecimiento o desarrollo.
"Entre 2007 y 2014 operativos de @SEDENAmx crecieron casi 400% y número de militares creció casi 70%. Capacitación y dotación de recursos para #Policía no presentó las mismas tasas de desarrollo".
#OmbudsmanNacional en #SeguridadJusticiaYdh
Organiza #CNDH y @UNAM_MX
Al respecto, la abogada General dela UNAM, Mónica González Contró,
expuso que a 7 años de la Primera Conferencia de este tipo, la
situación es grave: hay poca confianza en las instituciones, el tejido
social se ha resquebrajado y la respuesta de las autoridades ha sido la mano dura. Agregó que la militarización ha sido una falsa salida y ha implicado violaciones a los derechos humanos.
El rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue, afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y apuntó que esta tríada es la única forma de convivir en paz.
El Estado, destacó, está en deuda con los ciudadanos y ejemplo de ellos son las 150 mil vidas que ha cobrado la llamada guerra contra el narcotráfico.
“Según el último reporte de Human Rights Watch nuestro país presenta: desapariciones forzadas, ejecuciones, abusos de las Fuerzas Armadas, prácticas sistemáticas de tortura y tortura sexual, amedrentación y muerte de periodistas, y por supuesto las distintas facetas de la lacerante violencia de género”, expuso el rector, de acuerdo con un comunicado.
Graue Wiechers recordó un reporte reciente de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), del Programa de Derechos
Humanos de la Universidad de Minnesota y del Centro Latinoamericano de
la Universidad de Oxford, que señala que en México hay más de 31 mil personas desaparecidas o extraviadas,
y en el 47 por ciento de estos casos, agentes del Estado -sea a nivel
municipal, estatal o federal-, estuvieron involucrados. Por si fuera
poco, subrayó, el 91 por ciento de estas víctimas eran ajenas a
actividades ilícitas.
“México exige justicia ante la impunidad, así como
un sistema judicial donde los mexicanos estén exentos del riesgo de ser
privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas
instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar”,
demandó el rector de la Máxima Casa de Estudios.
Concluyó que por todo ello es importante revisar cuidadosamente la nueva Ley de Seguridad Interior,
pues aseguró que si se impone el orden sin los marcos legales o
procesos institucionales apropiados, se pierde también la legitimidad
necesaria para restaurar la paz y la confianza que le urgen a México
para recomponer su tejido social.
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