La reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre de 2007 establece que la legislación electoral deberá definir los límites a los procesos de selección interna (precampañas) y a los procesos electorales (campañas) dentro de los plazos máximos establecidos en la misma Constitución, que son de 90 días en el caso de comicios generales (como en este caso), y de 60 días cuando son intermedios.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) dispone en su artículo 226 que durante los procesos electorales mediante los cuales se renueve al titular del Poder Ejecutivo las precampañas iniciarán en “la tercera semana de noviembre del año previo a la elección”, como es el caso actual, y señala que “no podrán durar más de 60 días”.
Así, el arreglo que hicieron del inicio de las precampañas en la tercera semana de noviembre y los tiempos máximos para las campañas provocan este amplísimo espacio de 46 días que han denominado intercampañas. En toda la legislación electoral no hay una referencia a ese periodo, y para definir qué se puede y qué no se puede hacer hay que recurrir a las prohibiciones, más concretamente a lo definido en el inciso “a” del párrafo 1 del artículo 3 de la mencionada ley: “Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
Los propios comunicados del INE son contradictorios y las únicas referencias que tienen aluden a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues les cuesta trabajo encontrarlas en la LGIPE. Un ejemplo muy claro de las contradicciones está entre el párrafo cuarto del apartado referente a lo que los partidos pueden difundir, e incluye la que “se encuentre focalizada a la imagen del partido político y a sus postulados esenciales contenidos en sus documentos básicos…”, y el quinto, según el cual “no se permite la difusión… de los programas y acciones contenidos en los documentos básicos…”. Entonces: ¿Se permite o no se permite difundir los contenidos de los documentos básicos?
La ley tampoco logra explicar la razón de este larguísimo periodo de intercampañas, pues las únicas explicaciones son: “que se resuelvan las posibles diferencias sobre la elección interna de candidatos a puestos de elección popular” y que el “INE revisará en los próximos días los informes y auditará los ingresos y gastos de miles de precandidatos…”.
La realidad es que los legisladores ni siquiera se tomaron la molestia de sumar los días de precampañas y campañas y establecer una fecha lógica y más acorde con los tiempos de éstos; y, como nunca recapacitaron sobre este espacio, no establecieron reglas específicas para el mismo lapso, ni siquiera en materia de distribución de los tiempos de radio y televisión.
Y, como siempre –“a río revuelto, ganancia de pescadores”, dice el refrán–, los partidos políticos están aprovechando este periodo para continuar con su campaña electoral (que se inició desde la tercera semana de noviembre, ya que el mensaje de que el promocional estaba dirigido a los militantes no privó a los partidos de la oportunidad de promocionarse entre toda la población), ahora con el ardid de que se refieren simplemente a sus postulados básicos, y desde luego para dar rienda suelta a las campañas negativas y a la guerra sucia.
Lo cierto es que, dado que las tres coaliciones políticas contaron con precandidatos únicos, desde el inicio de las precampañas iniciaron sus campañas (incluso desde antes, pero no en radio y televisión, dado que tenían un acceso limitado) con tres etapas bien definidas: precampañas, intercampañas y campañas, pero con un mismo hilo conductor. Los promocionales de los partidos difundidos a partir del lunes 12 de febrero son una muestra clarísima de esto, particularmente los del PRI, que recurre nuevamente a la campaña del miedo; y Morena, apostando por el cambio y destacando todos los sacrificios que ha soportado la ciudadanía.
Igualmente hicieron su aparición terceros interesados, por llamarlos de algún modo. A guisa de ejemplo, está la declaración del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, de que uno de los elementos de inestabilidad es el proceso electoral en curso, y, cuidándose mucho de no hacer alusión a un candidato en particular, sí permite inferir que los impactos serían muy distintos dependiendo del ganador. Otro caso son los pronunciamientos de Ernesto Cordero y del hijo de Carlos Castillo Peraza sobre la actuación y postulación de Ricardo Anaya.
A lo anterior se suma el creciente acceso a internet y a las redes sociales. Estas plataformas no reguladas son un campo fértil para la guerra sucia (ésta sí guerra sucia, no campañas negativas, pues se recurre a la difusión de noticias falsas y a los arteros ataques a las vidas privadas de los candidatos o sus allegados), con la clara intención de impactar en los llamados votantes indecisos.
La recurrencia a estos medios y estas prácticas no es exclusiva de este periodo, pero la baja en la intensidad de las campañas electorales, así como la pérdida de centralidad de los gobiernos, incrementan el impacto de los mensajes y, por ende, sus posibilidades de éxito.
No fue ninguna casualidad que Ricardo Anaya haya esperado este periodo para difundir su denuncia de espionaje por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que la institución no tuvo otra alternativa que reconocerlo, aunque haya recurrido al eufemismo de llamarlo seguimiento y no espionaje. Pero tampoco lo es que hayan arreciado los ataques contra el candidato que encabeza las encuestas de preferencia electoral, Andrés Manuel López Obrador, con la difusión de noticias falsas que pretenden minar su credibilidad.
Seguramente el periodo intercampañas será pródigo en ataques que se lanzarán en contra de todos los candidatos y, por supuesto, en promocionales de campaña, llamados también eufemísticamente de posicionamientos genéricos. Esto es lo que propicia la incapacidad de los legisladores.
Este análisis se publicó el 18 de febrero de 2018 en la edición 2155 de la revista Proceso.